Una empresa con menos de un año de registrada y sólo tres empleados fungió como comercializadora del evento, que arranca desde hoy hasta el domingo en el Poliedro de Caracas. Uno de los socios detrás de la empresa, denominada Multiservicios Virgemis, es una persona cercana a Ysmel Serrano, quien a su vez es hombre de confianza de Tareck El Aissami, Vicepresidente de la República. Multiservicios Virgemis cobró por el espacio en la exposición y por el patrocinio de la feria en la que el Gobierno pretende mostrar una vitrina de la economía distinta a la de los anaqueles vacíos.
La publicidad no cesa. “NosVemosEnLaExpoVzla”, se repite a modo de etiqueta promocional en las redes sociales de los medios estatales. Aluden a la “Expo Venezuela Potencia”, evento que debuta hoy en el Poliedro de Caracas como una muestra del país que pregona la administración de Nicolás Maduro. En plena crisis económica –Venezuela acumula tres años seguidos de contracción– el Gobierno levanta una vitrina distinta a la de los anaqueles vacíos, tan común desde hace meses en el comercio venezolano.
Las estructuras que dividirán la exhibición de cada empresa comenzaron a levantarse hace una semana. Pero detrás de esas paredes que servirán de stands también se fraguó un negocio particular. “Cada uno de los expositores será distribuido a lo largo de 11 mil metros cuadrados dispuestos para la colocación de 300 stands de 6 metros cuadrados, establecidos en dos niveles de la cúpula del recinto, donde se concentrarán los principales productores de la economía venezolana”, describe una nota de la Vicepresidencia de la República. Todo comenzó hace unos meses…
En enero el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la organización del evento que hoy cuenta, según su página web, con compañías privadas como Pirelli, Plumrose, Ron Santa Teresa, Eveba y Clic en medio de una larga lista de “empresas mixtas”, estatales e incluso otras expropiadas durante el chavismo como Lácteos Los Andes e Industrias Diana.
“Anuncio para el mes de marzo la realización aquí en Caracas, como me ha sido propuesto por el Vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, de la primera expo feria Venezuela Productiva, dijo el mandatario frente a un auditorio de empresarios. “Así que prepárense para que le mostremos al mundo entero la capacidad que tiene Venezuela de producir, de crear riqueza y de resolver sus problemas”. La mención a El Aissami no era causal. Desde 2013, en su condición de gobernador del estado Aragua, El Aissami celebró cuatro ediciones de la exhibición “Expo Aragua Potencia” para promover y apoyar a empresarios de la región. Luego la idea fue replicada por otros gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). El Aissami y su equipo tenían la experiencia.
A las compañías la invitación para la “Expo Venezuela Potencia” llegó a comienzos de marzo en un correo electrónico. “El Gobierno Bolivariano de Venezuela le invita a participar en la Expo Venezuela Potencia 2017, un evento que integra a los actores del área productiva del país, empresas públicas, privadas, mixtas y exportadoras de renombre nacional representando los 15 motores productivos: agroalimentario, farmacéutico, industrial, exportaciones, economía comunal y social, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo, construcción, forestal, industrial militar, telecomunicaciones e informática, banca y finanzas, industrias básicas, estratégicas y socialistas”, decía el email con varios documentos adjuntos que precisaban las condiciones para participar en la exhibición.
De acuerdo a esos papeles, la compañía encargada de la comercialización de los “espacios físicos” de la “Expo Venezuela Potencia” es Multiservicios Virgemis. Se trata de una empresa registrada en Caracas el 23 de mayo de 2016, con sólo 400 mil bolívares y ubicada en un conjunto residencial en los alrededores de la plaza La Candelaria, en Caracas, donde nadie respondió al momento en que fue visitada.
El “objeto social” de Multiservicios Virgemis va desde la “prestación de múltiples servicios técnicos y sociales de forma integral” para el área de la construcción, remodelación, “levantamiento topográfico”, avalúo de inmuebles, entre otros, hasta la “comercialización” de materiales de construcción, ferretería, electricidad, plomería, repuestos o equipos celulares. También contempla la “organización de eventos relacionados al mundo diplomático, a organizaciones, entidades gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, tanto en escenarios nacionales como internacionales”, y “prestar servicios de refrigerios, estructuras, tarimas, iluminación, sonido, grupos musicales” y espectáculos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Multiservicios Virgemis apenas cuenta con tres empleados y está “habilitada” para contratar con el Estado, aunque aún no tiene ningún contrato registrado en la web del organismo.
El accionista mayoritario es Carlos Eduardo Johansson Fuentes, quien posee 360 acciones equivalentes a 360 mil bolívares de los 400 mil que constituyen el capital social. Para el momento del registro de la compañía, Johansson Fuentes aún laboraba en el Complejo Siderúrgico Nacional, donde permaneció hasta el 12 de septiembre de 2016, según el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).
