Fracasado el “turismo socialista” que tanto mentó el presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana hoy apunta directamente a quienes tienen los bolsillos llenos de divisas y están dispuestos a gastarlas en Venezuela en un exótico turismo de lujo en medio de un país en crisis. Para ello se ha apuntalado en una serie de empresarios privados que hoy operan buena parte de la infraestructura hotelera del Estado venezolano, especialmente en la costa venezolana y provenientes de la Isla de Margarita, la que fuera la “perla del Caribe” y otrora paraíso para la clase media venezolana.
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Suele repetirse hasta el cansancio que Venezuela podría sustentar su economía en el turismo. La variedad de sus paisajes, el clima, la ubicación, la exuberancia. Los gobiernos de Hugo Chávez y, ahora, el de Nicolás Maduro no escaparon de ese discurso que pone al turismo como punta de lanza de desarrollo, pero en los últimos años se ha alejado de la familia venezolana para proyectar al país como un codiciado destino exótico, con lujos reservados para quienes pueden pagarlos.
Así lo ha presentado el gobierno en las ferias internacionales del sector y no son pocos los inversionistas seducidos por la oferta gubernamental. No temen las consecuencias de una alianza, ni pareciera importarles la mala reputación del régimen de Maduro sobre el que pesan sanciones económicas de Estados Unidos. Es tentador tener los privilegios de operar en las zonas turísticas donde absolutamente todo tendrá precio y se cobrará en divisas. El mismo modelo que aplicó Cuba en el período especial hoy lo copia la revolución bolivariana.
Los hoteles de la cadena estatal Venezolana de Turismo (Venetur) son el primer ejemplo de esta nueva estrategia. Hoteles que en tiempos de Hugo Chávez fueron expropiados y confiscados para una “estrategia de diversificación y desarrollo sustentable orientada a la inclusión” hoy están en manos de privados. Unos con alguna experiencia en el sector y otros, totalmente desconocidos, pero todos privilegiados a la sombra de la revolución.
A mediados de 2017 se intensificaron las alianzas con estos inversionistas, justo cuando Marleny Contreras -esposa del número dos del chavismo, el actual presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello- estuvo al frente del Ministerio de Turismo (Mintur). Entre ellos despunta la empresa Desarrollo Turístico PLC 2017 C.A., que concretó dos acuerdos y ahora opera los más importantes hoteles de la red estatal ubicados en las ciudades costeras de Puerto La Cruz (estado Anzoátegui) y Cumaná (Sucre), en el oriente de Venezuela.
El socio mayoritario, Víctor Manuel Martins Alfaiate (o Vitor, como es su ortografía real), un portugués que comenzó hace más de veinte años con dos pequeños hoteles en las islas de Margarita y Coche -parte del estado insular Nueva Esparta- ahora ostenta una de las principales cadenas hoteleras y se ha extendido con éxito por otros destinos exclusivos del país. También ha diversificado su negocio: bodegón, tiendas de ropa, inversiones inmobiliarias, agencias de viajes, boletería, material promocional y todo tipo de operación turística. Además, es socio de una camaronera que muestra buenos números año tras año.
Su meteórico crecimiento ha sido impulsado por créditos turísticos y agrícolas a los que ha tenido acceso con alguna facilidad si se toma en cuenta que Margarita atraviesa uno de los peores momentos de funcionamiento de los servicios públicos y cuando la actividad turística experimenta una brutal caída en la ocupación y en la movilización.
Más allá de los discursos, lo cierto es que el turismo no había sido una prioridad económica real en un país dependiente del petróleo y con las arcas llenas. Margarita, a la que se solía llamar “la perla del Caribe”, era el destino vacacional de las familias de clase media y de numerosos extranjeros que llegaban directamente a la isla.
Era más atractivo llegar a Margarita desde la ciudad brasileña de Manaos que visitar las costas de Río de Janeiro, había regularidad en los ferrys que partían de La Guaira y Puerto La Cruz, los cruceros del Caribe tenían una parada de desembarque en la isla y la actividad aérea era masiva, principalmente con vuelos directos de Frankfurt, Ámsterdam y París. Todo eso cambió en los últimos 20 años.
La ola de expropiaciones, desocupaciones de zonas turísticas, ineficiente servicio público y la casi inexistente conectividad marítima y aérea afectado las movilizaciones turísticas prácticamente hasta la neutralización. Atrás quedó la Margarita comercial y paradisíaca para la extinta clase media venezolana y mutó a un destino para un perfil de mayor poder adquisitivo, que busca rodearse de comodidad, lujo, servicios y exquisita gastronomía en hoteles de diseño.
