La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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Aunque parezca paradójico, hoy no resulta imperativo ser glaciólogo, astrofísico o geomorfólogo para participar en la misión, de cualquier otra manera muy compleja y especializada, de conservar el último glaciar de Venezuela. Como tampoco hace falta ser experto en cambio climático o estudioso de esas masas de hielo acumuladas, y ahora en vías de una segura extinción, en los picos más altos de los Andes venezolanos.
Eso es lo que sugiere lo que va hasta ahora de la operación, súbitamente anunciada en diciembre de 2023 por el gobierno de Nicolás Maduro, para al menos ralentizar con un método experimental -tender un manto térmico- el deshielo del glaciar La Corona del Pico Humboldt, a 4.942 metros de altura, en áreas del Parque Nacional Sierra Nevada de Mérida.
El esfuerzo ha coaligado a una organización privada, la Fundación Probiodiversa, junto al Ministerio de Ecosocialismo (Minec), el Instituto Nacional de Parques (Inparques), el Observatorio Nacional de la Crisis Climática (ONCC), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la gobernación del estado Mérida, controlada por el oficialismo chavista.
Entre los entendidos en materia ambiental causó gran extrañeza que una organización creada originalmente para la protección de la diversidad biológica de Venezuela, y que hasta 2021 se limitaba a impulsar campañas conservacionistas para salvar a especies amenazadas como el venado paramero, o de cola blanca, de Mérida (Odocoileus lasiotis), haya reaparecido a finales de 2023 como socio de la cruzada en defensa del último glaciar de Venezuela, que se derrite sin remedio por causa del cambio climático global.
Esa cruzada supone cubrir una porción del glaciar con unas mallas geotextiles que reflejan los rayos del intenso sol de latitudes casi ecuatoriales. El 6 de diciembre, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, recibió en la aduana del puerto de La Guaira 35 rollos del material geotextil, cada uno con un peso de 80 kilos y medidas de 2,75 metros de ancho por 80 de largo. Además del propósito mismo del acto, llamó la atención que el funcionario apareciera acompañado por el biólogo Alfredo Riera Seijas, director de la Fundación ProBiodiversa, quien afirmó, para subrayar la importancia de la ocasión, que “ningún país se ha atrevido a proteger los glaciares tropicales en proceso de desaparición”.
Desde entonces, Riera Seijas comenzó a figurar en todos los eventos oficiales relacionados con el manto del glaciar. Solo los reportes de comercio exterior arrojan pistas sobre las razones de esta exposición pública y de la participación de ProBiodiversa.
Porque, aún si el Minec aseguró en sus boletines que las bobinas de material geotextil, que llegaron finalmente el 9 de diciembre a la ciudad de Mérida, a los pies del pico Humboldt, habían sido adquiridas por el gobierno bolivariano, la realidad es otra. Según bases de datos internacionales de importación-exportación, como se ve en las capturas de pantalla adjuntas de los sitios Importgenius y 52wmb, la adquisición estuvo a cargo de ProBiodiversa.
Para buena parte del sector ambientalista de Venezuela, Probiodiversa es una ONG desconocida. Solo una investigadora, entre ocho prominentes defensores del medio ambiente consultados para este reportaje, sabía de su existencia. Esta entidad privada fue registrada en Mérida en 2010 por un grupo de biólogos de la Universidad de Los Andes (ULA).
Tampoco la conocían la mayoría de los merideños que el reciente 7 de marzo se acercaron a la Plaza Bolívar de esa capital andina a estampar su firma para solicitar al Minec y a la gobernación local la suspensión del emplazamiento del manto geotextil. “Primera vez que escucho ese nombre”, fue la frase que más repitieron asistentes y transeúntes al ser consultados por una reportera de Armando.info acerca de su conocimiento de ProBiodiversa.
Los peticionarios consideran que este cobertor no cumple con los controles previstos en la legislación venezolana vigente y que podría afectar el frágil ecosistema del Parque Nacional Sierra Nevada.
