Así quiso el chavismo acabar con la ‘tiradera’ por el legado de Canserbero

Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.

7 abril 2024
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La violenta muerte de Tirone José González Orama, el artista venezolano mejor conocido como Canserbero, sigue inspirando diversas teorías de conspiración que han contribuido a mantener viva su memoria y alimentan su leyenda de genio atormentado. Aunque el Fiscal General designado en 2017 por la írrita Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, reactivó la investigación a fines del año pasado para instaurar una versión definitiva del cold case, sellada en febrero con una decisión judicial, en las redes sociales no dejan de surgir nuevos relatos, a veces contrapuestos, sobre los hechos trágicos de esa madrugada del 20 de enero de 2015 en un edificio de Maracay, capital del estado Aragua, a una hora al oeste de Caracas.  

También su legado musical no solo le ha sobrevivido, sino que se sigue expandiendo. En su corta pero prolífica carrera, Canserbero consiguió cimentar a pulso una base de fans en América Latina, sin tener que recurrir a los circuitos de promoción de la industria disquera, con la que nunca trabajó. Sus discos, cada uno de los cuales es hoy un incunable, fueron producidos de manera independiente, prácticamente casera. Aún con todas esas restricciones, los méritos de su obra bastaron para que, en enero de 2024, a nueve años de su muerte, una nota de la revista Rolling Stone en Español le otorgara el primer lugar entre los 50 raperos de habla hispana más influyentes de la historia, mientras lo caracterizaba como “un grande”. Hasta en el ambiente musical de supermercados en Miami se pueden escuchar sus temas. Entre 2020 y 2023, su catálogo produjo en las plataformas musicales ingresos promedios anuales que se calculan en algo más de 300.000 dólares por concepto de regalías, y hay expectativa por lo que puedan suscitar sus canciones todavía inéditas.

La herencia de Canserbero genera dinero, contante y sonante. Por eso, cada tanto brota algún conflicto por el control de sus derechos de autor. Se trata de nuevos episodios de una pugna continua que pareció alcanzar la tregua mediante un acuerdo conciliatorio en julio de 2023.

Pero fue solo un alto al fuego temporal. El tema de los derechos de autor de Tirone González no quedó saldado. Recientemente resurgió y lo hizo, si no con más virulencia que antes, sí con actores más poderosos y conspicuos.

Señal de esto fue la imputación que, a comienzos de este año, presentó el fiscal Saab contra Leandro Añez Grippa, el también rapero y exproductor de Canserbero conocido como Kpu. En una línea de investigación desprendida del caso de las muertes, ocurridas en el mismo episodio, de Tirone González y Carlos Molnar, el fiscal chavista dijo encontrar indicios suficientes para inculpar a Añez bajo cargos de falsa atestación ante funcionario público, plagio y asociación para delinquir. “Se observa que este ciudadano [Leandro Añez] ha transgredido la ley, no solo por el hecho de atribuirse la autoría de temas trascendentales de Canserbero, sino que ha realizado trámites ante las autoridades competentes emitiendo afirmaciones que son falsas”, explicaba Saab su decisión, en una rueda de prensa.

La verdadera novedad en el asunto no es, sin embargo, la intervención abierta de Saab, sino la más soterrada de todo un elenco de personajes ligados al oficialismo, desde hace más de cuatro años. La lucha legal y política que se libra desde 2020 por los derechos de Canserbero movilizó y aún moviliza a figuras de diversa jerarquía dentro del chavismo.

“Un espíritu muy fuerte”

La muerte prematura de Canserbero, a los 26 años de edad, dejó en el aire la vana interrogante sobre lo que pudo haber logrado. Él mismo no alcanzó a ver cómo sus temas se convertían en clásicos de los servicios de streaming, ni la manera en que generaciones que no lo conocieron en vida llegaron a admirarlo. En realidad, nadie podía predecirlo.

Pero de lo que sí hay certeza es que, hasta un año antes de morir, Canserbero no era chavista.