De acuerdo con los datos manejados por Luis Eduardo Rodríguez, presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta, las visitas “han bajado sustancialmente” pero ahora se cuentan pocos huéspedes con un perfil muy alto y poder adquisitivo. “Hay una operación semanal con vuelos chárter que parten de Bogotá, Cali y Medellín, que alcanza las 52 mil personas”. Menciona que están, también, los que visitan la isla de su vecina Trinidad y Tobago, en vuelos directos de Conviasa, la línea aérea del Estado.
Hasta 2013, los prestadores de servicios turísticos operaban sin mucho control, aún cuando la ley les exigía unos requisitos obligatorios so pena de multa y cierre. Para esa fecha el propio Martins, el dueño de la Cadena Paradise y quien figura en alianzas con Mintur para operar dos hoteles del Estado, no tenía Licencia de Turismo (LT) pese a sus años trabajando en la zona. Solo contaba con el Registro Turístico Nacional para sus locales de alojamiento: Yaque Paradise (RTN: 7.151) y Coche Speed Paradise (RTN: 6.978), según datos a los que tuvo acceso Armando.Info.
En El Yaque, donde Víctor Martins tuvo su primer hotel, había 40 prestadores de servicios turísticos con RTN y solo 10 de ellos con LT. Mientras que en playa El Agua, al noreste de la isla, se registraron 52 prestadores de servicios turísticos con RTN y solo 14 con LT. Pero todo cambió a partir de 2013.
En 2016, este “navegao” -como dicen los margariteños a quien llega de tierra firme-, de origen portugués, tenía sus permisos al día y figuraba en actos públicos como representante del sector turístico de Nueva Esparta. Apareció retratado junto al gobernador oficialista de la época, Carlos Mata Figueroa, y la ministra Contreras en un acto público, luego de coronar un ascenso que incluyó créditos en la cartera turística.
Recibió una inversión por 1.733 millones de bolívares (2.632.580 dólares a cambio oficial del momento) por parte del Banco de Venezuela en noviembre de 2016 para la refacción del hotel Tamarindo Guacuco, que prometía con ser uno de los mejores de la región, pero fue abandonado luego de la crisis financiera de 1994 y pasó a manos del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), quien a su vez se lo asignó a Mintur para su uso.
La Promotora Turística Paradise C.A. fue la favorecida por la banca para este proyecto. Con un capital de 5 millones de bolívares (unos 12 mil dólares al cambio de la época) se creó en mayo de 2016, seis meses antes de recibir el crédito. Sus socios en partes iguales son Víctor Martins y Oscar Augusto De Guruceaga López, quienes tienen otras empresas en conjunto relacionadas con la producción camaronera y el desarrollo turístico.
Reseñan los medios que cubrieron la actividad un comentario de Martins, que tenía “cinco años interesados en el rescate del hotel, pero no tuvieron éxito hasta la llegada de la ministra Marleny Contreras de Cabello”. Al año siguiente, Promotora Turística Paradise C.A. recibió la segunda factibilidad económica para continuar con los trabajos de recuperación del hotel Tamarindo Guacuco, esta vez por 5 mil millones de bolívares (2.272.730 dólares a cambio oficial para el momento). En esa visita, se dijo que la obra tenía un costo total de 23 mil millones de bolívares (casi 10.5 millones de dólares), de los cuales la empresa privada aportaría la mitad y el estatizado Banco de Venezuela el restante.
El Tamarindo Guacuco cuenta con 182 habitaciones, 3 restaurantes, piscina y área de recreación, y pasó a conformar uno de los hoteles de lujo de la Cadena Paradise. Sobre el acuerdo de negociación, fuentes del sector desconocen los términos suscritos con Mintur para la operación del hotel, pero Martins entrevistado telefónicamente explicó a Armando.Info los pasos de la negociación: “nosotros compramos el hotel, presentamos el proyecto y fue aceptado. Ya se encuentra operativo”.
