Apóyanos

Jueces Políticos

Los de Venezuela son juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros y hasta contratistas del Estado. En este especial se presenta una radiografía del sistema judicial a partir de las conclusiones de tres trabajos de periodismo de datos, que cruzan y sistematizan los nombres de los jueces del país con las listas del partido de gobierno, el Registro Nacional de Contratistas y los indicadores de pobreza que el Instituto Nacional de Estadísticas distribuye estado por estado. 

Los resultados son elocuentes: más de la mitad de los juristas de la República Bolivariana tienen militancia chavista; varios construyen, importan o prestan servicios para el Gobierno y, además, forman parte de una estructura de funcionarios dependientes e itinerantes, mucho más vulnerables en los estados más recónditos como Amazonas, Apure, Delta Amacuro y Barinas. 

El chavismo enroca sus militantes en los tribunales penales

Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
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Los jueces de Venezuela asfaltan calles y firman sentencias

Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.  
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La ley del Poder Judicial: mientras más pobre la provincia, más chavistas son los jueces

La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.
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Los juristas del horror

Toredit Rojas

El asesino del referendo

El juez que suspendió –en el estado Carabobo– el referendo revocatorio contra el primer mandatario, Nicolás Maduro, destaca en las listas de afiliados del otrora Movimiento Quinta República que dio paso al Partido Socialista Unido de Venezuela.  Junto a otros seis colegas de Apure, Aragua, Bolívar, Monagas, Trujillo y Zulia, tomó una decisión en materia electoral que derivó en la crisis política de estos días, a pesar de que su competencia es estrictamente penal.

Es el mismo juez que procesó a muchos de los jóvenes que se alzaron durante las protestas de 2014. Entre sus sentencias figuran casos políticos en contra del activista opositor, Lorent Gómez Saleh, o del columnista de El Carabobeño, Francisco Pérez, a quien condenó a tres años y nueve meses de cárcel con prohibición de ejercer su profesión, tras una serie de denuncias contra el entonces alcalde de Valencia, Edgardo Parra quien, paradojas de la vida, luego cayó preso acusado de corrupción por el propio chavismo.

Hernán Pacheco

Primero diputado luego juez

Su parcialidad oficialista quedó en evidencia desde el momento en que fue electo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Táchira durante el período administrativo 2005-2010. De allí saltó al Poder Judicial, donde sus antiguos camaradas del Parlamento lo eligieron como presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, que se encarga precisamente de aplicar el Código de Ética de cada uno de los jueces del país.

Desde esa tribuna y en compañía de otros dos juristas –Carlos Medina, también ex diputado, del PSUV y Jaqueline Sosa– inició el proceso disciplinario que permitió la destitución y posterior enjuiciamiento del ya célebre caso político de su colega, María Lourdes Afiuni. Entre otras irregularidades, el tribunal acordó realizar la audiencia sin la presencia de la imputada y de su abogado de confianza.

Lenin Fernández

Toga negra y bata blanca

Resolvió enviar a Franklin Brito –contra su voluntad– a la unidad de psiquiatría del Hospital Militar de Caracas, donde terminó falleciendo el 30 de agosto de 2010 tras un maratón de siete huelgas de hambre.

Los familiares de Brito concluyeron que la temperatura de la terapia intensiva y las drogas que le suministraron en su contra fueron una tortura innecesaria. De un total de nueve evaluaciones, ocho establecieron condiciones normales, a excepción de la del director del Hospital Psiquiátrico de Caracas, Ángel Riera, quien ni siquiera se juramentó ante el Tribunal Vigésimo Tercero de Control para realizar el diagnóstico.  

Ahora retirado del sistema judicial, hay quien lo hace en Miami: el presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Colina, afirmó en agosto del año pasado que el jurista solicitó asilo en Estados Unidos.

Leyvis Azuaje

Precoz y exitosa

Tenía tan solo 29 años de edad cuando ratificó la medida de privativa de libertad contra la jueza María Lourdes Afiuni, mientras ocupaba, como suplente, el Tribunal Quincuagésimo de Control del Área Metropolitana de Caracas. La rapidez con la que escaló posiciones de secretaria de tribunal a juez suplente fue la misma que caracterizó su meteórica carrera a la Corte de Apelaciones, en ninguno de los casos cumpliendo con el mínimo de 30 años de edad o una década de ejercicio comprobado, según lo establece La Ley de Carrera Judicial.

