Liderado por el equipo peruano de IDL Reporteros, un grupo de periodistas de América latina comenzó a investigar hace más de un año las ramificaciones de la Operación Lava Jato en toda la región y, en el camino, han encontrado una enrevesada cadena de pagos en negro, que involucran a personajes tan célebres como Francisco Martinelli, primo dilecto del entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Esta es la historia de cómo una empresa se hizo de los mejores contratos camuflando “propinas” en una maraña de transferencias y empresas offshore.
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En contra de la simpleza de tintorería que el nombre sugiere, el lavado de dinero es un delito cuya sofisticación y complejidad se multiplicó en las últimas décadas hasta el punto de superar, por buen tiempo, los mejores esfuerzos por combatirlo.
Así como, en estos tiempos de periodismo de datos, un buen hacker es a veces el mejor amigo de un periodista de investigación; en el otro lado de la fuerza (o, más bien, de la ética), un buen lavador de dinero es el aliado indispensable de casi todo corrupto, especialmente de uno de alto nivel.
Por eso, el conocimiento de las técnicas y modalidades de lavado de dinero es indispensable en todos los casos grandes de corrupción. Y en el caso Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil y, muy probablemente, de Latinoamérica, no resulta coincidencia que el juez del caso, Sergio Moro, sea un experto, autor de un libro de referencia sobre el tema.
A la vez, la acusación fiscal de la Fuerza de Tarea Lava Jato del Ministerio Público de Brasil contra Odebrecht puede leerse, en sus 205 páginas de evidencias cuidadosamente organizadas, como un texto investigativo sobre cómo descubrir y descifrar un sistema de sobornos diseñado para ser virtualmente indetectable gracias a un elaborado mecanismo de lavado de dinero.
El desafiante objetivo que enfrentaron los fiscales de la Fuerza de Tarea Lava Jato fue revelar cómo Odebrecht sobornó ocultamente durante varios años a tres ejecutivos principales de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque.
Para ser eficaz, el soborno debía buscar ser indetectable y sobre todo indemostrable. La forma de hacerlo en el caso Odebrecht, tal como descubrieron los investigadores federales brasileños, fue a través de un sistema de lavado internacional de dinero, que comprendía varias capas o niveles.
– La primera capa (o ‘camada’, según el término en portugués que utilizaron los fiscales brasileños), fue la “utilización de cuentas bancarias […] de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. […] y de otras empresas de su grupo empresarial”. “Dentro de esas cuentas” estuvieron las creadas en el Banco PKB Privatbank AG, de Suiza, a nombre de varias offshores cuya beneficiaria económica en casi todos los casos era la Constructora Norberto Odebrecht. Algunas de esas offshores son la Smith & Nash Engineering Company INC; Golac Projects, Arcadex Corp…
– La segunda capa fue la utilización de ‘cuentas vinculadas’, creadas también a nombre de offshores, como por ejemplo el caso de Constructora Internacional del Sur, de Panamá (que veremos en detalle más abajo).
– En la tercera capa se encontraban las cuentas “cuyos beneficiarios económicos son los agentes corrompidos de Petrobras, Paulo Roberto [Costa], Renato Duque y Pedro Barusco”. Los tres utilizaron cuentas offshore que, en varios casos, fueron residenciadas en Panamá, pero con cuentas bancarias en Suiza o Mónaco.
La forma en la que estos tres niveles interactuaban era cualquier cosa menos simple, como lo demuestra la lectura cuidadosa de la infografía aquí publicada.
Las flechas ilustran la ruta de los diversos montos, casi todos millonarios, que pasaron de las compañías de Odebrecht a sus offshores y de ahí a las ‘vinculadas’, antes de llegar a las que pertenecían a los funcionarios corruptos.
Los fiscales pudieron determinar con precisión (y aportan la prueba en la acusación), que Odebrecht es beneficiario (o dueño final) de las offshores del primer nivel de lavado; y que Costa, Barusco y Duque son los beneficiarios de las offshores del tercer nivel de lavado.
La autoría y responsabilidad por este esquema quedó adicionalmente clara cuando los fiscales de la Fuerza de Tarea revelaron la participación operativa de funcionarios de Odebrecht en cada uno de los tres niveles, en especial de Bernardo Freiburghaus, el doleiro (operador y traficante financiero) principal de Odebrecht, hoy refugiado en Suiza gracias a su doble nacionalidad. La prueba es muy precisa, sin duda fruto de la colaboración de las autoridades suizas y monegascas.
¿Cuál es la historia de las ‘cuentas vinculadas’, que no pertenecen ni a Odebrecht ni a los sobornados, pero que fueron la principal vía de ocultamiento entre unos y otros?
El caso de la panameña Constructora del Sur resulta no solo sorprendente sino, sobre todo, revelador.
Como se recordará, varios delatores premiados en el caso afirmaron haber recibido coimas de Odebrecht a través de la Constructora Internacional del Sur. Odebrecht, a su vez, sostuvo enfáticamente que no tenía nada que ver con la Constructora Internacional del Sur y que nunca había hecho pago alguno de la corporación a través de ella.
La acusación fiscal había logrado establecer que Odebrecht realizó pagos a través de sus propias compañías y offshores, que pasaron a través de Constructora Internacional del Sur, para terminar en las cuentas de algunos de los funcionarios corruptos de Petrobras que luego se convirtieron en delatores premiados.
La Constructora Internacional del Sur fue creada mediante una escritura notarial el 11 de octubre de 2006, en Panamá, con un modesto capital de 10 mil dólares y la típica estructura de una offshore. Menos típica fue la elección de su Agente Residente,el PMC International Legal Services.