Paralelo al crédito recibido por el hotel entregado por Fogade, Martins adquirió otra factibilidad por casi 1.500 millones de bolívares (unos 680 mil dólares a cambio oficial), para la Promotora Surf Paradise, de Playa El Yaque. Seguía ampliando su negocio en la zona en la que llegó a trabajar y en el que solo tenía un hotel, operado por su primera empresa Martins Paradise Import C.A. Ahora tiene diversos establecimientos y varios alojamientos que se sumaron a su grupo turístico: Surf, Oasis y El Yaque. Además, Surf Paradise Shop C.A, Bodegón Yaqui C.A. e Inversiones Inmobiliarias Coco Paradise 2015.
En total, la Cadena Paradise pasó a operar cuatro hoteles en Margarita, uno en la isla de Coche, una posada en el Archipiélago de Los Roques -que también le pertenece al Estado- y dos hoteles de la red Venetur: Puerto La Cruz y Cumaná.
“Yo tengo cuarenta años trabajando en la isla. Llegué en el año 78 y en el 80 tuve mi primera empresa”, repitió con insistencia durante el contacto telefónico.
El socialismo chavista, a partir de 2005, se dedicó a la expropiación y confiscación de las infraestructuras hoteleras de las grandes cadenas internacionales -Intercontinental, Hilton, Meliá- para hacer “turismo social”. Esa fórmula no funcionó y contribuyó con el deterioro de las instalaciones que se fueron hundiendo en el descuido y descontrol interno. Venetur llegó a ser una de las operadoras más grandes del país y tener al menos 15 hoteles, casi todos categorizados en 4 y 5 estrellas, que quedaron en la ruina. Además, tenía 3 hatos turísticos en los llanos venezolanos.
En el último lustro, las propiedades turísticas nacionalizadas se han ido entregando a empresas privadas, probablemente para rescatarlas pero también para fortalecer grupos de poder. Casi todas esas empresas fueron creadas entre 2016 y 2017 cuando Marleny Contreras era ministra de Turismo.
“Nosotros no estamos ni regalando los hoteles, ni dándolo en concesión, estamos en alianza con inversionistas nacionales e internacionales para fortalecer el sector”, señaló la titular de la instancia turística cuando se firmaron las primeras cartas de compromiso, en 2016.
Pero de manera contraria, Martins señala que “lo que se tuvo con los hoteles fue una concesión y se le paga un porcentaje de las ventas brutas a Venetur”. Consultado sobre el acuerdo con Venetur, el presidente del Grupo Paradise indicó que “las empresas privadas se comprometieron con las mejoras a los hoteles a cambio de un porcentaje de las ventas brutas. No tenemos ninguna propiedad de los hoteles”.
Desarrollo Turístico PLC 2017, C.A., registrada el 28 de junio de 2017 y cuyos socios son: Promotora Turística Paradise C.A., con 95% de las acciones, y Víctor Martins, con el restante 5% fue una de las últimas en firmar. La alianza comercial fue unas semanas después de su fundación y se le entregó la recuperación, operación y comercialización del Venetur Puerto La Cruz (antiguo Gran Hotel Puerto La Cruz).
A juicio de Martins, según lo comentado en la entrevista telefónica, esto constituía una “oportunidad importante” porque es un puerto de tránsito fluvial a la isla.
Se acordó una inversión inicial de 9.3 millones de dólares para el desarrollo de este proyecto. El reto, de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Turismo, era potenciar la llegada de turistas extranjeros a Venezuela con capacidad adquisitiva para la generación de divisas. La firma fue durante la plenaria del Consejo Nacional de Economía Productiva, dirigida por el vicepresidente del gobierno de Maduro, Tareck El Aissami, cuando todavía asistía a actos públicos antes de ser una de las figuras más buscadas por el gobierno de Estados Unidos. Por Desarrollos Turísticos PLC 2017, C.A. asistió Julio Ortega González, quien figura como representante de la empresa pero no tiene capital accionario, aún cuando Martins confirmó que es parte de la sociedad. “Es Ortega quien se encarga de todo lo relacionado con los Venetur”, dijo.
El Venetur Puerto La Cruz (hoy Paradise Puerto La Cruz) posee 217 habitaciones, salones, restaurantes y todo tipo de espacios recreacionales. Además, tiene una marina exclusiva para traslados al Parque Nacional Mochima, que también pasó a ser parte de la remodelación.
En una entrevista a Fedecámaras Radio, Ortega señaló que “la alianza es por 20 años” y renovable, y aclaró que “la rehabilitación del hotel es con una inversión propia para devolverle la figura original”.
La red estatal de hoteles Venetur fue creada en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez para cubrir la demanda turística, la que en la Venezuela de hoy se ubica por debajo del 20% de ocupación en los destinos predilectos de sol y playa y no llega a 500 mil visitantes internacionales.
