Hasta los curas dicen ‘amén’ a los mandamientos del ELN en Táchira y Apure

Treinta hombres armados llegaron a la casa parroquial a bordo de camionetas Toyota, modelo Samurai, y algunas motos. Cada uno llevaba en sus guerreras, más abajo de sus hombros, una bandera en la que se leía la inscripción “ELN”, siglas de la agrupación guerrillera Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Primero, preguntaron por las armas. “En la casa de Dios no hay armas”, les dijo el cura, a quien sentaron y rodearon. 

Entonces, como un Moisés de la guerrilla que revela las Tablas de la Ley, uno de ellos abrió una carpeta que contenía una hoja de papel, no con diez, sino con ocho mandamientos escritos: “Te vamos a leer la cartilla para que vivas en paz y para que la iglesia permanezca aquí”. 

El sacerdote, cuyo nombre no debe ser publicado por razones de seguridad, es la autoridad eclesiástica de ese poblado del estado Táchira, cercano a la frontera con Colombia. El ELN le advirtió que, si “pecaba” e incumplía las normas establecidas por la guerrilla, desaparecería. Y no precisamente en el cielo.

La presente cobertura comprobó que otras autoridades de la iglesia católica en la zona también han sido intimidadas por el ELN a través de la imposición de normas. Sin embargo, no son los únicos objetivos de la campaña de amenazas. 

Luego de 30 entrevistas con profesores, antiguas autoridades políticas, organizaciones locales, estudiantes y vecinos, todos habitantes de los municipios Delicias, Junín, Las Mesas, Seboruco, Ureña y San Antonio del estado Táchira, en los Andes venezolanos, así como del municipio Páez en Apure, en la región de Los Llanos, las reporteras de Armando.info verificaron que se trata de zonas gobernadas en la práctica por el ELN, que se ha instalado allí desde hace más de una década y que, a partir del control que ejerce, psicológico y físico, mantiene un régimen estricto sobre las comunidades, a las que dice preservar “en orden y protegidas”. Esto ocurre en un contexto de ausencia parcial del Estado y, en algunos casos, hasta con la complicidad de las autoridades oficiales sobre el terreno. 

Rasgos de ese dominio se evidencian en la “cartilla de Dios”, como la llama con algo de sorna el sacerdote al que el ELN impartió su catecismo guerrillero. El primer mandamiento del sermón fue uno que no solo se aplica a los curas del pueblo, sino también al resto de sus habitantes: para visitar las zonas verdes o trochas, los pobladores deben notificar con anterioridad a la guerrilla. Según refirieron algunos entrevistados, el tránsito de cualquier ciudadano o mercancía por esos caminos constituye una de las principales fuentes de ingreso del grupo armado, que cobra peaje para franquear el paso.

Los guerrilleros le dijeron al párroco que también debe avisar al ELN cuando vaya a realizar una jornada con los vecinos, alguna campaña “casa por casa”, o visitas con agencias internacionales. De hecho, este cura cuenta que una vez en la que acompañaba a representantes de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas (Acnur, por sus siglas en inglés) en el levantamiento de un censo de la zona, aparecieron miembros de la guerrilla a gritarles que tenían diez minutos para desalojar la parroquia.

El padre llegó al lugar hace más de nueve años, en días de enfrentamientos armados que se prolongaron durante varias semanas. Dormía con miedo y zozobra. Varias veces pensó en tirar la toalla, confesar que no estaba preparado y pedir reubicación. “Me acechaban desde que llegué. No podía hablar, no podía entenderme con ellos. Estaba bajo amenaza y vigilado. Enviaban a sus integrantes a las misas para escucharlas completas. Sinceramente, a uno le tiemblan las piernas y el corazón”, se sincera.

Tras un proceso de diálogo con los comandantes y varios de sus integrantes, le permitieron permanecer “en paz”, siempre y cuando cumpliera sus mandamientos. Luego le explicaron que ese cumplimiento de las Tablas de la Ley se sostiene en las “penitencias” para los transgresores, y que cualquier habitante que cometa el pecado será castigado. “La gente no cambia si no hay castigo. El castigo forma parte de la organización. Si no se castiga al hombre, el hombre no cambia”, le dijo uno de los comandantes durante el proceso de diálogo.

