Ángel Vivas Perdomo vivió sitiado en su casa poco más de tres años. Cobró una fama enorme porque resistió armado una orden de captura girada por el propio presidente Nicolás Maduro en febrero de 2014. Con el paso de los meses su caso fue sepultado por la avalancha de noticias que se generan en Venezuela. Dolido, escribió una diatriba contra todos antes de ser capturado por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado 7 de abril. Esta es la historia de un hombre que se siente incomprendido.
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El 7 de abril de 2017 el general de brigada Ángel Omar Vivas Perdomo se levantó antes del amanecer. Habían transcurrido 1.138 días desde el 23 de febrero de 2014 cuando pudo salir por última vez de su casa de la urbanización Prados del Este, en Caracas. Tres años, un mes y trece días con la tortura de saber que apenas pusiera un pie en la calle sería apresado por disposición del presidente Nicolás Maduro. Tres años, un mes y trece días haciendo lo mismo de siempre después de mal dormir unas pocas horas en la madrugada, con la certeza de saber que, algún día, sus verdugos le pondrían las esposas.
Vivas salió de su cuarto, caminó hasta la habitación de huéspedes de su enorme vivienda y tomó la Biblia apenas traspasó el quicio de la puerta. Desde la ventana del cuarto se observa un patio intrincado y boscoso, donde el general pasó la mayor parte de su obligado encierro atendiendo un pequeño huerto con frutas y verduras, y un pedazo de cielo. A esa hora aún no clareaba. El general corrió la cortina y repitió la rutina que bien conoce su esposa Estrella Vitora: abrir la Biblia, leer sus páginas y encontrar en sus pasajes explicaciones a la condena que supone vivir sitiado sin creer que se ha cometido un delito. “Aquella mañana mi esposo me dijo que le había pedido a Dios que cesara la injusticia de vivir acosados. Él ya estaba cansado de esta situación”, recuerda Vitora muchos días después de que a su esposo se lo llevaran detenido.
Vivas terminó de rezar y subió la pequeña colina boscosa para atender el huerto. Estaba contento porque todo el sacrificio que supuso, en los tiempos de la dura sequía que azotó a Venezuela entre 2014 y 2016, regar la siembra en plena madrugada, aprovechando que a esa hora el agua llegaba con más fuerza a la casa, había tenido una recompensa generosa. Después de una zafra fallida había cosechado 65 kilos de tomate y 27 kilos de caraotas húmedas, que al secarse se redujeron a 18 kilogramos. Era una ironía. El general Vivas tenía para alimentar a una tropa en medio de la pavorosa escasez que azota a Venezuela, pero no podía salir a vender la cosecha en los supermercados vecinos.
Allí en ese huerto, donde también sembró pimentón, cebollín y auyama, pasaba buena parte del día distraído de su condena. Era también la manera de ocupar la parte trasera de su casa, un patio enmontado que culmina en una pared de tierra que, al escalarla, da una calle de la urbanización Cumbres de Curumo, vecina de Fuerte Tiuna, la principal fortaleza militar de Caracas. El general Vivas y su esposa, meticulosos hasta la obsesión, pensaban que, por ahí, bajando la montaña, o quizá en rapel desde un helicóptero, podían llegar unos hombres en medio de la oscurana para llevárselos presos. Algunas veces pedían a los espontáneos que se acercaron a cuidarlos cuando su caso le dio la vuelta al mundo que recorrieran el pequeño bosque. Los colaboradores encontraban a su paso la maleza menos tupida, como si alguien la hubiera cortado, pilas y latas vacías de embutidos. Hoy Estrella Vitora está segura que desde ahí los vigilaban. “Y fíjate”, afirma, con un leve chasquido de dientes, “se lo llevaron de la manera que menos esperábamos. La primera vez que visité a Ángel en la cárcel me dijo: ‘Me agarraron como a un corderito, Estrella”.
El 23 de febrero de 2014 Vivas entregó una viñeta que le dio la vuelta al mundo. Con un fusil de asalto AR15 terciada y una pistola en el cinto resistió una orden de allanamiento de su residencia. Ese día un tramo de la tranquila calle Maracaibo de Prados del Este parecía la antesala del camerino de una figura pop. Todos vitoreaban a Vivas, quien se paseaba de un lado a otro exhibiendo sus armas.