La llamada Operación de Protección del Glaciar del Humboldt fue lanzada sobre la marcha y en el último minuto, como corresponde a una carrera contra el reloj. De hecho, se anunció al país como un hecho consumado, cuando el polipropileno importado ya había llegado por barco a Venezuela.
El gobierno de Maduro quiere exhibir la operación como un plan piloto que convertiría a Venezuela en el país pionero en ejecutar acciones contra el deshielo de los glaciares tropicales. El mismo Riera Seijas ha insistido en que se trata de un proceso sin precedentes y experimental. “Los monitoreos nos irán indicando los siguientes pasos a tomar en el devenir de la investigación”, dijo durante la presentación oficial del proyecto en Mérida, el 9 de diciembre pasado.
Las organizaciones ambientalistas que se han pronunciado en contra del proyecto cuestionan, sin embargo, el carácter improvisado de las decisiones que condujeron a la operación. A través de una serie de comunicados, un nutrido grupo de ecologistas, montañistas, gremios profesionales y académicos, entre los que destacan la Asociación Merideña de Andinismo, investigadores del cambio climático de la ULA, Suneinparques y el Colegio de Geógrafos capítulo Mérida, se han movilizado en contra de la operación del glaciar del pico Humboldt.
Denuncian, por ejemplo, que no se realizaron estudios de impacto ambiental de una intervención de ese tipo en el Parque Nacional Sierra Nevada, una premisa que la propia Constitución vigente exige. La zona que se interviene es además un hábitat que, por sus características geográficas, paisajísticas y ecológicas, conforma un Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), que requiere por lo tanto un manejo excepcional destinado a su preservación. Se teme que la aplicación del manto, con un total de tres toneladas de peso, libere microplásticos que contaminen el ecosistema de esas grandes alturas.
Otro punto controversial es el del protocolo de seguridad para su instalación, que no se ha hecho público.
Expertos como el investigador de geomorfología glaciar, Maximiliano Bezada, y el profesor de la ULA, Juan Carlos Rojas, aceptan que los geotextiles sí han mostrado resultados positivos en montañas del hemisferio norte, como en los Alpes suizos. Pero allí se tienden sobre la nieve y no de manera continuada, sino solo durante el verano, para proteger pistas de esquí que quedan al descubierto en invierno.
Aún así, en la próspera Suiza se determinó que el uso de mantos geotextiles, si bien pudiera ser eficaz, resulta demasiado costoso. Fue la conclusión a la que llegaron en 2021 investigadores de la Universidad de Friburgo. Teniendo en cuenta que el costo promedio de un kilómetro cuadrado de manto está alrededor de 4.550 dólares, el precio de proteger los 1.000 kilómetros cuadrados de glaciares suizos, a menos altura que los picos nevados de Mérida, se elevaría a 4.500.000 de dólares. Una inversión que tal vez Suiza pueda permitirse por los ingresos de sus demandadas estaciones de esquí en la temporada invernal.
Desde el lanzamiento de la operación, las autoridades oficiales han asegurado que el proyecto cuenta con el apoyo de científicos, ecologistas y académicos de la Universidad de Los Andes. Pero las más reconocidas asociaciones ambientalistas y profesionales se han desmarcado, afirmando que nunca fueron consultadas. Coinciden, en cambio, en exigir explicaciones a las autoridades regionales y nacionales.
Para colmo, en la comunidad científica existe un consenso sobre la inutilidad de la operación. Desde 2010, el glaciar La Corona del Pico Humboldt ha perdido 99% de su superficie. “En el último siglo pasó de ser un enorme mar blanco a un cubo de hielo”, describe el investigador Bezada la enormidad de una pérdida casi total. Hoy apenas cubre 1,8 hectáreas según el Minec, equivalentes a dos plazas Bolívar de la ciudad de Mérida. Si se derrite a una velocidad de una hectárea por año, según datos que manejan los investigadores que han seguido su evolución, el cálculo es sencillo: en dos años el glaciar desaparecerá. Así de cerca está de su fin, en un planeta perturbado por el calentamiento global.
