En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
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“Suéltenlo”, “Déjenlo quieto”, gritaban los protestantes a los agentes de Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se llevaban detenido a Sergio Contreras, dirigente del partido Voluntad Popular (VP) y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Ese miércoles 10 de mayo de 2017 Contreras portaba un megáfono para perifonear consignas en una marcha opositora en la avenida Vollmer de San Bernardino, parroquia La Candelaria, en el centro-norte de Caracas. En ese momento intentaba mediar entre los marchantes y un piquete policial que impedía el paso a la multitud, según relatan testigos del hecho y la abogada de Contreras, Lilia Camejo. Las fotos de la policía llevándoselo a la fuerza en una motocicleta circularon profusamente por las redes sociales.
Luego de estar en la sede de la Policía Nacional fue trasladado ese mismo día al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y, ya en horas de la madrugada de la jornada siguiente, llegó a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en el noreste de Caracas.
La ruleta de traslados desembocó el viernes 12 de mayo, en horas de la noche, en el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas, al que Contreras fue presentado. Esa corte está a cargo de la capitán Claudia Carolina Pérez de Mogollón, abogada con diplomado del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en la especialidad de Derechos Humanos y Fuerzas Armadas. También su currículo certifica estudios sobre Derechos Humanos en la Fundación "Juan Vives Suria", adscrita a la Defensoría del Pueblo.
Así como Contreras, cientos de civiles han sido presentados ante tribunales militares desde que comenzaron las protestas de la oposición, el 1 de abril de 2017, una verdadera Intifada para exigir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el respeto de la autonomía de la Asamblea Nacional y hacer un llamado a elecciones generales para salir de la crisis política, entre otras exigencias.
Según trascendidos de la reunión que mantuvo Nicolás Maduro la semana pasada con el alto mando militar, a los que la prensa electrónica ha dado eco y que el líder opositor, Henrique Capriles Radonski, también difundió, el presidente venezolano informó a los oficiales su intención de trasladar a la justicia marcial los manifestantes callejeros bajo arresto cuyos casos el Ministerio Público no aceptara procesar. Tal sería su manera de sortear el obstáculo que ahora le impone una Fiscalía inesperadamente indócil, al mando de Luisa Ortega Díaz, para la tarea prioritaria de sofocar la rebelión civil iniciada en abril de 2017. Se trate o no de una estrategia deliberada, las constantes denuncias de organizaciones de derechos humamos permiten comprobar que en el combate contra la revuelta que ya cumple 50 días, el Gobierno está optando, sin más miramientos por la normativa local y los estándares internacional, por llevar a civiles a ser juzgados ante tribunales militares.
Seis de cada diez procesados en tribunales militares fueron arrestados en el estado de Carabobo
De acuerdo a datos del Foro Penal Venezolano -una organización no gubernamental que asiste a detenidos por razones políticas-, hasta el 17 de mayo reciente 295 civiles habían sido presentados ante tribunales militares, de los que 161 quedaron privados de libertad, en contravención del artículo 49 de la Constitución vigente, que reza: “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta constitución y en la ley”. A ellos se les suma los 14 detenidos en Nueva Esparta que fueron enviados al Tribunal Militar Décimo Sexto de Control con sede en Barcelona.
Seis de cada diez procesados en tribunales militares fueron arrestados en el estado de Carabobo, en el centro del país, que ha sido escenario de fuertes desórdenes. Tal vez sea mera coincidencia, pero es en el tribunal de control de Valencia, la capital del estado, donde trabaja la jueza con más tiempo de permanencia en toda la jurisdicción militar nacional: la mayor Luz Mariela Santafé Acevedo, nombrada en noviembre de 2011 y ratificada a finales de 2016. Un término tan prolongado puede dar lugar -sostiene Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano para la Defensa, la Seguridad y la Fuerza Armada Nacional- a perversiones en las prácticas del tribunal.
Así como existe un circuito judicial ordinario, los militares tienen su propio circuito de justicia que está conformado por los Tribunales Militares de Primera Instancia, a cargo estos de jueces que ejercen las funciones de Control, Juicio y Ejecución de Sentencia, así como por la Corte Marcial, en funciones de Corte de Apelaciones y Tribunal Constitucional con competencia nacional, a cargo de cinco jueces profesionales.
La sala de la corte marcial la conforman un presidente, el General de División Henry José Timaure Tapia; un canciller, José de la Cruz Vivas Sáez; un relator, el coronel Jesús E. González Monserrat; un primer vocal, Carmen Lucía Salazar Romero; y un segundo vocal, Edmundo Ramón Mujica Sánchez.