En 2014, publicó un comentario en la red social Twitter, hoy X, para criticar el uso excesivo de la fuerza aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro para reprimir la ola de protestas que ese año se registraron en varias ciudades del país. En su tema de 2009, Advertencia, una rabiosa descarga de rimas en defensa de su arte, que grabó en la biblioteca de la familia de Leandro Añez, con éste en el fondo, musicalizando, cantó: “Seguiré diciendo Venezuela/ así Hugo Chávez me diga escuálido algún día en la cadena/ Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo/ pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo”.

Hoy, paradójicamente, son jerarcas del gobierno de Maduro quienes lo ensalzan y utilizan.

El fiscal Saab, por ejemplo, quien ha sido constituyente, diputado y gobernador por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se congratuló por las investigaciones que condujo para, según sus palabras, reivindicar “a nivel mundial” el nombre del rapero, a quien calificó como “mártir de la juventud y héroe de la cultura”.

No menos enfático sonó el propio presidente Maduro durante una entrevista televisada en enero con el periodista y activista hispano-francés, Ignacio Ramonet. Entonces reveló que acababa de conversar con los familiares de Tirone González para transmitirles que “allá donde esté Canserbero es un espíritu muy fuerte (...) ahora su nombre se acrecentará en la juventud de Venezuela, de América Latina, del Caribe, y mucho más allá”. Reconoció además que hasta un par de años antes no conocía la música del fallecido artista, pero “me enteré porque me lo explicaron mis nietos, y me pusieron canción por canción, analizamos canción por canción. Y desde ahí nació como un interés por el arte de Canserbero. En alguna oportunidad conversé con el Fiscal General [Saab], también admirador del arte de Canserbero, y él después reunió un conjunto de elementos que conformaban una hipótesis sólida sobre lo que [le] había sucedido [a Canserbero el día de su muerte]”. 

La ironía luce aún más marcada si se considera que antiguos allegados a Canserbero, junto con otros individuos para nada cercanos a él, apelan ahora a los contactos y palancas que tienen en el oficialismo para llegar a controlar su legado, judicializar su obra y alterar la memoria de su vida, para así moldearlas según sus propósitos.

La disputa por las regalías, en la que a la postre intervendrán figuras como Jesús Chuy Pérez, exdiputado suplente por el estado Aragua del PSUV ante la Asamblea Nacional y actual presidente de la fundación cultural Pdvsa La Estancia, o el activista de medios, Pedro Carvajalino, empezó muy pronto, con el cadáver de Canserbero todavía fresco. 

Cuando Canserbero murió, en 2015, ni él ni su productor por muchos años, Leandro Añez, Kpu, comercializaban la música, más allá de los discos que vendían y los toques que conseguían. Amén de la informalidad antisistema que Tirone González profesaba, otra razón para dejar de hacerlo eran las condiciones generales en Venezuela, desde donde no se podían abrir cuentas en divisas entonces y no había acceso a plataformas digitales, que permanecían bloqueadas en el país. Sin embargo, a los pocos meses de la muerte del artista, su catálogo se empezó a distribuir en Internet, sin que nadie supiera a ciencia cierta quién había podido dar el consentimiento legal para ello.

Poco después trascendió que el padre de Canserbero, José Rafael González Ollarves, había sido la persona que firmó, sin mucho conocimiento sobre la naturaleza del negocio musical, los permisos de distribución para una empresa dominicana llamada Business Music.  

Según relatan y confirman varios de los allegados a los artistas que trabajaron con Canserbero, la maniobra fue poco transparente, por decir lo menos. Winston Correa, un amigo de adolescencia del cantante, apodado El Sombra, habría hecho que el padre firmara una hoja, sin mucha explicación; la firma se copiaría en siete páginas más. Las mismas fuentes también nombran como parte de esta engañifa a Manuel Galvis, un cantautor conocido en el ambiente rapero venezolano como Black Kamikase.