Algo parecido le ocurrió a otro religioso, dirigente de una organización de jesuitas, que prefirió también resguardar su nombre. Desde hace más de dos años trabaja en las zonas rurales del Alto Apure, y siempre debe pedir permiso a la guerrilla para que las organizaciones de asistencia humanitaria ingresen a dichos municipios. “A veces lo aprueban y luego hay que pasar por el proceso de verificación. Durante la actividad, certifican que realmente se está haciendo una labor humanitaria” contó. Un mandamiento ineludible es el del veto a temas locales como la extorsión, el secuestro o la guerrilla, de los que los sacerdotes tienen prohibido hablar durante las misas. El dirigente jesuita admite que la guerrilla le ha permitido trabajar estos años en la región fronteriza porque ha acatado esas normas y otros interdictos, como los de no mencionar en sus actividades religiosas y sociales los derechos humanos, el empoderamiento femenino o temas de migración.

Estas son normas que se imponen en otras zonas fronterizas de Táchira como San Antonio, Ureña o Delicias, así como en El Nula, estado Apure. Por ejemplo, el otro religioso, el que recibió la “cartilla”, relata que tampoco puede referirse a colectas comunitarias o ventas de rifas en favor de organizaciones sin fines de lucro, un trabajo de larga data y tradición en estos pueblos. Al padre le prohibieron tener redes sociales y dar entrevistas. Tampoco puede compartir fotos que muestren la realidad de la comunidad. De hecho, para esta investigación, tanto el padre como habitantes de la zona intentaron tomar fotografías, pero fueron amenazados por el grupo guerrillero. Aunque suene como una posibilidad extravagante en un entorno de pobreza, también tienen prohibido el uso de drones.

Todo ello es evidencia de que la guerrilla no solo quiere el control territorial, sino que también busca controlar las mentes de los lugareños, si es que no lo logra con los corazones. No hay espacio para el libre pensamiento o para el debate. Desde luego, a ello también contribuye el hecho de que estos poblados pasan más de la mitad del día sin suministro de luz, señal telefónica o agua. Al aislamiento geográfico y de servicios se suma el hermetismo impuesto por la guerrilla, que hace que la denuncia ante organismos públicos o medios de comunicación no sea una opción factible para quienes están bajo su control. 

Los subversivos además imponen un cierto léxico. En esta zona, anteriormente, era obligatorio llamarlos “los compas”. Luego, cambiaron la consigna. Ahora hay que llamarlos “la familia”.

Guerrilla en auge

Como relata Insight Crime, el ELN empezó a utilizar el territorio venezolano como refugio desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, cuando el flamante líder de la autodenominada Revolución Bolivariana asumió una actitud amistosa tanto con este grupo como con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Durante esta época, el ELN tuvo menos importancia en el plano militar y menos influencia territorial que las FARC, que era el principal grupo guerrillero de Colombia hasta su desmovilización, iniciada en 2017. En ese momento, el ELN se enfocó en sus bases políticas y sociales con el fin de ganar mayor legitimidad y apoyo en las comunidades donde tenía presencia.

Sin embargo, una vez desmovilizadas las FARC, el ELN emprendió un proceso de expansión tanto a nivel nacional como internacional, llenando los vacíos territoriales de este grupo armado. Este proceso se había iniciado en 2014, cuando el ELN retomó las negociaciones de paz en Colombia. Así, el ELN encabeza la lista de los 10 grupos criminales que dominan el hampa en Venezuela, preparada por Insight Crime. Contaría con más de 1.000 integrantes estacionados en Venezuela, según cálculos del ejército colombiano. 

