Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
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El 14 de julio de 2023, una comunicación interna llegó a los escritorios de la Secretaría Académica de la Universidad Arturo Michelena (UAM), una institución privada de enseñanza superior en el municipio San Diego, al norte de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo. En el documento, Giovanni Sebastián Nani Lozada, Rector de la institución, ordenaba conferir un título de Licenciatura en Fisioterapia a Rafael Rigoberto Acosta Quintanell, un ciudadano cubano graduado de Cultura Física en La Habana, y producir el diploma correspondiente.
Apenas unos meses antes, en noviembre de 2022, el Rector también había ordenado a la Dirección de Grados que preparara dos títulos de postgrado para Arturo Velázquez, un abogado venezolano que había pasado a ocupar puestos de alta jerarquía en la universidad y que pronto se convirtió en mano derecha de Nani Lozada.
Desde que Giovanni Nani, hoy con 44 años de edad, quedó nombrado como máxima autoridad de la UAM, en agosto de 2022, una ola de cambios ha sacudido a la institución, que hasta entonces gozaba de prestigio académico en la región. Personas de su confianza comenzaron a ocupar puestos de dirección en áreas administrativas y en la mayoría de las facultades, reemplazando a profesionales y docentes con décadas de trayectoria que integraron el grupo fundador de la UAM, liderado por el académico Giovanni Nani Ruggeri, padre del actual rector.
En los últimos meses, Armando.info ha conocido 15 denuncias que revelan un patrón en las actuaciones de las nuevas autoridades: los afectados aseguran ser víctimas de una política de “hostigamiento y acoso” que los ha llevado a renunciar o a ser despedidos.
Pero los cambios no han sido solo de personal como, en general, tampoco para mejorar el desempeño de la universidad. Por el contrario: hay numerosos indicios de que la remoción del personal ajeno a Nani fue el primer paso, el de eliminar cualquier supervisión o resistencia, para entonces empezar a asignar títulos de postgrado de manera discrecional a personas que, si bien no han completado los requisitos académicos exigidos para conseguirlos, ejercen cargos de poder en la administración pública.
Desde mayo de 2023, la gestión del rector Nani Lozada ha emitido al menos 40 títulos de postgrado presuntamente impregnados de irregularidades, entre especialidades, maestrías y doctorados, a personas que ni han cursado materias ni presentado tesis, según cuatro fuentes bien informadas dentro de la universidad, que hablaron para esta historia con la condición de que se preservaran sus identidades en el anonimato.
Entre los beneficiarios de los títulos destacan políticos y funcionarios de los servicios de seguridad. El perfil de estas figuras le ha permitido a Nani ampliar desde Carabobo su red de influencia hasta abarcar factores del poder nacional en Caracas. La mayor evidencia de ello data de 2022, cuando se convirtió en integrante del Comité de Postulaciones Judiciales designado por la Asamblea Nacional (AN) para escoger a los magistrados del TSJ y otros cargos del Poder Judicial.
El 5 de noviembre de 2001 fue una fecha emblemática para el sector educativo de Carabobo. Ese día abrió sus puertas la Universidad Arturo Michelena, con su campus original en San Diego (actualmente alista uno nuevo en el centro de Valencia). Era la materialización de las ideas y sueños que por muchos años pasaron por la mente de Giovanni Nani Ruggeri, un ingeniero que dedicó su vida a la enseñanza. Primero en la estatal Universidad de Carabobo (UC), donde fue profesor titular hasta convertirse en decano de la Facultad de Ingeniería; luego en la también oficial Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), de la que fue Rector durante casi una década (1991-1999); y finalmente dedicado a su propio proyecto, el de la UAM, de la que fue fundador y primer Rector (2001-2006) hasta su fallecimiento, a los 63 años de edad.
Los inicios de la UAM siguieron a la creación de la Asociación Civil Universidad Arturo Michelena, registrada el 22 de marzo de 1996. Ya desde entonces las actas constitutivas de la organización estipulaban que ésta sería eventualmente la propietaria de la UAM que, a su vez, contraía la obligación de rendir cuentas permanentes a los representantes de la Asociación Civil sobre los rendimientos económicos y contables de la universidad, al fin y al cabo un negocio, así como sobre algunas tomas de decisiones, como la designación de las autoridades.
