En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
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La historia es la misma y siempre tiene el mismo final, pero el camino al fracaso hay que contarlo de nuevo porque ahora incluye una traición al legado de Hugo Chávez. Todo empieza con un convenio suscrito en Minsk, capital de Bielorrusia, el 17 de octubre de 2010, oficializado en Venezuela dos meses después. Ambas naciones, presididas entonces por Aleksandr Lukashenko y Hugo Chávez, sellaron el “Acuerdo de cooperación en materia agrícola para la construcción de cinco ciudades agroindustriales (Comunas Agroindustriales) en la República Bolivariana de Venezuela".
La apuesta lucía como otro intento de poblar la agreste zona central del país. Una vuelta de tuerca al eje Orinoco-Apure, un intento anterior de Chávez y su mentor, Jorge Giordani, de aprovechar esos enormes descampados para intentar revertir la costumbre de los venezolanos de residenciarse en el norte o en la costa porque el clima es más benigno y se concentra una mayor actividad económica.
El Gobierno chavista se encargaría de financiar el proyecto, y, como siempre, cada vez que durante la larga gestión del fallecido mandatario se cerraba un negocio con otro país, Bielorrusia haría las habituales “transferencias tecnológicas y de conocimientos” en cada una de las fases. El estado Guárico albergaría a la primera de esas cinco ciudades agroindustriales en las tierras del fundo La Roana (El Sombrero, municipio Julián Mellado), y así quedó establecido en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6017, del 31 de diciembre de 2010.
Los trabajos comenzaron con aparente rapidez. El 14 de julio de 2011, en un Consejo de Ministros encabezado por Chávez, y transmitido en cadena nacional de radio y televisión, se presentó al país ese “experimento” –como él mismo lo llamó-, que ya estaba activo y que prometía convertirse en una referencia nacional en la producción de alimentos.
“Nosotros visitamos a finales del año pasado unas ciudades agrícolas, altamente industrializadas, en Bielorrusia, y le dije a Aleksandr que me gustaría iniciar un experimento en Venezuela, acoplándonos a nuestras realidades. Y mira cómo ya estamos avanzando”, comentó Chávez a modo de introducción. Luego agregó: “Son cinco ciudades integrales, productivas, comunas agroindustriales. A la que fuimos nosotros (en Bielorrusia) tiene hasta un tren interno, son como 15 mil hectáreas. Aquí en El Sombrero ya está naciendo la comuna agroindustrial socialista William Lara”.
Lo que imaginaban los proyectistas de la comuna superaba la simple aglomeración de viviendas
El ambicioso proyecto comprendería la construcción de 500 viviendas con las que se beneficiarían 2.500 personas. Una nueva ciudad o, como el entonces jefe del Estado insistía, una comuna agroindustrial que comenzaría desde cero, pues con las viviendas se incluiría el desarrollo de las áreas sociales con canchas deportivas, centros culturales, escuelas, servicios, centros de salud y hasta un centro comercial. Así lo prometió Leonid Marinich, viceministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, en una inspección efectuada en septiembre de 2011.
Lo que entonces imaginaban los proyectistas de la comuna superaba la simple aglomeración de viviendas. Querían construir en un área cercana una planta para procesar carne de aves y matadero de pollos de engorde, una granja lechera, una planta de procesamiento de lácteos (leche, yogurt, queso), otra planta de producción de alimentos balanceados para animales, un complejo para limpieza, secado, refinación y almacenamiento de granos; un patio para maquinarias, granja avícola y un almacén de fertilizantes. Todo esto en un espacio aproximado de 150 hectáreas. Además, en otras 4.800 hectáreas (de las 7.817 disponibles), se desarrollaría la producción agrícola de maíz, soya, hortalizas, pasto y frutas (melón y parchita), y las restantes 2.500 hectáreas servirían de zona protectora para todo ese espacio, ubicado al sur del río Guárico.
Hugo Chávez aprobó ese 14 de julio de 2011 300 millones de dólares para ejecutar el proyecto, provenientes del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), y otros 1.287.014.565 bolívares, del Fondo Chino -Venezolano, se sumarían a la inversión en el año 2012, precisa la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, para concretar la primera de las cinco comunas agroindustriales convenidas por Bielorrusia.
