Como si se tratara de una novela por entregas, la trama de corrupción más grande que haya salido de Brasil involucra a un alto funcionario venezolano, y se trata nada más y nada menos que del primer mandatario nacional. Pero la Fiscalía calla. Aunque distanciada del gobierno, Luisa Ortega Díaz ignoró el tema, a pesar de que sus homólogos ya le habían notificado sobre el caso.
El propio Nicolás Maduro entregó 11 millones de dólares bajo la mesa para la última campaña de reelección del ex presidente Hugo Chávez. Los famosos publicistas brasileños, Joao Santana y Mónica Moura, ya habían advertido que el caso Lava Jato envolvía el financiamiento electoral del chavismo, pero sus declaraciones –filtradas ayer por la justicia brasileña– ahora van más allá: involucran al primer mandatario venezolano en el caso lava jato, la trama de corrupción más grande que hoy arropa a toda América latina.
A cambio de beneficios procesales, el publicista Joao Santana –cerebro de las campañas electorales de Chávez entre otros líderes latinoamericanos– confesó en febrero del año pasado junto a su esposa, Mónica Moura, que cobraron 35 millones de dólares para desarrollar la propaganda electoral del fallecido presidente Chávez. Entonces ya era un escándalo que la campaña corriera por cuenta de la gigante brasileña Odebrecht a cambio de contratos especiales. Pero ahora hay más: en lo que ha sido una novela por entregas, la justicia brasileña añade que en sus declaraciones, los publicistas advirtieron que en los pagos irregulares también participó el entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro.
“Maduro recibía a Mónica en su despacho, le entregaba maletines de dinero y le proporcionaba una escolta"
Dos constructoras brasileñas aportaron 12 de los 35 millones de dólares de los publicistas: Odebrecht transfirió 7 millones mientras que Andrade Gutierrez depositó otros 5 millones en una cuenta en Suiza a través de una de una empresa de fachada llamada Shellbill Finance SA. Hubo 12 millones que les quedaron debiendo o de los que no hay detalles mientras que los 11 millones restantes salieron en cash desde la Cancillería de Venezuela. “Maduro recibía a Mónica en su despacho, le entregaba maletines de dinero y le proporcionaba una escolta para brindarle seguridad durante el recorrido de la cancillería a la productora", señalan los documentos que acaba de desclasificar la Suprema Corte de Brasil.
Esta es la primera vez que figura un alto funcionario venezolano en la trama de corrupción de la llamada operación Lava Jato, y se trata nada más y nada menos que el primer mandatario nacional. La justicia peruana imputó a los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, mientras que en el resto de la región han aparecido denuncias que salpican desde los expresidentes Álvaro Uribe, de Colombia, y Ricardo Martinelli, de Panamá, hasta los actuales mandatarios de Argentina, República Dominicana, Colombia y Panamá: Mauricio Macri, Danilo Medina, Juan Manuel Santos y Juan Carlos Valera, respectivamente.
En Venezuela, el Ministerio Público no se ha pronunciado a pesar de que las Procuraduría General de Brasil consignó la información por los canales regulares, según consta en las actas del expediente N° 105118/2017 que publicaron ayer con la firma de su máximo titular, Rodrigo Janiot. Si bien la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha marcado distancia del gobierno de Maduro, nunca lo ha señalado a él ni a ningún otro funcionario por la corrupción de Odebrecht y las otras contratistas que pagaban sobornos a cambio de los mejores contratos. No lo hizo en febrero, luego de viajar a Brasilia para reunirse con todos los encargados de investigar el caso, y tampoco lo ha hecho en estos días en que ha denunciado una ruptura del hilo constitucional en Venezuela.
Maximilien Arveláiz era “el principal articulador y fiador de Hugo Chávez en Brasil”.
En su despacho, de cualquier modo, debió llegar mucho antes la historia que ayer finalmente advertía cómo comenzó el financiamiento ilegal de la última campaña de Chávez: fue Lula el primero que pidió al publicista Joao Santana que ideara la campaña de reelección de su camarada Chávez, y para eso involucró a uno de sus colaboradores más cercanos, su ministro José Dirceu, y al embajador de Venezuela en Brasilia, Maximilien Arveláiz, hoy convertido en productor de Hollywood con la película de Snowden y de quien Moura señaló como “el principal articulador y fiador de Hugo Chávez aquí en Brasil”.
A las semanas terminaron reunidos en Caracas, en el palacio de Miraflores. Allí cerraron un negocio del que no debían quedar pruebas. Moura así lo dijo: “El canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña se recibieran como recursos no declarados”. Nunca debió haber pensado que los asesores y publicistas de hace cinco años se convertirían en sus delatores.
(*) Esta es una entrega de la red de periodistas estructuados, que cubrieron y publicaron en simultáneo en IDL-Reporteros, en Perú, La Prensa de Panamá y Armando.info en Venezuela.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