Pasados los años, en previsión del probable desenlace fatal del cáncer que entonces aquejaba a Nani Ruggeri, el Rector fundador, se hicieron cambios en la Asociación. En agosto de 2006, mediante una asamblea extraordinaria, los socios pasaron a ser únicamente los seis hijos del académico: por un lado, las hermanas Nani Torres, con Graciela, Francis y Mariela; y por el otro, los Nani Lozada, con Giovanni, Grazietta y Giovanna. A partir de allí, las acciones se repartieron en seis partes iguales entre los nuevos socios y, desde entonces, han sido los encargados de gran parte de la administración de la UAM. Pero ese arreglo inicial terminó siendo el germen de un largo conflicto.
Para tomar decisiones inherentes a la universidad, los asociados debían contar con la mayoría, al menos cuatro de seis votos, de los socios de la Asociación Civil. Una tarea que resultó ardua, al menos al inicio, debido a las profundas diferencias entre los socios, que además se agrupaban en dos núcleos familiares contrapuestos.
Cuando reventó el conflicto incubado, consiguió resquebrajar las relaciones familiares, crear rivalidades y acentuar enemistades preexistentes. Sin embargo, en 2011 surgió una fórmula que, si bien no sanó la pugna, al menos la acalló: una de las hermanas Nani Torres cedió su voto, formando con los Nani Lozada una mayoría estable de cuatro contra dos. Una consecuencia inmediata de la inesperada alianza fue la designación en 2012 de un conjunto de autoridades universitarias allegado a los Nani Lozada: como Rector, el hoy fallecido Carlos Herrera, y Javier Higa, marido de Grazietta Nani Lozada, como Vicerrector Administrativo. Desde entonces, a pesar de que algunas circunstancias cambiaron, la facción de los Nani Lozada sigue en control de la UAM.
La tarde del 6 de junio de 2023, Rafael Rigoberto Acosta Quintanell, egresado de la Universidad Manuel Fajardo de Cuba como Licenciado en Cultura Física, pidió a la Comisión Académica General para la Certificación de Saberes, Aprendizaje, Competencias, Cualificaciones Profesionales y Validación de Estudios de la UAM que admitiera y tramitara una solicitud de homologación para que se le expidiera el título de Licenciado en Fisioterapia.
En ese mismo documento, al que Armando.info tuvo acceso, Quintanell asegura haber trabajado en Caracas desde 2007, tanto en organismos públicos como en instituciones universitarias, como la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, adscrita a la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías.
A la comisión encargada de revisar el expediente, conformada por autoridades a nivel rectoral y decanal, le tomó 28 días dar una respuesta. El 4 de julio recomendó que se le reconociera a Acosta Quintanell la condición de Licenciado en Fisioterapia y se le otorgase el título correspondiente.
Pero, de acuerdo con el testimonio de personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificadas por temor a represalias, Acosta Quintanell no cumplía los requisitos académicos para recibir esa titulación.
En efecto, una carta enviada al Rector desde la Secretaría Académica dejó constancia del problema. En ella se informaba que Quintanell no podía recibir la homologación por no haber cursado por completo el plan de estudio. En el pensum de la Licenciatura en Fisioterapia de la UAM solo se le podían reconocer seis asignaturas en equivalencia. Quintanell tampoco había presentado una tesis de grado, indispensable para conseguir la licenciatura.
Las represalias de Nani por las expresiones de esa carta surgieron de forma casi instantánea. En una reunión del Consejo Universitario realizada días después, el 20 de julio, el Rector anunció que la Secretaría Académica pasaba de inmediato a estar a cargo de Arturo Velázquez, el abogado que, como se adelantó al comienzo de esta nota, fue receptor de dos títulos express. Velázquez había renunciado a la universidad unos años antes, pero regresó en 2020, con el apoyo de Giovanni Nani Lozada -el futuro Rector- y de su hermana, Grazietta.
“Arturo [Velázquez] se fue del país por la crisis, pero en Chile no le fue bien. Regresó a la universidad en tiempos de la pandemia [de Covid 19] y volvió a estar en el mismo sitio de cuando se fue: asistente jurídico. Él era quien daba la cara por la profesora Grazietta [Nani Lozada], ejecutando sus decisiones. Luego ella misma lo puso como Coordinador de Postgrado”, dijo una fuente.
