Desde 2010, PEMEX y la Secretaría de la Función Pública tenían evidencias de un conjunto de anomalías en los contratos otorgados a Odebrecht, como sobrecostos y pagos ilegales, pero en vez de demandar o sancionar a la constructora, le dieron más obras sin licitación, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La multiplicación de contratos a favor del consorcio brasileño coincide con el periodo en que -ahora se sabe- hubo sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos, según confesaron ejecutivos de la empresa que está en el centro de una investigación internacional que está provocando terremotos políticos en 12 países de América Latina y África.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Mucho antes de que en diciembre de 2016 en una corte de Nueva York se supiera que Odebrecht había pagado millonarios sobornos a funcionarios mexicanos, ya se habían detectado un cúmulo de irregularidades en la relación de la constructora brasileña con PEMEX, como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos ilegales.
Pese a que desde 2010 se detectaron estas anomalías, Petróleos Mexicanos adjudicó directamente en los años siguientes cuatro contratos por más de 1,574 millones de dólares a Odebrecht y a sus filiales Mina-Trico y Ebramex, según consta en documentos obtenidos para esta investigación por medio de solicitudes de acceso a la información.
Además, PEMEX canceló inversiones propias para cederle a Odebrecht el negocio del etileno, cuyos usos más conocidos han sido para la fabricación de plásticos. Las condiciones de este contrato son un secreto y permanecerán así por 20 años. Sin embargo MCCI obtuvo una copia del contrato y esa operación representó un negocio de al menos 2,500 millones de dólares.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2010, y en forma consecutiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. Por el contrario, los contratos a su favor se multiplicaron.
Paradójicamente, fue justo en el año en que la ASF descubrió las primeras anomalías cuando fluyeron los sobornos a Odebrecht, según han admitido ejecutivos de la constructora brasileña ante una corte federal en Nueva York. En su confesión, rendida el 21 de diciembre de 2016, reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, a cambio de contratos.
En febrero de 2011, la ASF entregó al órgano interno de control de PEMEX una relación de las anomalías que un año antes había descubierto en la obra de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.
El contrato original otorgado a Odebrecht fue por 634.9 millones de dólares y al final le pagaron 1,055 millones de dólares
En los tres años siguientes, el órgano fiscalizador encontró más anomalías en la misma obra, pero PEMEX nunca promovió sanciones contra la empresa.
Por ejemplo, el costo de esa obra se disparó 66%, pues el contrato original otorgado a Odebrecht fue por 634.9 millones de dólares y al final le pagaron 1,055 millones de dólares. Además la constructora entregó la obra con 5 años de retraso; se había pactado finalizar en 2008 y se concluyó hasta 2013.
La ASF –el órgano vinculado a la Cámara de Diputados que vigila el uso del erario- documentó cómo fue que desde 2010 PEMEX avaló estos sobrecostos e incumplimientos.
Por ejemplo: entre 2010 y 2012, Odebrecht logró que el gobierno de Felipe Calderón les pagara 191 millones de dólares adicionales para concluir la obra en Minatitlán y PEMEX le pagó otros 25 millones de dólares por 40 contratos complementarios otorgados sin licitación.
La contratista exigía pagos y contratos adicionales, con el argumento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo fue turnado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien realizó 19 audiencias conciliatorias, en las que PEMEX, todas y cada una de las veces, cedía a favor de la empresa brasileña.
En la revisión de dos contratos, los auditores descubrieron que PEMEX había formalizado de manera improcedente dos convenios modificatorios para incluir una cláusula de anticipo por 38 millones 691 mil dólares a favor de Odebrecht y sus asociados.
En opinión de la ASF, el anticipo “concede beneficios económicos a la contratista”, pues ese dinero nunca fue considerado en las bases de licitación ni en los contratos firmados.
En el año en que PEMEX le concedió este beneficio económico, Odebrecht incurrió en el pago de sobornos que le redituaron ganancias en contratos por 39 millones de dólares, según sus ejecutivos. No obstante, sus ganancias en realidad fueron mucho mayores.