En mayo de 2016, otro reconocido rapero, exintegrante de la agrupación 4to Poder, Larry Rada, Apache, abrió fuego con una canción para denunciar el timo. El tema, En defensa propia, respondía a las acusaciones que contra Rada había formulado el dominicano Cieguchi, que lo señalaba de haberse apoderado de los temas de Canserbero. Ni corto ni perezoso, no solo con la canción sino, aún más explícito, en una entrevista, Apache -quien en efecto había grabado en 2013 un disco entero junto a Canserbero- devolvió los señalamientos contra el quisqueyano. Afirmó que en realidad era Cieguchi quien había urdido una treta para que el padre del artista, José González Ollarves, firmara un contrato amañado.

Correa-El Sombra fue contactado a través de su cuenta de Instagram para requerirle una reacción ante estas versiones. Aunque respondió por escrito, no fue para conceder una entrevista, sino para negarse, aduciendo que “ya la verdad de los hechos (mi versión) la dije en varias oportunidades, incluso hasta en un live que dejé aquí posteado. Ahora sumergirse en cosas del pasado que ya legalmente han sido ordenadas, no creo que valga la pena volver a tocar esos temas”.

Galvis-Black Kamikase y Rada-Apache también fueron contactados para conocer su versión de los hechos, pero al momento de cierre de esta historia no se había obtenido respuesta alguna. 

Más allá de los dimes y diretes entre figuras de la escena local y caribeña del rap –una discusión pública que, si se hace con canciones, en el argot del medio se conoce como una tiradera, lo cierto era que la música del difunto Canserbero misteriosamente ya se publicaba en dos sitios web, uno desde México y el otro desde República Dominicana. Si el asunto lucía como un fraude que dejaba mal parados a los deudos del cantante, ni por casualidad contemplaba algún tipo de compensación para los músicos que habían servido de coautores, productores o instrumentistas en las grabaciones de Canserbero.

Es entonces cuando Leandro Añez, Kpu, busca intervenir.  

Imputado por el fiscal Tarek William Saab, solicitado por una alerta roja de Interpol, Añez se encuentra hoy en el extranjero. A diferencia de otros actores implicados en la disputa, puede alegar una relación larga con Canserbero: sus inicios datan de 2004. Fue el productor fonográfico de Muerte y Vida, quizás el más legendario álbum en la carrera fugaz de Tirone González, su obra maestra. Pero, en realidad, muchas de las canciones de Canserbero llevan la impronta de Añez, bien como compositor de gran parte de los beats en cinco de sus discos, o como intérprete musical en algunos temas.

Según la versión de varios músicos, Kpu recogió el consenso de quienes habían participado en los discos para formalizar legalmente el catálogo de Canserbero y registrarlo en Estados Unidos, donde el pago de las regalías por derechos de autor se encuentra más normado y supervisado. Buscaban prevenir nuevos episodios como el de República Dominicana.

En 2016, Añez registró en Florida la empresa Crib Music LLC, de la que el padre de Canserbero pasó a formar parte. Luego firmó un acuerdo con InnerCart Music, una empresa distribuidora constituida en 2012 con el objetivo de agregar contenidos en plataformas digitales como Spotify o Apple Music.

La alianza funcionó durante casi un lustro. Paris Cabezas, cofundador de InnerCat, aseguró haber cancelado al padre de Canserbero lo que le correspondía en ese período: “[Solo] en los últimos tres meses este señor recibió 70.000 dólares (...) Decir que mi empresa no le ha pagado ni un peso es una falta de respeto”, sentenció Cabezas. 

El empresario dijo lo anterior en una sesión originalmente transmitida en Instagram y conservada aún en Facebook, que Añez-Kpu organizó en febrero de 2021 para contrarrestar las versiones críticas que empezaban a correr sobre su rol, recordando que había sido manager del artista y productor y coautor de sus canciones. “No tengo que usurpar ningún derecho para que mis propios derechos sobre esas obras existan, así como existen los derechos del papá de Canserbero y los derechos de todas las personas que participan de esas obras, que son obras en colaboración”, argumentó. “Todas las personas que participan en esas obras han venido percibiendo los beneficios del trabajo que hicieron, al igual que el papá de Canserbero, sin ningún problema desde hace cinco años”.

