Sobrefacturación, de hasta tres veces el valor original, en mercancía, fletes y seguros; exportaciones incompletas; pagos iniciales desproporcionados; empresas creadas ad hoc días antes de recibir contratos; desvío de fondos a cuentas de paraísos fiscales: de todo aparece en el menú de tretas usadas por el empresario Juan José Levy para quedarse con la parte del león en los contratos que suscribió para suministrar desde Argentina antenas de TV, productos de higiene y medicinas al Estado venezolano. Un vistazo al dictamen de investigación judicial argentina revela tal diversidad de irregularidades que cuesta entender por qué las empresas oficiales Suvinca u Cantv lo escogieron como proveedor, O quizás no.
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Las puertas del Palacio de Miraflores han sido infranqueables para muchos empresarios durante el chavismo, siempre suspicaz de la iniciativa privada. Para otros, en cambio, se han abierto con facilidad. Hasta hace pocos años el argentino Juan José Levy destacó en esa lista de elegidos para transar negocios con el Gobierno de Hugo Chávez, primero, y con el de Nicolás Maduro, después. Con apenas tres pequeñas empresas este hombre suscribió entre 2010 y 2014 contratos con el Estado venezolano por casi 250 millones de dólares para el suministro de productos de higiene personal, decodificadores y antenas para televisión, y hasta medicamentos. Su racha lucía incomprensible hasta el año pasado, cuando una investigación de la Fiscalía de Buenos Aires –iniciada por rencillas entre él y sus hermanos y socios– develó una trama de oscuras operaciones financieras y desfavorables convenios para Venezuela.
Los antecedentes de esta historia se remontan 13 años y llevan al acuerdo de cooperación sellado en ese momento por Chávez y Néstor Kirchner, que posteriormente desembocó en un fideicomiso bilateral. Gracias a esa alianza las tres modestas compañías de Levy (Laboratorios Esme, Corporación Gulfos y Bleu Tel) sacaron un oneroso negocio que hoy se descubre ruinoso para los venezolanos. La tuerca que atornillaría a Laboratorios Esme, por ejemplo, como uno de los principales proveedores de insumos de aseo a la estatal Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) fue la firma de una “carta de intención” entre ambas partes.
Ocurrió el 20 de abril de 2010 y se trató de un gesto seguido con celo oficialista, pues días previos y hasta posteriores al pacto una comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, conformada por el embajador argentino en Caracas, Carlos Alberto Cheppi y José María Olazagasti (mano derecha de Julio De Vido, el polémico ministro de Planificación de los Kirchner), había compartido unas cuantas horas de vuelo con Levy entre Caracas y Buenos Aires. No fue el único. Una veintena de viajes compartidos entre el empresario y varios funcionarios de la Casa Rosada, entre ellos el propio De Vido, y otras evidencias expuestas en el expediente judicial muestran que en este caso no existen casualidades.
Allanado el camino por altos jerarcas de los K, Levy aprendió a navegar sin naufragar en los negocios gestados entre Buenos Aires y Caracas. Sin capacidad económica para soportar los convenios acordados, sus empresas gozaron del privilegio de un adelanto del 60% de los pagos nada más firmar contratos con Suvinca y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), pero también incurrieron en sobrefacturación de mercancías, fletes y hasta los seguros de los embarques, en incumplimientos en los despachos, así como en el desvío de los fondos a bancos privados que después se giraron a cuentas aún desconocidas y hasta el forjamiento de la firma de uno de los socios de las compañías de Levy: su hermano Alejandro. Es un cóctel que explica el porqué es visto por la justicia argentina como sospechoso de lavado de activos, evasión y contrabando agravado en estas operaciones comerciales con Venezuela y que unos 300 millones de pesos en sus cuentas bancarias estén embargados.
Esos negocios con Levy no sólo involucran a varias compañías estatales, sino que también alcanzan la gestión de unos cuantos funcionarios de Venezuela como Manuel Fernández Meléndez (presidente de Cantv y exministro de Ciencia y Tecnología), Richard Canán y Edmeé Betancourt (exministros de Comercio) y Eddie Betancourt (expresidente de Suvinca), entre otros.
Para la Fiscalía de Argentina resulta “llamativo” que en el primero de los tres contratos firmados por Suvinca con Laboratorios Esme –incluyendo sus “adendas”, entre el 22 de febrero de 2011 y el 21 de marzo de 2012–, estaba previsto el suministro de 6.325.440 unidades de productos por un valor de 22.3 millones de dólares, un monto que se incrementó “significativamente” hasta 65,5 millones de dólares y finalmente a 119,7 millones de dólares, pero sin “indicarse de modo explícito el aumento” de la mercancía a comprar por la estatal venezolana.
