Tyrone Serrao monopolizó por casi una década las ventas del hierro venezolano de Ferrominera Orinoco en mercados internacionales. Su fortuna creciente le permitió al intermediario trocar bienes y servicios por despachos cada vez mayores de mineral. Tras un escándalo en 2013 perdió el favor de la empresa estatal minera. La ruptura fue el punto de inflexión para que el también cantante, filántropo y hombre de fe, se convirtiera en un implacable litigante en tribunales locales y del exterior, donde ahora pide que confisquen millones de dólares al Estado venezolano.
Entre 2005 y 2013 fue el gran operador detrás de Ferrominera Orinoco, la empresa estatal venezolana de producción de mineral de hierro. Sin embargo, a Tyrone Serrao se le conoce en público más por sus fugaces apariciones en la farándula -por ejemplo, un videoclip producido en 2009 para su hija Gretchen-, que por sus andanzas como comercializador casi exclusivo del hierro producido al sur del río Orinoco en mercados internacionales.
Ese bajo perfil tendría su fin. Su nombre salió a relucir en los expedientes del escándalo de corrupción en Ferrominera que en 2013 llevó a la cárcel al expresidente de la empresa, Radwan Sabbagh, y a otros personeros. Tras la defenestración de la directiva civil de Ferrominera, por ese escándalo, y su sustitución actual por un tren de altos oficiales militares, Tyrone Serrao perdió el rol de intermediario privilegiado que había conquistado para sí con la compañía estatal. Así que entonces, en un raro giro del destino, pasó a demandar al Estado venezolano en una causa que se dirime en tribunales nacionales e internacionales y en las que, hasta ahora, Venezuela lleva todas las de perder.
La metamorfosis de Serrao, de socio a contendor de la empresa estatal, se inicia en 2005. Aunque para entonces ya tenía una considerable experiencia como trader de materias primas y de insumos para la industria pesada de Guayana, fue con la administración en Ferrominera de César Augusto Bertani Fratini -que transcurrió de noviembre de 2001 a marzo de 2007- que comenzó su edad dorada.
Bertani, un ingeniero salido del seno de la industria con 25 años de experiencia, es contemporáneo de Serrao. Aquel le dio a este una entrada sin cortapisas al catálogo de productos de Ferrominera. Serrao aprovechó la oportunidad, en especial, a través de una empresa que incorporó en junio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal, bajo el nombre de Commodities and Mineral Enterprise Ltd (CME).
Ya en el año 2000 Serrao había hecho su primera visita a China y obtenido allí, según cuenta en su biografía (disponible en serraofamily.com), su primer cliente: Taiyuan Iron & Steel (TISCO), lo que le permitió abrir el mercado asiático a Venezuela, principalmente para la venta de mineral de hierro.
Esa proeza, y su posterior conexión con Ferrominera, coincidieron con dos tendencias que resultaron de manera casi instantánea favorables para sus planes de negocio: una, la creciente aproximación del comandante Hugo Chávez a China, que desembocaría en una relación estratégica de socios entre Caracas y Beijing; y la segunda, el auge de los precios del hierro, impulsado por la voracidad de la misma China, que escalaron desde 16 dólares por tonelada en 2000, a 125 dólares por tonelada en 2009.
Ya en 2008, CME era el mayor intermediario de ventas para Ferrominera. Todos los hados le sonreían a Tyrone Serrao.
“A medida que vendía el precio por debajo, mayores eran las comisiones”
Diversos testimonios prestados ante la Fiscalía Cuarta en Materia de Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales de la Circunscripción Judicial del estado de Bolívar (sureste de Venezuela) dan fe de la ascendencia que, para entonces, tenía Serrao en la comercialización del hierro.
Cuando una delegación de trabajadores viajó a China para completar una venta de mineral al gigante asiático, enseguida comprobó que había una condición: la transacción se haría pero “no directamente, sino a través de un intermediario de nombre Tyrone Serrao de la empresa CME”, según cita el expediente a un trabajador.
Con el cambio de gerentes[1] , de Jorge Cañas a Juan Aníbal Vásquez, se abren las puertas para la entrada de los intermediarios en condiciones nunca antes soñadas. “A medida que vendía el precio por debajo, mayores eran las comisiones”, dice otro testigo.