Tras su reincorporación, Velázquez comenzó a participar como consultor jurídico en actividades organizadas por Giovanni Nani Lozada y el predecesor de éste en el rectorado, Carlos Herrera. Era un rol similar al de la asesoría que anteriormente había desempeñado para Grazietta Nani Lozada. Pero este desempeño le deparó a Velázquez una relación de cercanía con el nuevo Rector que le permitió escalar posiciones a toda velocidad, hasta convertirse en una autoridad universitaria con doble perfil: Secretario y Decano de Postgrado.
Tras las modificaciones en la Secretaría, ahora a cargo de Velázquez, la universidad envió un documento a través de Whatsapp a un extrabajador. El documento evidenciaba el rumbo que esa dependencia de la UAM estaba tomando hacia el secretismo.
Se trataba precisamente de un “convenio sobre confidencialidad y prohibición de concurrencia desleal” que buscaba impedir que la persona desvinculada de la institución revelara alguna información que las autoridades universitarias pudieran considerar comprometedora.
Para conseguirlo, la universidad amenazó con tomar acciones legales que suponían una indemnización de 2.000 dólares “por los daños causados” en cada ocasión que ocurriese un incumplimiento de la “obligación de confidencialidad”. Así mismo, el convenio exigía al extrabajador que, durante el año posterior a su separación, evitara dedicarse a “actividades similares a las desarrolladas” en la UAM. De lo contrario, estaría obligado a pagar 2.000 dólares a la universidad “por concepto de daños y perjuicios” por cada incumplimiento.
Pero no hubo acuerdo en este caso en particular. El extrabajador se negó a firmar el forzoso convenio. Como castigo, al despedirlo, la UAM dejó de pagarle el total del monto de liquidación que le correspondía.
El de Velázquez, si bien destacado, solo ha sido uno entre decenas de movimientos que han ocurrido en la UAM desde que Giovanni Nani Lozada asumió la rectoría. Según miembros del personal docente y administrativo, Nani Lozada ha llevado adelante una campaña de acoso que busca purgar de la universidad a quienes no considera leales.
Un caso ilustrativo de esa razzia se registró en noviembre de 2022, durante una reunión de Consejo Universitario Extraordinario. En esa ocasión, el rector Nani Lozada comentó los resultados de una auditoría que, según aseguró, él mismo había ordenado algunos días antes. Afirmó que la auditoría, cuyo informe nadie del consejo leyó, había detectado “irregularidades” en la gestión del anterior decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Luis Alonso Hernández, que ejercía el cargo desde 2013. Con esa carta sobre la mesa, Alonso optó por renunciar antes que enfrentar un proceso administrativo que Nani asomó.
Semanas antes de esa renuncia forzada, cuando el aún Rector, Carlos Herrera, se preparaba para separarse de su cargo tras una década en funciones, el profesor Alonso Hernández sonaba como su potencial sucesor. De hecho, Grazietta y Giovanna Nani Lozada, hermanas de Giovanni y socias de la Asociación Civil, fueron las principales impulsoras de esa posible candidatura. Pero cuando las hermanas le hicieron la propuesta formal a Alonso, éste declinó la oferta, alegando que consideraba que todavía carecía de la preparación adecuada para ocupar un puesto de tanta responsabilidad.
La negativa de Luis Alonso Hernández sonó como un pistoletazo de salida a los oídos de Giovanni Nani Lozada, quien vislumbró una oportunidad y activó las maniobras para conseguir que él mismo fuera elegido como rector. Acabaría siendo designado para el cargo en agosto de 2022, por cierto, sin la validación mediante el voto de los socios, requerida en los estatutos de la Asociación Civil.
En simultáneo con la desvinculación de Luis Alonso Hernández, ese mismo mes de noviembre, Giovanni Nani Lozada, recién nombrado rector, ordenó a la Dirección de Grados la elaboración de dos títulos de postgrado para el abogado Arturo Velázquez, su mano derecha. El primero, una especialización en Derecho Constitucional, y el segundo, una maestría en Derecho Administrativo. Aunque dichos títulos se le entregaron en los actos de grado de diciembre de 2022, para ese momento no existía registro alguno de que Velázquez hubiera presentado las tesis respectivas.
Este episodio, una vez consumado, forzó la salida en enero de 2023 de la antigua Decana de Postgrado, Marie Picard de Orsini, que ocupaba el puesto desde diciembre de 2011 y había expresado su oposición a la petición del rector de otorgar dos títulos a Velázquez. Con su salida también se marchó gran parte del personal docente que la acompañaba, sustituido casi de inmediato por personas seleccionadas por el rector.
