A nueve meses de que se publicara la filtración de los documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, conocida mundialmente como los ‘Panama Papers’, sólo una persona se mantiene detenida en Venezuela. La abogada Jeannette Almeida Quevedo es acusada de captación indebida, sufre una enfermedad crónica y sus allegados se preguntan cuál es la verdadera razón por la que aún sigue en prisión.
“Hoy fui a la dulcería Momi y compré un pastel para celebrar los 6 meses del hackeo a mi firma sin ni un caso en el mundo en contra nuestra”, tuiteó sarcásticamente el 4 de octubre de 2016 el dueño de la firma Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora. Él se encuentra en libertad. También su socio Jürgen Mossack. Sin embargo, la representante del bufete en Venezuela, Jeannette Almeida Quevedo, no tiene nada que celebrar.
Almeida es la segunda persona en ser arrestada tras la publicación de las actividades de Mossack Fonseca en Venezuela, difundida como parte de los llamados Panama Papers. Hoy es la única que sigue en prisión.
En abril de 2016 fue detenido Josmel Velásquez, hermano de Adrián Velásquez Figueroa, conocido como Guarapiche, ex escolta del presidente Hugo Chávez, a quienes se le detectaron, gracias a la filtración, empresas en el paraíso fiscal de Seychelles, en el Océano Índico. La fiscalía les acusó de supuestos delitos de lavado de dinero y asociación para delinquir. Sin embargo, en agosto de 2016, el juez 14 de Control de Caracas, Jorge Timaury, ordenó a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) liberar a Josmel Velásquez en estatus condicional. Desde entonces Velásquez se convirtió en prófugo de la justicia. ¿Por qué en un caso sí hay libertad provisional y en el otro no?
“Ella ha sido utilizada por el Gobierno para querer demostrar que ellos están combatiendo la corrupción. Ella está involucrada injustamente en este caso”, dice la directora de la organización Justicia Venezolana, Lilia Camejo, quien ha asumido parte de la defensa, y agrega que “detuvieron a la persona que menos tiene que ver con las operaciones ilícitas que se pudieran hacer con esas empresas. Ella sólo hizo el registro mientras los verdaderos culpables están en libertad”.
El delito por el que se le acusa es el de captación indebida, previsto y sancionado en el artículo 114 de la Ley de Instituciones Financieras del Sector Bancario.
La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de La Patria, del también director del portal web Primicias24.com, Carlos Herrera, ha acusado a Almeida en los medios de fingir enfermedad para fugarse. Además afirma que la abogada creó “una red casi indescifrable de corporaciones, empresas y fundaciones donde legitimó y bancarizó dinero, principalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos, sus testaferros y comisionistas.”
El 20 de mayo de 2016, a las 7:30 de la mañana, diez agentes policiales, junto con representantes del Ministerio Público, se dirigieron a la residencia familiar de Jeannette Almeida, ubicada en la urbanización Macaracuay del este de Caracas, en jurisdicción del estado de Miranda, para realizar un allanamiento. En la casa sólo se encontraban la madre de Almeida y una sobrina de cinco años. Luego de unas horas, aparecería una de sus hermanas, a quien los funcionarios amenazaron con llevarla detenida si no aparece la abogada mercantil.
Cuando finalmente Almeida se presentó al lugar en compañía de sus abogados, aceptó ir a declarar a la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Allí, tras nueve horas de interrogatorio, quedó detenida. Hace seis meses debió ser trasladada a la enfermería del cuerpo de inteligencia, donde todavía se le mantiene recluida. Según sus familiares, padece de artritis reumatoidea, una enfermedad crónica que se caracteriza por la inflamación de las articulaciones y otros tejidos.
En noviembre pasado, el Ministerio Público (MP) informó en un comunicado que la acusación y las pruebas presentadas por los fiscales contra Almeida habían sido admitidas en el tribunal, con lo que se daba inicio a su enjuiciamiento.
A mediados de diciembre de 2016, la defensa comunicó en rueda de prensa que a Almeida le fue negado el amparo solicitado por medida humanitaria. La organización que la representa, Justicia Venezolana, solicitó también medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC.
Su abogada, Neyda Pérez, explica que se está frente a un caso definitivamente político y que a Almeida se le están violando todos sus derechos. “Manejan el caso de Panamá Papers como un delito bancario, con pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, desfasadas y descabelladas. Está privada de libertad sencillamente porque le encontraron una tarjeta de presentación del bufete involucrado en el caso”, relata.
Si se pone en el buscador el nombre “Jeanette Almeida”, aparecen 6.958 resultados en la base de datos en la que se organizó la filtración de Mossack Fonseca, de más de 11 millones de documentos, recibida originalmente de un tal John Doe por dos reporteros del diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania. Nueve de cada diez de esas menciones corresponden a documentos, correos electrónicos en su mayoría, en los que la abogada se identificaba como parte de Mossack Fonseca Venezuela C.A.
La relación de Almeida con el bufete panameño data del año 2004. En el portafolio hecho público por la filtración de Mossack Fonseca, la abogada aparece como accionista de al menos ocho empresas. En Panamá registró Dewita International en 2010, Global Profit International Inc en 2011, Orcalson Finance Inc también en 2011, Sungrange Industries Corp. y Queve Team Corp. en 2013. En British Anguilla abrió MF Consulting LTD y Edumet Corp en 2009. En 2014 repitió el proceso con MF Consulting LTD en las islas Seychelles. No hace falta subrayar la correspondencia de las siglas MF con las iniciales de la controvertida corporación panameña.