Añez explicó a Armando.info, en entrevista telefónica, que los discos Can+Zoo Índigos, Guía para la Acción, Apa y Can, Vida y Muerte -estos dos, grabados inicialmente como álbumes separados-, fueron registrados a nombre de la empresa Crib Music LLC con el consenso verbal, no por escrito, de los colaboradores y que él, con la ayuda de un contador en Venezuela, se había encargado de repartir las ganancias en las proporciones que correspondían a cada quien. Las transferencias eran hechas a bancos en Estados Unidos, siempre según las palabras de Añez, excepto en los casos de tres personas -los músicos Afromak y Gbec, además del padre de Canserbero-, quienes no tenían cuentas bancarias en el exterior y, por lo tanto, recibían el dinero en bolívares. 

Armando.info tuvo acceso a las pruebas de estas transferencias hechas a José Rafael González entre los años 2016 y 2020, así como a recibos de pago firmados por él y sus hijas. También verificó el registro ante la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (Ascap) de los álbumes Vida y Muerte.

Añez cita como evidencias de la mejora de la calidad de vida del padre de Canserbero que, durante ese período, González Ollarves compró al tío de Black Kamikase una propiedad cercana al barrio La Pica de Maracay, zona donde hasta entonces había residido toda su vida. Las hermanas de Canserbero alquilaron una quinta en la urbanización Los Chaguaramos de Caracas por 300 dólares mensuales en promedio durante los años 2019 y 2020, renta que pagaban con el dinero que el padre quiso compartir, hasta que decidió no renovar el contrato. 

En paralelo se constituyó la Fundación El Canserbero, con el propósito de celebrar actividades culturales para promover el legado del cantante y ayudar a la comunidad. En términos más coloquiales, “la idea era darle un piso a su familia”, como la expresa uno de los miembros de esa persona jurídica. La familia era parte de la directiva junto a otros amigos provenientes de la movida cultural en Maracay.

Pero en 2020 empezaron a sonar notas discordantes en esa armonía aparente.

Dinero, vida y muerte

Aunque no todos los relatos coinciden en señalar un mismo origen al conflicto, que llegaría a alcanzar en tribunales la categoría de litigio, las versiones suelen girar en torno a la intención de Leandro Añez, Kpu, de iniciar ese año la producción de una película sobre la vida de Canserbero. Era apenas una entre varias iniciativas que había con el mismo propósito, de las que algunas hoy siguen vigentes. 

El solo intento de contar la vida de Canserbero a través de un documental que apenas se había comenzado a perfilar, puso en vilo al entorno. Los intereses que se movían alrededor de la imagen y producción artística de Tirone González temieron que se pudiera contar una versión del relato que los pudiera perjudicar, según fuentes cercanas al caso. 

Añez, quien promovía la realización del filme, legalizó en diciembre de 2020 sus registros como productor fonográfico de los temas de Canserbero, y no como autor, ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), la dependencia del Ministerio de Comercio Nacional donde se deja constancia pública de los derechos de creación. En la planilla dejó escrito los nombres de las canciones en que participó como autor de la música, y en las que Tirone González había sido el autor de las letras. 

Sin embargo, tres años antes, en 2017, González Ollarves, el padre, había hecho lo propio ante el mismo organismo, pero presentándose como poseedor de 100% de los derechos de 50 canciones del catálogo. En esos registros no reconoció el aporte de ninguno de los colaboradores de su hijo ni especificó quién era el autor de la música en cada una de ellas.

Exfuncionarios del SAPI que accedieron a hablar con Armando.info a condición de mantener sus nombres en reserva, aseguran que, ante la duplicidad de gestiones, se tomaron el tiempo de explicarles a las partes enfrentadas, Añez y González Ollarves, de qué trata la Ley de Derechos de Autor y cómo debe cobrar cada colaborador de un disco. A pesar de esa mediación con intenciones didácticas, los representantes del padre de Canserbero insistieron en anular el registro hecho por Añez ante la institución gubernamental. 

Los mismos exfuncionarios confirman que desde entonces, entrado 2021, empezaron a sufrir presiones del oficialismo para anular el trámite administrativo llevado a cabo por Añez. Las presiones no cesaron hasta finales de 2022, cuando el objetivo ya había sido logrado.

