Una mole de concreto, solitaria y apenas protegida de la inundación por bombas de achique, yace en las aguas del bajo río Caroní. Es lo que hay de la proyectada central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, al sur de Venezuela, después de pagar 10.000 millones de dólares, el triple de lo presupuestado y en parte con fondos de organismos multilaterales, a varios contratistas, entre ellos la controvertida constructora brasileña. De esa cantidad, al menos 1.000 millones correspondieron a lo pagado en divisas de manera irregular a través de un ardid administrativo (80-20, lo llamaron) que una auditoría interna detectó, y que se usó para financiar comisiones a la gerencia del proyecto.
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“El ‘80-20’ no se puede saber, si se ventila, se cae el proyecto Tocoma”, le advirtió un ingeniero a otro en medio de la urgencia de adelantar los trabajos, una vez más, de la central hidroeléctrica Manuel Piar, en Tocoma, estado de Bolívar, en la rica Guayana venezolana. Era 2014 y los auditores internos de Corpoelec, el holding eléctrico del Estado venezolano, ya tenían meses revisando las facturas de la obra –entre ellas, muchas emitidas por la brasileña Odebrecht– para encontrar las razones de su atraso y la gran escalada de su costo.
En Ciudad Guayana, la capital industrial y comercial de la región, el “80-20” era un secreto a voces. Ingenieros, técnicos, administradores, sindicalistas y abogados que trabajaron allí sabían que las facturaciones en bolívares se habían dolarizado a través de ese mecanismo que contravenía el control de cambio y el contrato inicial.
La conversión permitió facturar cerca de 1.000 millones de dólares no contemplados inicialmente en el contrato, indicó una fuente. “Tocoma fue, al menos entre 2009 y 2014, una gran caja chica”, dijo un ingeniero que trabajó en la represa. Fue negocio para muchos. El costo inicial de Tocoma se calculó en 3.900 millones de dólares. Siete años después, en 2014, Venezuela había pagado casi 10.000 millones de dólares, en parte con créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ¿Qué sucedió?
Fuentes consultadas indican que su costo inicial se había incrementado por la inflación rampante, las modificaciones constantes exigidas por Corpoelec y los sobreprecios marcados por los contratistas. Pero sobre todo por una "ventaja comparativa" que Venezuela ofrecía a empresarios foráneos y nacionales en relación al mundo, la que encegueció más que el oro de Guayana: el control de cambio, que dio pie al secreto en que hurgó la auditoría de Corpoelec.
La central hidroeléctrica de Tocoma, iniciada en 2007, prevista para funcionar a partir de 2012, fue ejecutada mayormente por Odebrecht. Por sus dimensiones y costo, fue uno de los proyectos de infraestructura hidroeléctrica más grandes del país y de América Latina, comparable en costos y magnitud con la ampliación del canal de Panamá. Millón y medio de metros cúbicos de concreto fueron vaciados en el lugar.
Donde debían estar diez turbinas generadoras de electricidad, funcionan bombas de achique
Hoy la mole se deteriora día a día, y en las bóvedas donde debían estar diez turbinas generadoras de electricidad, funcionan bombas de achique para que las aguas del bajo río Caroní no inunden los pocos sistemas eléctricos instalados, por algunas fisuras en sus muros.
En paralelo, se sabe que la Fiscalía investiga en silencio las irregularidades de Odebrecht en el país y el Gobierno negocia el cierre del proyecto con las contratistas. Aunque fueron interpeladas por la Asamblea Nacional, ninguna explicó las razones de la parálisis, ni la contratista de la obra civil, el consorcio OIV (conformado por Odebrecht de Brasil, Impregio de Italia y Vinccler de Venezuela), ni la de la obra electromecánica, la argentina Impsa (del aproblemado grupo Pescarmona). Tampoco respondieron un cuestionario enviado para incluir respuestas en este reportaje
Entre 2007 y 2012 Venezuela estaba en pleno boom petrolero. Los planes originales de ingeniería para la obra fueron modificados por el gobierno, que empezó a exigir insumos más costosos, aumentar la nómina de obreros sin miramientos (de 2.000 a 10.000) y forzar su “inauguración” por trechos, por motivos políticos. Las nuevas exigencias aumentaron año a año el costo de la obra.
