En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
La mayor potencia petrolera del hemisferio se desentiende de sus seropositivos y los deja morir. Desde 2012 escasean los medicamentos y la pandemia se propaga sin freno en Venezuela. Así que ahora se cuentan por decenas los pacientes que, para salvar sus vidas, emprendieron una epopeya de 4.000 kilómetros por carretera para alcanzar la tierra prometida donde encontrarían tanto empleo como salud.
El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.
De ser reconocido en la isla de Margarita como heredero de los pintorescos Ranchos de Chana, ha pasado a cultivar otra fama fuera de Venezuela. En Miami, Florida, terruño del exilio cubano y más recientemente del venezolano, Pedro José Castillo Uzcátegui se presenta como un visionario hombre de negocios, pero en la práctica ha consolidado una serie de fraudes que lo han circunscrito a la lista de los buscados por Interpol.
Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.
Así se desprende de documentación de la investigación y de la declaración de un testigo delator; fue para destrabar el acceso de la constructora a una obra gasífera, según revela el diario La Nación de Argentina
El principal ejecutivo de la empresa dijo a la justicia brasileña que hubo pagos millonarios para acceder al proyecto en la Argentina; habrían abonado US$ 20 millones, como revela el diario La Nación de Argentina
El ‘comandante eterno’ de la Revolución Bolivariana quiso tener su cadena de supermercados socialistas y para eso mandó a expropiar en 2010 las tiendas Éxito, que creía colombianas. Para cuando se enteró de que pertenecían al francés Grupo Casino, ya era tarde: el Gobierno de París había intervenido y consiguió no solo un pago jugoso por el negocio, sino que ayudó a conservar una participación francesa en lo que pasó a ser Abastos Bicentenario. Siete años más tarde, cuando la red de abastos languidece, los franceses siguen vendiéndole hasta 3.000 toneladas al año de productos no alimenticios a través de una empresa en Panamá.
Una mole de concreto, solitaria y apenas protegida de la inundación por bombas de achique, yace en las aguas del bajo río Caroní. Es lo que hay de la proyectada central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, al sur de Venezuela, después de pagar 10.000 millones de dólares, el triple de lo presupuestado y en parte con fondos de organismos multilaterales, a varios contratistas, entre ellos la controvertida constructora brasileña. De esa cantidad, al menos 1.000 millones correspondieron a lo pagado en divisas de manera irregular a través de un ardid administrativo (80-20, lo llamaron) que una auditoría interna detectó, y que se usó para financiar comisiones a la gerencia del proyecto.
Las delaciones del caso ‘Lava Jato’ en Brasil han producido un desborde de testimonios sobre pagos irregulares que inundan y salpican a círculos de poder en Venezuela. Pero no todo ocurre entre jerarcas de la política. Las contratistas, con Odebrecht a la cabeza, repartieron allí donde les pareció que hacía falta y en las magnitudes adecuadas. Mientras se siguen filtrando papeles de la fiscalía brasileña, la comidilla de los expedientes menciona un amplio elenco de personalidades que incluye desde el empresario Gustavo Cisneros hasta un diputado de la oposición.
Ángel Vivas Perdomo vivió sitiado en su casa poco más de tres años. Cobró una fama enorme porque resistió armado una orden de captura girada por el propio presidente Nicolás Maduro en febrero de 2014. Con el paso de los meses su caso fue sepultado por la avalancha de noticias que se generan en Venezuela. Dolido, escribió una diatriba contra todos antes de ser capturado por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado 7 de abril. Esta es la historia de un hombre que se siente incomprendido.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
Sobrefacturación, de hasta tres veces el valor original, en mercancía, fletes y seguros; exportaciones incompletas; pagos iniciales desproporcionados; empresas creadas ad hoc días antes de recibir contratos; desvío de fondos a cuentas de paraísos fiscales: de todo aparece en el menú de tretas usadas por el empresario Juan José Levy para quedarse con la parte del león en los contratos que suscribió para suministrar desde Argentina antenas de TV, productos de higiene y medicinas al Estado venezolano. Un vistazo al dictamen de investigación judicial argentina revela tal diversidad de irregularidades que cuesta entender por qué las empresas oficiales Suvinca u Cantv lo escogieron como proveedor, O quizás no.
