Un lujoso invasor y un coral atacan al Parque Nacional Mochima

Otrora una casa en ruinas ubicada en un islote, la Posada Isla Piscina cumple con todas las características del turismo VIP que desde hace unos años promueve el régimen venezolano: está ubicada en un ecosistema delicado, no queda claro si obtuvo los permisos correspondientes o cómo lo hizo, y su dueña es una empresa fantasmal. El proyecto, que se prepara para una segunda fase que incluye siete palafitos adicionales, endulza su difuso origen ayudando a erradicar el coral ‘Unomia’.

21 agosto 2022

La imagen de una lujosa posada construida sobre un minúsculo islote de arena blanca que emerge del mar al oriente venezolano, circuló con frenesí por redes sociales a comienzos de 2022, hasta el punto de que fue adoptada como una evidencia más de que Venezuela “se arregló”, como sostiene el lema que cierto sector empresarial ha coincidido en impulsar con el gobierno de Nicolás Maduro.

La nueva instalación vino también a reforzar la percepción de que el turismo de lujo tiene una nueva meca en Venezuela. Construida en medio del Parque Nacional Mochima -un sistema de islas escoltadas por una franja montañosa que conecta a los estados Sucre y Anzóategui, que se extiende a casi 95.000 hectáreas y fue creado en 1973-, vino a sustituir en el lugar a las  

ruinas de una casona que tenía por lo menos 15 años de abandono y que, en fotos viejas, exhibía sus columnas corroídas con las cabillas y los ladrillos al descubierto, las paredes pintadas de un antiguo blanco y el segundo piso sin techo.

Hoy se llama Posada Isla Piscina. Se hizo en tiempo récord, y su fachada high-end emula la tendencia en turismo de estructuras que busca armonizar lo natural y orgánico con el lujo. El emplazamiento, único e inimitable, preserva su exclusividad con tarifas que oscilan entre 400 y 700 dólares la noche, según indica un presupuesto solicitado. El pujante enclave, sin embargo, revela otra mezcla ya clásica del turismo VIP venezolano en tiempos del chavismo-madurismo: la construcción en áreas protegidas por la ley ambiental y una trama opaca sobre quiénes se benefician del negocio. 

La marca comercial de la propiedad es Isla Piscina Posada & Boutique y funciona desde 2021, aunque “el proyecto llevó unos cinco años aproximadamente siendo procesado, hasta que se logró cumplir con todo el protocolo para su aprobación y creación”, dijo a Armando.info el arquitecto y productor creativo, Said Jihad El Jaouhari Yauhari, socio fundador de Astylar C.A., un estudio de arquitectura con sede en Lechería, estado Anzoátegui. 

El otro socio es Jihad Said El Jaouhari. Este último, a su vez, registra seis empresas adicionales que en su mayoría se desempeñan en el ramo turístico, entre ellos, los hoteles Güiria Suite y Costeño Suite del estado Sucre, así como Venezuela Trini-Tours, C.A. En cada caso, Jihad Said El Jaouhuari compartió responsabilidades con una red de socios que manejan otras sociedades en Estados Unidos y Panamá. 

A juicio de El Jaouhari, “el proyecto se basó literalmente en recuperar la antigua edificación en ruinas que, por motivos ambientales y estudios profesionales, ocasionaba un impacto negativo en la zona”. El arquitecto señaló conocer la denominación del área de construcción de la Posada Isla Piscina que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), decretado en 1991, está catalogada como Zona de Recuperación Natural dentro del Parque Nacional Mochima, o explicado en términos más simples, un espacio natural en la que hubo intervención humana antes de la declaratoria de ordenamiento territorial y en la que se requerían actividades de restauración o demolición de infraestructuras. No era derrumbar una para darle paso a otra casa.

Ese plan de ordenamiento fue establecido en el marco del decreto de reglamento parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, que el chavismo ha dejado en el olvido. En el mismo se establecen los usos prohibidos, restringidos y permitidos dentro de los parques nacionales o monumentos naturales, en particular, el artículo 11: “que solo puede permitirse por vía de excepción establecida en las leyes”. El artículo 12 complementa en los puntos 10 y 11 la prohibición para: “los desarrollos urbanísticos y asentamientos humanos salvo las excepciones establecidas en este reglamento (...) Las urbanizaciones y clubes turísticos, públicos o privados, y las colonias vacacionales”.