Corpoelec –por razones no aclaradas– comenzó a retrasar los pagos a los contratistas, que por contrato debían hacerse en bolívares y dólares, según fuera el componente a pagar. Las empresas privadas se enfrentaron al incremento de los precios en bolívares para sueldos y productos y al inicio de una escasez de insumos industriales que se debían comprar en el país. “Ni cemento ni cabilla podían comprarse en el país”, recuerda un ex ingeniero de la obra. “Tampoco se conseguían repuestos”, recuerda otro.
Es 2010. En una reunión entre OIV –liderada por Odebrecht– y Corpoelec se discute cómo afectan los constantes cambios al contrato y la exigencia de nuevos materiales y componentes. El consorcio expone un reclamo al gobierno: “Los precios iniciales no me dan, el control cambiario me limita, cobro poco en dólares y mucho en bolívares, estoy gastando más dólares de lo normal con tus nuevas exigencias”, es la línea argumental de los contratistas.
El objetivo era aumentar el pago en dólares (baratos), y bajar el componente a saldar en bolívares
La solución vino en forma de porcentaje: 80-20. El objetivo era aumentar el pago en dólares (baratos), y bajar el componente a saldar en bolívares. Funcionó así, entre 2010 y 2014. Corpoelec tomaba el monto de la factura de OIV en dólares y lo convertía en bolívares a la tasa de cambio preferencial (4,30). Luego se sumaba a la factura en bolívares. El total se desglosaba en dos partes, 80% y 20%. El primer monto se reconvertía en dólares (a tasa preferencial), y el segundo se mantenía en bolívares. Así, una factura de 2,3 millardos de bolívares y 18,8 millones de dólares se convertía en una de 491 millones de bolívares y 456,9 millones de dólares. “Fueron más de 1.000 facturas que pasaron así”, relata el ingeniero de Odebrecht.
Este esquema 80-20 quedó firmado entre las partes en el Addendum 4A del contrato, según fuentes consultadas, durante la gestión del entonces ministro de Energía Eléctrica Alí Rodríguez Araque. Una consulta por correo electrónico al ahora embajador en Cuba no fue respondida para la fecha de publicación de este artículo. “El Addendum 4A, existe y lo contempla. Las cuentas en Tocoma no cuadran gracias a esto”, dice un ingeniero de Odebrecht.
En 2014, una junta interventora de Corpoelec elaboró una presentación recomendó apresurar la obra donde reconoce la existencia del mecanismo 80-20, Además, recomiendan terminar la obra porque " El cierre técnico del Proyecto y su retraso puede ser usado por operadores políticos de Oposición para desprestigiar al Gobierno Bolivariano". PRESENTACIO´N TOCOMA A JUNTA INTERVENTORIA 11-03-14 R3 by ArmandoInfo on Scribd
Entre la gerencia media y los ingenieros del proyecto de Corpoelec hubo malestar. “Todo el mundo sabía que eso permitiría más robo”, recuerda otro ingeniero. “Pero arriba se dijo que se firmaba. Corpoelec tenía a Chávez presionando encima, había elecciones y mucho dinero”. El personal contratado temía por sus trabajos si trascendía esta anti ley de Pareto.
Por ese ardid OIV cobró y Corpoelec pagó escalatorias (aumentos de precios), bonificaciones (por cumplir fechas de culminación de trabajo) y valuaciones. “Más de mil facturas se pagaron así”, reitera uno de los actuales trabajadores. El daño patrimonial fue calculado, a lo interno. “Por esa vía se pagaron 1.000 millones de dólares, buena parte en comisiones para la gerencia del proyecto de Tocoma”, agregó.
“Por esa vía se pagaron 1.000 millones de dólares, buena parte en comisiones para la gerencia del proyecto de Tocoma”
Ingenieros –algunos todavía activos en Corpoelec, otros ya fuera de ella– no dejan de mostrar su asombro de que Tocoma haya costado casi el doble de la ampliación del canal de Panamá (5,4 mil millones de dólares), o casi cuatro veces lo que le costó al país –en dólares– la construcción de una central hidroeléctrica similar, Caruachi, muy cerca de Tocoma sobre el cauce del río Caroní.
Entre 2007 y 2014, Tocoma vivió picos y bajadas en el ritmo de la obra. Corpoelec respondió en varias ocasiones y de manera desesperada –por necesidad electoral, como en las presidenciales de 2012– pagando por “aceleraciones” que, a la final, no cristalizarían la inauguración de la obra para la fecha prevista.