Como si se tratara de una novela por entregas, la trama de corrupción más grande que haya salido de Brasil involucra a un alto funcionario venezolano, y se trata nada más y nada menos que del primer mandatario nacional. Pero la Fiscalía calla. Aunque distanciada del gobierno, Luisa Ortega Díaz ignoró el tema, a pesar de que sus homólogos ya le habían notificado sobre el caso.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
Dos graves brechas en los anillos de seguridad -en Margarita y San Félix- han puesto recientemente en cuestión la eficacia de la guardia personal del presidente venezolano. Una revisión al alto mando de la Casa Militar revela que lo integra un póker de oficiales cuyos méritos para esos cargos tienen que ver con la confianza personal de la pareja que manda en el Palacio de Miraflores y la lealtad política. A cambio, los militares detentan poderes para estar en varios cargos al mismo tiempo, cierta invisibilidad y hasta para contratar con el Estado sin recibir sanción. Este reportaje sigue la pista al crecimiento de la Guardia de Honor Presidencial y a la trayectoria de sus caras visibles
El nombre de Alex Saab vuelve a aparecer. El empresario colombiano, relacionado con la contratista Fondo Global de Construcción, parece reinventarse. Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, ha logrado venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación aprobada con la firma de Nicolás Maduro y con la intermediación de la Gobernación del estado Táchira, que dirige José Gregorio Vielma Mora. Los productos pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio, se han dirigido a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa bandera con el que las autoridades venezolanas pretenden paliar el hambre.
En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
Hay hombres del chavismo que trepan con agilidad en los negocios. Este es el perfil de Maximilien Sánchez Arveláiz, un franco-venezolano adoptado por la Revolución Bolivariana, que después de desempeñarse en cargos del gobierno de Venezuela ha debutado en el mundo cinematográfico como productor ejecutivo de la millonaria película Snowden.
Todo comenzó con unos lirios en un centro de mesa. Se dice que en una oportunidad el presidente Hugo Chávez llegó a una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y quedó cautivado con unas flores que bien podrían haber sido venezolanas. Allí surgió la idea de exportar tallos a Europa oriental, un sueño que se desvaneció junto a 42 millones de dólares.
Una compañía vinculada a un grupo empresarial bajo investigación en Panamá obtuvo en 2013 -junto a otras dos grandes asignaciones- el contrato para el nuevo estadio de béisbol de Caracas, a cuya culminación el presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar que se le dé prioridad. ¿Cómo terminó beneficiado por el sucesor de Chávez el mismo emporio familiar que, como las pesquisas posteriores mostrarían, estaba siendo consentido al mismo tiempo por el Gobierno del neoliberal, y hoy prófugo, Ricardo Martinelli?
Una empresa con menos de un año de registrada y sólo tres empleados fungió como comercializadora del evento, que arranca desde hoy hasta el domingo en el Poliedro de Caracas. Uno de los socios detrás de la empresa, denominada Multiservicios Virgemis, es una persona cercana a Ysmel Serrano, quien a su vez es hombre de confianza de Tareck El Aissami, Vicepresidente de la República. Multiservicios Virgemis cobró por el espacio en la exposición y por el patrocinio de la feria en la que el Gobierno pretende mostrar una vitrina de la economía distinta a la de los anaqueles vacíos.
Para tratar la hepatitis C el Gobierno entregó a 15 pacientes un medicamento de 135.000 dólares que caducó, pues para su efectividad se requería combinarlo con una medicina de menor valor que nunca llegó. Este es solo uno de los tantos “Relatos del absurdo”, que IPYS Venezuela y Connectas presentan en una serie que se pasea por el caótico y difícil día a día de los venezolanos.