Su abogado, José María Zaa, recuerda muy bien aquella insólita jornada. Vivas lo había llamado cuando llegaron a buscarlo. Los funcionarios cumplían una orden del presidente Nicolás Maduro. El día anterior, 22 de febrero de 2014, en pleno apogeo de las protestas comandadas por los dirigentes Leopoldo López, María Corina Machado y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, el jefe del Estado había dicho en la televisión: “He ordenado detener al general que mandó a poner esa guaya. A Ángel Vivas, que lo busquen y lo traigan”. Maduro acusaba a Vivas de ser el autor intelectual del accidente mortal de un motorizado, Elvis Durán de la Rosa, en la avenida Rómulo Gallegos de Caracas. Las investigaciones habían arrojado que Durán de la Rosa, de 29 años, se había degollado con una guaya colocada a lo ancho de la vía. Poco antes de ese infortunio Vivas había escrito en Twitter: “para neutralizar hordas criminales motorizadas se deben atravesar cuerdas de nylon o alambre galvanizado a 1,20 metros de altura en las bocacalles”.
Vivas y Zaa se conocían muy bien porque el abogado le había redactado el contencioso que en mayo de 2007 introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se prohibiera el uso del lema “Patria, socialismo o muerte” en los cuarteles venezolanos. Todo aquello terminaría después, en marzo de 2012, con una condena de cuatro meses y quince días de prisión por el delito contra el decoro militar en virtud de sus declaraciones públicas sobre asuntos del servicio.
Zaa, un hombre con varias décadas de recorrido en el trajín de los tribunales, se abrió paso entre la muchedumbre, que también quería entrar a proteger al militar, y entró a la casa entre los gritos. “Valiente, valiente, valiente”. “Era un acta forjada, a todas luces una irregularidad”, evoca Zaa tres años después, sentado en un café del este de Caracas, y lamentándose porque no ha podido visitarlo en la cárcel desde el pasado 7 de abril. “Le dije que le comunicara al capitán encargado de detenerlo que no se iría con él hasta que trajera una orden avalada por un tribunal”. Entonces Vivas pronunció las palabras que lo hicieron famoso.
–Quien se meta en mi casa sufrirá las consecuencias.
La poblada que entonces lo aplaudía siguió cuidando de él durante varios meses. La asociación de vecinos notificaba a la familia cada vez que alguna persona quería visitarlos. O si circulaba por las calles un taxi. Era el tributo que pagaban por haber presenciado un acto que juzgaron como la demostración de hombría de un oficial que se negaba a subordinarse a la tutela de La Habana. Vivas había desobedecido la orden del presidente Maduro, estrecho aliado del castrismo, y resistía en su casa dispuesto a morir. Había alzado la bandera de Venezuela con las siete estrellas dibujadas en la franja azul y con el caballo del escudo mirando hacia la derecha. Era también una sutil forma de resistirse a la decisión que en su oportunidad tomara Hugo Chávez cuando decidió agregar la octava estrella a la enseña nacional –cumpliendo, en rigor, con un viejo anhelo del libertador Simón Bolívar– y rediseñar el galope del caballo blanco.
Al margen de estos aspavientos el chavismo decía tener evidencias que constituían la contracara del relato heroico que los vecinos de Prados del Este construyeron del general Vivas. En el proceso penal que se siguió contra el exministro de la Defensa, Raúl Baduel, Vivas fue señalado “de entregar una importante suma de dinero”, para la adquisición de una vivienda, a un alto oficial del Ejército, llamado Gustavo Reyes Rangel Briceño, en junio de 2006. “Para la fecha del incidente Vivas era el director de Finanzas del Ejército, mientras que Baduel era el comandante general de ese componente de la FAN, y por lo tanto su jefe inmediato”, señala el portal chavista La Tabla.
Las acusaciones fueron tomadas por sus partidarios como una campaña para desprestigiarlo. Después de todo Vivas era el primer general que desafiaba abiertamente a sus superiores luego del golpe de estado de abril de 2002 y de los eventos de la plaza Altamira, en octubre de aquel año. Pero su viñeta pronto se fue decolorando. Las multitudes se retiraron. Lo dejaron solo con su esposa y sus dos hijas y su resentimiento.
Un poco antes, cuando cumplió tres años sitiado, Vivas escribió en su blog una larga diatriba contra todos: “Muchísima gente ha venido a visitarme, pero sin importar cuántas personas hayan venido a diario, sin importar lo animado que yo luzca al conversar con ellas, hay ausencias que siento y llevo por dentro en silencio. Unas son como heridas que nunca cicatrizarán y siempre me causarán mucho dolor en el alma, otras me han causado una gran decepción, y las otras solo han logrado que me sienta orgulloso de lo que estoy haciendo y estimulado a seguir adelante”.