Casi lo mismo sucedió con las otras firmas de Levy. Corporación Gulfos y Bleu Tel suscribieron contratos con CANTV por más de 126 millones de dólares entre 2012 y 2013 para el suministro de decodificadores, antenas exteriores de televisión y repuestos. La telefónica venezolana incurrió, en el menor de los casos, en un acto de fe. Ninguna de las sociedades de la familia Levy tenía reputación y fueron, más bien, recién constituidas al momento de los acuerdos. Hasta diciembre de 2014 la Corporación Gulfos había pertenecido a Frolem Corporation LC, radicada en Nevada (Estados Unidos) y controlada por Plascot Limited, en Seychelles (ambas creadas por el ya célebre bufete panameño Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados a la prensa dieron origen a la investigación global publicada en 2016 y conocida como Panamá Papers).
Pero Frolem Corporation LC es un sigilo. “Según el formulario de alta de datos generales y/o comerciales de la Dirección de Personas Jurídicas (Argentina) registra domicilio en la calle Quinquela Martín número 19, manzana 11 “c” de Ciudad Evita, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires (…). En relación a este domicilio, el acta de constatación de fecha 17 de marzo de 2014, volcada en la escritura pública 19, de la escribana Alicia Folco da cuenta que la casa allí ubicada aparentaba estar desocupada, y que el medidor de luz no marcaba el uso de corriente eléctrica”, explica otro expediente judicial.
A la postre, el desaguadero de plata y los incumplimientos de los contratos fueron la constante. Con la venta de productos de cuidado personal, tan escasos en el mercado venezolano desde hace años, y que Levy debió realizar a través de Laboratorios Esme, el desaguisado es tal que aún en 2016 no había cumplido con los suministros acordados y previamente pagados por Suvinca. “Entre enero de 2011 y el 19/07/2016 el valor CIF (incluye flete y seguro) de las exportaciones de Laboratorios Esme a la empresa Suvinca fue de US$ 49.281.502, 65, mientras que las liquidaciones de divisas en ese mismo periodo alcanzaron un total de US$ 88.269.655. Entonces las exportaciones realizadas representan solo un 55,83% del total de divisas liquidadas”, refiere el expediente elaborado por la fiscal María Luz Rivas Diez.
El documento revela casi la misma irregularidad en los contratos para el suministro de decodificadores y antenas de televisión. De una cuenta del BBVA Banco Francés de la Corporación Gulfos se desprende que la empresa tenía un patrimonio de 5,7 millones de dólares, pero no había “registrado ventas” durante 2012 y 2013. Sin embargo, entre agosto y diciembre de ese último año había registrado un aumento inusual en depósitos a plazo fijo por la suma de 52 millones de dólares. “No hemos podido obtener constancia real de la existencia de la mercadería descrita en las constancias aportadas –adquiridas de la firma Chai Wang Digital Limited de Hong Kong–, de su real envío como así tampoco de su efectiva entrega en Venezuela a la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela –propiedad de PDVSA– como así tampoco de la causa o justificación de la triangulación operada”, indica el “reportante” de este grupo bancario a la fiscalía.
La sobrefacturación en la mercancía, los fletes y hasta los seguros fueron práctica común, de acuerdo a la investigación judical. “Las mercaderías exportadas por Laboratorios Esme a Suvinca habrían sido declaradas a un precio que superaría ampliamente el verdadero, es decir, se sobrevaluó el precio de los bienes enviados a Venezuela”. Comparado con los precios de exportación desde Argentina de compañías multinacionales como Johnson & Johnson o Kimberly Clark, los productos despachos por Levy al Gobierno venezolano reflejan un sobreprecio que osciló entre 145% y 339% en artículos como pañales y toallas sanitarias. Incluso, hay un diferencial de precios enorme entre lo que exportó Levy a países como Chile, Cuba o Uruguay, y lo que vendió a Venezuela. “A modo de ejemplo, para el producto Top Win Suavizante para ropa de 4 litros, en la factura 111 del 11/06/2012 a favor de Suvinca de Venezuela, se expresó un valor por unidad de US$ 6,700; mientras que en la factura 118 del 26/06/2012 el mismo producto fue venido a Chile a un precio unitario de US$ 2,640. Es decir, la diferencia de precio ronda el orden del 154%”.
