La frontera porosa ha cargado a los habitantes del Amazonas de Colombia con los casos de sus vecinos venezolanos. La escasez y la indiferencia ha conducido pacientes a buscar tratamiento hasta en Bogotá. En San Fernando de Atabapo, entretanto, el mosquito transmisor ha replegado a la gente en sus casas. Pero “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Siguiendo por el río Guaviare y a una hora de navegación desde San Fernando de Atabapo se encuentra Puerto Inírida, capital del departamento de Guainía y su ciudad más poblada. Un pueblo fundado 205 años después que San Fernando de Atabapo, y que muchos dicen se desarrolló con el oro venezolano.
Lo único decolorado en este lugar anclado en la mitad de la selva es un Santa Claus verde pintado en las escaleras de cemento que debes subir para entrar al pueblo. Del resto todo luce limpio y ordenado. Los primeros negocios tienen carteles que anuncian la compra de chatarra, oro, plata, cobre, bronce y aluminio. Y por supuesto la compra y venta de pesos y bolívares, transferencias a distintas entidades bancarias que están en Venezuela. Por las calles asfaltadas circulan motocarros y en las avenidas se pueden ver gran cantidad de comercios, restaurantes y hasta una concha acústica.
En el departamento de Guainía el mayor número de casos de malaria se concentran en la cabecera municipal de Inírida, seguida por casos procedentes de Venezuela, Vichada y Barracominas. Venezuela y Vichada importan el 15 y 6 por ciento de los casos respectivamente, lo que implica una carga adicional a este departamento colombiano en número de casos, esfuerzos por el control del vector, tratamiento de los pacientes, carga económica, disminución de la calidad de vida, riesgo de mortalidad por malaria, y finalmente de los indicadores epidemiológicos a nivel local.
Lo anterior convierte a Guainía en el departamento de Colombia que tiene más casos de malaria procedentes del exterior, la mayoría de Venezuela. Para la semana 48 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre), el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud – Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública reportó que Guainía tenía un acumulado de 2.043 casos de malaria no complicada, de los cuales 366 eran de Venezuela. Y para la semana 52, la Secretaría Departamental de Guainía indicó que este departamento cerraba con 3.159 casos de malaria.
Tatiana Córdoba, coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de la Secretaría de Salud de Guainía, asegura que de los 366 casos registrados hasta la semana 48, 19 son de San Fernando de Atabapo y el resto proceden de las minas de oro de Venezuela. Las estadísticas se tornan lúgubres, porque no identifican las comunidades, solo registran el país y si proceden de las minas. “En 2015 Venezuela estaba pasando por la epidemia más grave de su historia y nos terminó afectando. El hecho de que ustedes no tengan medicamento hace que la gente cruce el río, y vaya a donde le den la solución completa”.
Carlos Eric Azcarate, coordinador de vigilancia en salud pública en la Secretaria de Salud de Guainía, asegura que se han presentado muchos casos de malaria complicada en niños, mujeres embarazadas y ancianos, porque se toman los tratamientos sin saber si tienen la enfermedad. Al final un problema que se presenta en un área rural en Venezuela, se convierte en urbano en este departamento.
Otro problema que enfrenta el hospital “Manuel Elkin Patarroyo” de Puerto Inírida es la atención de casos de venezolanos por otras enfermedades, incluso han llegado personas por accidentes de tránsito. Nelson Evelio Palomar, secretario de Salud Departamental, indica que los pacientes procedentes de San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho son remitidos por los médicos de Venezuela. “Nosotros no los podemos atender porque el sistema de salud aquí es diferente. La persona tiene que tener una seguridad social por Colombia o tiene que pagar, a no ser que sea un caso de urgencia. El problema grande es que muchos pacientes de Venezuela llegan en estado crítico, toca remitirlos a Bogotá o a Villavicencio y no tenemos recursos. Tenemos un niño hospitalizado desde hace dos meses en Bogotá, le estamos dando albergue y alimentación al acompañante. Todos los pacientes que remitimos tienen problemas de documento de identidad, por la urgencia sale, pero después que se le da de alta es un complique y nos ha tocado darle un mes más de albergue y comida. Ha tocado traerlos prácticamente a escondidas y rogar allá para que los reciban. Se han hecho intentos con el cónsul, con la cancillería y no ha sido posible”.
Una antena eléctrica que emerge del río Guaviare puede verse desde San Fernando de Atabapo como una promesa del Convenio de intercambio de energía eléctrica entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en Venezuela; y el Instituto de Planificación y Promoción y Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (IPSE), en Colombia. El acuerdo fue firmado en 2011 por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos y consistía en un proyecto de Construcción de línea de interconexión eléctrica a 34,5 kv entre San Fernando de Atabapo (Venezuela) e Inírida departamento de Guainía (Colombia). La idea era llevar energía con un servicio óptimo y de bajo costo a las poblaciones selváticas y periféricas de ambos países. Hoy esta antena solo le proporciona electricidad a las 15 casas que están en Amanaven.
“San Fernando de Atabapo viene siendo el patio trasero de Puerto Inírida. La gente viaja para allá a abastecerse. No he visto un diciembre que la gente pase con luz”, dice Cristóbal Colón Suárez, vicecónsul de Colombia en San Fernando de Atabapo, quien casi no sale de la residencia oficial, porque “para ver Macondo, prefiere leerlo”.