Tales presiones vinieron primero personificadas por Luis Muñoz, un productor autodidacta conocido como Gbec, que participó en algunos temas de Canserbero. Él, en llave con el exdiputado del PSUV por el estado Aragua, Jesús Chuy Pérez, visitaron las oficinas del SAPI para exigir que se desecharan los trámites de Añez, algo que escapa de las competencias del ente, pues una decisión de ese tipo solo la puede adoptar un tribunal.

Muñoz y Pérez también provienen de Maracay, la ciudad en la que Canserbero creció y murió, y uno de los viveros del rap en Venezuela. La madre de Muñoz fue funcionaria de la gobernación de Aragua durante la gestión del, ahora, caído en desgracia Tareck El Aissami, y Pérez -actual presidente de Pdvsa La Estancia- también estuvo en la nómina de esa entidad regional al mismo tiempo. 

El grupo de raperos que se congregaron alrededor de Canserbero en Maracay siempre tuvo cierto grado de afinidad con el chavismo. Durante la campaña para la elección de diputados en 2015, algunos de ellos, como Leonardo Díaz, Afromak, promovieron eventos de la juventud psuvista y participaron en conciertos propagandísticos. Pero nadie recuerda a Jesús Pérez entre el círculo más cercano del cantante fallecido; sí, en cambio, que fue un asiduo a las presentaciones de Canserbero.

En el mismo recuento por Instagram de febrero de 2021, mencionado con anterioridad y hecho por Añez-Kpu, este había asomado el nombre de Muñoz-Gbec como el de un posible contrincante en la cuestión de los derechos de Canserbero. Según Añez asegura en el video, Muñoz estaba emprendiendo una campaña para conseguir una parte de los derechos porque había grabado algunos temas del álbum Muerte.

Tanto a Muñoz como a Pérez se les solicitaron entrevistas vía Whatsapp para este reportaje, sin que se obtuviera respuesta hasta la fecha de publicación. Pérez fue también contactado directamente en su oficina de Pdvsa La Estancia a través de su asistente, con el mismo resultado.

Luego vendría un refuerzo decisivo para esas presiones que buscaban recomponer el reparto de los derechos legados por Canserbero: a la campaña se sumó el presentador de televisión, operador político y ahora empresario de medios, Pedro Carvajalino, muy influyente en las altas esferas del gobierno. Carvajalino ha tenido presencia constante en las ruedas de prensa ofrecidas por el fiscal Saab sobre el caso de Canserbero.

Entre marzo y mayo de 2020, en sendas emisiones de su programa Zurda Konducta, que se transmite por la principal televisora estatal y pretende expresar la sensibilidad de la juventud chavista, Carvajalino denunció que, de acuerdo con informaciones provistas por diversos excolaboradores de Canserbero, el padre de este, José Rafael González Ollarves, atravesaba serias dificultades económicas, mientras que los productores musicales se estaban quedando con cientos de miles de dólares.

En uno de los programas mencionó a César Velásquez, un rapero conocido en el mundo musical con el nombre artístico de Cotur, exmanejador de Apache, como uno de los participantes en el esquema que usurpaba los derechos. “El tipo ha cobrado dinero en nombre de Canserbero y los derechos musicales le pertenecen a la fundación o los familiares directos”, enfatizó Carvajalino, para cerrar con una promesa: “Pendientes, porque vamos a estar en una campaña en términos jurídicos y judiciales para que aparezca Kpu”. Aunque durante esa emisión Carvajalino advirtió que se pondría “ladilla con esta situación que se está generando”, también se apresuró a aclarar que ni había conocido al difunto rapero en persona, ni “tengo ningún interés económico o crematístico en esto”. 

Un programa estelar de la grilla de Venezolana de Televisión (VTV) se unía así a la cruzada por reescribir la historia de Canserbero, su fallecimiento y su legado. La presión política en el caso se inició entonces, en medio de la pandemia, y seguiría in crescendo hasta el desenlace judicial de 2024. El tejemaneje en tribunales de Venezuela y el exterior apenas estaba por empezar.