“El ELN controla economías criminales extendidas y muy lucrativas en Venezuela, entre los que el trasiego de contrabando, narcotráfico y la minería ilegal son las más rentables. En las zonas dominadas por el ELN, la guerrilla ha replicado el modelo social político-militar implementado en Colombia, mediante el que se proveen bienes, servicios y oportunidades económicas a las comunidades, mientras que por otro lado se imponen sistemas paralelos de tributación y administración de justicia. Si las negociaciones de paz con el gobierno colombiano o si las fuerzas asentadas en Venezuela se separan del proceso, entonces esta guerrilla tendría una posición holgada para seguir siendo el grupo armado más poderoso de Venezuela por muchos años más”, se lee en el informe de Insight Crime, medio especializado en la cobertura del crimen organizado.

A su propia cuenta y riesgo

Corroborar realidades como la anteriormente descrita en estos estados del país es complicado no solo para periodistas, sino para organizaciones locales, internacionales o cualquiera que desee trabajar en campo. Para ingresar a esas zonas, se debe pedir permiso a la guerrilla. En algunas ocasiones, las entrevistas para este reportaje tuvieron que realizarse en áreas alejadas de las zonas investigadas para que ni el equipo periodístico, ni los entrevistados, corrieran peligro. Y en otras visitas no se reveló que quienes ingresaban eran periodistas. 

La guerrilla procura saber quién entra y sale en cada una de las zonas bajo su control. Los carros deben tener los vidrios abajo y cada ciudadano debe identificarse. Aquellos que vayan en moto, están obligados a quitarse los cascos y enseñar su rostro para explicar hacia dónde se dirigen y cuál es el motivo de la visita.

Por tratarse de zonas fronterizas, se esperaría un resguardo militar y una clara presencia de efectivos de la Fuerza Armada venezolana, en especial, de la Guardia Nacional; sin embargo, los propios funcionarios de estas instituciones en los puntos de control de estas zonas aseveran que no pueden garantizar seguridad en estos territorios. 

“Lo que pase después de acá queda bajo su responsabilidad. Eso es territorio de ‘la familia’, ‘los compas’, 'la organización', o como tú quieras llamarlos”, le dijeron al religioso jesuita en la alcabala de Majumba, apenas unos metros antes de llegar a El Nula, estado Apure.

Una vez que se permite el ingreso a los municipios, se le explica a los visitantes que la logística y la comunicación que tiene el ELN con los habitantes discurren a través de los Consejos Comunales, la estructura de organización básica del Estado chavista, como corroboraron los 30 entrevistados en los siete municipios visitados para esta investigación. 

En Seboruco, estado Táchira, los residentes comentaron que el ELN envía mensajes a las autoridades locales a través de los Consejos Comunales. “En Los Ríos, comen en sus casas y algunos hasta viven en esas casas”, expresó una de las autoridades. Mientras que uno de los vecinos contó que en el Edificio 5, en la aldea Santa Filomena, donde reside una líder del Consejo Comunal, se realizan reuniones políticas. “Yo los he visto con botas militares, pantalones verdes, y cómo se desplazan en motos y camionetas Hilux. Algunos hablan con acento colombiano y otros tienen acento del centro de Venezuela”, dijo una autoridad local de Seboruco.

Los jueces del pueblo

El ELN ha logrado dominar las actividades económicas ilegales y consolidar en paralelo su poder político, mediante un control territorial que implica la vigilancia e imposición de normas para los habitantes que hacen vida en estos municipios. Quienes se atreven a transgredir sus mandamientos o cometen delitos como robos, abusos sexuales o violencia de género, son desterrados, enviados a campos de siembra, o se les condena a limpiar las calles o las plazas. Algunos son golpeados o se les amarra bajo el sol a los árboles o postes del alumbrado público. Estos castigos ejemplarizantes son parte del terror y de la “religión” de la guerrilla para mostrar a la comunidad lo que puede ocurrir a quien se desvíe de las normas.

“¿No quieres que te traiga a uno de los castigados para que limpie los potreros?”, le preguntó a una profesora en El Nula uno de los representantes de un estudiante, quien a su vez es miembro del ELN.

Un grupo de directores, profesores y autoridades educativas del municipio Delicias, en Táchira, quienes prefieren resguardar su identidad por seguridad, comentaron que en 2018 la guerrilla entró a la Escuela Simón Rodríguez porque unos alumnos se habían “portado mal”. 