De acuerdo a una analista IV de Facturación y Cobranza de Ferrominera, entrevistada el 19 de agosto de 2013 por la Fiscalía, a partir de 2008 CME comenzó a suministrar vagones, apiladores, cargabarcos, entre otros productos, a cambio de mineral de hierro despachado a la empresa de Serrao y cotizado en divisas.
El trueque de bienes y servicios por hierro no se quedaría allí. La relación luego se extendería a las operaciones de transbordo de carga de buques a la estación de transferencia Boca Grande II; el atraque de buques graneleros, descarga, operación, reparación, mantenimiento y conservación, incluso hasta la estación de transferencia en el Mar Caribe, así como la contratación y gestión de los oficiales y tripulación de todos los buques en el Sistema de Transferencia. A final de cuentas, CME, la empresa de Serrao, tenía la parte del león en la relación. Ferrominera lucía minimizada, a pesar de que era quien producía el hierro.
“En 2009 o 2010, el presidente de la empresa (Ferrominera) comenzó a solicitarle a CME los pagos en bolívares, con la intención de que estos pagos fueran descontados de deudas en dólares. Nosotros como gerencia de finanzas nos enteramos de esta situación por medio de CME”, apunta la misma analista en declaraciones a la Fiscalía. “Esta situación quedó parada ya que finanzas no procedió a cancelar con CME de esta forma, (…) teníamos deudas con CME, pero no reconocimos esos pagos en bolívares”.
Para el momento del arreglo el precio del hierro en mercados internacionales estaba por encima de los 150 dólares por tonelada.
La solución, relata, se logró a mediados de 2010. Se hizo una extensión al contrato marco, donde se especificaba que el precio del mineral de hierro iba a ser dividido en dos porciones: una parte se facturaría en dólares y otra en bolívares, pero a la empresa Arivenca, filial – según la analista – de CME en Venezuela. Otra empresa de Serrao.
Para agosto de 2011 todas las cuentas estaban conciliadas. El saldo se oficializó mediante un acta firmada entre el exgerente Juan Aníbal Vásquez y el abogado Gustavo Blanco, representante de las empresas de Tyrone Serrao. Para el momento del arreglo el precio del hierro en mercados internacionales estaba en su mejor momento: por encima de los 150 dólares por tonelada, en promedio.
Es un arreglo que Serrao recuerda bien y que no duda en calificar de “oportunidad” en su autobiografía. Con la antesala de la caída de los precios, comenta, “era obvio que las empresas mineras con las que trabajábamos estaban sufriendo”.
“Un acuerdo de reestructuración financiera, impuesto por el gobierno, significaba que las empresas, desde nuestro punto de vista, estaban luchando por mantener sus equipos, lo que con el tiempo tendría un efecto adverso en nuestro negocio”, explica.
Para alcanzar una solución, Serrao examinó el escenario y aceptó suministrar equipos para auxiliar a Ferrominera y recibir mineral de hierro como reembolso. Una especie de acuerdo de trueque con esteroides, que en su biografía Serrao valora como positivo: “Out of crisis, comes opportunity”.
“Hemos suministrado una gama de equipos, así como (asumido) nuevos proyectos de ingeniería de varios millones de dólares, para los cuales la compañía ha recibido el pago en mineral”.
Un orgullo para Serrao es la administración de la terminal de transferencia marítima Boca Grande II, destinada a la exportación de mineral de hierro, surta en aguas profundas, cerca de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago. “No puedo evitar sonreír mientras veo cómo mi vida parece haber llegado a un círculo completo. Nacido en el campamento de la estación de trasbordo de Puerto de Hierro y tras recorrer varios caminos a lo largo de mi vida, me encuentro, más de 50 años después, de nuevo con la estación de transferencia”.
Cierto es que, para alcanzar este cénit de su carrera empresarial, Serrao había tenido que completar más de un círculo.
En la Guayana venezolana (conformada por los estados de Bolívar, Amazonas y Amacuro, la mitad del territorio nacional que se halla al sur del Orinoco) lo recuerdan por sus participaciones en el canal regional TV Guayana, donde era invitado de frecuencia por las canciones de raigambre regional que componía e interpretaba, como una pieza llamada Luces de Puerto Ordaz.
Como muchos guayaneses, nacidos en el sitio, Serrao tiene ascendencia extranjera. Su familia llegó a la región como parte de la riada de aventureros que en los años 60 y 70 acudieron a la llamada de la Conquista del Sur, que buscaba convertir a Guayana en una alternativa al ingreso petrolero sobre la base de la energía hidroeléctrica y la industria pesada de extracción y transformación de minerales.
