Así se desprende de documentación de la investigación y de la declaración de un testigo delator; fue para destrabar el acceso de la constructora a una obra gasífera, según revela el diario La Nación de Argentina
El entorno directo del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido acordó una coima por US$ 25 millones y otras “prácticas no convencionales” a cambio de destrabar el acceso de la constructora brasileña Odebrecht a un proyecto multimillonario para la extensión de las redes troncales de gas en el país.
La información surge de documentos todavía secretos de la investigación internacional Lava Jato que obtuvo, verificó y analizó La Nación durante las últimas semanas.
Esos documentos muestran que la negociación delictiva de Odebrecht con el gobierno kirchnerista abarcó dos etapas, con dos intermediarios distintos. La primera etapa quedó en manos del dueño de Esuco, Carlos Wagner, quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante ocho años del kirchnerismo, entre 2004 y 2012. La segunda fase fue con el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez como interlocutor determinante.
Rodríguez pasó a trabajar para Odebrecht como “consultor” durante años. Pero tanto él como Wagner actuaron frente a los representantes de la compañía brasileña como emisarios de De Vido, y así lo entendieron quienes negociaron con ambos y acordaron pagar esos US$ 25 millones entre 2007 y 2014, de acuerdo con el material al que accedió La Nación como parte de un proyecto periodístico regional liderado por el equipo peruano IDL-Reporteros desde hace un año y medio.
La Nación consultó a Rodríguez y a Wagner, quienes rechazaron las sospechas. “Eso que dicen es falso”, contestó el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. “No facilité ninguna reunión”, abundó.
Rodríguez también rechazó los dichos de los delatores brasileños. “Es mentira”, replicó. “¡Me usan para tapar otros temas y otras personas, que sí estuvieron metidas!”, añadió, sin dar nombres.
De Vido siempre negó cualquier rol en el entramado de coimas de Odebrecht. “Nunca podrán imputarme nada con seriedad”, contestó el ex ministro en mayo, cuando algunos datos salieron a la luz desde Brasil. Consultado ayer por La Nacion, De Vido se negó a responder preguntas o hacer comentarios, mientras que su vocero subrayó que el contrato bajo sospecha era para la extensión de las redes troncales como un acuerdo “entre privados”.
Pero las desmentidas de De Vido, Wagner y Rodríguez se contradicen con las confesiones en Brasil. Allí, uno de los máximos jerarcas de Odebrecht, Marcio Faria da Silva, se acogió al régimen de “delación premiada” para reducir su tiempo en prisión a cambio de contar lo que sabía sobre las coimas que pagó la compañía durante décadas en varios países. Y habló sobre los millones que se pagaron en la Argentina.
El ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Justicia brasileño, Edson Fachin, reveló los primeros y acotados datos sobre ese negociado en un documento de apenas tres carillas que remitió a la Procuración General de su país, según reveló La Nación en abril pasado.
Según reconstruyó desde entonces La Nación, Faria reconoció que él mismo se reunió dos veces con De Vido, quien sin embargo evitó hablar sobre esas coimas.
Por el contrario, el brasileño detalló que la operatoria ilícita quedó en manos de dos colaboradores: su subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, quien pasó de levantar quinielas a asumir como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, y Roberto Mandolesi, quien como director de Nación Fideicomisos destrabó el pago de $ 1000 millones para la empresa BTU durante los últimos días en el poder del kirchnerismo, en diciembre de 2015.
Señalada desde hace años por una supuesta excelente relación con De Vido, BTU también quedó bajo la lupa en Brasil. Según detalló el ahora “delator premiado” Faria, esa empresa fue recomendada por el Ministerio de Planificación Federal.
Condenado a 19 años y 4 meses de prisión en Brasil por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, Faria se convirtió en delator para reducir su paso por la cárcel. Y detalló quiénes son los otros ejecutivos de Odebrecht que saben sobre las coimas que se pagaron al entorno directo del entonces ministro y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV). Contó que uno de ellos es Flavio Bento e Faría, por entonces máximo jefe de la constructora en Argentina.
Flavio Bento e Faría -sin parentesco alguno con Marcio Faria- fue quien se reunió con Wagner, de Esuco, quien expuso el pedido de coimas requerido por los funcionarios públicos. Indicó que si querían hacer negocios en la Argentina, debían pasar por él, lo que Wagner negó de manera tajante a La Nación.