El proyecto quedó en manos de la empresa Belzarubezhstroy (BZS), creada en la capital de su país en mayo de 2007. Fue la primera gran obra que esa empresa intentó desarrollar en Venezuela a través de sus dos filiales, BZS Venezuela, S.A. y BZS Construcción, S.A. Aún no había estallado el escándalo que la marcó. En diciembre de 2011, apenas meses después de contratar con el estado venezolano, en una investigación periodística del diario El Universal, se la vinculó con el contrabando de cabillas.
El propio Lukashenko, lo confirmó en su país por aquellos días. Viktor Shevtsov, el dueño de BZS, y otros capitanes de empresa que tenían negocios en el país suramericano, fueron detenidos e investigados por la Fiscalía General de la exrepública soviética por su supuesta relación con el desvío de fondos destinados para las obras venezolanas. Shevtsov, de trayectoria cuestionada, investigado incluso por Estados Unidos por tráfico de armas en Irak, como bien lo refleja la investigación titulada “El mercader bielorruso”, publicada en Armando.Info en 2011, quedó tras las rejas pero no por mucho tiempo. Una nota de noviembre de 2013, del medio bielorruso Charter97.org, sobre el círculo íntimo que rodea a Lukashenko y sus turbios movimientos, lo identificó como uno de los oligarcas leales al dictador bielorruso. Recuerda su arresto por desvío de dinero público e informa, además, que Shevtsov “ha vuelto al ruedo” tras pagar una indemnización.
En el fracaso del proyecto de la comuna agroindustrial, sin embargo, no parece haber obrado la mala fama de BZS. La incapacidad del Estado venezolano ha sido determinante para que el experimento que se le ocurrió a Hugo Chávez se sume a la retahíla de proyectos que no son capaces de prosperar en Venezuela. El entorno influye, pero también la poca disposición a establecer la continuidad administrativa entre distintas gestiones. Esta es también la historia de cómo el presidente Nicolás Maduro no continuó con el legado sagrado de su antecesor.
“En La Roana se cultivó maíz hace dos o tres años, dos veces nada más desde que comenzó sus actividades”
En documentos oficiales fue registrada como la Comuna Agroindustrial William Lara. Pero en el propio pueblo de El Sombrero (a unos 230 kilómetros de Caracas), los lugareños la conocen por su nombre original: La Roana.
La finca era un latifundio abandonado al momento de ser tomado por el Gobierno venezolano. En 2011, según la versión oficial, se sembraron 600 hectáreas de maíz; y en 2012, 691 hectáreas, un número inferior, en todo caso, a las 900 que aspiraban los rectores de la cartera. “En La Roana se cultivó maíz hace dos o tres años, dos veces nada más desde que comenzó sus actividades”, asegura un campesino que laboró en la comuna.
Quienes trabajaron en este proyecto hablan con la condición de que se les resguarde su identidad. En El Sombrero, con una población aproximada de 30 mil habitantes, se aprendió a ser discreto, a desconfiar y andar con miedo por la fuerza. En uno de los barrios de este pueblo, conocido como “Concha de Mango”, nació, creció y vivió José Antonio Tovar Colina, alias El Picure, líder de una banda delictiva dedicada al robo, extorsión, secuestros y asesinatos, conocida como “el Tren del Llano”. Tovar Colina fue capturado y asesinado por los cuerpos de seguridad venezolanos el 3 de mayo de 2016. Pero aunque el líder ya no existe, la banda ha seguido actuando en la zona con sus herederos. Lo saben en el pueblo y por ello el temor en una tranquilidad aparente.
“Eso es un cementerio de maquinarias"
La comuna agroindustrial se dividió en dos partes: Roana 1 (parte agrícola) y Roana 2 (parte industrial, donde estaban los bielorrusos jefes de las obras, pues la mano de obra era venezolana). Desde la carretera es posible advertir los límites de ambos proyectos en la inmensidad de la sabana y las obras abandonadas. “Eso es un cementerio de maquinarias. En esos terrenos hay tractores, 27 cosechadoras, 46 birromas, 16 basucas 8610 para transportar maíz; cinco o seis camiones tipo volteo y tipo cava para cargar maíz, 12 o 13 sembradoras, dos o tres fumigadoras. Hay rastras, hay rotativas. Pero todo está abandonado y desvalijado. En Roana 1 llegaron a construir 16 viviendas”, cuenta el campesino.