En agosto de 2021, Añez-Kpu demandó en Florida a José Rafael González Ollarves y a Luis Muñoz, Gbec, por concepto de daños y perjuicios. En la demanda señaló a Galvis, o Black Kamikase, de haber ejercido amplios poderes para negociar contratos con discográficas y distribuidoras de música para la explotación del catálogo, sin contar con autoridad legal. También denunció que un innombrado operador político, que a todas luces era un retrato hablado de Carvajalino, lo había difamado por un canal de televisión estatal y que por ello empezó a recibir amenazas. 

Ninguno de los acusados se dio por notificado, bajo el pretexto de que no residían en Estados Unidos. 

En mayo de 2022, el SAPI publicó un cartel en el diario filochavista Vea, donde anunciaba el inicio del proceso de nulidad absoluta de los certificados de producción fonográfica que Kpu había obtenido. Casi en simultáneo, en junio de 2022, el cabildeo oficialista se hizo presente en la Asamblea Nacional dominada por el chavismo: en acto público, miembros de la Fundación El Canserbero solicitaron que se declarara al desaparecido artista como Patrimonio Nacional. 

Si con esa petición se intentaba abolir los derechos preestablecidos de los herederos y colaboradores de Canserbero, fallaba al pasar por alto un precedente que el propio chavismo asentó. En 2005, el parlamento había declarado la obra del cantautor Alí Primera, fallecido en un accidente de tránsito en 1985, como “Patrimonio Artístico de la Nación”. Ni esa distinción, ni la posterior elevación de Primera, trovador favorito de la autodenominada Revolución Bolivariana, a la categoría de “Portador Patrimonial”, impidieron que su familia siguiera percibiendo las regalías correspondientes.

En septiembre de 2022, las tornas del litigio se voltearon: ahora era José González Ollarves, padre de Canserbero, quien demandaba a Leandro Añez y a la empresa InnerCat Music Group ante una corte federal del estado de Florida. En la causa, a cuyos expedientes Armando.info tuvo acceso, el padre alegó que desconocía el acuerdo de distribución con InnerCat y que no había firmado nada en Florida por el simple hecho de que nunca había viajado a Estados Unidos. En la acción, González solicitó una reclamación de desagravio que buscaba la determinación de los intereses sobre los derechos de autor. 

La diligencia con que González negaba haber suscrito un acuerdo con InnerCat iba a contrastar con lo que él mismo aparece diciendo en un video que la defensa de Añez se preparaba para presentar ante el juez en Florida. En la grabación, González saluda a InnerCat, “que se ha portado muy bien con las distribuciones”, y recalca que solo tiene contrato con esa empresa. González, un hombre humilde que había tenido por oficio la venta callejera de helados, hizo estas breves declaraciones en el estacionamiento de una casa ubicada en la urbanización Los Chaguaramos, en Caracas, donde vivía Añez. En el video luce satisfecho. Al momento de la grabación, González acababa de recibir de Añez 5.000 dólares en efectivo como parte del pago de las regalías.

Pero el litigio donde este video se presentaría como evidencia no tuvo lugar. En julio de 2023, a instancias de sus abogados, González, el demandante, y Añez, el demandado, firmaron un acuerdo de conciliación antes de avanzar a la fase decisiva del proceso judicial. 

En el acuerdo, ambas partes se reconocían como poseedoras del derecho a obtener recompensas monetarias por la obra de Canserbero. Dividieron los álbumes entre dos distribuidoras de música en Estados Unidos y precisaron el porcentaje de cobro que cada participante en el catálogo debía recibir por la distribución de la música. Las partes también acordaron dejar de difamarse entre sí, así como ocuparse de actualizar los registros de las canciones en Venezuela y Estados Unidos, enmendando las imprecisiones u omisiones en las que ambas partes pudieron incurrir a lo largo de esos años, y anulando las acciones previas que pudieran estar en contradicción con el pacto. No consta, ni en ese ni en ningún otro expediente, que Añez mantuviera alguna deuda contraída con los involucrados en las obras musicales. 

