Dos graves brechas en los anillos de seguridad -en Margarita y San Félix- han puesto recientemente en cuestión la eficacia de la guardia personal del presidente venezolano. Una revisión al alto mando de la Casa Militar revela que lo integra un póker de oficiales cuyos méritos para esos cargos tienen que ver con la confianza personal de la pareja que manda en el Palacio de Miraflores y la lealtad política. A cambio, los militares detentan poderes para estar en varios cargos al mismo tiempo, cierta invisibilidad y hasta para contratar con el Estado sin recibir sanción. Este reportaje sigue la pista al crecimiento de la Guardia de Honor Presidencial y a la trayectoria de sus caras visibles
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Mientras en el universo de Marvel la tarea de proteger al mundo de ataques externos está a cargo de un grupo conocido como los 4 Fantásticos, el presidente Nicolás Maduro también tiene sus cuatro paladines dedicados a dar protección al primer mandatario y a su familia. Son los oficiales militares que comandan la Guardia de Honor Presidencial.
La Guardia de Honor Presidencial es la unidad encargada de prestarle a Nicolás Maduro, Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y a sus familiares inmediatos, “la seguridad, custodia, protección y demás garantías necesarias para su libre desenvolvimiento”, según expresa la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Su origen precede a la llegada de la revolución bolivariana al poder; de hecho, reivindica unos antecedentes que se remontan hasta la Compañía de Húsares creada por el propio Libertador Simón Bolívar en febrero de 1815 mediante un decreto que expidió en Mompox, a orillas del río Magdalena, en Colombia.
La Guardia de Honor forma parte del Despacho de la Presidencia, comandado por la almirante en retiro Carmen Meléndez -exministra de Defensa y actual titular del buró-, y es un ente complementario de las Fanb, con un rango similar al de la Milicia Bolivariana.
La revisión de más de 2.763 ediciones de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del proyecto colaborativo de apertura de datos Vendata -liderado por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) y Transparencia Venezuela-, permitió identificar a los cuatro oficiales, que suelen mantener bajo perfil, así como comprobar que, durante los cuatro años del gobierno de Nicolás Maduro, la unidad a su cargo ha crecido en 48%, tanto en estructura como en publicación de nombramientos y delegación de funciones, en comparación a los últimos años del mandato de su antecesor Hugo Chávez.
Este cuerpo de seguridad del presidente -a mitad de camino entre un destacamento ceremonial y el servicio secreto- ha estado en la mira de la opinión pública venezolana durante el último año, y no precisamente por su buen desempeño. Dos incidentes por separado, en los que el presidente Maduro ha parecido quedar a merced de pobladas hostiles al cabo de actos públicos, dejaron en evidencia posibles fallos en los anillos de seguridad del mandatario. El primero, en septiembre de 2016, tuvo lugar en el sector Villa Rosa de la Isla de Margarita (estado de Nueva Esparta, Caribe Oriental venezolano), el segundo este reciente 11 de abril, en la población obrera de San Félix (Estado de Bolívar, Sur del país). Ambos hechos quedaron recogidos en vídeo y fueron difundidos con amplitud por las redes sociales.
En el ojo del huracán debieron quedar entonces los cuatro militares a quienes corresponde la mayor responsabilidad en la protección del primer mandatario. Se trata de Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor; Eliezer José Meléndez Asmadt, comandante de la Brigada de Guardia de Honor Presidencial; Javier José Marcano Tabata, comandante de la Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidad del Estado; y Jesús Rafael Villamizar Gómez, comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial.
Uno de ellos, Villamizar, aparecía en 2012 ofreciendo servicios al Estado en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a través de la empresa Cooperativa Seguridad y Protección Nacional 1204 R.L., en la que figuraba como Secretario de la Junta.
Para la fecha, Villamizar se desempeñaba como parte del grupo de Gestión de Energía Eléctrica del Despacho de la Presidencia de la República.
Esta cooperativa proporcionó en 2012 servicios de vigilancia y de guardias de seguridad
En su razón social, Cooperativa Seguridad y Protección Nacional 1204 R.L., afirma que se dedica a “actividades combinadas de apoyo a instalaciones, dentro de las cuales figuran los servicios de seguridad personal, institucional y comercial, vigilancia privada, residencial, bancaria, industrial y de cualquier índole”.
