La historia de la Ciudad Judicial Lebrún comenzó con la idea de crear una ciudad judicial en Caracas, proyecto promovido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), a cargo de Luis Velázquez Alvaray.

Un nuevo análisis físico-químico solicitado por Armando.Info a investigadores de la UCV demuestra que la leche en polvo que en la actualidad se distribuye en el programa de asistencia alimentaria del Gobierno venezolano, aunque bajo nuevas marcas, sigue teniendo un pobre desempeño nutricional que pone en riesgo la salud de sus consumidores. Mientras tanto, un misterioso proveedor consigue monopolizar las importaciones y las ventas de México a Venezuela van en aumento.

En cuatro años de exilio el exparlamentario y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia ha participado como accionista en seis sociedades en Costa Rica, a donde fue a dar luego de que en Venezuela lo acusaran por el caso de la Ciudad Judicial Lebrún.

Una pequeña rebelión, encabezada por un grupo de artistas y gestores culturales, cobró fuerza hasta amenazar durante los últimos meses de 2020 con convertirse en la chispa que incendie la pradera castrista, después de 62 años de régimen comunista. Aunque tiene cuatro años en la fragua, es solo ahora que el Movimiento San Isidro se deja conocer en la prensa internacional. Con él ha dejado de ser invisible toda una colectividad de ciudadanos investidos por la web y las redes sociales de un nuevo poder, que intentan seguir adelante contra la represión para transformar los reclamos iniciales por la libertad creativa en una ola de cambio político. Así lo relata desde La Habana uno de sus líderes, Luis Manuel Otero.

Ricos pero no necesariamente famosos, tienen en común un gentilicio y una morada: Lagasca 99, en el barrio de Salamanca de la capital española. Este condominio de lujo lo comparten con otros magnates latinoamericanos, y se destacan por ser empresarios del sector de la moda, construcción, servicios financieros e inmobiliarios. Sus nombres y opulencia han dejado rastro dentro y fuera del país.

De nuevo los hermanos Khaled y Majed Khalil aparecen en una maniobra para controlar una agroindustria, con el auspicio del gobierno del que son contratistas, pero esta vez no como beneficiarios de una reprivatización. Ahora, por una artimaña jurídica, buscan tomar posesión por tan solo diez millones de dólares de una de las principales productoras de grasas comestibles del país, cuyos activos fueron tasados en más de 200 millones de dólares. Si la ganga se completa, convertiría a Coposa en un suplidor cautivo de las cajas CLAP.   

El empresario barinés, uno de los más prósperos de la era chavista, atraviesa una mala racha desde 2019, tras el colapso de dos de sus bancos en el Caribe. Enfrentado a los reclamos de sus acreedores y con las autoridades pisándole los talones, preserva la propiedad de una suntuosa villa por la que pagó millones de dólares durante dos años y que adquirió en República Dominicana, a través de un elaborado esquema jurídico, de otro magnate venezolano, Gustavo Cisneros.

En llamativo contraste con la ola reprivatizadora que su tío, el excomandante y ministro Wilmar Castro, lleva adelante en la agroindustria, el sobrino, Luis Soteldo, se convirtió en el verdugo de la propiedad privada en el campo venezolano durante su gestión al frente del Instituto de Tierras hasta 2020, despojando predios en contra de decisiones judiciales e informes hechos por su misma entidad. Su sucesor, Luis Mendoza, hizo otro tanto, a nombre de una proclamada “soberanía alimentaria” que no produce casi nada.

Los hermanos Majed y Khaled Khalil están listos para lo que se le ofrezca al régimen de Nicolás Maduro. En 2020 se prestaron a servir la coartada para un cargamento destinado a las obras de remodelación del Hotel Alba Caracas que, al hacer trasbordo en Nueva York en ruta al puerto de La Guaira, corría el riesgo de quedar retenido por los efectos de las sanciones estadounidenses. Los contenedores eran parte de un opaco contrato para rehabilitar el emblemático hotel capitalino y ponerlo en manos de empresarios turcos cercanos al presidente Recep Tayyip Erdogan. Para los Khalil el favor no representó más que un pequeño gesto en medio de su esfuerzo por construir un emporio del sector turístico.

Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.