Para finales de julio de 2023, ya habían sido modificados por completo todos los cargos que componían el área administrativa de la UAM, pasando primero por el personal de la Secretaría Académica y la Dirección de Grados hasta a otros puestos de autoridad como el del Vicerrector Académico, que pasó a manos de Pedro Flores luego de que Ernesto López, el anterior en el cargo, renunciara por diferencias con el Rector, señalaron tres fuentes consultadas. También había ocurrido algo similar en diversas facultades, como las de Postgrado y de Ciencias Económicas y Sociales. Con el escenario ya despejado de toda oposición, la vía quedaba libre para el rector Nani.
En los actos de grado de mayo de 2023 en la UAM, muchos no entendían lo que estaban viendo. Por el podio pasaban personas a quienes los demás graduandos no recordaban haber visto. Aún así, los desconocidos recibían títulos de especialidades para los que los otros presentes habían destinado meses o años de estudios.
En ese grupo de recién aparecidos se encontraban docentes que habían ascendido recientemente en el escalafón de las autoridades universitarias de la UAM, como el caso del mencionado Secretario y flamante Decano de Postgrado, Arturo Velázquez. Eran también los casos de Hellen Seijas, Coordinadora de la Facultad de Postgrado, y Luis Cabrera, Director Académico de la Facultad de Humanidades, Letras y Artes.
Seijas se desempeña como personal administrativo del decanato de Postgrado y se encarga de procesar las notas de los cursantes de postgrados, que luego remite a las autoridades de la universidad (el Rector, los Decanos y el Secretario Académico) para la certificación final. Cabrera, por su parte, fue nombrado director académico días después de que Giovanni Nani Lozada iniciara su gestión rectoral. Ambos potenciaron amistad y jerarquías por sus lazos con las logias masónicas del estado Carabobo, de las que forman parte junto a Arturo Velázquez, dijeron fuentes.
Entre los graduandos también aparecieron funcionarios públicos del estado Carabobo como, por ejemplo, Johan Castañeda. El alcalde del municipio Guacara -una ciudad hoy integrada como un suburbio de Valencia- y dirigente regional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llevaba toga negra con franjas de color gris y un puñado de medallas colgando del cuello, cuando el rector Nani le entregó el diploma de Especialista en Gerencia Estratégica. Wilfredo Granadillo, comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), también recibió un título similar en esa jornada.
Durante los meses anteriores al acto de grado de mayo, una comisión de docentes de la UAM se trasladó a la sede de la Alcaldía de Guacara para, según dijeron, impartir clases de Gerencia Estratégica a los trabajadores de la Alcaldía. Ese grupo de profesores estuvo encabezado por Ariana Rivas, Decana de la Facultad de Ingeniería, Arturo Velázquez, Rafael Pérez, que había sido nombrado recientemente como Director de Grados, y Ernesto López, quien para entonces era Vicerrector Académico y coordinador hasta el 2023 de dicha especialización.
Distintas fuentes aseguraron a Armando.info que a los funcionarios municipales no se les vio acudir, al menos, a la sede de la UAM, aunque no se descarta que pudieran haber recibido clases en otro lugar. Tampoco presentaron proyectos de tesis individuales (lo hicieron en grupos de hasta cuatro personas), como establecen las normativas que regulan los estudios de postgrado de la universidad.
“Alegaron que, como eran personas que estaban dentro de la misma dependencia de la alcaldía, las más cercanas al alcalde, debían hacer la tesis en conjunto y que, como se trataba de un programa de planificación estratégica, querían elaborar planes de trabajo que les sirvieran para las funciones que ellos ejercían y que facilitaran el trabajo del alcalde”, explicó una de las fuentes.
El grupo de trabajadores estuvo conformado por 27 personas. A todos les fue conferido el título de especialización.
El 3 de febrero de 2022, Giovanni Nani Lozada tuvo una cita importante. Ese día se presentó en la sede del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, para ser juramentado como uno de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales encargado de seleccionar a los nuevos magistrados del TSJ y otros cargos del Poder Judicial. Llegó hasta allí como representante de la sociedad civil postulado por su propia Universidad Arturo Michelena y también, según reseñas de prensa, habría recibido el respaldo de un “movimiento de intelectuales” de cuyos miembros se desconoce la identidad.