Voces del personal docente trajeron a colación sus recuerdos de esa vez en la que los elenos llegaron a la escuela. Sin que los educadores del plantel pudieran presentar resistencia, los guerrilleros se llevaron a cinco estudiantes que supuestamente habían hecho daño a la institución escolar. Luego de varios días, siguen los testimonios, los jóvenes abducidos volvieron: “Llegaron con el pelo rapado y nos contaron que los habían amarrado a un palo lleno de hormigas. A las mujeres también las torturan y les quitan las uñas”.

Aunque no precisan cifras, los profesores revelaron que muchos estudiantes y representantes pertenecen a grupos armados, lo que disuade a los docentes y alumnos que se propongan denunciar los casos que observan. 

“Nadie se atreve a cometer errores. Las personas no ponen denuncias, sino que se dirigen a ellos. Las personas quieren justicia y ellos son quienes la logran”, cuenta una de las profesoras desde el casco central de Delicias.

Mientras tanto, en el municipio Seboruco, una antigua autoridad política que prefirió resguardar su identidad, contó que un día amaneció y vio a un grupo de jóvenes con el pelo recién rapado que vestían, cada uno, camisas blancas con el rótulo: “Debo cuidar la plaza”. Cargaban escobas y otros productos de limpieza en la Plaza Bolívar del pueblo. Se les había impuesto ese castigo porque supuestamente habían dañado las luces y el pesebre de la plaza. “Así los tuvieron una semana. Y esto lo podemos ver en todo el pueblo. Al que desobedece también lo envían a limpiar las calles. Ellos dicen que quieren mantener el orden y la paz en el pueblo, pero lo hacen con violencia y miedo”, detalló.

En Guasdualito, municipio Páez, estado Apure, uno de los enclaves históricos de la guerrilla desde hace más de 30 años, cinco personas dijeron que el ELN utiliza las zonas más rurales para ejercer estas torturas y castigos. “Atan las personas a los caballos o a los árboles, completamente desnudos”, describió una de las entrevistadas.

La fiesta se acaba temprano

Las normas prescriben un horario y, cuando llega la noche, los habitantes deben resguardarse en sus casas. En al menos la mitad de los municipios visitados, los habitantes entrevistados aseguraron que se mantiene vigente un toque de queda.

En Guasdualito, durante el primer trimestre de este año, la guerrilla hizo circular un comunicado por el que informaba de los horarios preestablecidos del toque de queda. Hizo imprimir un panfleto que se repartió entre los negocios y calles del pueblo, dijo una activista por los derechos humanos. 

En Ureña y San Antonio, poblaciones importantes del estado Táchira, en algunas temporadas, les permiten a los habitantes permanecer fuera de sus hogares hasta las 11 de la noche, dijeron exautoridades políticas y dirigentes de la zona. Mientras, en el municipio Rafael Urdaneta, “la fiesta y el bochinche”, como les gusta decir a los locales, solo pueden durar hasta las nueve de la noche. “Cuando hay desorden en el pueblo, los toques de queda son aún peores”, dijo un residente de la comunidad.

Esto forma parte de su esquema de “normas de convivencia”. El que no cumpla el toque de queda, será objeto de castigos. “Entran y apagan las luces y el sonido. A veces, hasta se llevan a la gente”, dijo un habitante de Junín.

Las autoridades políticas que han intentado ejercer su poder legal en estas zonas, contrarrestando el de la guerrilla, han descubierto que cuentan con escaso margen de maniobra. La cartilla de Dios, los mandamientos y las normas de convivencia son la ley que predomina en estos municipios.

“Cuando recién llegó la guerrilla a la zona, pidió a las autoridades municipales no intervenir en el trabajo que ellos desempeñan, pacto que se ha respetado”, dijo una autoridad local del municipio Antonio Rómulo Costa, zona norte del Táchira, pues “hay un momento en que uno los ve en todos lados y es inevitable tener algún tipo de contacto, así sea visual”. Es una situación que parece imposible de revertir: ya hace parte de la cotidianidad local ver a guerrilleros caminando durante el día por el casco histórico, haciendo un chequeo de la zona.