Hasta 2014 sumó hoteles en todo el país: Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Zulia.
Al entrar Marleny Contreras a la cartera de Turismo en abril de 2015 -y hasta junio de 2018- se impulsó una serie de alianzas comerciales de las que se sabe muy poco, y con las que Maduro estimó ingresos para el país de 195 millones de dólares al dárselos a la empresa privada.
“Trabajaremos para que el turismo se convierta en el nuevo petróleo para Venezuela”, dijo Contreras a los días de ser nombrada ministra. Además, incluyó al turismo como uno de “los motores” de la agenda económica bolivariana. La incapacidad socialista de poder operar los hoteles Venetur quedó en evidencia. De ser manejados por poderosas cadenas internacionales que se encargaban del mantenimiento y comercialización de alojamientos 5 estrellas, luego de la nacionalización se descuidó la infraestructura, las áreas de esparcimiento y la calidad de servicio, que requirieron varias inyecciones millonarias para su recuperación. Nunca pudieron ser rentables y eran pérdida para el Estado.
En el Informe de Gestión de los órganos y entes del Poder Público, emitido por la Contraloría General de la República, en el año 2016, se describe el resultado de las auditorías que se realizaron a la red hotelera Venetur. Todas dirigidas a evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con los procesos de contratación, adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras en proyectos de inversión y protección de los bienes públicos, desde el 2013 al 2016.
Las conclusiones documentan su quiebre:
“Se constataron debilidades de control interno al carecer de soportes que respalden las operaciones efectuadas al presupuesto correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2013 (…) No dispone de información relacionada sobre la ejecución física y financiera del proyecto denominado Recuperación de la Infraestructura, equipamiento y sustitución de Equipos Electromecánicos de la Red de Hoteles y Hatos de Venetur, S. A. (…) Para el año 2014 se comprometieron montos superiores a los realmente aprobados por Bs 102.317.245,35; y para el año 2015 hubo sobregiros por Bs 827.693,71. (…) La empresa no cuenta con la relación de ingresos percibidos con ocasión a alquiler de marinas durante el ejercicio económico financiero del año 2013”.
El mismo documento incluye al hotel Venetur Puerto La Cruz que está en manos del Grupo Paradise, ahora uno de los más importantes.
Para hacer efectivo el plan turístico, Maduro firmó el convenio cambiario N° 36, mediante el cual autorizaba a los empresarios a vender sus paquetes turísticos en moneda extranjera, lo que antes no era permitido. Desde el 2003 el gobierno chavista impuso un férreo control cambiario en Venezuela que impedía las negociaciones fuera de los mecanismos del Estado para operar en divisas que con el tiempo y la crisis se fue flexibilizando. Tanto, que Maduro para tratar de esquivar las sanciones económicas aceptó que los pagos por servicios turísticos se hicieran en criptoactivos solo en las “zonas económicas” del país.
De igual forma, incrementó la cartera de créditos, para el 2016, a 45 mil millones de bolívares (más de 100 millones de dólares) “para el desarrollo del turismo”.
Por su parte, Mintur impulsó acuerdos con la banca para hacer efectiva las alianzas comerciales y garantizar el crecimiento del sector. Además, aceleró la declaratoria de zonas de interés turístico para el desarrollo y explotación por parte del Estado, principalmente en el área costera del país. Es allí donde se pretende incrementar la infraestructura hotelera y los servicios, haciendo convenios con el sector privado nacional e internacional.
Para ello se han realizado ruedas de negocio muy exclusivas, la última en junio de 2019 donde participaron inversionistas de Turquía, México, Nigeria, Siria e Irán, entre otros.
“El turismo debe ser el segundo gran generador de ingresos de divisas en el país, somos un gran destino turístico. Venezuela tiene el mejor paquete de ofertas del mundo entero”, dijo Nicolás Maduro poco antes de que la ministra Contreras fuera reemplazada por Stella Lugo, la séptima que se propuso recuperar el sector.
Lugo, exgobernadora chavista y sucesora de Contreras, no tuvo ninguna notoriedad en su paso por el ministerio y poco se le encontraba en la sede. Combinaba su agenda con las actividades políticas del partido rojo como jefa del Territorio Insular Francisco de Miranda y, además, como “protectora” del estado Anzoátegui, una figura impuesta por Maduro que solapaba las competencias del gobernador opositor electo democráticamente. Siguió las mismas líneas que estaban establecidas hasta que fue sustituida por Félix Plasencia, quien asume un nuevo ministerio fusionado: el de Turismo y Comercio Exterior.
