Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Nuevos productos, viejos conocidos.
Algunas de las marcas de alimentos que por estos días debutan en los combos que reparte el Gobierno venezolano a través del programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) conducen, sin embargo, a la interminable red de empresas de ocasión creada por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los empresarios colombianos que desde hace años acaparan buena parte de las importaciones de suministros para ese programa gubernamental.
Saab y Pulido fueron sancionados por ese rol en julio pasado por el Departamento del Tesoro estadounidense, y acusados casi en simultáneo por un tribunal de Florida de lavado de dinero en sus negocios con el chavismo.
Desde 2016, año en que Nicolás Maduro oficializó la creación del plan estatal, Saab y Pulido lograron millonarios contratos para suministrar los alimentos con una sociedad registrada en Hong Kong. La empresa llamada Group Grand Limited compraba la mercancía en México para luego despacharla a Venezuela. Fue el comienzo de una operación que ha dado la vuelta al mundo y en la que también han usado compañías inscritas en los lejanos Emiratos Árabes y Turquía, justo cuando Maduro estrechaba la relación política y económica con el presidente turco, Recep Tayip Erdogan.
Pero ni las investigaciones de la administración de Donald Trump o las que autoridades colombianas y mexicanas iniciaron el año pasado contra la dupla colombiana parecen desalentar su participación en la venta de alimentos para el Gobierno de Maduro. Por el contrario: bajo la presión de las sanciones, el esquema de importaciones consigue nuevas formas para camuflarse.
Por ejemplo: a los hogares más pobres en Venezuela llegan ahora las cajas CLAP con empaques de lentejas y caraotas negras de una marca desconocida, Renaciente, procesadas por 4PL Industrial SAS, una compañía colombiana del portafolio de Saab y Pulido
Aunque el nombre de la empresa se refiere a “cuatro niveles en procesos logísticos”, bien pudiera interpretarse como una imagen de las cuatro piezas que encaja para conformar un negocio en el que, además de Saab y Pulido, participan otros dos empresarios colombianos: Carlos Lizcano Manrique, operador de ambos y propietario en Venezuela de Salva Foods 2015 - responsable de las Tiendas CLAP, y Jorge Andrés Saavedra Bedoya, el hombre detrás de 4PL Industrial SAS.
Jorge Andrés Saavedra Bedoya es un abogado de 36 años que se desempeña como gerente y representante legal de 4PL Industrial SAS. Tanto él como la compañía habían pasado inadvertidos en la maraña de sociedades relacionadas a los negocios de Saab y Pulido, pero las conexiones han terminado de aflorar. Las autoridades colombianas tuvieron los primeros indicios el año pasado: incluyeron a 4PL Industrial en un dossier de una veintena de empresas relacionadas a las operaciones de Alex Saab en ese país.
Casi al mismo tiempo, la unidad de inteligencia financiera mexicana detectó transacciones entre 4PL Industrial y Rice & Beans y Grupo Brandon, dos de las proveedoras de granos y leche en polvo de pobrísima calidad usadas en México por el dúo de empresarios colombianos.
El 9 de noviembre de 2018 Jorge Saavedra Bedoya se dejó ver junto a Carlos Lizcano Manrique en la firma de un contrato con el Gobierno venezolano. Lizcano Manrique, en representación de Salva Foods, la propietaria de las privatizadas Tiendas CLAP, acordó con el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, la cesión en favor de Salva Foods del manejo de buques pertenecientes a la estatal náutica Venavega para la importación de las cajas CLAP desde México.
“Es una alianza importante que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para el Transporte para el beneficio del pueblo y avanzar en la Venezuela potencia”, expresó el ministro Abreu según una nota de prensa. El texto explicaba que el convenio entre el Gobierno y Salva Foods atendía a las “políticas de transporte del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica promovido por el presidente Nicolás Maduro”.
En la foto de la firma se ve a Jorge Saavedra Bedoya y Carlos Lizcano Manrique con las autoridades venezolanas, todos escoltados por los retratos de Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Apenas dos días antes, Jorge Saavedra Bedoya había registrado en el Reino Unido la compañía 3S Commodities Trader Ltd.