Wilmer José Brizuela se convirtió en el epítome del ´pran’ o líder de las cárceles venezolanas. Por sobre las del Estado, impuso su ley en una prisión del sur del país en medio de la lucha encarnizada entre clanes y una venganza mal perpetrada, episodios propios de una saga medieval. Su leyenda, consagrada ya en los confines del sistema penitenciario, acaba de cobrar vigencia nacional cuando un tiroteo en la isla de Margarita permitió saber que estaba en libertad con permiso oficial, a pesar de cumplir condena por complicidad en un asesinato. Todavía tiene poder. El siguiente texto es una versión abreviada de un perfil preparado originalmente por el autor para la antología ‘Los Malos’, que en 2015 publicó la Universidad Diego Portales de Chile, bajo la edición de la cronista argentina Leila Guerriero.
Reina de belleza en 1977, puede pasar por la anti- Machado: apoya a Trump, los controles contra inmigrantes y toda la agenda de la derecha chauvinista norteamericana. El Centro Bush de Dallas la eligió como lideresa de su ‘Freedom Collection’. Pero en un punto coincide con su colega, opuesta y, a la vez, casi sosias: aborrece el régimen de Caracas. Y en ese aspecto ha sido más militante. Desde Texas se hace sentir como una de las voces más tenaces del antichavismo en las redes sociales, y por una década lideró algunas organizaciones del exilio, no sin polémicas.
La isla es el epicentro de experimentos con semillas modificadas genéticamente en Estados Unidos y sus territorios. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico siguió una a una estas plantaciones y en el camino encontró que del negocio se benefician multinacionales como Monsanto, que ya ocupan 14% de las tierras públicas con el mejor potencial para producir alimentos. Las semilleras reciben más subsidios que los impuestos que pagan al gobierno de una región sumida en su peor crisis fiscal.
Una investigación en 2015 expuso por primera vez los nombres de los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab como parte de un esquema en el que se usaban las presuntas exportaciones de casas prefabricadas desde Ecuador para conseguir acceso a dólares preferenciales en Venezuela. Ahora este reportaje de Univision Investiga, cedido por su autor a Armando.info, muestra otras facetas de la mancuerna, a la que la Revolución Bolivariana favoreció con contratos por cientos millones de dólares. Un dato: a ambos los investiga la DEA estadounidense.
La Autoridad Única del sur de los estados Monagas y Anzoátegui reconoce que recibió varias transferencias de la constructora brasileña, pero dice que por haber hecho un libro. Lo suyo, de cualquier modo, es una nota al pie de página en la lista de pagos sin factura que los brasileños mandaron. ¿Dónde están los peces gordos? En la República Bolivariana de Venezuela, el silencio también es un mensaje
La inclusión del empresario venezolano en la lista de narcotraficantes y lavadores de dinero en Estados Unidos deja al descubierto la trama de sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro: primero vendió kits para los programas de construcción de viviendas del gobierno, luego se benefició de la venta masiva de alimentos y hasta adornos decembrinos. Todo a través de una estructura que hasta ahora ha encontrado hospicio en la jurisdicción de Barbados; la pequeña isla caribeña funciona como la guarida que esconde algunos de sus activos al Departamento del Tesoro norteamericano.
Desde 2010, PEMEX y la Secretaría de la Función Pública tenían evidencias de un conjunto de anomalías en los contratos otorgados a Odebrecht, como sobrecostos y pagos ilegales, pero en vez de demandar o sancionar a la constructora, le dieron más obras sin licitación, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La multiplicación de contratos a favor del consorcio brasileño coincide con el periodo en que -ahora se sabe- hubo sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos, según confesaron ejecutivos de la empresa que está en el centro de una investigación internacional que está provocando terremotos políticos en 12 países de América Latina y África.