Su padre, nacido en la Guyana Británica pero de ascendencia portuguesa, llegó a trabajar en la Orinoco Mining Company, la empresa estadounidense que obtuvo la concesión de explotación de mineral de hierro hasta la nacionalización de la industria en 1974.
Serrao fue el primero de ocho hermanos en nacer en Venezuela. Vino al mundo un 23 de enero de 1959, un año después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, y justo cuando Fidel Castro visitaba Caracas, por primera vez como jefe de Estado cubano.
Su adolescencia transcurrió en la Urbanización Orinoco, en el centro de Puerto Ordaz, una comunidad creada para los trabajadores de las empresas básicas. Luego, en la década de los 70, pasaría a formar parte del grupo de originarios de Puerto Ordaz que poblaron la zona de Los Olivos. Hoy, por cierto, puede verse un busto de Tyrone Serrao junto a la iglesia católica de ese sector.
Hoy, por cierto, puede verse un busto de Tyrone Serrao junto a la iglesia católica del sector Los Olivos en Puerto Ordaz.
Como muchos en la región, estudió en el colegio Fe y Alegría y terminó una carrera técnica en Fundación La Salle, en San Félix (la ciudad gemela y proletaria de Puerto Ordaz, sobre la ribera oriental del río Caroní).
Fue un niño scout, de padres divorciados, siempre dispuesto a la música, parte de la clase media de la ciudad y activo colaborador de actividades benéficas.
En 1978, recién casado, comenzó a trabajar para Ferrum C.A, una empresa que suministraba maquinaria y equipo para la industria pesada. Allí, dice, aprendió la ética empresarial, el mercado de los metales ferrosos y no ferrosos, así como de los insumos para las industrias básicas.
“Decidí que me gustaría tener mi propia compañía. Este fue un paso importante para mí”, comenta en su biografía.
Con HTR Representaciones SRL se estrenó en el mundo del empresariado, con el propósito de representar a otras compañías. El nombre de HTR era la combinación de Hilary, Tyrone y Renaldo, sus hermanos y padres, porque su intención inicial era la de atraerlos al emprendimiento.
Vendió a Sidor (la acerera estatal, Siderúrgica del Orinoco) chatarra importada desde Polonia. Tanto HTR como otra compañía del conglomerado familiar, ABB Trading, fueron suplidoras de insumos para la industria del aluminio.
Sus hermanos, en su mayoría, trabajaron en las empresas básicas del Estado, especialmente en la industria del aluminio.
Entre ellos estaba su hermano, Gerardo Serrao, quien más tarde trabajaría en Indorca -una metalmecánica que terminaría bajo control obrero- y en la polémica Alloys Metals (que luego cambió el nombre a Autana), empresa propiedad del argentino Óscar Giménez, vinculado a las empresas del aluminio y al representante de la trasnacional Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch.
Su ininterrumpido ascenso solo encontró un tropiezo en 1991. Ese año el Contralor Interno de Alcasa (la empresa estatal de producción de aluminio), Miguel Natera, solicitó a la Contraloría General de la República la suspensión de cualquier tipo de transacción, así como la suspensión de pagos a las empresas ABB Trading y HTR Representaciones, incluidos aquellos pagos a compañías en las cuales figurase como accionista o empleado el nombre de Tyrone Serrao, presidente de ambas empresas. Entonces el ente contralor sospechaba de un sobreprecio de 1,6 millones de dólares en una venta de 3.000 toneladas de criolita a la empresa.
Serrao capeó el temporal y regresó a un anonimato que apenas rompió en 2012, por propia voluntad. Compró páginas enteras de distintos diarios -entre ellos, El Nacional de Caracas- para publicitar el galardón Personalidad Iberoamericana de Año 2012, otorgado por la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) y que este 2016 compartió con Raúl Gorrín, el empresario de las finanzas y seguros que un año después se convertiría en el mayor accionista del canal de noticias Globovisión.
“Ellos tuvieron conocimiento de lo que hacemos hace varios años en Puerto Ordaz y es que una vez que nosotros contabilizamos nuestras ganancias, también distribuimos recursos en entidades como la Fundación Virgen de Coromoto y otra asociación civil para el deporte, Los Olivos Fútbol Club”, declaró emocionado en una rueda de prensa en la que, además, destacó su actividad benéfica en pro de la Orquesta Sinfónica de Miami (The Miami Symphony Orchestra, MISO), así como su respaldo a un club de fútbol en Kenia y a una iglesia en Mato Grosso, Brasil.
