La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
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Horas antes de una multitudinaria manifestación de la oposición contra dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que habían anulado a finales de marzo a la Asamblea Nacional y el fuero de los parlamentarios mayoritariamente opositores, unos 15 agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar irrumpieron en la casa del vicealmirante retirado de la Armada, Pedro Manuel Pérez Rodríguez, en la urbanización El Marqués de Caracas. Sucedió la tarde del 18 de abril. El grupo –unos encapuchados y otros con potentes fúsiles– pedía al excomandante de la Infantería Marina entregarse a las autoridades sin explicar hasta entonces la causa.
-¡Vamos a tener que meternos a traer esa vaina! – gritó un agente canoso en la entrada de la casa.
-Pero, ¿qué pasó? ¡No sabemos qué pasa! –respondía el vicealmirante desde el interior de la vivienda.
-¡Guarde el teléfono, por favor! – ordenó uno de los agentes a la esposa de Pérez que grababa ese momento.
Horas después Maduro confirmaría el arresto de un militar retirado por ser el cabecilla de un complot para derrocar al régimen. Su proceso judicial se había gestado un día antes del encarcelamiento, pero el vicealmirante solo supo de qué había sido acusado cuando estaba en la Dirección de Contrainteligencia Militar: rebelión, instigación a la rebelión y traición a la patria.
Solo en la audiencia de presentación el vicealmirante retirado tuvo claridad de las razones por las que estaba detenido. La Fiscalía Militar comenzó a enumerar los principales motivos que conllevaron a la captura: “Se tuvo conocimiento de que el vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, titular de la cédula de identidad 6.482.294, desde el 11 de agosto de 2016, cuando participó en la comisión permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional ha venido asesorando a dicha institución, planteando el tema del ‘restablecimiento de la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)’. En el año 2014, el oficial denunció un posible nexo entre la acción de ‘grupos irregulares’ (colectivos) y los órganos de seguridad del Estado en materia de orden interno. Asimismo, en ese mismo año, antes de que se le destinara relevo para el cargo de Infantería de Marina, se tuvo conocimiento que manifestó públicamente: ‘Que hasta cuándo los cubanos mandarían en Venezuela y que los colectivos eran unos delincuentes, que mantenían el Gobierno, razón por la cual pediría la baja e informaría de todo eso mediante denuncia y por todos los medios de comunicación que pudiera, tanto nacionales como internacionales”.
Pérez, un hombre de 52 años, con la doble ciudadanía venezolana y española, apenas es conocido en la vida política del país. Son contadas sus apariciones en medios de comunicación social y en general sus intervenciones públicas. Tuvo que hacerlo ante la comisión permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde diciembre de 2015, para denunciar las irregularidades en la FANB. A un mes del estallido de las protestas contra Maduro, que han provocado 37 muertes, cientos de heridos y más de 770 detenciones en Venezuela, el proceso contra este vicealmirante retirado ha quedado casi sepultado entre los escandalosos acontecimientos que convirtieron a un gobierno electo en una dictadura.
“No estaba de acuerdo con las gestiones políticas llevadas a cabo por el alto mando militar”
Tamara Bechar, abogada de Pérez, ha advertido que se trata de un enturbiado proceso judicial contra este exmilitar, una práctica que se ha hecho común desde que, en febrero de 2014, comenzaron las primeras protestas contra el régimen de Maduro. “Él es un preso político”, dice.
En la audiencia de presentación se dijo que el 7 de mayo de 2014 unos militares conversaron por teléfono con el vicealmirante, entonces en funciones, para pedir explicación de su ausencia en la transmisión de mando de la FANB, hecha un día antes en Venezuela. Él había respondido que “no estaba de acuerdo con las gestiones políticas llevadas a cabo por el alto mando militar”. Solo esta respuesta provocó que se solicitara una investigación penal militar contra Pérez en ese momento. Pérez, entonces comandante de Infantería de Marina, había advertido con preocupación una serie de acusaciones sobre una mancomunidad entre colectivos y el gobierno para subyugar a la población. El teniente de navío Wilmer Aguirre Antequera, jefe de la sección de operaciones e inteligencia y segundo comandante accidental del batallón de comunicaciones de la Infantería Marina “Felipe Baptista”, había sido una pieza medular en las investigaciones del vicealmirante.
“Los colectivos [...] tienen planes de contingencia para bloquear todas las entradas a Caracas e impedir una movilización por parte de la FANB"
Basado en las informaciones suministradas por este subordinado, quien decía haber estado en citas entre dirigentes gubernamentales y un colectivo identificado como “Fuerzas Revolucionarias José Félix Ribas”, que opera en la carretera vieja Caracas-La Guaira (en la frontera entre el estado Vargas y la capital de Venezuela), Pérez envió las primeras alertas al alto mando militar. “Los colectivos manifiestan en las reuniones que tienen planes de contingencia para bloquear todas las entradas a Caracas e impedir una movilización por parte de la FANB. Con esto los colectivos mantienen no solo un control absoluto del territorio de su sector, sino que también poseen el monopolio de los recursos que el Estado entrega a las comunidades, lo cual les da un poder de influencia que le permite dominar a todos los miembros de la comunidad”, indica un comunicado enviado al alto mando castrense.