La compra del geotextil se hizo de manera expedita si se toman en cuenta las fechas entre las que fue propuesto a Maduro y la primera escala del material geotextil en el puerto de Newark, en Nueva Jersey, Estados Unidos, antes de tocar costas venezolanas. La idea del manto térmico para salvar el glaciar surgió durante el Congreso Internacional de la Crisis de Cambio Climático, celebrado en Mérida el 9 de octubre de 2023, según reveló el gobernador Jehyson Guzmán. Diecinueve días después, la importación del polipropileno ya se registraba en el muelle norteamericano.
Cuatro días después de que el manto geotextil llegara a Mérida, Nicolás Maduro declaró en su programa semanal de televisión, Con Maduro+, que la comunidad internacional debía acelerar el financiamiento para mitigar el cambio climático, sobre todo en los países del sur. Ya en mayo de 2022, en el marco del Primer Congreso Nacional de Investigadores sobre el Cambio Climático, había anunciado la creación de un “fondo nacional rotatorio” de apenas 10 millones de bolívares (un poco más de 2,18 millones de dólares, al cambio oficial) para atender la crisis climática.
Geotexan S.A es la fabricante del polipropileno que compró la Fundación ProBiodiversa para la operación de salvamento del glaciar del pico Humboldt. Según el sitio web de esta empresa, localizada en la cuenca minera de Huelva, España, desde 2004 produce y comercializa geosintéticos aplicables para obras de ingeniería civil, paisajismo, construcción y minería. Aunque en su catálogo de proyectos no destacan los geosintéticos para el manejo de glaciares, el 28 de julio de 2021 recomendó en Facebook su uso para protegerlos.
Se intentó obtener la versión de Geotexan así como de Botexgeo, propietaria de 100% de las acciones de la fábrica de Huelva. Se enviaron sendas peticiones de entrevista en seis oportunidades vía correo electrónico, pero hasta el momento del cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
La Ley de Contrataciones Públicas de Venezuela indica los caminos formales a seguir en el caso de compras del Estado en el extranjero. Según la normativa, tras certificar que el producto a adquirir no es fabricado en el país, el organismo público debe llamar a concurso cerrado internacional con al menos cinco compañías de otros países oferentes del producto en cuestión.
La contratación por concurso cerrado se justifica cuando se trata de adquirir equipos, productos o materiales altamente especializados, destinados a la experimentación, investigación y educación, reza la Ley de Contrataciones Públicas. Pero la empresa que otorga el servicio, es decir el proveedor de esos productos especializados, debe estar al día en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). No es el caso de la Fundación ProBiodiversa.
La relación contractual del Minec con esta fundación es una de las preguntas que quedaron sin responder después de los intentos fallidos por obtener la versión de esta organización privada.
El expediente de la Fundación ProBiodiversa en el RNC indica que, aun cuando fue registrada en 2017, la organización aparece como “no actualizada” y, por lo tanto, se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. También especifica en su objeto social que ofrece servicios. En otras palabras, no es proveedora, ni fabricante ni distribuidora autorizada de productos. Tampoco se encarga de ejecutar obras, sino que ofrece servicios de investigación o experimentación pesquera; protección o control de inundaciones y desarrollo de recursos forestales.
En 2010, año de su fundación, la Fundación ProBiodiversa también se registró como marca en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi), para la prestación de servicios de investigación y divulgación sobre la biodiversidad.
Según indica su expediente mercantil en Mérida, 2015 fue un año de cambios para la Fundación ProBiodiversa. Mudó dos veces su sede, modificó el objeto social de la organización, y actualizó la junta directiva. Alfredo Riera Seijas es el único que se mantiene como director y fundador desde 2010.
Del financiamiento de la Fundación ProBiodiversa tampoco se conoce mucho. En su expediente del RCN, en 2016 reportó un balance de pérdidas económicas de más de 4.5 millones de bolívares, lo que se traduce en 397.473 dólares, según la tasa oficial de 11,29 dólares vigente para el cierre de ese año.
El 2 de septiembre de 2021, la organización recibió de Laboratorios Valmor CA, Valmorca, la donación de 1.862 dólares como apoyo financiero para el documental audiovisual Los Últimos 200 sobre el peligro que corre el venado cola blanca.