Uno de los miembros más notorios de esa firma que entre otras cosas presta servicios de due diligence, es Ernesto Chong Coronado, un corredor de autos vinculado con un colombiano bastante más notorio que él: David Murcia.
A Murcia se lo consideró en Colombia el capo de las pirámides financieras, una especie de faraón del esquema Ponzi, que, cuando el suelo colombiano se puso muy caliente, mudó operaciones a Panamá, donde tuvo relación con Chong Coronado. PMC fue una de las dos firmas que constituyeron, según reportó La Prensa de Panamá, más de 200 sociedades anónimas vinculadas con la arquitectura piramidal de Murcia.
Al final, Chong y Murcia terminaron peleados cuando este acusó a aquel de haberse quedado con algunos de sus bienes más preciados, entre los cuales sus diamantes, un Ferrari y un Lamborghini (que increíblemente fue pintado por las autoridades con los colores de la Policía panameña, convirtiéndose así quizá en el patrullero más caro del mundo).
El 21 de julio de 2009 Constructora Internacional del Sur tuvo un cambio fundamental en su estructura. Ese día compareció ante el notario Cecilio Moreno Arosemena, el representante del nuevo Agente Residente de Constructora Internacional del Sur.Se trataba de Francisco Martinelli, primo dilecto del entonces flamante presidente de Panamá (había asumido el primero de julio), Ricardo Martinelli.
Francisco Martinelli era miembro del estudio de abogados Patton, Moreno & Asvat, que se convirtió en el nuevo Agente Residente de Constructora Internacional del Sur.
El cambio de Agente Residente energizó considerablemente a la compañía, pero no como constructora, pues hasta donde se sabe nunca puso un ladrillo sobre otro, sino como intermediaria de transacciones bancarias en busca del sigilo y anonimato.
En un período relativamente corto, sobre todo entre la segunda mitad del 2009 y el 2010, Constructora Internacional del Sur recibió en su cuenta panameña más de 47 millones de dólares de dos compañías offshore que, según comprobó la fiscalía brasileña, pertenecen a Odebrecht: Smith & Nash Engineering Company Inc.; y Golac Projects and Construction Corp.
A la vez, Constructora Internacional del Sur depositó más de tres millones de dólares en las cuentas europeas de offshores panameñas, cuyos beneficiarios eran los corruptos funcionarios de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque. Tanto Costa como Barusco recibieron algo más de un millón de dólares cada uno; y Barusco 875 mil dólares.
¿Cómo podrá justificar ahora Odebrecht su enfática afirmación previa de no haber tenido ninguna vinculación con Constructora Internacional del Sur? Esa es solo una de las dificultades que su modificado equipo de abogados deberá enfrentar.
En las sociedades offshore panameñas es usual que los directivos (o “dignatarios”) de la compañía sean empleados del estudio de abogados, o del beneficiario de la offshore, que reciben un pago generalmente modesto, por prestar su nombre.
Francisco, ‘Frankie’ Martinelli, el primo del ahora ex presidente panameño Ricardo Martinelli, que actuó en representación de los agentes residentes de Constructora del Sur, tuvo la suerte de ser el empleador de Rodny [sic] Soto Núñez, chofer de aquel, que cobró, por lo menos en papeles, nada menos que 2.3 millones de dólares por una sigilosa consultoría para una empresa subcontratista del Metro de Panamá, que construye Odebrecht.
Rodny Soto recibió el dinero de la compañía Sofratesa, contratista del consorcio liderado por Odebrecht; y lo recibió a través de una sociedad anónima – Sarda Management S.A.– en la que desempeñaba funciones de “dignatario”. El contrato con Sofratesa por el que fue tan notablemente compensado, significaba “ofrecer servicios secretariales y conocimientos del mercado panameño y las relaciones comerciales que posee en el mismo”, de acuerdo con la investigación que hizo La Prensa al respecto. El hecho es que los 2.3 millones de dólares no parecen haber cambiado mucho la vida de Rodny Soto, pues cuando La Prensa, de Panamá, lo buscó para entrevistarlo, lo encontró en su nuevo trabajo, manejando un transporte pesado. “Ojalá tuviera yo ese dinero” le dijo al periodista.
Es que, como hubiera podido explicarlo ‘Frankie’ Martinelli y varios otros como él, parte del equívoco encanto de las offshore es que el que cobra no es necesariamente el que recibe.
Luego de su febril actividad en la banca sigilosa, la Constructora Internacional del Sur fue disuelta el 15 de agosto de 2014, cuando la investigación del caso Lava Jato agarraba cuerpo y velocidad. Pocos días después Paulo Roberto Costa llegó al acuerdo de ‘delación premiada’.
El acta de disolución empezó con la declaración del ‘Presidente’ de la Constructora en el sentido de que el objeto de la reunión era disolver la sociedad, “en vista de que sus objetivos habían sido realizados”.
Sobre eso no hubo ninguna duda.
(*) Este trabajo es parte de una investigación en equipo reporteada por IDL-Reporteros en Perú, La Prensa en Panamá, La Nación en Argentina y Armando.info en Venezuela.
La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos de la constructora brasileña, incluyendo las coimas para Venezuela, dejó huellas en los reportes de operaciones sospechosas que recogen los FinCEN Files, que llegaron seis años después de la operación. Los ex ejecutivos del ‘Sector de Operaciones Estructuradas’ de la compañía buscaban huir de los molestos controles de cumplimento en las entidades privadas y resolvieron hacerse un banco a su medida a partir de la carcasa de la sucursal de un banco austriaco en el Caribe Oriental.
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.