Aunque algunas maquinarias fueron trasladadas hacia Barinas, donde BZS construyó una fábrica de tractores (también en convenio con Venezuela), la misma gente del pueblo y alrededores se ha llevado las piezas, los arranques, los cauchos. El campesino afirma: “Los tractores buenos se los han llevado algunos consejos comunales o particulares para trabajar en sus terrenos. Pocos los devuelven”.
El entusiasmo inicial que despiertan los nuevos proyectos siempre termina acomodándose a la inercia de la vida en el campo. La falta de inversión, la incapacidad y la pérdida de interés liquidan todos los planes y dejan todas esas tierras en el estado ignoto en el que siempre han estado. El campesino recuerda que la idea del Estado era otorgarles créditos para que sembraran la tierra y arrimaran su cosecha a la producción nacional. “La mayoría cosechaba para ellos mismos y al final eso se convirtió en un negocio. ‘¿Quieres un tractor? Dame el dinero’, así te decían. Eso era una rosca, eso era pa’ los vivos, no pa’ uno”, explica.
En el otro sector (el industrial) se levantarían estructuras para todo tipo de propósitos. Así lo recuerda Carlos (nombre ficticio en resguardo de su identidad). Pero incluso la intención se detuvo. “En diciembre de 2013, nueve meses después de la muerte del presidente Chávez, nos liquidaron a todos”, recuerda. “Un día trajeron a los abogados, nos hicieron firmar y nos dieron los cheques. Dijeron que no había dinero, que el Gobierno no había entregado los recursos. Decían que era en toda Venezuela, pero eso es mentira. En otras partes siguieron construyendo”.
“Un día trajeron a los abogados, nos hicieron firmar y nos dieron los cheques"
En Roana 2 solo queda personal bielorruso (tres personas, aseguran) que asisten entre lunes a viernes a las oficinas instaladas llano adentro. No es posible ver desde la entrada ninguna de las obras que quedaron inconclusas: el galpón para la producción de lácteos, otro galpón para los pollos y las estructuras para almacenar maquinarias e insumos. Pero algunas casas de techos rojos sí se divisan desde la carretera.
La cifra de las viviendas varía. No más de 60, dicen unos. Más de 100, aseguran Carlos y los vigilantes, quienes aclaran que, de éstas, solo diez están habitables. En el cómputo final hay una inevitable dosis de azar como consecuencia del secretismo con el que se maneja el proyecto: en total serían 500 viviendas. Un trabajador de BZS precisa que se construyeron 175, pero no tienen servicios. Los bielorrusos no encontraron la forma de llevar el agua a través de tuberías.
En papel las plantas agroindustriales planificadas para esta comuna generarían 10 toneladas por hora de alimentos balanceados para animales, 600 toneladas al año de carne avícola, 20 toneladas por turno de leche y sus derivados (yogurt y queso) con 330 reses procesadas al año, granja para pollos de engorde con una capacidad para 2,5 millones de pollos bebés al año, un complejo de almacenamiento de granos con capacidad para 18.000 toneladas por año y un almacén con capacidad para 2.000 toneladas de fertilizantes, 80 toneladas de pesticidas y 80 toneladas de semillas. Todo esto está descrito en el proyecto original que desarrollaría la empresa bielorrusa y que muestra como carta de presentación en el portal web de la compañía. Aquel 14 de julio de 2011 Hugo Chávez aseguraba que cada uno de esos proyectos de producción de carne de pollo, lácteos, alimentos balanceados, viviendas, hortalizas a campo abierto y demás siembras, tenían que ser “mirados, pensados y planificados como un injerto del socialismo”, que tenía que ir ampliándose y multiplicándose para ir rumbo a la consolidación del socialismo del siglo XXI.
Diez años después de haber llegado a la presidencia, Chávez comenzó a hablar de las comunas y su fortalecimiento para lograr constituir un estado comunal que permitiera, a su vez, construir una sociedad socialista.