Armando.info se acercó hasta la actual sede de la Fundación ProBiodiversa en la urbanización La Mara de la ciudad de Mérida para entregar la carta impresa de petición de entrevista a su director. También se envió la solicitud de entrevista por correo electrónico, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuestas.
Ni el gobernador del estado Mérida, Jehyson Guzmán, ni el director de la Unidad Territorial Ecosocialista (Utec) del Minec, Toro Belisario, respondieron a las solicitudes de información.
Al mismo tiempo que los ambientalistas en Mérida recogían firmas para exhortar que se suspenda el manto térmico en el glaciar del pico Humboldt, el gobierno de Maduro anunciaba la activación de “otra fase” de la operación. El comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) Mérida, general de división Rubén Darío Belzares Escobar, junto al gobernador Jehyson Guzmán, declararon el 22 de febrero que la misión “titánica, delicada y complicada” contaba con el apoyo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para transportar el geotextil y a 26 personas que montaron un campamento base en el sector Laguna Verde. No mencionaron cuánto tiempo permanecerá cubierta el área protegida del glaciar ni cuándo sería retirado el polipropileno en ese recodo postrero de las antiguas “nieves perpetuas” de los Andes venezolanos.
Ávido de generar divisas a través del turismo, el gobierno de Nicolás Maduro apura los convenios e infraestructura para atraer visitantes internacionales al país. Para demostrar que puede ofrecer un destino de lujo, busca ampliar la pista del aeropuerto del archipiélago de Los Roques, una de las joyas del Caribe, sin reparar en los daños que podría infligir a su frágil ecosistema.
Detrás de la fachada conservacionista, este zoocriadero comercializa miles de morrocoyes sabaneros oriundos del Macizo Guayanés, con la autorización del Ministerio de Ecosocialismo. Desde hace más de una década, ha exportado más de 200.000 a cuatro continentes tomando rutas poco convencionales para saciar la demanda global de la fauna silvestre.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
Otrora una casa en ruinas ubicada en un islote, la Posada Isla Piscina cumple con todas las características del turismo VIP que desde hace unos años promueve el régimen venezolano: está ubicada en un ecosistema delicado, no queda claro si obtuvo los permisos correspondientes o cómo lo hizo, y su dueña es una empresa fantasmal. El proyecto, que se prepara para una segunda fase que incluye siete palafitos adicionales, endulza su difuso origen ayudando a erradicar el coral ‘Unomia’.
No es el único proyecto turístico que se construye en la costa centro occidental de Venezuela, pero sí el que más ha penetrado en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, al lado del Parque Nacional Morrocoy, zonas protegidas por más de una decena de leyes y normas ambientales. Crear la "nueva Punta Cana" es la ambición de su promotor, un empresario español de gran calado con muchos socios militares. Pero mientras llega la prosperidad prometida, la primera manifestación del desarrollo es el dragado de un canal que pone en peligro a un ecosistema único.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Ministro de Ecosocialismo desde abril de 2021. Gestor Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Fue viceministro de Gestión Ecosocialista del Ambiente y presidente del Instituto Nacional de Parques (Inparques) entre junio de 2018 y marzo de 2024.
gobernador del estado Mérida desde 2021. Fue ministro de Educación Superior (2014-2017), diputado a la Asamblea Nacional y a la Constituyente. Cursó Administración de empresas en la ULA. También ocupó el viceministerio de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio para la Educación en 2016. Miembro del Psuv Mérida.
director de la Unidad Territorial Ecosocialista (Utec) de Mérida del Ministerio de Ecosocialismo (Minec). Profesor de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez y miembro del partido Psuv del estado Mérida.
Biólogo de la Universidad de Los Andes (ULA). Director y fundador de la Fundación ProBiodiversa. En 2021 coordinó la campaña conservacionista “Los últimos 200” en defensa del venado paramero o cola blanca de Mérida (Odocoileus lasiotis), especie en peligro crítico de extinción.