La revisión de la ASF descubrió más contratos irregulares. En uno de ellos (ROPA02709P), por ejemplo, pagaron un millón 520 mil dólares para trabajos extraordinarios que no se hicieron en Minatitlán. Lo mismo ocurrió en otros dos contratos (ROPA02909P y ROPA 02809P), por los que PEMEX pagó por duplicado o en exceso 508 mil dólares.
Los auditores también determinaron que un pago por 32 millones de dólares realizado en 2010, por mayor permanencia de trabajadores, debido a un aplazamiento de la obra y por un incremento en el costo del personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo líder es el controvertido Carlos Romero Deschamps, “no está debidamente acreditado, ya que el soporte documental correspondiente presenta inconsistencias”.
Por otra parte, la investigación de MCCI evidencia que PEMEX recurrió a una compleja red de empresas subsidiarias en paraísos fiscales para eludir licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que ha asignado directamente a Odebrecht.
Uno de ellos fue el otorgado en 2014 para la construcción de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, que va de Nuevo León a San Luis Potosí, con una longitud de 447 kilómetros.
Originalmente, esa obra sería entregada por licitación internacional, pero el concurso fue declarado “desierto” en octubre de 2013, y tiempo más tarde PEMEX asignó ese contrato por 1,200 millones de dólares a Odebrecht, quien creó un consorcio ex profeso llamado AOT.
Para asignar directamente el contrato del gasoducto a Odebrecht y a sus socios, PEMEX recurrió a una intrincada red de empresas filiales creadas en las Islas Vírgenes, en Islas Caimán y en Holanda, según constató Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
A través de esa red, PEMEX ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht para desarrollar el gasoducto transfronterizo de Quetzal, que enlazará al sur de México con Guatemala.
La ASF informó durante la elaboración de este reportaje que no están en posibilidades de identificar “malas prácticas entre proveedores y servidores públicos, que por su naturaleza no quedan reflejados en ningún momento”.
En una tarjeta informativa afirmaron que el marco normativo únicamente les ha permitido vigilar el manejo y la aplicación de los recursos públicos.
Desde su perspectiva, esperan que con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción pudieran ampliar sus actividades.
Odebrecht está involucrado en el gigantesco escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”, que involucra a 12 países, y del que se han derivado investigaciones oficiales en Latinoamérica; en algunas de ellas, como en el caso peruano, ya llevó a una orden de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo; mientras tanto, en Brasil hay más de 70 ejecutivos de Odebrecht sujetos a indagatorias, al igual que el ex presidente Lula y su ministro José Dirceu. Hasta el momento en México se han abierto expedientes por la Secretaría de la Función Pública “contra quien resulte responsable”.
Este reportaje se publica en alianza con los periodistas de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que comprende a La Prensa de Panamá, Armando.info de Venezuela e IDL-Reporteros de Perú.
Lea la nota original completa aquí
En el balneario y sitio arqueológico maya del litoral de México, el sol y las redes sociales arrojaron una luz inusitada sobre el mayor cónclave que se recuerde de modelos e 'influencers' venezolanas. Fue en enero reciente y la ocasión era un festival de música electrónica que a la vez convocó a empresarios cercanos a los jerarcas de la Revolución Bolivariana. La concurrencia de las unas y de los otros permite hacer un retrato fidedigno del mundo donde se transan la sensualidad, el lujo y el poder.
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.
Un accidente aéreo hace dos meses en Maiquetía expuso una red de influencias tejida por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano -uno de los sobrevivientes del avión siniestrado- que involucra a las cúpulas de los regímenes de Cuba y Venezuela. La bitácora de la aeronave muestra numerosos vuelos entre el istmo, Caracas y La Habana, y que en algunos de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo.
El régimen de Nicolás Maduro pretende ganar simpatías con una campaña para reverdecer los laureles que, en su época dorada, cosechó el baloncesto venezolano. Pero ese propósito, en su ejecución actual a través de la llamada Superliga, arrastra una tara de nacimiento: el campeonato mismo y, al menos, dos de sus equipos, están vinculados a jerarcas de los organismos de represión, mientras muchos juegos se disputan sobre la cima de El Helicoide, el tenebroso centro de reclusión y torturas en Caracas.