Todo indica que el número de casos y de regiones involucradas va a aumentar
En toda la jurisdicción militar se cuentan 19 tribunales de control, cinco tribunales de juicio y siete tribunales de ejecución. Sus titulares, 45 magistrados, no solo tienen competencia sobre el futuro de los militares acusados de cometer delito sino, con la nueva doctrina que el Gobierno de Nicolás Maduro intenta imponer, también sobre el de civiles a los que se imputen delitos militares. Desde luego, no todos ellos deliberan ahora sobre la suerte de los 161 civiles puestos a la orden de tribunales militares durante las protestas callejeras. De acuerdo a denuncias de redes sociales, esto ha ocurrido, además de Caracas, en estados como Carabobo, Barinas, Táchira y Nueva Esparta. Pero todo indica que el número de casos y de regiones involucradas va a aumentar.
Estos jueces han sido elegidos a dedo por el Ministerio de la Defensa. Aunque el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar establece que el nombramiento de los integrantes de la Corte Marcial la realizará el Tribunal Supremo, lo hace a través de una lista enviada por el propio ministerio y no a través de concurso como establece la Constitución, explica Ali Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.
Aún más: según la Gaceta Oficial 40.462 del 28 de julio de 2014, fue el ministerio de Defensa quien nombró sin más remilgos a la Fiscal General Militar, Siria Venero; al Defensor Público Militar, Oscar Alfredo Gil Arias; y al Presidente de la Corte Marcial. Todos se mantienen en el cargo y están por cumplir tres años en su posición, en contra de la convención que dispone la constante rotación de esos cargos y que la Revolución Bolivariana ha convertido casi en un mantra.
“El Tribunal Supremo de Justicia avaló esta usurpación de sus propias funciones, y con el mayor desparpajo publicó una nota de prensa por la que informó que ese Tribunal juramentó al nuevo presidente de la Corte Marcial sin explicar que no lo nombró y sumisamente aceptó lo decidido inconstitucionalmente por la Ministra de la Defensa”, relata el vocero de Acceso a la Justicia.
Como irónico contraste, desde 2011 el ministerio de Defensa dejó de publicar en Gaceta Oficial los nombramientos en la justicia militar. En correspondencia con lo establecido por el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar, desde esa fecha las designaciones de jueces, magistrados y defensores públicos militares -en suma, los miembros de la jurisdicción, sin contar al personal administrativo y de contabilidad- aparecen en el website del Tribunal Supremo.
La modalidad no es nueva, sin embargo. Casos anteriores ahora lucen como tanteos para medir la disposición del aparato de justicia militar para asumir casos civiles.
Entre ellos destaca uno de septiembre de 2016. Entonces el partido Primero Justicia hizo circular por las redes un vídeo en el que se hace una recreación de efectivos militares padeciendo, como cualquier otro ciudadano, los problemas de la crisis económica y política que vive el país. Ese fue el motivo de detención y envío a tribunales militares de los productores Marco Trejo, César Cuellar y James Mathison.
En esa ocasión, el presidente magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno -sancionado esta semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos-, ordenó “sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria, para que continúe el proceso asegurando el resguardo de los derechos y las garantías constitucionales”.
A pesar de ese antecedente, ahora el Poder Judicial -bajo estricto control del Ejecutivo- se aviene a aceptar el procesamiento de civiles por el fuero militar. Con toda probabilidad, el cambio de señas obedece a la necesidad de evadir el ámbito de influencia de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. De la dependencia de os jueces militares con el ministerio de Defensa se deduce otra línea de mando, la que los conecta con el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro, presidente de la República.
La noche en que Sergio Contreras fue presentado en el Tribunal Militar, la capitán Claudia Carolina Perez de Mogollón lo imputó por delitos de Rebelión Militar, Traición a la Patria y Sustracción de Elementos de las Fuerzas Armadas. Fue enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, en las montañas al suroeste de Caracas, donde también se encuentra confinado desde hace tres años el más conocido preso político de la Revolución Bolivariana y compañero de partido, Leopoldo López, ex alcalde del municipio Chacao del noreste de Caracas.
Su familia no lo ha podido ver, exige -aún sin suerte- conocer de su estado de salud y sus condiciones de reclusión. Sus abogados esperan la entrega de copias de actuaciones y designación de defensa para trasladarse a Ramo Verde e tratar de verlo. Mientras tanto corren los 45 días en el que debe presentarse el acto conclusivo de la investigación en el que se sabrá finalmente el destino que la justicia militar eligió para Contreras.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y hospedaje que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