Sin embargo, Marcio Faria también señaló a otro exejecutivo de Odebrecht como negociador directo de esa coima por US$ 25 millones. Dijo que fue Hilberto Mascarenhas da Silva, quien también se acogió al régimen de la delación premiada y contó ante los investigadores brasileños que la empresa pagó cerca de US$ 3340 millones en coimas y aportes ilegales a campañas electorales, tanto en Brasil como en otros países entre 2006 y 2016. Es decir, lo que en Brasil se conoce bajo el paraguas de “Caixa 2?.
"Jorge 'Corcho' Rodríguez reabrió las negociaciones ilícitas con los representantes de la constructora brasileña, acordó nuevos pagos y hasta les aportó los números de las cuentas bancarias offshore donde debían depositar el dinero".
¿Cómo fue la negociación delictiva? Cuando Odebrecht comenzó a moverse para pujar, desde 2007, en la licitación para la ampliación de ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias argentinas, su entonces superintendente en el país, Flavio Bento e Faria, fue contactado por Wagner, quien se presentó como dueño de Esuco y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, pero expresó su verdadera misión en cuanto vislumbró la oportunidad.
Con su nombre en la “ruta del dinero K” -causa en la que está imputado- y en al menos seis sociedades offshore que aparecen en los Panamá Papers, Wagner fue directo. Según Marcio Faria, “le pidió coimas” a Bento e Faria, pero se cuidó de darles los nombres de los destinatarios, aunque a los brasileños les quedó muy claro quiénes eran.
Fue entonces cuando uno de los máximos responsables de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -es decir, el área dedicada a las coimas de la empresa-, Hilberto Mascarenhas ajustó los detalles para el pago de los sobornos.
A partir de allí, el camino de los negocios con el Estado argentino se simplificó para Odebrecht, que sólo recibió elogios de De Vido durante dos reuniones que mantuvo con el ahora delator premiado.
Sin embargo, el entendimiento ilícito se quebró en octubre de 2010. Con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el pacto se quebró, y Odebrecht comenzó a padecer todo tipo de problemas con la ejecución y cobro del multimillonario contrato.
Esos problemas sólo se solucionaron con la aparición del lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, quien reabrió las negociaciones ilícitas con los representantes de la constructora brasileña, acordó nuevos pagos y hasta les aportó los números de las cuentas bancarias offshore donde debían depositar el dinero de las coimas.
Según reconstruyó La Nación, sin embargo, Rodríguez actuó más como emisario de De Vido ante Odebrecht que como lobbista de la constructora brasileña ante el entonces ministro. Y los datos públicos que se conocen sobre él como operador alientan la confusión.
Así, como lobbista de Odebrecht, el “Corcho” recibió a varios empresarios en las oficinas de la compañía, pero al mismo tiempo viajó a China con De Vido. Lo hizo como operador de la empresa brasileña, aunque también produjo los discos del hijo guitarrista del entonces ministro.
Consultado por La Nación, Rodríguez rechazó las sospechas. “Nunca estuve en ninguna negociación de ninguna obra”, replicó. “Hasta por una cuestión de tiempos no es posible. Ese contrato se negoció años antes. Mi relación con la empresa comenzó en 2011?, retrucó.
Ahora, el acuerdo para desembolsar coimas por US$ 25 millones se encuentra bajo investigación en Brasil y en la Argentina. Allá llegó a las manos de Edson Fachin, ministro del Superior Tribunal Federal de Justicia -el equivalente a la Corte Suprema-.
A cargo de supervisar todas las investigaciones derivadas del Lava Jato, Fachin analizó los dichos de Faria y emitió la “Petición N° 6712?. Dirigida a la Procuración General, le pidió que evalúe si el Poder Judicial brasileño tiene jurisdicción para juzgar este tipo de actos de corrupción cometidos por empresas de su país en el extranjero.
En la Argentina, en tanto, la operatoria que ahora sale a la luz ya había quedado bajo la lupa del fiscal federal Carlos Stornelli, quien desarrolló una investigación preliminar. Encontró indicios y radicó una denuncia, que quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado y el juez Ariel Lijo, para luego recaer en el juzgado de Daniel Rafecas.