La alianza y la foto se concretaron pocos días después de que la Procuraduría General de México hiciera pública una investigación contra la red de empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido tras detectar sobreprecios y exportación de productos de mala calidad hacia Venezuela, entre otras irregularidades. “A lo largo de la investigación se detectó la presencia de varios operadores como el señor Alex N, aparentemente relacionado con autoridades del Gobierno de aquel país, así como Álvaro N, Emmanuel N, Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas”, informó entonces Alonso Lira, subprocurador especializado en la investigación de delincuencia organizada por parte de ese organismo.
Aquella denuncia pública no parece haber sido una advertencia o impedimento para Jorge Saavedra Bedoya; tal vez, de hecho, funcionó como un incentivo. Menos de un mes después apareció junto a Carlos Lizcano Manrique en ese acuerdo con el ministro de Transporte venezolano, como prueba de que la participación de los empresarios colombianos estaba lejos de detenerse y seguía contando, más bien, con el aval del Gobierno de Maduro. También, días después del acuerdo, uno de los buques de Venavega salió en busca de alimentos desde el puerto de La Guaira al de Veracruz, terminal mexicano desde el que han salido millones de cajas CLAP desde 2016 para el programa bandera del chavismo.
Aunque nunca se explicó la presencia de Jorge Saavedra Bedoya en aquel convenio, cifras de autoridades colombianas muestran que previamente, entre enero y mayo del año pasado, cuando el Gobierno apuró las compras de alimentos antes de la cuestionada elección presidencial del 20 de mayo de 2018 en la que Maduro terminaría reeligiéndose, 4PL Industrial envió desde Cartagena hasta Venezuela alrededor de 123 toneladas de alimentos para los CLAP. Fuentes conocedoras del negocio aseguran que 4PL Industrial sigue a cargo de operaciones logísticas desde la zona franca del puerto de Cartagena, en Colombia, y hasta empaqueta algunos de los productos a granel que los empresarios colombianos compran en México como el caso de las lentejas y caraotas negras de la marca Renaciente.
La participación de la empresa en el negocio detrás del programa estatal venezolano se mantiene. No hace mucho se han visto las lentejas y caraotas negras de la marca Renaciente que, aunque se compran al granel en México, las envasa 4PL Industrial en Colombia.
Reportes de la base de datos de comercio internacional Panjiva, cedidos a Armando.info por la Organización No Gubernamental C4ADS, dedicada a investigaciones con fuentes abiertas, revelan que durante 2017 la compañía 4PL Industrial compró mercancía en México a Rice & Beans y Almacenes Vaca por un valor de casi 7 millones de dólares. Los productos coinciden con los incluidos en las cajas CLAP como salsa de tomate y mayonesa, además de arroz, pasta, atún enlatado y los granos. Los envíos salieron inicialmente a Cartagena y desde allí para puertos venezolanos. Además de 4PL Industrial S.A.S de Colombia, la operación involucró a una sociedad homóloga panameña creada en 2017.
Las cifras de la secretaría de Comercio Exterior de México reflejan también que 2017 los despachos de leche en polvo, frijol negro y arroz, productos incluidos en los combos CLAP, fueron frecuentes hacia Colombia.
Ni desde 4PL Industrial, ni Jorge Saavedra Bedoya. atendieron las solicitudes de entrevistas para este reportaje.
Para Jorge Saavedra Bedoya el tema logístico y la zona franca de Cartagena son más que familiares. Saavedra Bedoya fue director de operaciones de ese terminal portuario y en sus declaraciones siempre destacó las ventajas operativas y tributarias de esa zona franca.
La empresa 4PL Industrial, por su parte, se define como un operador capaz de atender las “necesidades logísticas para todo tipo de industria y que también realiza “procesos de maquila con los más altos estándares de calidad” con operaciones en Perú, Panamá, Brasil, México, Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Turquía.
Por si fuera poco, el año pasado una empresa denominada 4PL Logistics Fze, registrada en Emiratos Árabes Unidos también compró leche en polvo a la mexicana Rice & Beans, el mismo proveedor al que acudió 4PL Industrial y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido. De acuerdo, a los registros de Panjiva, esa mercancía salió de México hacia Turquía y estaba valorada en poco más de 2 millónes de dólares. Fuentes consultadas aseguran que el producto fue despachado finalmente hacia Venezuela.