Según el Registro Nacional de Contratistas, esa empresa ya no está habilitada para contratar con el Estado. Pero en 2012 proporcionó servicios de vigilancia y de guardias de seguridad. Además de Villamizar, la directiva la completan dos socios de apellido McTurk.
Jesús Villamizar no es el único miembro de la Guardia de Honor que contrata con el Estado, aunque sí el único entre los militares de los cuatro cargos principales. El capitán de corbeta y jefe de la Dirección de Administración y Logística, José Gregorio Machado Pérez, aparece como secretario de la Cooperativa Mabifram 2009, R.L., una empresa de promoción de eventos que vendió al Estado, durante el 2009, publicidad en vallas y estuches de llaveros.
No hay normativa que prohíba de manera explícita a efectivos militares tener empresas privadas. Sin embargo, las leyes venezolanas -incluyendo disposiciones constitucionales y la Ley del Estatuto de la Función Pública- sí impiden a funcionarios públicos contraten con el Estado por sí mismos, a nombre de terceros o a través de empresas. El cumplimiento de esa restricción ha sido pobre durante la administración bolivariana, y claramente permisiva en el caso de militares. Un reportaje de Armando.info en agosto de 2016, “El militar que importa los alimentos en Venezuela también es contratista del Estado”, demostró que la compra y venta de alimentos -un ramo clave y centralizado en el Estado- se había convertido en una especie de logia. En el negocio de la seguridad se verifica algo similar.
El 22 de diciembre de 2015, en la Gaceta Oficial número 40.815, se publicó la reestructuración de la Guardia de Honor presidencial y la creación de seis batallones y cuatro unidades especiales adicionales para la seguridad del primer mandatario. Control Ciudadano, una ONG que monitorea los asuntos de seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional, criticó en su momento los cambios de la llamada también Casa Militar. “No se corresponde con la emergencia económica que pretende declarar y mucho menos parece ‘ético’ frente a la enorme vulnerabilidad que sufren en materia de seguridad millones de venezolanos diariamente”, comentó la presidenta de la organización, Rocío San Miguel, en un comunicado publicado en enero de 2016, donde también critica que no se hayan creado nuevas unidades policiales o militares para la protección de los ciudadanos venezolanos.
A los miembros de la Guardia de Honor es sencillo reconocerlos en los actos oficiales, llevan traje verde oliva con detalles rojos y una boina del mismo color. Siempre cuidando las espaldas del presidente. Quienes ejercen como comandantes son militares que se han ganado la confianza de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y su poder es comparable con las personas que forman parte de la corte de un rey en gobiernos monárquicos.
El comandante de la Guardia de Honor es el General de División Iván Hernández Dala, el líder del equipo. Fue nombrado comandante el 1 de marzo de 2016 supliendo a Jesús Salazar Velásquez, quien es ahora presidente de la Junta Administradora del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ipsfa) y quien fue ascendido a General antes del tiempo reglamentario, algo sin precedentes en los cuarteles venezolanos.
Hernández Dala, además de ser líder de la Guardia, es el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y responsable del manejo de los fondos de funcionamiento de ese ente. Es uno de los funcionarios sancionados ese año por el Gobierno de Estados Unidos por su participación en casos de supuestas violaciones a los Derechos Humanos durante el control de las llamadas guarimbas, bloqueos y protestas callejeras.
Compañeros de su promoción “Manuel Manrique” de la Academia Militar, consultados para este reportaje, aseguran que Hernández ha tenido una carrera limpia y siempre se mantuvo como una persona de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez.
En la más reciente emisión del programa Los domingos con Maduro, transmitido desde la cumbre del cerro El Ávila que domina por el norte el valle de la ciudad de Caracas, el general Hernández Dala tuvo oportunidad de exhibir su condición de integrante histórico del entorno del comandante revolucionario. Para apoyar un punto, el presidente Maduro pidió al público presente en el plató que levantaran la mano aquellos que conocían al comandante Chávez antes de su fulgurante aparición de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Hernández Dala fue el único entre los interrogados que levantó la mano para romper, desde una fila posterior del público, su casi invariable bajo perfil. Debió entonces levantarse de su silla para saludar al presidente e intercambiar con él bromas sobre su gruesa chaqueta de campaña, una pieza que Maduro decía envidiar bajo el frío clima de la montaña.
