La frontera porosa ha cargado a los habitantes del Amazonas de Colombia con los casos de sus vecinos venezolanos. La escasez y la indiferencia ha conducido pacientes a buscar tratamiento hasta en Bogotá. En San Fernando de Atabapo, entretanto, el mosquito transmisor ha replegado a la gente en sus casas. Pero “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.
Siguiendo por el río Guaviare y a una hora de navegación desde San Fernando de Atabapo se encuentra Puerto Inírida, capital del departamento de Guainía y su ciudad más poblada. Un pueblo fundado 205 años después que San Fernando de Atabapo, y que muchos dicen se desarrolló con el oro venezolano.
Lo único decolorado en este lugar anclado en la mitad de la selva es un Santa Claus verde pintado en las escaleras de cemento que debes subir para entrar al pueblo. Del resto todo luce limpio y ordenado. Los primeros negocios tienen carteles que anuncian la compra de chatarra, oro, plata, cobre, bronce y aluminio. Y por supuesto la compra y venta de pesos y bolívares, transferencias a distintas entidades bancarias que están en Venezuela. Por las calles asfaltadas circulan motocarros y en las avenidas se pueden ver gran cantidad de comercios, restaurantes y hasta una concha acústica.
En el departamento de Guainía el mayor número de casos de malaria se concentran en la cabecera municipal de Inírida, seguida por casos procedentes de Venezuela, Vichada y Barracominas. Venezuela y Vichada importan el 15 y 6 por ciento de los casos respectivamente, lo que implica una carga adicional a este departamento colombiano en número de casos, esfuerzos por el control del vector, tratamiento de los pacientes, carga económica, disminución de la calidad de vida, riesgo de mortalidad por malaria, y finalmente de los indicadores epidemiológicos a nivel local.
Lo anterior convierte a Guainía en el departamento de Colombia que tiene más casos de malaria procedentes del exterior, la mayoría de Venezuela. Para la semana 48 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre), el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud – Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública reportó que Guainía tenía un acumulado de 2.043 casos de malaria no complicada, de los cuales 366 eran de Venezuela. Y para la semana 52, la Secretaría Departamental de Guainía indicó que este departamento cerraba con 3.159 casos de malaria.
Tatiana Córdoba, coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de la Secretaría de Salud de Guainía, asegura que de los 366 casos registrados hasta la semana 48, 19 son de San Fernando de Atabapo y el resto proceden de las minas de oro de Venezuela. Las estadísticas se tornan lúgubres, porque no identifican las comunidades, solo registran el país y si proceden de las minas. “En 2015 Venezuela estaba pasando por la epidemia más grave de su historia y nos terminó afectando. El hecho de que ustedes no tengan medicamento hace que la gente cruce el río, y vaya a donde le den la solución completa”.
Carlos Eric Azcarate, coordinador de vigilancia en salud pública en la Secretaria de Salud de Guainía, asegura que se han presentado muchos casos de malaria complicada en niños, mujeres embarazadas y ancianos, porque se toman los tratamientos sin saber si tienen la enfermedad. Al final un problema que se presenta en un área rural en Venezuela, se convierte en urbano en este departamento.
Otro problema que enfrenta el hospital “Manuel Elkin Patarroyo” de Puerto Inírida es la atención de casos de venezolanos por otras enfermedades, incluso han llegado personas por accidentes de tránsito. Nelson Evelio Palomar, secretario de Salud Departamental, indica que los pacientes procedentes de San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho son remitidos por los médicos de Venezuela. “Nosotros no los podemos atender porque el sistema de salud aquí es diferente. La persona tiene que tener una seguridad social por Colombia o tiene que pagar, a no ser que sea un caso de urgencia. El problema grande es que muchos pacientes de Venezuela llegan en estado crítico, toca remitirlos a Bogotá o a Villavicencio y no tenemos recursos. Tenemos un niño hospitalizado desde hace dos meses en Bogotá, le estamos dando albergue y alimentación al acompañante. Todos los pacientes que remitimos tienen problemas de documento de identidad, por la urgencia sale, pero después que se le da de alta es un complique y nos ha tocado darle un mes más de albergue y comida. Ha tocado traerlos prácticamente a escondidas y rogar allá para que los reciban. Se han hecho intentos con el cónsul, con la cancillería y no ha sido posible”.
Una antena eléctrica que emerge del río Guaviare puede verse desde San Fernando de Atabapo como una promesa del Convenio de intercambio de energía eléctrica entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en Venezuela; y el Instituto de Planificación y Promoción y Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (IPSE), en Colombia. El acuerdo fue firmado en 2011 por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos y consistía en un proyecto de Construcción de línea de interconexión eléctrica a 34,5 kv entre San Fernando de Atabapo (Venezuela) e Inírida departamento de Guainía (Colombia). La idea era llevar energía con un servicio óptimo y de bajo costo a las poblaciones selváticas y periféricas de ambos países. Hoy esta antena solo le proporciona electricidad a las 15 casas que están en Amanaven.
“San Fernando de Atabapo viene siendo el patio trasero de Puerto Inírida. La gente viaja para allá a abastecerse. No he visto un diciembre que la gente pase con luz”, dice Cristóbal Colón Suárez, vicecónsul de Colombia en San Fernando de Atabapo, quien casi no sale de la residencia oficial, porque “para ver Macondo, prefiere leerlo”.
Magda Magris, directora de investigación y coordinadora de la unidad de investigación de Malaria de Caicet, recuerda que antes había reuniones binacionales entre Colombia y Venezuela para hacer la vigilancia epidemiológica en la frontera. De hecho, tuvieron convenios binacionales para las fronteras y proyectos en conjunto para la vacunación, pero no para la malaria.
Por su parte Tatiana Parra insiste en que si en Puerto Inírida conocieran las acciones que realizan en Venezuela, podrían trabajar mancomunadamente para solucionar el problema de la malaria: “Tú eres la coordinadora de malaria allá y yo acá. Decimos 'vamos a hacer una brigada' y nos vamos al mismo tiempo para la búsqueda de pacientes, del mosquito, y la dotación de algunos elementos de protección personal como toldillos, repelentes y campañas educativas. Lo hacemos al mismo tiempo, tú coges de este lado y yo del otro. De nada sirve que yo haga acciones y tu esperes hasta el año que viene, porque vienen los tuyos y me contagian a los míos. Si no tienes medicamentos yo te presto y luego tú me los devuelves. Necesitamos una ayuda mutua entre países, pero no existe”.
Así es la frontera, porosa, y mientras se esperan acciones que puedan romper algunas de las partes de este ciclo de infección para detener la malaria, la pista del aeropuerto de San Fernando de Atabapo lucha para que la maleza no se la trague; las casas resisten la humedad del clima amazónico; los charcos y la hierba crecen de forma desproporcionada; los atabapeños esperan a que los postes de luz funcionen; y los mineros colombianos, brasileros, venezolanos, se pasean en esta tierra de nadie.
Cae la tarde y la oscuridad se apodera de todo. Menos de la 1º Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 94 y un puesto naval, que si tienen electricidad; y del río Atabapo iluminado por las luces de Amanaven. El toque de queda impuesto por el mosquito transmisor del parásito que produce la malaria, repliega a la gente en sus casas. Pero en San Fernando de Atabapo: “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