Fue un duro balance después de 1.096 días de encierro. Casi nadie salió ileso. Cayeron todos sus compañeros de armas de la promoción José Ignacio Riveiro de Abreu e Lima (1978) –“Ni uno solo ha venido a visitarme, ni siquiera los que se han mantenido limpios, si es que queda alguno–, los partidos políticos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos –“No aparezco en ninguna de las listas de los perseguidos políticos, a pesar de que mi caso es conocido mundialmente” – y los medios de comunicación social. Se sentía como un total incomprendido. Solo se salvaron su esposa Estrella, sus hijas y su perro, un furioso pastor alemán llamado Cazador, que la mañana del siete de abril de 2017, ladraba furioso mientras su amo forcejeaba con sus captores. “El daría su vida por defenderme. Sin duda es mi mejor amigo”, escribió Vivas el 21 de marzo pasado, quince días antes de que lo capturaran.
El 7 de abril de 2017 Estrella Vitora salió al supermercado y regresó a las 10:30 de la mañana, Como lo hacía siempre, se estacionó en la acera frente a su casa para esperar que abriera el portón eléctrico. Era un rito que le facilitaba la maniobra de subir la empinada rampa del estacionamiento. Apenas se detuvo escuchó un golpe. Un carro se había estrellado contra el muro de piedras de la fachada. Un hombre joven bajó del carro. “Señora, señora, venía distraído. Qué pena”.
Vivas se acercó para ver qué había pasado y comprobó que los daños eran menores. No estaba armado. Solo entonces se permitió bromear con el joven. “Mi esposo comenzó a decirle, muy distendido, que debía tener más cuidado. Estaba confiado”, recuerda Estrella Vitora. Se despidieron y el hombre dio la vuelta y se llevó las manos a la cabeza. Ahora ella piensa que ese fue el gesto para que saltaran desde todos lados hombres vestidos de negro, pertenecientes a la Dirección de Contrainteligencia Militar. Al mismo tiempo, el chofer saltó sobre Vivas. Entre todos lograron inmovilizarlo y meterlo a rastras en una camioneta.
Estrella Vitora comenzó a gritar desde el balcón e intentó cerrar el portón eléctrico. Algunos vecinos salieron, pero ya era tarde. Angel Vivas Perdomo había resistido 1.138 días sitiado en su casa y ahora se lo llevaban, sin orden de allanamiento, con rumbo desconocido. Muchos días después Estrella comprobaría que todo había sido una trampa. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de una casa vecina mostraban al carro que chocó contra su fachada cuando salió desde una calle ciega perpendicular a su residencia mientras ella se aproximaba a su casa.
El abogado José María Zaa no lo ha podido ver y dice que no ha habido audiencia de presentación. Pero lo cierto es que Vivas fue presentado ante la justicia militar el 8 de abril, como varios de los detenidos de la tanda de protestas que se inició con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de finiquitar, mediante dos sentencias, las competencias legislativas del Parlamento. “A Vivas se le asignó un abogado para garantizar su derecho a la defensa”, tuiteó el Defensor del Pueblo Tarek William Saab el 14 de abril.
La familia recién pudo verlo el 10 de mayo en los cuarteles generales del Servicio Bolivariano de Inteligencia después de plantones ininterrumpidos. Dice Estrella que su esposo fue torturado. “En medio de la golpiza él le preguntaba a Dios por qué lo había abandonado si siempre había cumplido con sus preceptos”. Cuando lo vio advirtió que caminaba con dificultad. La lesión de la cervical parecía magnificada por los efectos de la paliza. A los 22 años Vivas Perdomo fue diagnosticado con Espondilitis Anquilosante, una enfermedad que afecta las articulaciones de la base de la columna, y no le permite estirar el cuello. Esa peculiar forma de mirar es la consecuencia de una enfermedad degenerativa.
A Vivas, dice su esposa, le cuesta sonreír por razones obvias, pero cuando amaga con hacerlo se queja de dolor en las costillas. El dolor físico es apenas la expresión más visible del drama que está viviendo. La otra es más profunda e insondable. A sus familiares les dijo: “No quiero saber nada de Dios. Tengo una crisis existencial”.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.