Magda Magris, directora de investigación y coordinadora de la unidad de investigación de Malaria de Caicet, recuerda que antes había reuniones binacionales entre Colombia y Venezuela para hacer la vigilancia epidemiológica en la frontera. De hecho, tuvieron convenios binacionales para las fronteras y proyectos en conjunto para la vacunación, pero no para la malaria.
Por su parte Tatiana Parra insiste en que si en Puerto Inírida conocieran las acciones que realizan en Venezuela, podrían trabajar mancomunadamente para solucionar el problema de la malaria: “Tú eres la coordinadora de malaria allá y yo acá. Decimos 'vamos a hacer una brigada' y nos vamos al mismo tiempo para la búsqueda de pacientes, del mosquito, y la dotación de algunos elementos de protección personal como toldillos, repelentes y campañas educativas. Lo hacemos al mismo tiempo, tú coges de este lado y yo del otro. De nada sirve que yo haga acciones y tu esperes hasta el año que viene, porque vienen los tuyos y me contagian a los míos. Si no tienes medicamentos yo te presto y luego tú me los devuelves. Necesitamos una ayuda mutua entre países, pero no existe”.
Así es la frontera, porosa, y mientras se esperan acciones que puedan romper algunas de las partes de este ciclo de infección para detener la malaria, la pista del aeropuerto de San Fernando de Atabapo lucha para que la maleza no se la trague; las casas resisten la humedad del clima amazónico; los charcos y la hierba crecen de forma desproporcionada; los atabapeños esperan a que los postes de luz funcionen; y los mineros colombianos, brasileros, venezolanos, se pasean en esta tierra de nadie.
Cae la tarde y la oscuridad se apodera de todo. Menos de la 1º Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 94 y un puesto naval, que si tienen electricidad; y del río Atabapo iluminado por las luces de Amanaven. El toque de queda impuesto por el mosquito transmisor del parásito que produce la malaria, repliega a la gente en sus casas. Pero en San Fernando de Atabapo: “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.
En la génesis de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido con el gobierno de Nicolás Maduro, el venezolano Jean Paul Rivas, que se mueve entre Suiza y Dubái, trabajó desde la trastienda como conector del tándem colombiano con una farmacéutica de India para vender medicamentos con marcados sobreprecios al régimen de Caracas. Con una variedad de intereses y emprendimientos, como en botica -también actúa en finanzas y bienes raíces-, Rivas seguiría en el sector de las medicinas con su propia compañía.
Mukesh Ambani es el hombre más rico de India y propietario de Reliance Industries, un importante cliente de Pdvsa. El magnate además recibe una ñapa desde Venezuela: miles de animales que, a través de emprendimientos privados, van a dar al zoológico de opulencia asiática que su hijo montó en la ciudad de Jamnagar. Los fletes se amparan en un acuerdo binacional de conservación y cuentan con permisos suscritos por el mismo Ministerio de Ecosocialismo que en Caracas avala a los dos zoocriaderos exportadores, relacionados entre sí.
Este excontratista del Estado, socio de Tarek El Aissami en entramados de tráfico de influencias y 'enchufes', se convirtió en el patrocinante de cuanto se hiciera en Tucupita, la ciudad capital de Delta Amacuro, donde transcurrió su infancia. A la manera del magnate que era, adquirió casi toda la vecina isla de Guara para levantar una utopía agropecuaria, el vedado donde se refugió desde que las sanciones internacionales lo cercaron en 2017 hasta que, en 2024, vivió allí su mayor derrota: el arresto por el caso ‘Pdvsa-Cripto’.
Controla con mano de hierro el municipio insular Almirante Padilla, una región remota pero estratégica sobre la barra del Lago de Maracaibo. Fue constituyente del chavismo. Con todo eso, la carrera política de Alberto Sobalvarro, apadrinada entre otros por un exgobernador de Zulia, luce apenas como una distracción frente a su vida de empresario, al mando de un conglomerado que se extiende por el Caribe e importa marcas de cigarrillos que incluyen algunas de la dudosa tabacalera paraguaya del expresidente Horacio Cartes.
El desgarrador testimonio ante la justicia peruana de ‘Isabel’, una mujer venezolana, describe paso a paso el mecanismo del que el Tren de Aragua se sirve para exportar suministros humanos a la industria del trabajo sexual en todo el hemisferio. Bajo engaño encadena a sus víctimas a una deuda impagable que las condena a seguir en el negocio. El pacto se mantiene por la coacción y hasta la muerte, destino del que ‘Isabel’ escapó ‘in extremis’. Y a menudo la policía y la ley resultan inoperantes.
Un asesino serial anda suelto en la capital de Perú. Es la megabanda de origen venezolano, pero ya multinacional, que con la migración ha exportado sus métodos. Empezando por sus propias compatriotas, el TDA inició un esquema minucioso de cobro de ‘cupos’ en la prostitución, cuyas cuotas no son fáciles de pagar. Quien quede en mora corre el riesgo de quedarse sin trabajo o de morir, y así servir de advertencia para toda la comunidad del trabajo sexual. Se cumplen dos años desde que un par de asesinatos llevaron el asunto a la atención pública.