Sin embargo, fuentes dijeron a Armando.info que lo que le permitió alcanzar el puesto fue en realidad su cercanía con Carlos Boully, Rector de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar). La Ucsar, aunque adscrita a la Arquidiócesis de Caracas, permanece bajo control de autoridades “sensibles” a las posiciones del chavismo desde 2012.
Boully, quien cuenta con el grado de Presbítero de la Iglesia, ha sido consultor jurídico de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y de instituciones públicas como el TSJ, la Contraloría General y la Fiscalía General de la República. Desde 2021, Boully también ha sido miembro del Comité de Postulaciones Electorales que ha designado a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la supervisión de la Asamblea Nacional, hoy encabezada por Jorge Rodríguez Gómez.
La amistad entre Nani y Boully se construyó a través de terceros, por abogados que los han hecho coincidir en diversos servicios que ha requerido el rector de la UAM. Una de esas personas en común es Pedro Natera Piñerúa, Vicerrector de Postgrado de la Ucsar, y su hija, la abogada Yazgre Natera Azuaje, quienes han representado al Rector Nani en distintos procesos judiciales.
La amistad de Nani con Boully ha resultado en beneficios mutuos. En julio de 2023, poco más de un año después de la incorporación de Giovanni Nani Lozada al Comité de Postulaciones Judiciales, la UAM anunció que haría entrega de un doctorado Honoris Causa a Boully, un título honorífico que reconoce los méritos y trayectoria de quienes sobresalen en su actividad académica. Y con ello se terminó de consolidar otra gran alianza: la de la UAM con el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora (IAEL), del que Boully es presidente. Ambas instituciones, junto a la Ucsar, ofrecen planes de estudio de maestrías y doctorados en Derecho, Gerencia, Administración, Salud, Ciencias Jurídicas y Educación.
En noviembre de 2023, en el mismo acto de grado en el que la UAM dio a Boully el doctorado Honoris Causa, la Ucsar concedió a Nani un doctorado en Auditoría de Estado. Fue una ceremonia que contó con la asistencia de personas influyentes, como el cardenal Diego Padrón, Arzobispo Emérito de Cumaná y expresidente de la CEV, quien desde la tarima hizo la solicitud formal para que se le entregara el reconocimiento a Boully.
Pero en ese evento también destacó otra figura: la de Carmen Alves, quien desde 2020 es magistrada del TSJ, en un primer momento como integrante de la Sala Electoral en sustitución de la magistrada Indira Alfonzo y, actualmente, como titular de la Sala de Casación Civil. Había presentado su proyecto de tesis de grado para el Doctorado en Derecho en marzo de 2023, con un jurado de profesores integrado en su mayoría por autoridades de la UAM, encabezado por Giovanni Nani Lozada junto a sus leales Ariana Rivas y Arturo Velázquez, de acuerdo con los registros en redes sociales de la universidad.
Al momento de evaluar la tesis de Alves, sólo uno de los miembros del jurado tenía un doctorado, requisito establecido por la Ley de Universidades y los reglamentos internos de la UAM para quienes cumplen ese rol. Ese era el propio rector Nani, quien asegura contar con un doctorado en Gerencia de la Universidad Yacambú de Barquisimeto, estado Lara.
En respuesta a una solicitud de información de Armando.info, la magistrada Alves respondió, a través de un mensaje de correo electrónico, que comenzó sus estudios para el Doctorado en Derecho en 2020. “Respecto a dichos estudios, una vez cumplidos los requisitos de inscripción, inicié junto a los demás cursantes las actividades académicas, las cuales fueron dictadas de acuerdo al pensum de estudios en los horarios y días pautados, participando activamente en todo momento en las clases, actividades y evaluaciones requeridas”, aseguró.
Tras dos años de estudios, de acuerdo con la versión de la magistrada, presentó su proyecto de tesis doctoral, titulado La protección del honor en las redes sociales frente a la garantía a la libertad de expresión: una perspectiva desde los derechos emergentes de la era digital y el ciberespacio. La tesis recibió las menciones de “excelencia y publicación” y puede verse en línea en la revista Iurídica de la UAM.
El nombramiento de Alves como magistrada titular de la Sala de Casación Civil del TSJ coincide con la presencia en el Comité de Postulaciones Judiciales de los rectores Nani y Boully, precisamente quienes otorgarían a la nueva magistrada su único título de Doctorado. Anteriormente, Alves había sido magistrada suplente de la Sala Electoral (hasta que en 2020 reemplazó a la magistrada Indira Alfonzo) y presidenta de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo (2016-2020).