(*) Este trabajo es parte de una investigación en equipo reporteada por IDL-Reporteros en Perú, La Prensa en Panamá, La Nación en Argentina y Armando.info en Venezuela.
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
El testimonio ante la justicia de un testigo arrepentido, Claudio Uberti, quien por años sirvió como embajador oficioso de los negocios K en Venezuela, permite ahora conocer la discrecionalidad con que se emplearon fondos públicos venezolanos para alimentar milmillonarias transacciones privadas con bonos de deuda argentina. El periodista Daniel Santoro tuvo acceso a la declaración de Uberti y relata cómo los presidentes de ambos países se asignaron entre 2005 y 2007 parte de los beneficios en efectivo que se obtenían mediante operaciones especulativas con esos papeles en el controlado mercado cambiario venezolano. Nelson Merentes y Rafael Ramírez tenían roles clave en el cálculo y distribución de las ganancias.
Al calor de las buenas relaciones entre Caracas y Buenos Aires se creó un club muy especial. Sus prestigiosos miembros argentinos, con la buena lid de los poderosos, se hicieron acreedores de jugosos contratos para obras de construcción e ingeniería –y hasta la generación de energía nuclear- en ambos países, mientras el presidente Hugo Chávez concentraba sus aspiraciones en el Mercosur y, su homólogo argentino, Néstor Kirchner, hacía todo lo posible por mantenerse en el poder de una de las regiones más grandes del cono sur.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Ni las consignas patrióticas, ni la tensión diplomática entre ambas naciones han frenado la compra por parte de Venezuela del arroz de Guyana para los CLAP, el programa bandera del régimen de Nicolás Maduro. Aunque de manera extraoficial las compras a ese país están prohibidas desde mediados de año, los contratistas del gobierno han ideado la fórmula para simular un origen distinto del producto: los barcos salen de Georgetown, pero justo antes de llegar a Venezuela, atracan durante unas horas en otros puertos del Caribe.
Mientras los habitantes de El Cigarral y La Boyera se quejan de dos años de trastornos demenciales por la construcción del Centro Comercial Traki, las autoridades municipales de El Hatillo aseguran que la obra es legal “guste o no”. Detrás del edificio, que la administración del alcalde Elías Sayegh trató con benevolencia hacia la cadena de tiendas de los Chambra -hasta se reformó una ordenanza clave-, despuntan un terreno que era propiedad de dos constructores cercanos al chavismo y la necesidad de aumentar la recaudación a casi cualquier costa.
Con una tecnología tan ambiciosa como rudimentaria, desde principios del s.XXI y hasta fecha reciente el tráfico de drogas encontró en los semisumergibles uno de los vehículos más eficientes –e inusitados– para mover estupefacientes entre América y Europa. Estos artefactos «parten de Colombia, cruzando el Atlántico, hasta España», asegura la Fiscalía General de Colombia, mientras las autoridades buscan capturar a ‘Juan’, el misterioso capo gallego detrás de la operación.
Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado fueron parte de los esquemas de lavado de activos usados para el pago de sobornos de la multinacional de origen brasileño. También algunos intermediarios en la distribución de coimas por contratos de obras obtenidos por la constructora tienen un largo historial con el narcotráfico. A pesar de todas las evidencias al respecto, la Fiscalía no termina de hacer ni esas conexiones ni las acusaciones a las que haya lugar.
Colombia prohibió la pesca y comercialización de tiburones en 2021. Apenas un año más tarde, un cargamento con algo más de 3.400 aletas de tiburón, con destino a Hong Kong, fue interceptado en el aeropuerto de Bogotá. Los miembros de estos escualos iban camuflados con vejigas natatorias de pescado que provendrían del Lago de Maracaibo, todas exquisiteces apreciadas por los gourmets chinos. Esta investigación sigue el rastro de parte del cargamento desde la Guajira venezolana hasta la capital colombiana y revela quién es el propietario de tan inusitado contrabando.
Ya alcanzaron Estados Unidos los forajidos que, siguiendo la ola migratoria venezolana, cometen fechorías en una docena de países. A todo tren esta megabanda se ha convertido en la que el general de policía Óscar Naranjo llama la organización criminal “más disruptiva” de Latinoamérica, una que le ha ganado escaramuzas hasta a la guerrilla colombiana. Ahora la Patrulla Fronteriza norteamericana reporta intentos de infiltrar la franquicia al norte del río Bravo.