En abril de 2019, durante la presentación del Plan Internacional de Turismo, Lugo y Plasencia habían coincidido en el evento y compartieron escena con Yomana Koteich, hasta ese momento, ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional y presidenta de Bancoex.
Todos estos cargos los asume el nuevo ministro, de quien dicen que es muy cercano a los hermanos Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta Ejecutiva y Jorge, ministro de Comunicación e Información, con quienes trabajó en cargos de máxima confianza desde el 2012.
El acercamiento de Koteich con Mintur no es nuevo, ni con Margarita, que es su tierra natal. En 2005 fue viceministra de Comercialización de Productos Turísticos y, al año siguiente, presidenta de Venetur durante la gestión de Wilmar Castro Soteldo, actual ministro de Producción Agrícola y Tierras. En el 2014 participó con su empresa Equus Proyectos y Soluciones, C.A. en las bases de intervención y vialidad del proyecto turístico Playa El Agua.
Koteich había prometido la culminación de la obra desde Punta Cabo Blanco hasta Punta Cazonera (Playa El Agua) para el 2019 y el Estado había aprobado en créditos de la cartera turística 51 millones de dólares, pero todo se paralizó.
El Estado aprobó créditos por 51 millones de dólares para la obra de Playa El Agua y se prometió para este 2019.
En 2016, nuevamente amparada por Castro Soteldo, es nombrada presidenta del Banco Agrícola de Venezuela y la incorpora en la Gran Misión Abastecimiento Soberano. En el año 2018 fue nombrada viceministra del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública. De allí pasó a presidir la junta interventora de Banesco y luego Bancoex, el Banco de Comercio Exterior.
Mientras ella preside la junta directiva, uno de los directores suplentes por el sector privado es Víctor Martins, según consta en la Gaceta Oficial N° 443.032, de fecha 20 de agosto de 2018.
Martins, de 57 años, pasó de ser un hotelero de playa El Yaque y la isla de Coche, a manejar uno de los grupos turísticos más importantes del país. Comentó durante la entrevista a Armando.Info que fue hace tres años, en 2017, cuando participó en una oferta del Ministerio de Turismo en la que se presentaron los hoteles para la consideración de la empresa privada. Aunque Martins afirma que fue una “oferta pública”, no existe evidencia de que haya sido así. “Cada quien lanzó sus ofertas y demostró la garantía, yo oferté en la que consideraba que funcionaba y el Estado estaba consciente de que perdía dinero”, aclaró. Este proceso solo duró unos 6 meses.
Martins coqueteó con otros ramos del sector y es socio de varias empresas: Inversiones Venezuela Travel C.A., dedicada a la promoción y boletería. Así mismo, es socio de Arenas Travel 331 C.A., esta última una compañía registrada en Caracas y enfocada en el negocio aéreo, de la que posee un tercio de las acciones. Otro de los negocios en los que incursionó con éxito fue en la actividad camaronera.
La actividad turística no ha sido el único negocio de Martins, ni tampoco el único encuentro con el gobierno socialista. En el año 1999 fundó Promotora Los Cocos C.A. con sede en la Isla de Coche, cuyos socios fueron Martins Paradise Import C.A. -una compañía que tenía él con su esposa Juaquina Esther Guerra de Martins- y el Consorcio Agrícola Vista Valle, cuyo dueño era Gonzalo De Guruceaga. Para 2019, la compañía sigue activa, aunque ya no están los Guruceaga. Recientemente hicieron un aumento de capital por casi 80 millones de bolívares (unos 6 mil dólares a la tasa oficial al mes de agosto de 2019).
En noviembre de 2016 registró el Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A., cuya sociedad repite con Oscar De Guruceaga, quien también es su socio en Promotora Turística Paradise C.A., Inversiones Inmobiliarias Coco Paradise 2015 C.A. y Desarrollo Turístico PLC 2017, C.A., así como tuvieron una breve relación societaria en Promotora Los Cocos C.A.
El mismo año que la empresa turística recibe el primer financiamiento por parte del Banco de Venezuela para los arreglos del hotel Tamarindo, la granja camaronera Los Cocos también tuvo una inversión por vía crédito bancario.