El expediente se había fortalecido con otros testimonios. Hasta ese momento el asunto había sido manejado con discreción en la FANB. Pérez había pedido en varias ocasiones a Carmen Meléndez, entonces ministra de Defensa, y a Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional, y el resto del alto mando militar poner fin a lo que calificaba como una irregularidad. La reacción inmediata fue una sanción contra Aguirre.
La comparecencia de Pérez en la Asamblea Nacional, el 10 de agosto de 2016, solo había sido un acto simbólico con alto impacto en la moral de la FANB, pues el vicealmirante retirado ha confirmado un secreto a voces: la presunta injerencia cubana en las operaciones castrenses de Venezuela y el uso de los colectivos –grupos parapoliciales chavistas– en actividades de represión de opositores. Entonces, el exmilitar había entregado a diputados documentos que respaldaban sus denuncias. “La FANB está instalada sobre valores y tradiciones, por lo tanto, eso es difícil de derribar. Si hay una institución que puede sobrevivir ante lo que ha ocurrido en este tiempo, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a pesar de que en apariencia, está supuestamente destruida” dijo a los parlamentarios durante la comparecencia transmitida por algunos medios de comunicación.
"Si hay una institución que puede sobrevivir ante lo que ha ocurrido en este tiempo, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana"
Pérez había sido un hombre clave en la FANB. Meléndez había ascendido a varios militares y designado a este vicealmirante como el responsable de la Infantería de Marina, el 4 de julio de 2013. Solo una semana después recibió una felicitación pública del propio Maduro por comandar el desfile aeronaval a propósito de las celebraciones de la Batalla de Maracaibo.
Pero el giro en la relación con el gobierno ocurrió durante las protestas opositoras de 2014. En una misiva enviada a otro militar de alta jerarquía, el 14 de abril de ese año, Pérez se opuso a sacar a los hombres que dirigía en la Infantería de Marina para reprimir a los manifestantes. “Se recuerda que, en atención al entrenamiento, equipamiento y doctrina de empleo de nuestra organización, está absolutamente prohibida la participación de nuestras tropas en operaciones de orden público, salvo caso de fuerza mayor, previa orden de operaciones por escrito de la autoridad competente, debiéndose exigir reglas de enganche claras y precisas”, explica.
El vicealmirante había apelado a un discurso institucional en un comunicado enviado a altos mandos de la FANB. “En todo caso es importante tener presente que, ante cualquier circunstancia, resulta prácticamente imposible que en una manifestación civil se den las condiciones que justifiquen el empleo de las armas, motivado a la enorme desproporcionalidad de la fuerza y de los medios. Asimismo, se recuerda que, como administradores de la fuerza del Estado, el uso y el empleo de la violencia contra nuestros conciudadanos debe ser evitado a todo trance y de producirse una situación de fuerza mayor que justifique su uso, debe ser el mínimo necesario y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado”, agrega el documento.
“Mi indignación se incrementa cuando [...] fui testigo presencial del ataque por parte de colectivos armados el día 6 de marzo de 2014 en el lugar donde residen unos familiares"
El 3 de abril de 2014, el vicealmirante había denunciado la participación de los colectivos como bandas de choque para controlar a la población. Se había respaldado en testimonios del teniente Aguirre. “Mi indignación se incrementa cuando por razones circunstanciales fui testigo presencial del ataque por parte de colectivos armados el día 6 de marzo de 2014 en el lugar donde residen unos familiares (se omite el sitio por seguridad del denunciante), donde presencié cómo la Policía Nacional Bolivariana forzaba los portones del edificio conjuntamente con los colectivos y penetraban a los edificios piso por piso, amenazando a todas las personas y efectuando disparos indiscriminadamente, cercano al lugar donde fallece un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana”, explicaba el teniente de navío entonces.
Los reclamos de vicealmirante duraron menos de un mes. La ministra de Defensa aprobó repentinamente su baja el 5 de mayo de 2014 después de 29 años de servicios. Hasta hace unos días se encontraba con su familia en su casa. Antes de ser detenido, la esposa de este exmilitar solo le decía: “¡Pedro, cálmate!”.
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
En el orden cerrado de la Fuerza Armada Nacional venezolana, la misma que se denomina humanista, revolucionaria y socialista, no hay espacio amplio ni estrecho para los uniformados que portan el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Las sanciones son precisas y su aplicación está plagada de prejuicios, marcadas por la homofobia y la desinformación. A pesar de los avances jurídicos en varios países de América Latina, el manejo del virus sigue siendo un reto después de 37 años y al menos 1200 uniformados venezolanos afectados prefieren el secreto antes que poner en riesgo su profesión
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.
Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
