La frontera porosa ha cargado a los habitantes del Amazonas de Colombia con los casos de sus vecinos venezolanos. La escasez y la indiferencia ha conducido pacientes a buscar tratamiento hasta en Bogotá. En San Fernando de Atabapo, entretanto, el mosquito transmisor ha replegado a la gente en sus casas. Pero “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.

Los últimos meses de 2016 y el comienzo de año reportan un incremento en el diagnóstico de paludismo en el margen occidental de la provincia selvática venezolana. La crisis económica ha provocado que los habitantes de la frontera –venezolanos, colombianos, brasileños– vean en la explotación ilegal del oro una posibilidad de riqueza instantánea. La tala indiscriminada en la región ha provocado, además de un problema de seguridad por el control, el trabajo redoblado de las autoridades sanitarias. Este es un viaje a la Venezuela profunda, esa que no está en los titulares de los medios ni en la agenda de la dirigencia política

De vuelta al anonimato tras una fugaz pasantía en la política como candidata a la alcaldía de un municipio de Caracas en 2008, esta rubia empresaria ha sacado partido a la ambivalencia: se le relacionó sentimentalmente a un poderoso militar chavista y a un alcalde opositor. Hace dos años una denuncia de un posible fraude de sobrefacturación expuso a sus socios, lo que permitió detectarla, desde Miami, a la cabeza de un grupo de negocios que crece como proveedor del Gobierno venezolano.

A mediados de 2013 Jorge Alfredo Silva Cardona trabajaba como técnico administrativo del Seniat. Tres años y medio después se ha convertido en el timón del Grupo JHS, la fachada que se levantó a la sombra del millonario negocio entre los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la compañía brasilera JBS. Este conglomerado es propietario del Deportivo Táchira y comienza a ser conocido como un jugador de renombre en el cada vez más exclusivo negocio de la importación de alimentos básicos en Venezuela. El exempleado de la oficina de tributos parece tener el know how que se necesita para triunfar en una economía de puertos.

A nueve meses de que se publicara la filtración de los documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, conocida mundialmente como los ‘Panama Papers’, sólo una persona se mantiene detenida en Venezuela. La abogada Jeannette Almeida Quevedo es acusada de captación indebida, sufre una enfermedad crónica y sus allegados se preguntan cuál es la verdadera razón por la que aún sigue en prisión.

Liderado por el equipo peruano de IDL Reporteros, un grupo de periodistas de América latina comenzó a investigar hace más de un año las ramificaciones de la Operación Lava Jato en toda la región y, en el camino, han encontrado una enrevesada cadena de pagos en negro, que involucran a personajes tan célebres como Francisco Martinelli, primo dilecto del entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Esta es la historia de cómo una empresa se hizo de los mejores contratos camuflando “propinas” en una maraña de transferencias y empresas offshore.

El caso Lava Jato también salpica al gobierno del presidente Mauricio Macri. En un esfuerzo conjunto con periodistas de Perú, Argentina, Panamá y Venezuela, el periodista Hugo Alconada, del diario La Nación de Buenos Aires, precisa en este trabajo las transferencias que recibió uno de los hombres de confianza del mandatario.

Las autoridades costarricenses, que la reclaman desde 2009, todavía esperan repatriar una valiosa colección de arte precolombino que por ahora come polvo en oficinas de organismos estatales venezolanos, a donde llegó después de un decomiso. Las piezas habían entrado al país de manera irregular por obra de un inmigrante estonio que hizo fortuna en Venezuela tras eludir a los cazadores de nazis que lo acusaban de participar en crímenes durante la II Guerra Mundial. Se llamaba Harry Mannil, murió en 2010, y nunca llegó a enfrentar a la justicia ni por esas versiones ni por el tráfico irregular de patrimonio cultural en el que incurrió.

El iceberg empieza a emerger. Odebrecht admite ante las autoridades estadounidenses que repartió sobornos en doce mercados internacionales, incluyendo Venezuela, donde más pagó: 98 millones de dólares en coimas y mordidas. Entre tanto dinero, al menos 35 millones fueron aportados por la empresa de ingeniería civil a la última campaña electoral de Hugo Chávez. En declaraciones judiciales, un delator habla de pagos bajo la mesa de al menos 600.000 dólares a nombre de otra empresa, Andrade Gutierrez. Las revelaciones apenas comienzan.

El Gobierno de Nicolás Maduro le entregó a China la fabricación a gran escala del cuatro venezolano. Ha privado más la política de masificar el instrumento, con el propósito de sumarlo al archiconocido Sistema Nacional del Orquestas Infantiles y Juveniles, creado por José Antonio Abreu, que la calidad que supone su artesanal armado. No es, como parece, solo una resignación cultural o una contradicción con el discurso nacionalista de los históricos camaradas de la autodenominada revolución bolivariana. Cada unidad fabricada en el Lejano Oriente es un negocio para los importadores y termina costando casi lo mismo que la guitarrilla fabricada en el país.