“Con esto se proyecta elevar la producción de 660 mil kilos de crustáceo a 1.200 kilos”, detalló en su momento Víctor Martins como presidente de la compañía, quien se encontraba acompañado con el gobernador oficialista Carlos Mata Figueroa y el ministro para la Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario.
Según los estados de cuenta auditados para el año 2017, Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A. recibió dos préstamos del Banco Agrícola de Venezuela: el primero, por 1.545.000.000 de bolívares con fecha de liquidación 20/06/2017 y vencimiento 20/06/2021; el segundo, por 824.000.000 de bolívares con fecha de liquidación 05/06/2017 y vencimiento 05/06/2018, a una tasa del 18%.
Un año después, en enero de 2017, Maduro aprobó una inversión cercana a los 294 mil millones de bolívares (463 millones de dólares) para la recuperación pesquera en los estados Sucre, Zulia y Nueva Esparta. Nuevamente, el team de Martins-Guruceaga no faltó al encuentro y amarró otras alianzas estratégicas, esta vez a nombre del Consorcio Vista Al Mar C.A.
“Este es el camino que nosotros en la empresa privada hemos escogido para contribuir en la reactivación de la economía venezolana (…) Quiero agradecer la profesionalidad y seriedad con las que han llevado el proceso, estamos muy complacidos y contentos y espero que tengan el mayor de los éxitos en el objetivo que se han trazado para la recuperación de la infraestructura pesquera en Venezuela”, señaló entonces De Guruceaga.
El Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A. es una sociedad constituida por Corporación Friport C.A., cuyo director administrativo principal es Oscar De Guruceaga y la Constructura El Yaque 2000, C.A., presidida por Carlos Manuel Martins Guerra, hijo de Víctor Martins quien, además, figura como director principal. En la actualidad, esta compañía también se encuentra activa y lucrativa, de acuerdo con los balances publicados. En febrero de 2019 ejecuta un aumento de capital a 50 millones de bolívares.
La Corporación Friport, del Grupo Guruceaga, tiene registrado que le dio asesoría de inversión a la Constructora El Yaque, en el año 2016, fecha en la cual concretaron la alianza para la camaronera.
Aunque con menos frecuencia, Oscar De Guruceaga ha estado presente en los recorridos por las obras turísticas del Hotel Tamarindo, del cual es socio. Tiene su residencia en Caracas, desde donde dirige la asociación civil sin fines de lucro Mahatma Gandhi, creada en el 2016, para “incidir en la difusión de la paz y la no violencia como una forma de vida, así como para desarrollar capacidades que promueven la resolución pacífica de conflictos”.
El 22 de junio de 2018, según Gaceta Oficial N° 41.425, se le otorgó el Exequátur de Estilo para el ejercicio de sus funciones como cónsul honorario de Tailandia en Caracas, un cargo que debe ser aprobado por la cancillería de ambos países.
Un artículo del New York Times cita a Guruceaga, un apellido que no resulta desconocido por ser un importante grupo empresarial. Luego de los sucesos de 2002, lo describe como un ranchero que pasa mucho tiempo en el Tíbet: “Chávez hizo algo importante para este país. Nos despertó. Después de años y años. Ahora no tenemos más remedio que asumir nuestra responsabilidad”.
Es la segunda isla más grande de Venezuela, casi inhabitada, con una riqueza biológica única. Pasó inadvertida hasta que el régimen de Nicolás Maduro reflotó los planes de expansión turística y permitió la construcción de un primer hotel, asignado a dedo a un contratista petrolero que no tenía nada que ver con el sector. La tragedia se ensañó con el empresario y dejó abandonado el proyecto.
Con la venia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio de Turismo, un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en el único parque marino del país, certificado además como uno de los arrecifes más grandes y mejor conservados del Caribe. Las autorizaciones se saltan toda la normativa dispuesta para proteger los enclaves naturales más vulnerables de Venezuela, que bajo la “revolución bolivariana” sedienta de dólares los mercadea como destinos de un nuevo turismo cinco estrella.
No es el único proyecto turístico que se construye en la costa centro occidental de Venezuela, pero sí el que más ha penetrado en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, al lado del Parque Nacional Morrocoy, zonas protegidas por más de una decena de leyes y normas ambientales. Crear la "nueva Punta Cana" es la ambición de su promotor, un empresario español de gran calado con muchos socios militares. Pero mientras llega la prosperidad prometida, la primera manifestación del desarrollo es el dragado de un canal que pone en peligro a un ecosistema único.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quién se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.