En 2010 fue publicada la Ley Orgánica de las Comunas. En 2012, en el plan de gobierno presentado para la reelección, el comandante presidente ahondó en la consolidación de esa forma de gobierno local como su gran apuesta. Lanzó una cifra: 3.000 comunas socialistas al finalizar su mandato en 2019. Y un estimado mínimo para alcanzarla: 450 comunas por año.
La meta no ha sido superada. Hasta marzo del presente año el Ministerio del Poder Popular para las Comunas identificó 1.742.
Según la ley que las rige, una comuna son varios consejos comunales que hacen vida en un espacio geográfico determinado, y estos, los consejos comunales, se establecieron en la primera etapa del gobierno de Chávez cuando buscaba con afán distintas formas de organización popular y cogobierno.
Lo novedoso de ese concepto era “la integración del sector primario, el procesamiento industrial y la convivencia"
Las comunas agroindustriales, aunque son incluidas por el ministerio en la lista general de comunas, tenían otro perfil. Lo novedoso de ese concepto era “la integración del sector primario, el procesamiento industrial y la convivencia. De allí el concepto de comuna agroindustrial socialista”, explicaba el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, a Chávez en el consejo de ministros del 14 de julio de 2011. Hoy, retirado de la política, y dedicado a la docencia (es profesor de Economía Política en la Universidad Bolivariana de Venezuela), Loyo reitera esa explicación y detalla que el proyecto establecía la vinculación de comunidades campesinas que históricamente habían estado aisladas. “Era un planteamiento de desarrollo rural”, explica el exministro.
En ese mismo consejo de ministros de julio de 2011, Loyo informó dónde se construirán las próximas comunas agroindustriales, considerando que la levantada en Guárico sería la primera de cinco: una de ellas estaría al sur del lago de Maracaibo (en un terreno de 2.500 hectáreas), en el estado occidental de Zulia; otra en Barinas, provincia de los llanos occidentales, en un terreno ubicado entre los ríos Pagüey y Santo Domingo; una tercera en el estado Miranda, al norte de Venezuela, en la zona de Valles del Tuy; y la última entre los estados Aragua y Carabobo, en el centro del país. “Se planificaron varias, pero efectivamente la que avanzó fue la comuna William Lara”, afirma Loyo, quien dice desconocer el estatus de estas obras. “Es una inversión alta que se tiene que revisar porque se trata del campo venezolano, donde históricamente no ha habido inversión”.
Un reporte publicado en enero por el diario The Wall Street Journal da cuenta de lo que parece ser una comuna agroindustrial distinta a las anunciadas por Loyo en aquel programa. La llamaron Diluvio y está levantada al pie de una de las cordilleras que separan a Venezuela de Colombia en el estado Zulia. La construcción fue encargada a Odebretch y se ha quedado en ruinas, como otras tantas obras que la empresa brasileña empezó a desarrollar en Venezuela. Hoy sobreviven sus restos enmontados.
En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), del año 2012, se habla del proyecto agroindustrial de La Roana. El documento detalla que la comuna debía estar lista al finalizar 2012 y que para ello se aprobaron Bs. 1.287.014.565 (provenientes del Fondo China-Venezuela). De ese total la obra tuvo un avance financiero de 40%, es decir, se consumieron Bs 514.805.863 y el avance físico de la obra alcanzó el 19,43% al terminar ese año.
Lo que más avanzó (en 7,68%) fue la siembra de 900 hectáreas y la adquisición de maquinarias agrícolas (solo 4% de lo planificado). Lo demás apenas dio unos pasos que superaron el 2% de las metas de construcción. El despacho de Agricultura alegó como obstáculo para que el proyecto avanzara las “diferencias técnicas entre los equipos decisores Venezuela-Belarús para el inicio de las obras”.
La fecha de culminación de la comuna indicada por el MAT en ese mismo informe anual no coincide con los anuncios oficiales dados desde 2011, cuando se hablaba de 2014 o 2015 como años en los que concluirían las obras. Todo se paralizó en diciembre de 2013. Desde entonces no ha habido más información oficial en los despachos de Comunas y Agricultura y Tierras. Sí hay una somera mención en la memoria y cuenta del Ministerio de Comercio del año 2014, en un capítulo donde se informa la importación de maquinaria agrícola desde Bielorrusia para la comuna agroindustrial del fundo La Roana. Justo en el año en el que se reporta la paralización de las obras.