Tyrone Serrao monopolizó por casi una década las ventas del hierro venezolano de Ferrominera Orinoco en mercados internacionales. Su fortuna creciente le permitió al intermediario trocar bienes y servicios por despachos cada vez mayores de mineral. Tras un escándalo en 2013 perdió el favor de la empresa estatal minera. La ruptura fue el punto de inflexión para que el también cantante, filántropo y hombre de fe, se convirtiera en un implacable litigante en tribunales locales y del exterior, donde ahora pide que confisquen millones de dólares al Estado venezolano.

Los propietarios de la constructora Edivial afirman que el empresario César García Urbano-Taylor traspasó cuatro apartamentos a los hijos y un yerno del exintegrante del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Marcos Tulio Dugarte, y de forjar un contrato para quedarse con la totalidad de una edificación en Caracas. Estas denuncias han despertado las sospechas de la Asamblea Nacional, que, recientemente, ha citado a los involucrados en este caso para iniciar una investigación.

A Jhon Quiroz se le ha visto de copas por Colombia. Mientras, la justicia bolivariana mandó a pedir a un homónimo en Panamá, a quien primero encerró en la cárcel y luego apenas le dijo perdón antes de soltarlo. La Fiscalía venezolana todavía no reconoce en público que perjudicó a un ciudadano equivocado. ¿Error o práctica común? Mientras el caso se dilataba, los magistrados colombianos aprobaron la extradición del verdadero implicado en el fraude que afectó a 7.000 personas, quienes pagaron importantes cifras para comprar automóviles de marca china, pero que nunca recibieron.

Sin dejar rastro anda desaparecido José María Olazagasti, el oscuro lugarteniente del ministro kirchnerista de Planificación, Julio De Vido. Desde la sombra, aquel, y en público este, ambos fueron los artífices de la era dorada de los acuerdos comerciales entre la Casa Rosada y el Palacio de Miraflores, la mayoría de esos tratos sin obra visible, y algunos de ellos puntos de partida de causas judiciales que se empiezan a ventilar en Argentina. El secretario personal era quien manejaba con quién había que reunirse para qué negocio.

Unos quinceaños particulares han puesto a Caracas a hablar sobre el lujo y la osadía de una fiesta en la que hubo hasta shows de strippers en presencia de menores de edad. En tan sólo un par de horas corrió la pregunta sobre el perfil de semejante anfitrión y cómo había levantado una fortuna que ostenta en tiempos de escasez. En Armando.info desnudamos al personaje y sus empresas.

Una contagiosa enfermedad ha reaparecido en Venezuela. Tras 24 años de considerarse erradicada, los pobladores del sur del país experimentan un brote de difteria de alcances hasta ahora incalculables. La ministra de Salud, Luisana Melo, ha reconocido como único parte oficial solo dos muertes de los cuatro casos confirmados por su despacho hasta el 11 de octubre. Pero varias actas de defunción, recogidas in situ por Armando.info, indican que el número de fallecidos es superior.

El propio presidente de Venezuela se empeñó hace tres años en exponer estas tiendas de electrodomésticos como una muestra de la usura capitalista y pidió entrar a saco en ellas para “que no quede nada en sus anaqueles”. El llamado ‘Dakazo’ llevó a la extinción a todo un sector del comercio. Lo curioso es que el pecador original no solo sobrevivió a su competencia, sino hasta a los organismos que entonces lo sancionaron. El propio Estado que lo trataba con desprecio, ha seguido recompensando al grupo empresarial detrás de Daka con el acceso a divisas preferenciales.

La estrecha victoria del No en el plebiscito convocado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para refrendar el acuerdo de paz alcanzado por las FARC en La Habana, Cuba, representa un alto en el camino, quizás la última escala, antes de que cese el conflicto interno. Con las inminentes conversaciones que también iniciará el ELN en Quito, los familiares de las personas desaparecidas en el estado Barinas se preguntan si sus familiares, vivos o muertos, siguen en poder de las FARC.

En noviembre de 2015, Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, fueron arrestados en Haití mientras negociaban el envío de un cargamento de 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Durante las audiencias del pasado 8 y 9 de septiembre quedaron en evidencia las noches de farra que vivieron junto a dos informantes de la DEA. Nos fuimos al prostíbulo que visitaron y lo contamos desde nuestro lente

Una de las organizaciones de base revolucionarias y emblema de la parroquia 23 de enero ya lleva tiempo en su conversión a un conglomerado de 14 empresas, todas de pequeña dimensión, diseminadas por cuatro estados de Venezuela, e invariablemente fondeadas por organismos gubernamentales. Incluyen una panadería, una bloquera, una televisora y un matadero. Pero, a despecho de su ideario comunal o comunista, los emprendimientos de ‘Alexis Vive’ están registrados a nombre de sus directivos y no de un igualitario ente colectivo.