Esa práctica de abultar las facturas no se redujo a los productos. Se repitió a la hora de tasar el costo de los fletes y seguros. “Se observa que los valores de flete cobrados por Laboratorios Esme a Suvinca son desproporcionados con relación al costo que Esme pagó por tales conceptos a Juwald”, expone la fiscal argentina tras comparar facturas de varios embarques.
“Ello conlleva a advertir que además de un contrato millonario interrumpido, buena parte del dinero adelantado y/o girado por Suvinca a Laboratorios ESME no fue destinado a pagar mercaderías, sino que habría sido imputado a solventar gastos de logística aumentados de manera escandalosa por ESME”, añade el expediente.
Con la estatal Cantv esa maniobra de sobreprecio en el valor de los envíos resulta más escandalosa. Para la fiscalía argentina resulta “inexplicable e irrazonable” desde una mirada comercial que el costo del flete en los traslados aéreos fuera igual o superior al precio de la mercadería. Las facturas de venta de Bleu Tel muestran que las antenas tenían un costo de 38 dólares por unidad, mientras que el costo del flete aéreo osciló entre 38 y 48 dólares por pieza. “En cuanto al flete marítimo, tuvo un costo de US$ 13,12 por unidad. No cabe perder de vista que no se trata de productos de primera necesidad ni perecederos que requieran arribar a destino de manera urgente”, sentencia el expediente.
Catalogo Laboratorios Esme 2010-2011 by ArmandoInfo on Scribd
Los documentos recabados por las autoridades judiciales de Argentina revelan, además, que esa maniobra de abultar el precio de los fletes contó con la connivencia de la telefónica venezolana. En un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de CANTV con los hermanos y socios Levy se detalla el consentimiento. “Te escribo para solicitarte que por favor me envíes una cotización formal por el flete y seguro de los decodificadores y las antenas que faltan por llegar. Te pido que presentes dos cotizaciones, una aérea y una marítima, esto con el fin de ajustar el costo del flete a lo presupuestado en el contrato. Puede ser una solución mixta, es decir, enviar, por ejemplo, 75.000 STB por avión y 75.000 por barco. Y todas las antenas por barco, que es lo que cuesta más y disparó los precios. Debo presentar esa cotización al Ingeniero (Manuel) Fernández por el aumento lo ante posible” escribió un empleado, Rafael Belisario, a Alejandro Levy, el 4 de diciembre de 2012.
Para las autoridades argentinas los manejos sospechosos de Levy no se limitaron a esos incumplimientos o recargas injustificadas en los precios de venta a las estatales venezolanas. Las fugas de dinero se produjeron por varios flancos. Cuando se hicieron estas negociaciones había un estricto control cambiario de divisas en Argentina y Venezuela. De ahí que Corporación Gulfos y Bleu Tel recibieron entonces dólares a precios preferenciales para pagar mercancía a las empresas Sichuan en China y Chai Wan Digital Limited en Hong Kong, y luego revenderla a Cantv.
Obedece a una estrategia bien fraguada, de acuerdo a los informes judiciales. De este modo el dinero no entraba a Argentina, sino a cuentas bancarias controladas o con la cooperación de empresas internacionales: Chai Wan Digital LTD y Sichuan Changhong. Por las relaciones de Levy con otros empresarios vinculados a estas compañías se sospecha además que estos dólares hayan circulado o sido girados a las arcas de Frolem Corporation.
“Chai Wan Digital Limited se encuentra registrada bajo el número 1909266, en fecha 20 de mayo del año 2013 como una Private Company Limited By Shares. Es decir, que esta sociedad fue registrada 25 días después de la firma del contrato entre Corporación Gulfos y Cantv de Venezuela, hecho que ocurrió el 25 de abril de 2013. Sin embargo, los precios del contrato entre Cantv y Corporación Gulfos se fijaron cuando el proveedor elegido por esta última ni siquiera existía”, observa la fiscal de la causa contra Levy.
Junto a las operaciones vía Hong Kong, considerado uno de los lugares de “mayor secreto bancario y financiero del mundo”, la fiscal también detectó extraños desvíos de dinero en el contrato de Levy con Suvinca que también conducen a paraísos fiscales. La Fiscalía comprobó que Laboratorios Esme realizó pagos en dólares a Importadora Asiria, una empresa venezolana dedicada a la comercialización de bienes, con una oficina en el centro de Caracas y de apenas dos trabajadores, según el Registro Nacional de Contratistas.