Otro favorito de Chávez que permanece al mando del cuerpo es Eliezer José Meléndez Asmadt, comandante de la Brigada Guardia de Honor Presidencial desde marzo de 2016, cuando sustituyó a Leonardo Bello Ortega.
Meléndez, otro oficial escasamente conocido por el público, adopta sin embargo un perfil heroico en la narrativa del contragolpe oficialista completado con éxito en abril de 2002 para conjurar la conspiración, llamada el Carmonazo, que desalojó a Chávez del poder por escasas 47 horas. Para el momento, Meléndez era el capitán de la Compañía de Regimiento de la Guardia de Honor Presidencial.
“A partir del 13 de abril debía permanecer en mis convicciones revolucionarias, tener fortaleza de actuar en cualquier ocasión”, expresa el militar en el libro Lealtad a Prueba de Golpe, publicado por el fondo editorial William Lara de la antigua Asamblea Nacional de mayoría chavista.
De acuerdo a Meléndez, uno de los errores cruciales cometidos por los golpistas en 2002, fue precisamente que no removieron a los integrantes de la Casa Militar.
Más allá de esa épica, el también licenciado en Ciencias y Artes Militares ofrece en la misma entrevista una clave para comprender el perfil que han adquirido desde entonces los jefes de la Guardia de Honor. De acuerdo a Meléndez, uno de los errores cruciales cometidos por los golpistas en 2002, precipitando así el fracaso de la intentona, fue precisamente que no removieron a los integrantes de la Casa Militar. Quizás ello explique por qué ahora, al contrario de lo que ocurría regularmente antes de la llegada al poder de la autodenominada Revolución Bolivariana, los militares hacen carrera dentro del ente. Confiabilidad y lealtad política son requerimientos que solo se comprueban con el tiempo.
La Guardia de Honor no sólo tiene la responsabilidad de cuidar al primer mandatario. También lo hace con otras autoridades. Para ello dispone de una Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidad del Estado que, desde el 21 de julio de 2016, está al mando del General de Brigada Javier José Marcano Tataba. Graduado de la Academia Militar en 1991, promoción “Daniel Florencio O’Leary”, donde compartió con el ex ministro de Alimentación Carlos Osorio y con su ahora compañero de guardia Eliezer Meléndez. Pero, a diferencia de ellos, no ha ocupado otros cargos públicos de relevancia.
Allegados a Tabata lo describen como un hombre de “carácter pasivo”, sin fuerza ni determinación, rasgos que normalmente se atribuirían a un oficial en su posición. Su principal credencial, valoran las fuentes -que no han querido que se revelen sus identidades- reside en su cercanía a la pareja presidencial y su afinidad política jurada con el chavismo.
Extraviado en la espesa niebla de El Ávila, el teleférico hacia La Guaira, en el litoral venezolano del Mar Caribe, es un fantasma que se balancea entre el abandono, la corrupción y las promesas. Sin estudio ambiental o de riesgo, entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se fraguó un proyecto de recuperación de ese tramo que involucra a las empresas Dopplemayr, Alfamaq y la estatal Venezolana de Teleféricos, señaladas por actos de corrupción e irregularidades por la Contraloría General de la República. Hasta la fecha y sobre informes fraudulentos de las autoridades ambientales se ha pagado más de la mitad del proyecto -que pasó de un trazado de ocho a 39 torres- pero las máquinas ni siquiera han llegado a Venezuela
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
De un día para otro, el exgobernador chavista del estado Bolívar entre 2004 y 2017, saltó del desmesurado exhibicionismo mediático al bajo perfil. Su partida a México completó el círculo del plan de retiro que se había venido preparando durante su gestión pública: ahora se alojaba en el mismo país donde florecían las empresas del esposo de su hija, a las que tanto había favorecido desde sus cargos en Guayana. Con sanciones financieras impuestas a su persona por Canadá y Estados Unidos, hoy Francisco José Rangel Gómez prefiere pasar agachado.
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y hospedaje que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