La gestión del ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón se topó con una semiparálisis de la obra en 2013. Y al revisar las causas, una comisión de auditores de Corpoelec halló el ardid cambiario en julio de ese año. Sus integrantes advirtieron la irregularidad a la junta directiva, dejando entrever que colindaba con un ilícito cambiario en manos de la Gerencia de Ingeniería y Proyecto de Expansión y Generación Oriente de Corpoelec.
Por ejemplo, identificaron dos facturas por 363 millones y 226 millones que debían ser pagadas en bolívares, por tratarse de trabajos efectuados en el país. Así constataron que estas y otras conversiones fueron hechas “sin tomar en cuenta la normativa cambiaria vigente y la opinión de las instancias legales correspondientes” y “sin contar con la autorización previa para dicho cambio”. Aún así, esas facturas luego fueron reestructuradas y pagadas mayormente en dólares, aseguró un ingeniero de Odebrecht.
El procedimiento con el 80-20 era un patrón, deslizan. “La comisión de Auditoría resalta la recurrencia por parte de Edelca (la compañía estatal de desarrollo eléctrico del cauce del Caroní) y Corpoelec en acordar pagos en divisas con el Consorcio OIV Tocoma considerando que los trabajos se estiman realizar en territorio nacional”, por un total de 635.991.233,19 millones de dólares. Los pagos realizados en el país, debían pagarse sólo en bolívares, de acuerdo al contrato.
En agosto de 2013 Adolfo Aponte Hernández remitió a las autoridades del proyecto de la centra hidroeléctrica de Tocoma la auditoría interna que reveló sobreprecios, cobros injustificados, retrasos y la irregularidad cambiaria del 80-20. Memo Auditoria OIV by ArmandoInfo on Scribd
Alarmados, los auditores acudieron a la consultoría jurídica para analizar el caso. En agosto de 2013, el consultor Alejandro Carrasco dio su opinión: “La Gerencia de Ingeniería de Proyectos de Expansión Generación Oriente ha venido efectuando una interpretación errada en el modo de convertir a pago en Dólares 80% del monto de la valuación de obra ejecutada en divisas y 20% en Bolívares correspondiente a la misma valuación, debiendo procederse a corregir tal situación”.
En el documento, Carrasco cita los límites que contempla la ley del Banco Central para el pago de proyectos en divisas, según los convenios cambiarios. El abogado confirmó que había estudiado el caso y que el procedimiento no era cónsono con el contrato inicial.
Además del esquema 80-20, los auditores de Corpoelec encontraron decenas de irregularidades administrativas, que dejaron asentadas en varios informes oficiales, todos revisados para este reportaje.
Por ejemplo, Odebrecht, Impregilo y Vinccler obtuvieron parte de los contratos para obra adicional (no principal) sin licitación, violando la ley de licitaciones. También recibieron pagos “en exceso”, lo que afectó el flujo de caja de Corpoelec. Cobraron incrementos hasta de 30% por reclamaciones sin que fueran aprobadas por las instancias apropiadas. Se les pagó, en algunos rubros, más de lo que se presupuestó. Obtuvieron prórrogas de meses para sus trabajos sin entregar la documentación obligatoria que las justificara.
Por su parte Impsa, la contratista argentina de las turbinas, cobró 75 millones de dólares de Corpoelec sin haber firmado contrato. También recibió 60 millones de dólares por equipos que hizo llegar a la obra; cobró tres millones de bolívares por costos laborales que no se justificaban; tasó un impuesto en 3% en lugar de 34%; y no pagó IVA. Además, firmó un tercer contrato sin fecharlo, lo cual es ilegal. En una ocasión incurrió en retrasos en la entrega de trabajos, por lo que debió pagar 4,7 millones de dólares a Corpoelec en multas. No hay evidencia de que lo haya hecho. De hecho, de 10 turbinas que le fueron pagadas, en Tocoma sólo hay una y media instalada.
BID y CAF conocían estas ilegalidades, afirman fuentes. Delegados asistían periódicamente a las reuniones del directorio de la obra, para verificar los avances contra los desembolsos. Sin embargo, no firmaron, como correspondía, las modificaciones de los contratos y continuaron financiando la obra, según la auditoría. Para el momento de la publicación de este reportaje, las solicitudes información enviadas por correo a ambas instituciones no habían sido respondidas.
Auditoria Impsa by ArmandoInfo on Scribd
En mayo de 2013 Adolfo Aponte Hernández, jefe auditor de Corpoelec, realizó un informe sobre las situación del contrato de las turbinas para Tocoma, donde dejó asentadas irregularidades en pagos, entregas del trabajo y hasta impago de impuestos.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