En 2007, cediendo a su vena artística, Serrao subió a YouTube un videoclip de la década de los 90 que protagoniza: Luces de Puerto Ordaz. En la trama, un hombre -el mismo Serrao- aparece en una calle, bajo la nieve, con traje de invierno, para dar paso a un tema de pop amelcochado que canta su nostalgia por la ciudad industrial del estado de Bolívar, su terruño. Tienes poco más de 21.000 vistas.
Dos años después, en lo que debió ser el apogeo de su carrera empresarial, hace un cameo en un videoclip de su hija y pupila Gretchen, con el título de La perra. Pasado el minuto tres de la pieza, la joven starlette aparece al pie de la escalerilla de un jet ejecutivo. Junto a ella, un hombre de porte señorial y lentes de sol al que apunta un insert: “That´s my dad”. Las visitas andan por las 15.000.
El escándalo de corrupción de Ferrominera en 2013, un caso resuelto a medias por la justicia venezolana, precipitó el cese de la relación para al menos de cuatro de las 10 empresas de Serrao con la estatal minera. (Se ignora la magnitud del grupo empresarial de Tyrone Serrao; en una reciente filtración, dos empresas de Serrao aparecen mencionadas en los registros de Bahamas: Guatapalo Holdings, S.A, incorporada el 29 de agosto de 2014; y The Reef XVIII Ltd, incorporada en enero de 2009).
En junio de ese año, el flamante presidente Nicolás Maduro -ungido apenas dos meses antes- anunció, en medio de lo que resultaría una muy breve campaña anticorrupción, la detención del entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh. Con él, también cayeron en prisión cinco gerentes de la usina y un empresario, Yamal Mustafá, de amplios vínculos con el gobernador Francisco Rangel Gómez del estado de Bolívar.
Un expediente con las entrevistas hechas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIM), filtrado al entonces diputado de La Causa Radical y ex gobernador de Bolívar, Andrés Velásquez, dejó ver parte del entramado de sobornos y corrupción tejido alrededor de la procesadora de mineral de hierro.
El Ministerio Público abrió por el caso dos expedientes: uno por extorsión, cuya causa pesa sobre el coronel de la DIM, Juan Carlos Álvarez Dionisi, conocido como El Tiburón, encargado inicialmente de investigar la corrupción en la plantilla empresarial; y otro por el desvío de una partida presupuestaria, por la que a Sabbagh se le imputaron delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.
En un interrogatorio, Sabbagh dice que fue Gustavo Blanco -abogado y socio de Tyrone Serrao- quien lo puso por primera vez en contacto con alias El Tiburón.
Álvarez, El Tiburón, había ganado fama tras haber armado un expediente contra el exgerente de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, El Rey de la Cabilla, en cuya defensa participó Blanco. De acuerdo a los cargos por los que se le imputaron, en determinado momento empezó a chantajear a los sujetos de su investigación para que le pagaran.
Según la declaración de Sabbagh registrada en el expediente, días después, el abogado Blanco se presentó en su casa con un organigrama que dibujaba una presunta “mafia del hierro” y en cuyo vértice figuraba el expresidente de Ferrominera, César Bertani, el mismo que había abierto en 2005 las puertas del negocio a Tyrone Serrao.
“Yo le pregunté a él (Gustavo Blanco) de dónde conocía a ese coronel y él me respondió que él, es decir Gustavo Blanco, junto con Yamal Mustafá, eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas en Sidor (…) Días después me dijo el abogado Gustavo Blanco que el coronel Álvarez Dionisi solamente se reuniría conmigo en la casa del abogado Yamal Mustafá”, dijo.
“Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina"
La reunión se habría concretado a finales del mes de noviembre de 2011, siempre según la versión del expresidente Sabbagh, que también sostiene que Juan Aníbal Vásquez, exgerente de comercialización de Ferrominera, contactó a Tyron Serrao por la empresa CME y a Julio Silva -representante de Duferco, otro de los clientes de Ferrominera- para que lo ayudaran a concretar el pago a El Tiburón. Según Sabbagh, Serrao, aunque contrariado, aceptó pagar diez millones de dólares para evitar que CME apareciera en la investigación del agente secreto militar.