Se trató de tres transferencias realizadas entre el 14 de diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012 por un total de 224.371 dólares a una cuenta en el Venecredit Bank & Trust de las Islas Caimán. “Todos estos aspectos llevan a sospechar que se trató de una operatoria armada con el fin de girar divisas al exterior aduciendo para justificarlos, supuestos servicios de traslado de contenedores”, concluye la fiscal.
“No sé de qué me estás hablando, ninguna de las dos compañías las conozco”
En los papeles de constitución de la empresa en Caracas tampoco hay constancia de que el “objeto” de la compañía sea el de prestar servicios portuarios o logísticos. Uno de sus accionistas, Daniel Cabrices, respondió vía telefónica: “No sé de qué me estás hablando, ninguna de las dos compañías las conozco”, al ser consultado sobre los pagos en dólares que la empresa de Levy le giró a su favor. Cabrices se comprometió a verificar la información y contestar nuevamente, pero eso nunca ocurrió.
En el escrito de unas 120 páginas elaborado por la fiscalía argentina no hay constancia de que ninguna autoridad venezolana haya reparado en lo ruinoso de los negocios con Levy. Al contrario, hay documentos con decisiones incomprensibles para la fiscal, como la carta que el 7 de marzo de 2014 envió a Levy el entonces presidente encargado de Suvinca, el General de División, Vinicio Eusebio Micotti Lanz. En esa misiva el funcionario venezolano planteó la necesidad de “modificar el cronograma de despacho de la mercancía”, “establecer una mesa de trabajo” para verificar los “pedidos y despachos acordados por las partes” y hasta una “suspensión temporal” de los envíos “hasta el mes de junio aproximadamente”.
Esos argumentos llevan a la fiscal a sentenciar que “bajo el ropaje comercial de un contrato de suministro se habría girado millonarias sumas en dólares que en gran medida no serían destinadas al cumplimiento de ese contrato”. Para el momento de la carta otros dos ministros habían pasado a dirigir la cartera de Comercio: Alejandro Fleming y Dante Rivas. Nadie detuvo la sangría. Al contrario, a Levy las autoridades venezolanas lo incluyeron en nuevos negocios, hasta el punto de designarlo como proveedor de medicamentos en otro convenio millonario.
A finales de 2014 la entonces Ministra de Salud, Nancy Pérez, firmó un acuerdo por 495 millones de dólares para el suministro de 200 millones de unidades de medicamentos desde Argentina y Uruguay. Entre las empresas que entraron en el negocio reaparece Laboratorios Esme junto a Farmamed, Urufarma y Microsules. Se desconoce cuánto de esa torta de casi 500 millones de dólares correspondió a Levy.Los medicamentos debieron llegar al mercado venezolano en 2015, pero ni los anaqueles de las farmacias –desde hace meses Venezuela padece un desabastecimiento generalizado de medicinas-, ni los empresarios ligados al sector farmacéutico venezolano tienen constancia de los resultados de ese convenio. “A esa empresa (Laboratorios Esme) la metieron en el sector de la mano de Cheppi (el ex embajador argentino en Caracas)”, sostiene un empresario venezolano que prefirió el anonimato y que no descarta que la inclusión de Laboratorios Esme como proveedor de medicamentos sea a través de una “triangulación” desde Cuba.
En Argentina señalan que ni Laboratorios Esme, ni Farmamed forman parte de la industria farmacéutica del país sureño. “Ninguna de esas empresas actúan en el ámbito de la producción de medicamentos y en todo caso se trata de Pymes, es decir, de tamaño y escala reducida”, apuntó un empresario sureño.
De la bonanza petrolera de los tiempos de Chávez y los sueños de una gran unión suramericana con aliados ideológicos poco queda. En ese tránsito se fueron unos millones de dólares a las cuentas bancarias de empresarios argentinos como Levy y que hoy son anhelados en la época de “vacas flacas” y escasez del heredero de Chávez. En febrero de 2013 Levy llegó a declarar, incluso, a Telam, la agencia de noticias argentina, que su empresa Laboratorios Esme se “encuentra en el tramo final” de un acuerdo para la “instalación de una planta en Venezuela para la producción de champú, cremas, detergentes y otras manufacturas de higiene y aseo que serán comercializadas en el país y en otras naciones que componen el acuerdo del ALBA” como Cuba y Bolivia. Nada de eso se materializó. En el mismo origen de los acuerdos de cooperación sellados entre los fallecidos Chávez y Néstor Kirchner se alertaron irregularidades, como las que formuló el exembajador argentino en Caracas Eduardo Sadous y que le costaron el cargo. Fue una alianza que nació condenada a los escándalos de corrupción-
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