Esa no es la única conexión de Johansson Fuentes con algún organismo público. Al menos desde el año pasado Johansson Fuentes está relacionado a Ysmel Serrano, hombre cercano a El Aissami, que ocupó durante varios años la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercio y Exportación de la Gobernación de Aragua (Sedecoex), y que no ha parado de ascender en las estructuras de poder del Gobierno. A mediados de 2016 Ysmel Serrano fue designado como presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y en enero de este año el presidente de la República lo nombró Vicepresidente Territorial de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
“Es egresado de la Universidad de Los Andes, estudió con el gobernador Tareck El Aissami, ambos fueron fundadores de movimientos estudiantiles de izquierda, lideraron los centros de estudiantes por muchos años”, precisa el portal Poderopedia sobre Ysmel Serrano.
Varios empresarios aragüeños que participaron el año pasado en reuniones con Sedecoex para evaluar las opciones de exportación confirman que Johansson Fuentes era una de las personas cercanas al equipo de Ysmel Serrano. “Lo conocí en una reunión Maracay”, sostiene uno de ellos. También trabajadores de Fogade coinciden al afirmar que Johansson Fuentes funge como gerente encargado de relaciones institucionales de ese organismo. “Llegó de Aragua con Ysmel Serrano”, añade un trabajador.
Pero Johansson Fuentes niega toda relación con Ysmel Serrano. “Estás errado”, respondió esta semana tras ser consultado. “Yo no trabajo con la Gobernación de Aragua, ni he trabajado con la Gobernación de Aragua”. Su perfil de Twitter, de cualquier forma, lo vincula con el lugarteniente de El Aissami: a través de la cuenta @Johansson_Fue, se declara “chavista, bolivariano y revolucionario” y apoya precisamente a Serrano y a las instituciones por las que este ha pasado. “Encabezando la marcha @Fogade @YsmelPSUV @SEDECOEX Ante las dificultades #ElChavismoSeCrece”, trinó el 3 de noviembre del año pasado, entre una retahíla de mensajes que apoyan la gestión de su amigo.
De la participación de su empresa Multiservicios Virgemis en la organización de la “Expo Venezuela Potencia”, Johansson Fuentes indicó que no estaba autorizado para declarar, pero afirmó que detrás de la organización no estaba él solo. “No solamente mi persona, sino un gran grupo que está coordinando el evento (…) Los que están organizando la exposición son un grupo multidisciplinario tanto de empresas como también de personas”.
De los documentos adjuntos en el correo electrónico de invitación recibido por las empresas se desprende que Multiservicios Virgemis comercializó el espacio en la Expo Venezuela Potencia. Las tarifas de la empresa por metro cuadrado llegaban a 38.500 bolívares. Así, un espacio de 9 metros cuadrados sumaban 346.500 bolívares, mientras que las de un “toldo pagoda” de 25 metros cuadrados ascendían a 962.500 bolívares. Al menos tres directivos de empresas privadas confirmaron que debieron depositar a una cuenta de Multiservicios Virgemis en el Banco Provincial para confirmar su presencia en el evento.
“Pagamos por el espacio y luego contratamos a un proveedor para que monte y diseñe el stand”, reconoció uno de los directivos. En el reglamento del evento, enviado en el correo electrónico a las empresas, se advertía ese punto. “Es obligación del expositor realizar por sus propios medios el montaje y desmontaje del stand, además de cumplir con los estándares de calidad y presentación acorde con la magnitud del evento”, refiere el texto.
La fuente también agregó que tras haber pagado a Multiservicios Virgemis por el espacio, el “interlocutor oficial” ha sido personal de la Gobernación de Aragua, especialmente ligado a Sedecoex.
La empresa de Johansson Fuentes también ofreció la posibilidad a los expositores para cancelar si querían convertirse en “patrocinador” del evento, para lo cual las compañías interesadas debían pagar desde 600 mil hasta 1,5 millones de bolívares, dependiendo de si el patrocinio era “plateado”, “dorado” u “oficial”.
Trajeado para la ocasión, El Aissami hizo de anfitrión en la inauguración del evento y proclamó que “Expo Venezuela debe ser un gran golpe de timón en el campo económico, lo que va a ocurrir en estos cuatro días marcará el rumbo histórico de la patria productiva, de la Venezuela potencia”. Algo que quizás Johansson Fuentes y su empresa Multiservicios Virgemis ya anticipaban.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Una conveniente aleación de serendipia de inspiración divina y conexiones con amigos bien ubicados blindó el ascenso económico de Jesús Alfredo Vergara Betancourt en Guayana. Adepto a modular su imagen pública, apenas la expone con las acciones filantrópicas de su fundación y clínica. Pero solo cierta voracidad de hombre de negocios puede explicar cómo sacó provecho de los vaivenes de la gestión 'socialista' de las languidecientes empresas básicas, para pasar de manejar una farmacia de vecindad a ser uno de los mayores comercializadores de aluminio desde y para la industria pesada venezolana.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