Trabajadores de la administración pública de este municipio de la zona norte del Táchira, reiteran que los habitantes entienden que hay que acudir a la guerrilla para encontrar soluciones para sus problemas. “Numerosas veces nos dicen que nos mantengamos al margen. Tampoco nos atrevemos a pedirles ningún favor, sabemos que lo cobran caro”, aseveró la fuente vinculada con el municipio. 

Al igual que en las otras entidades municipales, el temor en esta zona se hace palpable y son pocos quienes se atreven a hablar del tema. La autoridad parroquial solo expresó de manera lacónica: “De ellos no se puede hablar. Está prohibido. Yo ni los menciono porque todos estamos bajo constante investigación y vigilancia”.

La letra, con vigilancia, entra

“Profe, acá mientras usted menos pregunte, más vive”, le dijeron a una profesora en una escuela de El Nula. Esta investigación determinó que los recintos educativos no escapan del control de este grupo armado y que tanto los estudiantes, como maestros, directores o coordinadores de las escuelas, están bajo su vigilancia y también deben cumplir las reglas. Por ejemplo, el grupo de profesores de Delicias contó que cada vez que hay un cambio de mando en la guerrilla, les solicitan una reunión a los padres y representantes para que conozcan quién gobernará el municipio.

Estas gestiones son realizadas a través de los Consejos Comunales. “Lo que los maestros necesitan deben solicitarlo a través de una carta, que luego la envían a la guerrilla y ellos aportan lo que puedan”, dijo una de las profesoras entrevistadas en Junín. “Todo este proceso tiene su formalidad. La líder del Consejo Comunal pide directamente a los coordinadores de escuelas que solicitemos lo más urgente y que luego lo traerán a la escuela”.

Las colaboraciones a veces las hacen directamente con los maestros. Por ejemplo, en la aldea San Pablo, municipio Seboruco, una maestra contó que varias veces les han llevado pintura y han contribuido con la cena navideña y regalos para los escolares. 

“Hay tanta necesidad, que uno hasta aprecia la ayuda”, cuenta la profesora. Sin embargo, no son simples acciones de buenos samaritanos. La filantropía guerrillera tiene su costo. Esta profesora, de una escuela pequeña con tan solo tres alumnos, asegura que está bajo total vigilancia de Marula, como se conoce al comandante guerrillero de la región. “Yo no sé dónde viven ellos, pero ellos saben perfectamente dónde está mi casa, si vengo a trabajar o no. Yo vivo lejos de la escuela, así que saben a qué hora salgo de mi casa. Tienen mi número de teléfono y una vez me ofrecieron un sueldo. Yo realmente no lo acepté porque me dan miedo las consecuencias”.

La oferta de mejores salarios forma parte del endulzamiento que estos grupos intentan entre los pobladores para ganarlos a su causa o, al menos, para que consientan su presencia. Con el mismo propósito se construyen una imagen de héroes justicieros que resulta atractiva en tierras abandonadas, de manera crónica y desde hace décadas, por las autoridades gubernamentales de Venezuela. Llevan útiles y regalos a los niños, pintan las escuelas, y ya con esas mínimas muestras de generosidad hacen contraste con el olvido del Estado.

Hace menos de dos años recuperaron completamente una escuela en la aldea Buena Vista, municipio Bolívar del estado Táchira. “Cambiaron los techos, la cocina y mejoraron la infraestructura. En total, fue una inversión como de cinco millones de pesos colombianos [unos 1.300 dólares]. Enviaron a varios obreros para los arreglos”, dijo un profesor de la zona. Estas mejoras, cuenta, también las hicieron en las escuelas de los vecinos sectores de Quebradas, La Línea y Hato Grande.

Ser ‘gato’ o emigrar

En estas tierras gobernadas por los botas negras, como también llaman al ELN, las opciones son pocas. Mientras los docentes están sometidos, los jóvenes aprecian a estos grupos no solo como su única oportunidad de trabajo, sino además como una alternativa que proporciona aventuras y sensación de empoderamiento. 