La aseveración de Sabbagh contrasta con la declaración de Blanco, quien en entrevista con la DIM contó que su relación con Álvarez se limitó a explicar la legalidad de los contratos de Ferrominera con CME. Asegura que Serrao nunca sostuvo reunión con el coronel ni pagó soborno alguno.
“Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina, de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por esos desaguaderos”, arguyó frente a sus entrevistadores.
Serrao no figuró entre los imputados de ninguno de los dos casos, haya estado de por medio un pago o no. Casi un milagro por el que tuvo que pagar un precio: perder sus lazos con Ferrominera. Los contratos con CME fueron interrumpidos después del escándalo y las empresas intermediarias sacadas de la cartera de clientes. Al menos cuatro de diez empresas de Serrao resultaron perjudicadas en la purga.
No del todo ileso, aunque libre, Serrao contratacó. En agosto de 2013 presentó una demanda contra Ferrominera ante el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de Caracas. El apoderado de la empresa CME en el proceso fue Herman Escarrá, el constitucionalista oficial del chavismo. Escarrá atribuyó entonces la ruptura de Ferrominera con Serrao a “una brutal campaña de descrédito por parte de un político de oposición en decadencia (Andrés Velásquez), señalamientos que por supuesto son completamente falsos, absurdos o en el mejor de los casos parten de una interpretación tergiversada o sesgada de la realidad, de los contratos y de la normas jurídicas”.
Aún si, tal como fue el caso, Serrao ganaba la acción en tribunales, el cese de los contratos tuvo el efecto inmediato de poner a CME en aprietos. No solo no estaba despechando hierro, sino que la falta de carga aumentaba los tiempos de mora de los buques que, a su vez, eran contratados para el transporte de mineral.
Mientras Ferrominera asfixiaba a CME incumpliendo los contratos, la directiva de Serrao intentó poner freno al cobro millonario que empresas navieras como Kyma Ship Management intentaban ejercer.
De modo que CME primero demandó a las navieras Oldendorff Carriers y a Gretchen Shipping, esta última filial de Kyma Ship Management, acusándoles de haber sobornado a sus abogados para que litigaran a su favor en la contratación del buque de acarreo General Manuel Carlos Piar (fabricado en 1982 y utilizado como buque de transporte hacia la estación de transferencia), lo que a la postre le habría ocasionado daños por 14,6 millones de dólares al haber excluido del contrato cláusulas de fuerza mayor para momentos de contingencia como los que vivían.
En paralelo, CME intentaba que un tribunal en Venezuela declarase “que todos los contratos que fueron celebrados cumplieron con la normativa legal” y se determinara que el pago en compensación de los aportes efectuado por CME “están dentro del supuesto de excepción previsto en el artículo 18 del Convenio Cambiario Nº 01”.
La demanda fue declarada con lugar por parte del tribunal que conoció de la causa, aceptando la legalidad de los contratos en agosto de 2015.
La iniciativa de CME, hacía caso omiso al Contrato de Alianza Comercial de litigar en los tribunales venezolanos, y renunciar al arbitraje internacional
En paralelo, CME inició demandas por distintas jurisdicciones del mundo (Londrés, Alemania, Nueva York, Miami) sobre la base de las cláusulas de arbitraje, que permiten resolver litigios en tribunales privados, una práctica usual en este tipo de contratos.
La iniciativa de CME, según dejó saber Ferrominera en un recurso interpuesto en junio pasado, hacía “caso omiso al Contrato de Alianza Comercial de litigar en los tribunales venezolanos, así como a las renuncias expresas e implícitas al arbitraje, todo ello con el objeto de embargar los activos de Ferrominera en los Estados Unidos de Norteamérica”. Alega la estatal ferrera que, toda vez que se había activado un mecanismo de conciliación en Venezuela (a través de la Procuradoría General de la República, oficina de abogacía del Estado), ello equivalía a una renuncia al arbitraje internacional.
Dos años antes, de acuerdo al Expediente administrativo Nº 005-2013, el departamento de Auditoría Interna de Ferrominera había recomendado a la Presidencia de la estatal denunciar las irregularidades en los contratos ante la Contraloría y Fiscalía General de la República.
El objetivo era “acumular” pruebas en el proceso que se le seguía al expresidente Sabbagh, pero esta vez con una causa por los contratos de alianza comercial suscritos con CME y valorados en 139.9 millones de dólares y 76,4 millones de dólares, por concepto de compensación, y un daño patrimonial calculado en 182,9 millones de dólares.