Un venezolano solicitado por la justicia fue extraditado desde Colombia. Se le busca juzgar por su promesa engañosa a distintos inversionistas, a quienes hizo participar en una empresa de comercialización de equipos médicos en el país y en el exterior para luego quedarse con el dinero. Pero el hombre, que trabajó en la industria petrolera y a quien, según testimonios, se le veía en Pdvsa, registró una empresa de exportación de petróleo en Islas Vírgenes Británicas.

Una reportera de Armando.info siguió por tres meses la pista de un vendedor que se dedica en exclusiva a desviar medicamentos oncológicos de instituciones del Estado al mercado negro, donde se pueden comercializar a precios 300 veces más altos. La movían algunas preguntas básicas: ¿Se trata de ángeles u oportunistas? ¿Cómo organizan sus redes? Todavía con dudas sin resolver, encuentra que es un oficio que se ha hecho posible solo en las postrimerías de la revolución bolivariana en Venezuela, en medio de la escasez crónica y los controles burocráticos.

Más de 100 millones de dólares han sido congelados en cuentas bancarias suizas, a petición de autoridades norteamericanas que investigan casos de corrupción de Pdvsa, la empresa estatal petrolera de Venezuela. Sin embargo, el monto definitivo de los decomisos podría ser de más de 1.000 millones de dólares. Casi una veintena de bancos en ese país alpino estarían en la mira por alojar fondos negros de la revolución bolivariana.

El contralmirante Remigio Ceballos Ichaso es uno de los astros ascendentes en la cúpula militar. Formado con los Navy Seals, fue parte del séquito del ‘comandante eterno’ de la revolución. Sus credenciales lo han impulsado hasta el segundo cargo más importante de estado mayor de las fuerzas armadas y a la coordinación de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, sin que en ese ascenso hayan hecho peso los –al menos- dos expedientes que se le abrieron por presuntas irregularidades administrativas.

“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.

Omar Farías recibió en enero de 2014 un préstamo de más de 750 mil dólares, que las autoridades dominicanas ahora le cobran públicamente en un juicio que lo ha retratado, con esposas mediante, frente a las cámaras de televisión. Lejos de la buena vida que ha cosechado en tiempos de revolución, en Santo Domingo empiezan a pasar factura a los venezolanos involucrados en la quiebra del ya célebre Banco Peravia.

Es bien sabido que el régimen de Nicaragua desvió los fondos recibidos desde 2007 de la cooperación internacional venezolana, unos 3.600 millones de dólares, para favorecer los negocios privados de la nomenklatura sandinista y del entorno personal del presidente. Ahora nueva documentación demuestra que Caracas tuvo conocimiento del timo, al que no dio consentimiento. Al menos desde 2012 las autoridades venezolanas se quejaron en comunicaciones internas de garantías poco adecuadas, pago en especies de cuotas que debían hacerse en efectivo, y triangulaciones no autorizadas con terceros países, por parte de su aliado en Managua

Dos ciudadanos estadounidenses llegaron este año a Venezuela en fechas próximas y ambos fueron dejados en prisión para enfrentar acusaciones de terrorismo. A partir de entonces, sus destinos empiezan a divergir. Para uno se espera la deportación; para otro, una larga temporada en calabozos venezolanos. Pero, sobre todo, es un ejercicio para poner a prueba las definiciones de ‘terrorismo’ y ‘noticia’ para el aparato de propaganda del Estado chavista, archirrival de Washington. Mientras la captura de uno mereció una rueda de prensa del ministro del Interior, la otra pasó inadvertida. ¿Por qué? ¿Quién es quién en estas historias paralelas?

Al lado de las condecoraciones que luce en su guerrera, el mayor general Luis Medina Ramírez, presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, la instancia recién creada por el presidente Nicolás Maduro para que los militares intenten revertir la crónica escasez y el desabastecimiento que han lastrado a su gobierno, también puede presumir de haber tenido una pequeña distribuidora de enlatados y productos básicos que contrató con el Estado y de fungir como contralor de una cooperativa inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, que está autorizada para comprar y vender productos perecederos y no perecederos. Sus negocios con Mercal, la principal red estatal de distribución de alimentos del país, eran desconocidos hasta ahora

La empresa de servicios petroleros Trenaco, registrada en Colombia y Suiza, apareció de la nada en 2015 para alzarse con el más apetecido proyecto de la petrolera estatal venezolana, por 4.500 millones de dólares. Cuando el contrato se cayó, sin embargo, Trenaco desapareció casi como vino. Aunque se desconoce cómo pudo una compañía inexperta y desconocida conquistar una asignación tan colosal como especializada, se supone que estaba bien relacionada. Algunas de esas relaciones se dejan entrever en los llamados Panama Papers.