Tres coordinadores de escuelas municipales de Junín, Táchira, quienes prefirieron resguardar su nombre por seguridad, aseguraron que los estudiantes asumen distintos roles dentro de este grupo armado. Pueden ser informantes, contrabandistas y, en algunos casos, hasta sicarios. Dos investigadores de organizaciones nacionales educativas señalaron que el rango de edad en el que los niños y adolescentes venezolanos se suman al ELN oscila entre los 12 a 15 años. 

“Los estudiantes hacen alianza con estos grupos porque significa poder para ellos. Muchos nos dicen: ‘¿Para qué estudiar, profe, si lo que gano en una noche contrabandeando gasolina es más que una quincena de un salario en mi casa?’”, dijo una de las investigadoras.

El líder de la organización de jesuitas también señala que hay una suerte de “herencia familiar” en estas comunidades. Muchos de los padres de los niños en algún momento trabajaron con la guerrilla y ahora son ellos mismos quienes los presionan para ser los gatos del ELN, como se cataloga a aquellos reclutas que se suman a este grupo.

Esto no quiere decir que en aquellos grupos familiares donde no existe esta presión ignoren la opción de la guerrilla, especialmente atractiva en zonas de extrema pobreza. “Lo más atractivo para un joven de 16 años es sumarse a la guerrilla. Muchos de ellos sienten que pueden ayudar en sus hogares”, dijo el religioso. Los más de 30 entrevistados para esta investigación coincidieron en que el método de reclutamiento ha evolucionado a lo largo de los años. Ya no son necesarios los secuestros o desapariciones: los propios jóvenes dicen abiertamente a sus familias o profesores que trabajan con el ELN. “Quienes no son gatos, emigran del país”, dijo una de las coordinadoras de Junín.

“Muchos de nuestros alumnos llegan trasnochados y nos cuentan que trafican gasolina toda la noche. Les ofrecen motos, un sueldo semanal, mujeres y pagar los gastos de sus familias. En otras oportunidades, los engañan con trabajos en las fincas, luego los adoctrinan y en ese punto no los dejan salir”, dijo una de las investigadoras de una organización nacional desde Táchira, quien prefirió el resguardo de su identidad. 

Los jóvenes venezolanos reclutados terminan también trabajando en territorio colombiano. La Defensoría del Pueblo de Colombia, en el departamento de Arauca, zona fronteriza con el estado Apure, registró 34 casos de reclutamiento por la guerrilla entre 2022 y 2023. De este total, seis eran adolescentes hombres venezolanos, cuyas edades oscilaban los 13 y 18 años. Cuatro fueron reclutados el año pasado y los otros en lo que va de año. 

“La guerrilla está forzando a los jóvenes a realizar videos en los que se autoincriminan por los distintos actos que comete este grupo, ya sean explosiones de granada, extorsiones, etc. A través de los distintos operativos, hemos logrado identificar casos por estas vías o en trabajos forzosos en las fincas” dijo William Arias, Profesional de Niñez de la Delegada de Infancia, Juventud y Vejez de la Defensoría del Pueblo en Arauca, Colombia. 

Arias aseveró que estos grupos operan tanto en Arauca como en Apure. De hecho, tienen un caso del año pasado de un niño colombiano, que fue raptado en Colombia y llevado a Venezuela para realizar su “entrenamiento militar”. “Les ofrecen poder, dinero, motos”, aseveró. Los castigos también se observan en esta zona colombiana. Arias cuenta que quienes tienen un “comportamiento inadecuado”, ya sea por consumo de drogas, robos u otros actos fuera de la ley, reciben el castigo de la guerrilla, que suele consistir en un traslado para trabajar en las fincas, ya sea en territorio venezolano o colombiano. Los mandamientos del ELN, ese padre de familia regañón, no perdonan a nadie.

(*) Esta investigación fue realizada gracias al respaldo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Esta historia contó con la reportería sobre el terreno de una segunda periodista cuyo nombre permanece en resguardo por motivos de seguridad.