“Ella es una profesional muy buena, profesora del IESA... No tiene nada que ver con Mossack Fonseca”
A Almeida se le conocía por ser una abogada exitosa, profesora universitaria, sostén de familia y como una de las propietarias de la franquicia de ventas de galletas Chip-A-Cookie. Pero pocos sabían de su relación con Mossack Fonseca. “Ella es una profesional muy buena, profesora del IESA, se dedicó al tema de las franquicias en el país y tenía el negocio de las galletas. No tiene nada que ver con Mossack Fonseca”, explica una amiga de la detenida.
Sara Montenegro, directora de asuntos legales de Mossack Fonseca, declaró al diario La Prensa de Panamá, en julio de 2016, que la detención de Almeida no involucra directamente a la firma en ninguna actividad ilícita. “Almeida representaba a una franquicia de nuestro grupo que trabajaba de forma independiente, en negocios diversos”, informó Montenegro.
La directora de asuntos legales agregó que “hasta donde tenemos conocimiento, las sociedades involucradas fueron revendidas por ella a clientes profesionales dentro de los cuales figuran bancos y abogados. Dichas sociedades no fueron incorporadas por nuestro grupo en su totalidad, sino por otras firmas panameñas”.
Además de que el nombre de la detenida aparece con frecuencia en la base de datos filtrada, existe registro de empresas a su nombre, y algunos testimoniantes afirman recordarla hablando en nombre de Mossack Fonseca desde su oficina en Chuao, una urbanización de clase media en el sureste de Caracas. La estrategia de la defensa es sostener que ella no tenía nada que ver con el bufete y que era sólo una abogada mercantil internacional que constituyó unas empresas ejerciendo su derecho al trabajo.
La defensa también niega que Almeida trabajara desde una oficina “clandestina”, como informaron las autoridades venezolanas. “Almeida ni ha firmado nada ni ha constituido nada ilícitamente fuera ni dentro de este país”, dice una nota de prensa difundida por los abogados defensores en diciembre de 2016.
En septiembre pasado, la autora de este reportaje visitó una de las oficinas de Almeida en la Torre Mariana en la urbanización El Rosal, hasta hace poco considerado el distrito financiero de la capital venezolana. Los vigilantes informaron que, en efecto, funcionarios de la policía habían hecho una inspección en mayo y se llevaron varias cajas llenas de papeles. “Ay, esa abogada nos metió en un rollo. Por aquí vinieron a llevarse los documentos de la oficina”, confesó el encargado del edificio. De su oficina en Chuao no se encontró rastro. Sólo se supo que, después de la filtración de los Panama Papers se hiciera pública, dejó de asistir con la misma regularidad.
Los abogados y allegados de Almeida insisten en que su detención es un asunto político. “¿Por qué tienen a Jeannette allí? ¿Es un premio de la Fiscalía? ¿Una estadística más?”, pregunta su representante legal, visiblemente alterada.
Mientras tanto, sus amigos comentan que varias veces se han preguntado si Almeida tenía un enemigo o información que alguien no quiere que salga a la luz pública. “La última vez que la visité le pregunté si había alguien. Pero ella está perdida, me dice que no sabe nada”, cuenta una amiga cercana.
El ex gobernador del estado Aragua y autor del libro Estado Delincuente, Carlos Tablante, cuestionó la poca información proporcionada por el Ministerio Público al momento de la detención de Almeida: “¿Qué encontraron en allanamiento de la oficina Mossack Fonseca en Caracas el Ministerio Público y la Policía? ¿Por qué el silencio?”, escribió.
Para este reportaje y a través de sus abogados, Almeida hizo llegar desde prisión un manuscrito de dos páginas. En el texto, que remite de manera equívoca a un “señor Armando” residente en el extranjero -una confusión que se puede atribuir a la cabecera de este website, Armando.info-, la abogada agradece la solidaridad de sus familiares y amigos cuyas actuaciones “me recuerdan que hay mucho por hacer, que mañana será mejor que hoy, que hay que seguir adelante con esperanza, gratitud y fe”. A pesar del tono de ilusión con que escribe, incluye en la carta una cita que atribuye a Elie Wiesel y que alude al trato diferencial que, en su perjuicio, ha recibido de la justicia venezolana: “La neutralidad solo sirve para el opresor, el silencio nunca ayuda a las víctimas”.
El Consorcio de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, la organización que habilitó la base de datos y coordinó desde Washington DC la publicación de los Panama Papers a escala mundial, ha aclarado que aparecer en la filtración no significa necesariamente que se ha cometido un crimen. “Nosotros creemos que el periodismo de investigación puede exponer actos que son claramente ilegales o sistemas que supuestamente son legales pero que son increíblemente inmorales, injustos y que han creado una enorme inequidad en la sociedad”, explicó Marina Walker, subdirectora del ICIJ, en una entrevista a Vice en septiembre de 2016.
Después de que el caso de Almeida se mantuviera de bajo perfil durante meses, hoy su hermana pide clemencia a las autoridades con lágrimas en los ojos. Ante los medios de comunicación enarbola la foto de la abogada, donde esta aparece usando un collarín y cabestrillos que sostienen sus brazos inmovilizados. “A mi hermana se le están violando todos sus derechos. Su salud es crítica y está deteriorándose progresivamente”.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
En 2015 cuando la crisis venezolana y la escasez de todo comenzaba, la empresa brasilera JBS no sólo ganaba contratos a granel, sino que sorteaba cómodamente la rutilante morosidad del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. Durante algunos años casi toda la carne que entró a Venezuela a través de Puerto Cabello fue de esa empresa, que además dejó a su paso varias sucursales de maletín oficinas de dudoso domicilio
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