En ese acto de grado de noviembre de 2023 se otorgaron 31 doctorados en el marco del convenio Ucsar-IAEL-UAM. Además de Alves y Segovia, estaban viejos conocidos del Rector Giovanni Nani Lozada: Arturo Velázquez, el abogado y mano derecha de Nani que en noviembre de 2022 había recibido una especialidad en Derecho Constitucional y una maestría en Derecho Administrativo, ahora era distinguido con un doctorado en Educación; Luis Cabrera, que en mayo recibió la especialidad en Gerencia Estratégica, seis meses después conseguía un doctorado en Educación; Ariana Rivas, Decana de la Facultad de Ingeniería, Giovanna Nani Lozada, hermana del Rector, y Javier Higa, Vicerrector Administrativo, también recibieron doctorados en Educación. Por su parte, el Vicerrector Académico, Pedro Flores, obtuvo un doctorado en Derecho.
De esta manera, todas las autoridades de la UAM conseguían en un mismo acto sus títulos de doctores.
Un día de diciembre de 2019, cuando el personal tenía un almuerzo especial por las festividades navideñas, una comisión de funcionarios del Cicpc llegó a la sede de la UAM. Buscaban hablar con Javier Higa, Vicerrector Administrativo, para solicitarle la información contable y financiera de la universidad. Apenas unos días antes de la visita, la División Contra la Delincuencia Organizada del cuerpo de policial había recibido una denuncia sobre presuntas irregularidades financieras.
Una integrante de la Asociación Civil había presentado la denuncia. En ella se precisaba que desde el año 2015 las autoridades universitarias (para ese entonces encabezadas por el Rector Carlos Herrera y Javier Higa) y los tres hermanos Nani Lozada habían impedido a las socias Nani Torres el acceso a la documentación económica y financiera de la institución, como los libros contables, las cuentas bancarias y el número de matrículas estudiantiles, así como a recibir los pagos de los ingresos de la universidad que les corresponden como copropietarias.
En abril del mismo año, la misma solicitud (por información económica, contable y financiera) había sido avalada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró con lugar un amparo constitucional en el se que exigía que se respetara el derecho a la información que tenían las hermanas Nani Torres. La decisión del tribunal se basó en los artículos 5 y 7 del Estatuto Orgánico de la UAM, que establecen que el Consejo Universitario tiene la obligación de “presentar a la Asociación Civil Universidad Arturo Michelena los informes anuales de la memoria y cuenta académica, los balances financieros y el presupuesto anual de la universidad”. Justamente la documentación que ha estado pidiendo una de las asociadas desde el año 2015.
Sin embargo, a raíz de una apelación solicitada por la contraparte, los hermanos Nani Lozada, el expediente se remitió al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito de Carabobo. Este revocó el 11 de junio de 2021 la sentencia inicial del Juzgado Cuarto y dejó sin efecto el amparo constitucional por considerar, entre otras cosas, que no existían pruebas de que los miembros de la Asociación Civil UAM estuvieran “total e irreversiblemente” enfrentados y que, como afirmó la demandante, no pudieran reunirse para resolver las disputas. Antes, a finales del año 2018, una notificación judicial de un tribunal municipal carabobeño también había exigido a Carlos Herrera y a Javier Higa entregar la documentación solicitada por la copropietaria, lo que no ocurrió.
En agosto de 2021, un fiscal del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa que había sido denunciada ante el CICPC alegando que no encontraron “elementos que determinen la comisión de algún hecho punible”. No obstante, durante el transcurso de las indagaciones, funcionarios relacionados con el proceso comentaron en reuniones privadas que habían encontrado un número inusualmente alto de empresas que le proveían servicios a la universidad: hasta 400 compañías encargadas de labores de mantenimiento y el suministro de materiales de construcción, entre otras cosas.
En las denuncias reseñadas en el sitio web del TSJ existe registro de que ambas partes propietarias, tanto las Nani Torres como los Nani Lozada, en efecto intentaron reunirse para acordar soluciones. Pero, según se lee en la denuncia presentada ante el Cicpc, la modesta iniciativa se derrumbó cuando Giovanni Nani Lozada dijo, refiriéndose a los dividendos que las hermanas Nani Torres reclaman no haber recibido, que “con el dinero él compra a la justicia venezolana”.