Para esta entrega no se pudo verificar la vinculación de la 4PL inscrita en Emiratos Árabes Unidos con la colombiana. Lo que sí está comprobado es que huyendo de la lupa de los Estados Unidos y la justicia de otras jurisdicciones, Alex Saab y Álvaro Pulido movieron el año pasado buena parte de su red para el negocio de los CLAP hacia los Emiratos Árabes Unidos con firmas como Asasi Food Fze -incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de julio pasado- Mezedes Holding Ltd, que controla la mayoría accionaria de la venezolana Salva Foods 2015 –la propietaria de las Tiendas Clap- y la homónima Salva Foods Fze, entre otras.
La semana pasada la policía financiera italiana anunció la congelación de bienes por casi siete millones de euros, entre un apartamento y otros activos, en una investigación por posible lavado de dinero contra el propio Alex Saab, pero que también involucra a su esposa, Camilla Fabri, y a uno de sus hermanos, Luis Alberto Saab Morán, agregado a las sanciones del Departamento del Tesoro en septiembre pasado. Pero ante este asedio, el empresario no para de sumar piezas a su vasta red empresarial de modo de sostener los millonarios negocios con el Gobierno de Maduro.
Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.info y el Excélsior de México.
Los empresarios colombianos que se consagraron como los contratistas preferidos de Nicolás Maduro ya no sólo canalizan sus intereses a través de un laberíntico portafolio de empresas y accionistas ‘offshore’. Para entrar de lleno en industrias básicas, desde hace algún tiempo encargan a ciertos individuos, allegados a sus negocios y dispuestos a atravesar en cualquier dirección el umbral entre los sectores público y privado, para posesionarse de compañías del Estado venezolano. Así hicieron con Minervén y estuvieron a punto de hacerlo con la productora de fertilizantes en Barranquilla, Monómeros Colombo Venezolanos, quizás solo detrás de Citgo, la propiedad más valiosa de la República en el exterior.
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritario de oposición. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap. Durante el tour, que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de chaperón un asociado a Saab y su clan, dueño también de la agencia de viajes donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional.
El domingo 5 de enero de 2020 el chavismo juramentó, contra viento y marea, a una Junta Directiva "paralela" para la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del estado Yaracuy, Luis Parra. Justamente fue Parra quien, junto a otros parlamentarios recientemente expulsados de partidos de oposición -algunos también parte de esta directiva "a la medida" del oficialismo-, conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP. Este reportaje, publicado el pasado 1 de diciembre, puso a la luz estas irregularidades que llevaron a que el público bautizara al grupo de diputados como la "Fracción CLAP".
Su construcción masiva en barrios populares de todo el país fue la solución que en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad. Pero de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono. A pesar de esa ruina, el proyecto fue un negocio fértil para los empresarios que estaban detrás, los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, sancionados hace poco por el Departamento del Tesoro estadounidense. El dúo logró un contrato que, en cuestión de semanas, pasó de 60 a 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un ente subordinado al Despacho de la Presidencia y por cuya directiva pasaron el hijo mayor y un sobrino de la primera dama, Cilia Flores.
La suerte de la dupla empresarial colombiana parece terminar. La sanción del Departamento del Tesoro los coloca en el ojo del huracán y los vincula directamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Iniciaron sus negocios con el chavismo en 2011, pero a partir de 2013, con Maduro en la presidencia, se multiplicaron. Amigos de la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, terminaron siendo los grandes beneficiarios de las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), herederos en la sombra de la red de Abastos Bicentenario, recibieron de Pdvsa un millonario contrato para explotación petrolera y hasta en la presidencia de la estatal Minerven llegó un exempleado suyo. Su eventual derrumbe puede alcanzar a la pareja presidencial.
Sin utilizar sus nombres directamente los colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab se las ingeniaron para llevarse una buena tajada de los dólares preferenciales repartidos por el régimen de Nicolás Maduro en 2014 a través del denominado Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong hicieron de vendedores de mercancía para varias de las compañías previamente adjudicadas en las subastas, lo que dejó en sus cuentas bancarias de Panamá unos 120 millones de dólares. Todo antes de convertirse en los grandes proveedores de los alimentos subsidiados para el programa estatal de los CLAP
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.