En el mismo documento se definió el monto de los ingresos con que ambas partes aceptaban ponerse al día, toda vez que el pago de las regalías del catálogo había quedado congelado durante los tres años transcurridos desde el inicio de la querella. Así, las partes determinaron las proporciones en las que los derechos, y sus respectivas regalías, se adjudicaban.

Fuentes allegadas a la Fundación El Canserbero aseguran que pudieron percibir mejoras económicas de González, padre, y de las hermanas del artista, cuando el catálogo empezó a distribuirse de manera legal en Estados Unidos, lo que hace presumir que sus ingresos habían aumentado, aunque nadie pueda dar fe de cuánto dinero recibió González en sus cuentas. 

Parecía la culminación del pleito. Pero solo tendría que pasar medio año para que apareciera Tarek William Saab avisando que se había activado una alerta roja de Interpol para capturar a Añez. Según el Fiscal General, el Ministerio Público tomó esta decisión porque Añez no compareció ante la Fiscalía 85 Nacional después de varios llamados. 

Al responder un cuestionario de Armando.info, Saab reconoció que sí conoce sobre este acuerdo conciliatorio en Florida, pero asegura que no tiene validez. “Dicho acuerdo no cuenta con los requisitos de ley para proceder con la validación del mismo, toda vez que una de las pruebas presentadas por Leandro Añez es el registro del SAPI, el cual fue anulado por la referida institución”, dijo. 

¿Caso cerrado?

Por convicción, simple inercia o descuido –al fin y al cabo un veinteañero no suele estar pendiente de estas cosas, ni está seguro de si va a triunfar ni cree que va a morir–, Canserbero nunca dejó por escrito los términos de sus vínculos con los colaboradores en sus creaciones. Sus pactos solo fueron verbales. De allí que la atribución póstuma de sus derechos represente un desafío. Y que haya que acudir a evidencias de diversa naturaleza para adjudicarlos de manera justa y fehaciente. Sin embargo, esas evidencias existen.

Una de las evidencias físicas disponibles es, por ejemplo, la funda de su clásico Vida y Muerte, que tuvo un tiraje de apenas 3.000 ejemplares. En la carátula del disco se lee que Tirone González fue el autor de las letras, mientras que la música y la producción estuvieron a cargo de Kpu. Ese testimonio impreso del pasado resulta una base irrefutable con la que Añez podía reclamar sus derechos, como lo hizo antes de que la narrativa oficialista lo convirtiera en enemigo público.

Entre 2020 y 2023, la recaudación por la distribución de la música de Canserbero alcanzó un poco más de 1,2 millones de dólares, según información que se desprende del documento privado de conciliación que Armando.info pudo revisar. Estas ganancias se repartieron entre los colaboradores. Añez mantuvo la mitad que le correspondía de su obra, siguiendo lo que estipula la normativa en este tema. 

Por ejemplo, la Ley sobre Derecho de Autor, promulgada en 1993, establece que la obra en colaboración pertenece en común a los coautores y se presume que cada uno es mandatario de los otros. La ley también especifica que, salvo que se haya pactado lo contrario, los autores han cedido al productor el derecho exclusivo de explotación de la obra. Los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la reproducción de sus fonogramas, la importación y distribución al público y, por ende, a recibir una remuneración acorde por la comunicación del fonograma al público, con las excepciones previstas en el artículo 43 de la citada ley. Pero, en todo caso, los productores de fonogramas deben abonar 50% de la remuneración obtenida a los intérpretes y ejecutantes de las obras. 

A raíz del pleito con González en Florida, Añez previó blindar sus derechos en Venezuela y para ello solicitó una protección cautelar anticipada ante la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que le fue otorgada el 26 de julio de 2023. La juez declaró de manera preventiva la validez del registro de obra de producción fonográfica que consignó el productor en 2020, a la vez que declaró la nulidad de los registros temporales que José Rafael González Ollarves hizo entre junio y julio de 2017. 