Armando.info solicitó por correo electrónico respuestas del rector Nani a los señalamientos que se le hacen, pero hasta el momento de cierre de la presente edición no se había recibido respuesta alguna. Del mismo modo se hizo con las autoridades universitarias, Pedro Flores, Javier Higa, Arturo Velázquez y Ariana Rivas, así como con el resto de profesores favorecidos con títulos académicos en el período descrito, pero tampoco hubo respuesta.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Un triángulo de influencias sobre decisiones de las cortes venezolanas, conecta al abogado Gustavo Ernesto Mendiri Borges con dos viejos amigos suyos: el Fiscal General, Tarek William Saab y el grandeliga y dueño de la aerolínea Rutaca, Carlos Alberto Silva Caraballo. Tras bastidores, Mendiri ha actuado como un cabildero que mueve los hilos de la justicia para favorecer a sus allegados o clientes, muchos venidos, como él mismo, de la gerencia de equipos de ligas deportivas.
Pedro Luis Martín Olivares, exdirectivo de la policía política venezolana, buscado en Estados Unidos por presunto narcotráfico vinculado al Cártel de los Soles, tiene un perfil público deliberadamente bajo. Aunque no conserva el mismo poder del que gozó con Hugo Chávez, se las ha arreglado no solo para seguir impune frente a quienes intentan denunciar su doble vida entre los servicios secretos y las actividades ilícitas -de la extorsión al tráfico de influencias-, sino además para levantar un emporio empresarial mientras sus parientes acumulaban un valioso patrimonio inmobiliario.
La vicepresidenta de Nicolás Maduro, cuyo poder crece en simultáneo con el de su hermano, Jorge, lo hace todo en familia. Así que con Yussef Abou Nassif, a quien se le asocia como su pareja afectiva, y sus hermanos, ha sido generosa. Aún antes de que la relación pase a mayores, Cupido llegó con una alforja llena de contratos para el clan de origen libanés, que de la noche a la mañana construyó una maraña de empresas que desde 2017 se nutrió con al menos 413 millones de dólares en convenios para el suministro de los CLAP, y luego se extendió a otros negocios como bodegones, tarjetas de pago y venta de insumos médicos.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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Alcalde del municipio Guacara del estado Carabobo desde el año 2017. En abril de 2022 firmó un convenio con la Universidad Arturo Michelena. En mayo de 2023 la UAM le otorgó a él y a otros 27 trabajadores de la Alcaldía el título de especialistas en Gerencia Estratégica.
Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2020: primero como integrante de la Sala Electoral (2020-2022) en sustitución de Indira Alfonzo (transferida a la rectoría del CNE), y después como titular de la Sala de Casación Civil (26 de abril de 2022-actualidad). Antes fue presidenta del Circuito Judicial Penal de Carabobo entre los años 2016 y 2020. En noviembre de 2023 le fue conferido el título de doctorado en Derecho emitido por el convenio UAM-UCSAR-IAEL.
Rector de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar). Es presidente del Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora (IAEL) que, en alianza con la UAM y la Ucsar, ha emitido títulos de doctorado a personas que no han cumplido los requisitos para obtenerlo. Es miembro del Comité de Postulaciones Electorales que designa a los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Comité de Postulaciones Judiciales, que selecciona a los candidatos a magistrados del TSJ.
Decana de la Facultad de Ingeniería de la UAM. Integró la comisión de profesores que se trasladó a la Alcaldía de Guacara para presuntamente impartir clases de la especialidad en Gerencia Estratégica a 27 funcionarios de la Alcaldía, incluido Johan Castañeda, el burgomaestre.
Actualmente decano de Postgrado y secretario académico de la UAM. Su cercanía con los Nani Lozada, especialmente con el rector Giovanni, le ha permitido escalar hasta los puestos directivos de la universidad. En el período de un año recibió tres títulos de postgrado: una especialidad, una maestría y un doctorado.
Uno de los seis miembros de la Asociación Civil Universidad Arturo Michelena, propietaria de la institución. Se nombró rector de la UAM en agosto de 2022 sin el apoyo ni votos de la Asociación Civil. Desde entonces ha obtenido influencia en los factores de poder en Caracas, principalmente por sus alianzas con funcionarios públicos y como integrante del Comité de Postulaciones Judiciales que designa a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