Por su despacho pasaron casos políticos como el de los diputados de la oposición, Richard Branco y Julio César Rivas, para quienes sentenció cárcel. Igual con el célebre caso de la jueza María Lourdes Afiuni, cuyo expediente le fue asignado de manera deliberada sin pasar por un sorteo aleatorio, que debe ser la primera garantía de transparencia en un proceso judicial.

Domingo Arteaga

El yerno multitasking

Contrario a la lógica de cualquier carrera judicial, Domingo Antonio Arteaga Pérez aceptó ser degradado: pasó de juez rector del estado Falcón a juez de Primera Instancia de Control en Caracas, por disposición de su suegra, la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales. Ocurrió sin anunciarse en Gaceta Oficial horas antes de que iniciara un caso emblemático para el gobierno venezolano, el del narcotraficante Walid Makled.

Antes de ingresar en el sistema judicial, había sido designado procurador del estado Yaracuy durante una administración a cargo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego se le vio como presidente Circuito Penal del estado Zulia y más tarde como la máxima autoridad judicial de Falcón, donde fue denunciado por una razia laboral que terminó con la destitución de 11 jueces penales y civiles y 35 secretarios y alguaciles. Actualmente sigue en la administración, pero como defensor público en Guárico.

Walter Gavidia Flores

El hijo probo

No solo se trata del hijo de la “primera combatiente”, Cilia Flores, sino que encabeza la lista de los 37 familiares y amigos que adquirieron un cargo público precisamente cuando la esposa de Nicolás Maduro presidía la Asamblea Nacional.

Su carrera judicial empezó en 2007, a los 29 años, a pesar de que la ley exige unos 30 de edad o al menos 10 de experiencia como abogado. En mayo de 2014 dejó los tribunales, para convertirse en presidente de la Fundación Pro-Patria 2000, organismo adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia de su padrastro, y del que también salió tras el escándalo de sus primos, los llamados narcosobrinos.

Como si fuera marca de fábrica, por el poder judicial también pasó su tío, Edgar Gavidia, embestido como magistrado de la Sala Social, así como su primo, Irvin Molina Flores, quien juzgó a varios de los 243 manifestantes que fueron detenidos en cuatro campamentos del este de Caracas en las protestas de 2014.

Joel Altuve Patiño

Operador con franela roja

Antes de ser juez, formó parte de diferentes instituciones en manos del chavismo: fue, por ejemplo, procurador general del estado Portuguesa y jefe de la División de Averiguaciones Administrativas del Instituto Autónomo de Policía en Bolívar. Ahora usa la toga de la justicia, pero en su cuenta de Facebook se presenta con gorra y franela roja en su foto de portada.

El diputado opositor Biagio Pilieri lo denunció este mes como un operador político del gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, por solicitar a cuatro de los aliados del parlamentario que cambiaran los testimonios de un juicio cerrado hace seis años, a cambio de reducir su sentencia si se declaraban culpables. “Ahora buscan por presión y amedrentamiento que cambien sus declaraciones”, lamenta Pilieri.

Alfredo Baptista Oviedo

El de la vara amorfa

Uno de los mismos jueces que declararon inocentes y liberaron, en sentencia conjunta, a los llamados pistoleros que fueron grabados disparando contra una manifestación opositora en el centro de Caracas desde el Puente Llaguno –durante los sucesos del 11 de abril de 2002– privó de libertad el año pasado a 13 jóvenes que participaron en la marcha que la Mesa de la Unidad Democrática convocó el 26 de octubre con el nombre de la “Toma de Venezuela”.

A los jóvenes los llevaron a San Juan de los Morros y los metieron en la cárcel “26 de Julio” del estado Guárico hasta el pasado 20 de mayo, cuando finalmente consiguieron una medida de libertad. Se trata de otro de los juristas venezolanos que aparecen desde 2007 afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela.

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