Esta protección cautelar vencía a los tres meses de expedida, esto es, en octubre de 2023, si no había juicio. Según uno de sus abogados –que prefirió mantenerse anónimo por temor a represalias–, Añez descartó continuar con el litigio en Venezuela, en vista de que la situación había alcanzado una solución mediante el acuerdo privado suscrito en Florida con González. 

De esa forma dejó vencer la protección tribunalicia. Pero no contaba con la reactivación del caso penal de la muerte de Canserbero, a la que el fiscal Tarek William Saab se abocó en noviembre de 2023 y que completaría en tiempo récord, con confesiones de los presuntos asesinos y una inesperada imputación a Kpu como expoliador de los derechos del artista.

Saab explicó a Armando.info que el Ministerio Público tiene como pruebas los antecedentes registrales de las canciones del artista y los registros en la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores, y que Añez se acredita como autor-compositor de las canciones de Canserbero, dejando de lado los créditos de González. “Al momento del fallecimiento de Canserbero de forma dolosa registró como autor ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), la producción fonográfica titulada Vida y Muerte, en fecha 29 de diciembre del 2020, la cual contiene 12 canciones, atribuyendo su autoría con el fin de lucrarse”, escribió por WhatsApp. No obstante, el registro de Añez abarca la producción fonográfica de esas canciones y no su totalidad autorial. Después de firmar el acuerdo conciliatorio, Añez habría solicitado al SAPI la enmienda de un error de registro para el tema Maquiavélico, cuyos ritmos habían sido creados por el rapero Afromak en carácter de colaborador, como lo confirma el cancionero del álbum Vida y Muerte.

Afromak también fue contactado para conocer su versión de los hechos, pero no respondió. 

Con la resurrección de la rebatiña por quedarse con lo que Canserbero dejó, el SAPI finalmente anuló los registros de producción fonográfica de Añez. Mientras tanto, los ejemplares de Vida y Muerte que se consignaron ante la Biblioteca Nacional en 2012, como parte del depósito legal de ley, y que hasta 2020 permanecían allí, desaparecieron hace dos años, cuando la fiscalía pidió el expediente de ese trámite, según trabajadores de la institución Todavía se desconoce el paradero de esos discos. Sin embargo, el Fiscal General aseguró a Armando.info que el Ministerio Público no recabó esas evidencias. 

Al cierre de esta edición, Armando.info recibió de la defensa de Añez un documento firmado y sellado el 22 de marzo de 2024, donde los abogados del padre de Canserbero desisten en su nombre de la querella contra Añez que introdujeron en 2021 y reconocen el acuerdo conciliatorio de julio de 2023. Significaría que, en el ámbito estrictamente legal, las partes parecen haber llegado hace poco -a posteriori de las decisiones judiciales sobre la muerte de Canserbero y de la imputación de Kpu- a un acuerdo final sobre la distribución de las regalías, en el que se renuncia a las vías contenciosas.

Para este reportaje, Armando.info consultó por teléfono tanto a José Rafael González Ollarves como a su abogada, Andris González, a fin de obtener su versión de los hechos. Ambos se negaron. “No se darán entrevistas al respecto”, respondió la letrada. Pero sin reparar en la contradicción que suponía, hizo a la reportera la siguiente pregunta: “¿Van a escribir un reportaje sin tener la información real por parte del señor José y sus abogados? No entiendo”.

Y, mientras tanto, la música de Canserbero se escucha hasta en el Palacio de Miraflores.

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San Antonio Abad es el nombre de un zoocriadero privado, aliado del Ministerio de Ecosocialismo, sobre el que la Fiscalía General anunció una investigación por supuesto contrabando de fauna silvestre. Pero el procedimiento penal, de estar activo, no ha impedido que esa empresa, que forma parte de un grupo corporativo familiar, siga comercializando en el extranjero toneladas de especies criollas bajo amenaza de extinción. Tampoco lo ha hecho con las importaciones de animales foráneos, leones blancos entre ellos, que la misma compañía realiza.

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En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.

21-04-24
El dinero voló, los helicópteros no

El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.

14-04-24
El talentoso míster López exprimió su nombre y terminó en la cárcel

Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.

31-03-24
Las alarmas de humo no suenan para Mundo Factory

La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.

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