La representante legal y el ingeniero civil de la obra, dijeron no estar autorizados para proporcionar información
En febrero se solicitó información sobre el avance y estatus de este proyecto en las oficinas de BZS de San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico, pero no la suministraron. La representante legal, Elvira González, y el ingeniero civil de la obra, Gerardo González, dijeron conocer la información, pero no estar autorizados para proporcionarla.
También se entregó una solicitud de información en las oficinas de BZS ubicadas en la zona militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, y semanas más tarde, a través de un correo electrónico la empresa ofreció una declaración. A pesar del abandono, la frustración de los lugareños y el desinterés del gobierno de Nicolás Maduro, los bielorrusos quieren continuar: “Se mantienen las negociaciones sobre la realización de la segunda etapa de la obra y los volúmenes de dicho contrato. Esperamos exitosos resultados en las negociaciones para poder empezar con su ejecución”.
No hay más detalles ni explicaciones sobre lo ocurrido con este proyecto, aunque sí insisten en su propósito, que luce de difícil concreción, de continuar la obra. La ciudad agroindustrial William Lara, dice el primer párrafo de la breve respuesta, “permitirá en un mayor nivel proveer la seguridad agroalimentaria del país hermano venezolano y también permitirá aumentar la producción de alimentos por métodos industriales”.
De llegar a reactivar las obras, la empresa bielorrusa tendría que buscar nuevas contratistas para trabajar en esos predios, o ganarse de nuevo la confianza que perdió. La relación de BZS con las compañías venezolanas que trabajaron en La Roana no siempre fue buena.
“Me pagaron bien, aunque ellos decían que Venezuela no les pagaba"
“Me pagaron bien, aunque ellos decían que Venezuela no les pagaba, a nosotros sí nos pagaron todo. Claro, a unos precios de gallina flaca, pero pagaban”, dice Leandro Soto, de la Cooperativa de Servicios y Proyectos Seikatsu.
Soto trabajó en la comuna durante año y medio, hasta diciembre de 2013, específicamente en las terrazas de la zona siete, donde se requería hacer un movimiento de tierra para la instalación de maquinarias. También acondicionó un área que serviría de depósito de tractores y les alquiló equipos para hacer compactaciones.
Otras tres contratistas refirieron que BZS Venezuela y BZS Construcción les quedó debiendo las retenciones de impuestos al finalizar la relación de trabajo, y asoman una arista sobre la ejecución de esas obras que, hasta entonces, no se había considerado: la inseguridad. Nadie tomó en cuenta este aspecto al momento de aceptar el negocio.
“Solamente ejecuté el 20% del contrato asignado, no solo por la escasez de materiales sino por la inseguridad"
José Bustamante, de la compañía Proferca, afirma: “Solamente ejecuté el 20% del contrato asignado, no solo por la escasez de materiales sino por la inseguridad. El hampa en El Sombrero era muy fuerte, los sindicatos de la construcción también. Por eso solo estuvimos tres meses. Hicimos un corte de cuenta y dejamos eso así”. Proferca debía construir 20 viviendas, pero solo dio tiempo de hacer las losas y estructuras.
La empresa Siltec vivió algo similar en el trato con los sindicatos. La atomización del movimiento obrero promovida hace más de tres lustros por el chavismo devino en una guerra a pistola por el control de los grandes proyectos de infraestructura. Los hombres contratados por Siltec apenas deforestaron la zona y construyeron bases para las viviendas. “Se pudo haber hecho más”, se lamenta Eric Morales, su representante. La empresa culminó su contrato y se fueron para no volver jamás a esa tierra sin ley.
Para construir un tramo de ferrocarril, planeado desde Tinaco, en los llanos centrales de Venezuela, hasta Anaco, a 468 kilómetros al nororiente, el gobierno de Chávez contrató a la China Railway Engineering Corporation y le desembolsó más de 2.700 millones de dólares, con fondos del Fondo Conjunto Chino Venezolano. No obstante, la empresa apenas construyó la tercera parte del plan y dejó a su paso conflictos laborales y daños ecológicos.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