A la par de estas recomendaciones, Auditoría Interna recomendó remitir copia a la Contraloría General de la República a los fines de iniciar una averiguación más amplia, y solicitarle a la Fiscalía General de la República una acusación “de manera directa a los representantes y accionistas de Commodities and Mineral Enterprise LTD, CME, previo a la solicitud de medida de enajenar y gravar de todos los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de la referida empresa y todos sus accionistas”, se lee en expediente.
Tyrone Serrao otra vez picó adelante
Una orden expresa era que CVG registrara y cuantificara las deudas a favor de Commodities and Mineral Enterprise “a fin de retenerle el pago como garantía de los daños y perjuicio ocasionados a la república”, recomendaciones parcialmente acogidas.
Pero Tyrone Vicente Babtista Serrao otra vez picó adelante. Acaba de introducir ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York un pedido para que embargue 6,5 millones de dólares que mantiene Ferrominera en una cuenta bancaria de Estados Unidos. Esta solicitud de resarcimiento es parte de unas cuatro demandas que impulsa en distintos tribunales para cobrar daños que calcula en 413 millones de dólares.
Extraviado en la espesa niebla de El Ávila, el teleférico hacia La Guaira, en el litoral venezolano del Mar Caribe, es un fantasma que se balancea entre el abandono, la corrupción y las promesas. Sin estudio ambiental o de riesgo, entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se fraguó un proyecto de recuperación de ese tramo que involucra a las empresas Dopplemayr, Alfamaq y la estatal Venezolana de Teleféricos, señaladas por actos de corrupción e irregularidades por la Contraloría General de la República. Hasta la fecha y sobre informes fraudulentos de las autoridades ambientales se ha pagado más de la mitad del proyecto -que pasó de un trazado de ocho a 39 torres- pero las máquinas ni siquiera han llegado a Venezuela
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
De un día para otro, el exgobernador chavista del estado Bolívar entre 2004 y 2017, saltó del desmesurado exhibicionismo mediático al bajo perfil. Su partida a México completó el círculo del plan de retiro que se había venido preparando durante su gestión pública: ahora se alojaba en el mismo país donde florecían las empresas del esposo de su hija, a las que tanto había favorecido desde sus cargos en Guayana. Con sanciones financieras impuestas a su persona por Canadá y Estados Unidos, hoy Francisco José Rangel Gómez prefiere pasar agachado.
Sobrefacturación, de hasta tres veces el valor original, en mercancía, fletes y seguros; exportaciones incompletas; pagos iniciales desproporcionados; empresas creadas ad hoc días antes de recibir contratos; desvío de fondos a cuentas de paraísos fiscales: de todo aparece en el menú de tretas usadas por el empresario Juan José Levy para quedarse con la parte del león en los contratos que suscribió para suministrar desde Argentina antenas de TV, productos de higiene y medicinas al Estado venezolano. Un vistazo al dictamen de investigación judicial argentina revela tal diversidad de irregularidades que cuesta entender por qué las empresas oficiales Suvinca u Cantv lo escogieron como proveedor, O quizás no.
Dos graves brechas en los anillos de seguridad -en Margarita y San Félix- han puesto recientemente en cuestión la eficacia de la guardia personal del presidente venezolano. Una revisión al alto mando de la Casa Militar revela que lo integra un póker de oficiales cuyos méritos para esos cargos tienen que ver con la confianza personal de la pareja que manda en el Palacio de Miraflores y la lealtad política. A cambio, los militares detentan poderes para estar en varios cargos al mismo tiempo, cierta invisibilidad y hasta para contratar con el Estado sin recibir sanción. Este reportaje sigue la pista al crecimiento de la Guardia de Honor Presidencial y a la trayectoria de sus caras visibles
El iceberg empieza a emerger. Odebrecht admite ante las autoridades estadounidenses que repartió sobornos en doce mercados internacionales, incluyendo Venezuela, donde más pagó: 98 millones de dólares en coimas y mordidas. Entre tanto dinero, al menos 35 millones fueron aportados por la empresa de ingeniería civil a la última campaña electoral de Hugo Chávez. En declaraciones judiciales, un delator habla de pagos bajo la mesa de al menos 600.000 dólares a nombre de otra empresa, Andrade Gutierrez. Las revelaciones apenas comienzan.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