Pero, la influencia del poder no ha sido ajena ni ahora, ni antes, y “algunas de estas construcciones quedaron paralizadas por vía legal cuando antiguos dueños accionaron un amparo ante la extinta Corte Suprema de Justicia”, explicó una fuente del Ministerio de Ecosocialismo que se reservó el nombre. Antes de 1991 -cuando se decretó el PORU- no se requerían los permisos sino tener el terreno para construir una casa. Luego, el extinto Ministerio de Ambiente activó un plan organizado de desocupar el área, que no pudo concluir.

El director ejecutivo de Astylar puntualizó que la posada “fue estrictamente adaptada a la huella humana existente, promoviendo el desarrollo sustentable como objetivo y rescatando de forma legal el espacio, que además cumple con los reglamentos de protección ambiental ajustados a la ecología para minimizar el impacto ambiental”. 

La curiosidad por Isla Piscina Posada & Boutique fue creciendo de manera exponencial y en cuestión de dos meses su cuenta en la red social Instagram pasó de tener 10.000 seguidores a casi 90.000. Si se trató de una estrategia de marketing deliberada fue muy efectiva para posicionar la experiencia de un hotel que se autodenomina ecofriendly. 

En la construcción del hotel “hubo supervisión estricta por parte de los entes públicos”, comentó El Jaouhari, algo que no se pudo comprobar mediante algún otro testimonio de fuentes acreditadas. Hasta la fecha de publicación del reportaje, la presidencia de Inparques no respondió a la solicitud de entrevista que le hizo Armando.info. Por su parte, ante una solicitud similar, la gerencia de la instalación hotelera, representada por Carlomagno Ravago, respondió que “el formulario de la entrevista fue analizado por varios de la directiva de la empresa y no les pareció el contexto” y, finalmente, “determinaron no dar la entrevista”, aunque en un inicio habían asomado que “los propietarios concretaran el encuentro”. Luego indicaron que la persona a cargo en dar respuestas a las inquietudes sería Rosaling Andrea Moreno, quien no la dio. 

Para este proyecto, Astylar trabajó en alianza junto a Construcciones y Suministros JL, C.A. (Sucons), constituida en 2015 en Apure, que fue el proveedor de materiales. Su dueño es José Luis Torres Bravo, un empresario que primero se dedicó a la publicidad exterior, luego a la construcción y supo conectar con los aliados comerciales del oriente del país.

El drible no contado

A pesar de la curiosidad levantada entre el público por la renovación de su estructura, quienes manejan la comunicación de la Posada Isla Piscina se las han arreglado para, a la vez, mantener un velo de misterio sobre la operación. Tampoco la formalidad de publicar la empresa mercantil que representa al hotel. El director de Astylar no quiso responder a la pregunta sobre los dueños, asegurando que necesitaba una autorización previa.

Un detalle que por lo general pasa inadvertido se encuentra en la foto de perfil del contacto de teléfono para reservaciones, que muestra un número de registro fiscal (RIF) que no corresponde a ninguna empresa. Al solicitar un presupuesto formal, cambia un número. El documento entonces permite verificar que se trata de RR Beachs Club, C.A. que ante el agente recaudador venezolano, Seniat, se identifica como un prestador de servicios de alojamiento que recibe los pagos en moneda local, aunque no hay historia previa, garantías o constancia de si efectivamente tramitó permisos de ley ante el Registro Turístico Nacional (RTN), obligatorio para todo establecimiento hotelero. Pero quien complete el pago del presupuesto solicitado, en moneda extranjera y  a través de una transferencia electrónica, comprobará que la sociedad que aparece relacionada como receptora es Madrisqui Investments LLC, una compañía constituida en Miami, Estados Unidos. 

Resulta inesperada la aparición del nombre de Rommel Eduardo Colina, exjugador profesional de baloncesto y antiguo miembro del equipo de Guaiqueríes de Margarita, como gerente y representante autorizado para la incorporación de la empresa Madrisqui Investments LLC ante el registro de Florida, en enero de 2017. Fue su debut y despedida en los registros de la empresa, pues pronto le dio paso a Rosaling Andrea Moreno, quien ha mantenido constancia como gerente y representante autorizada en los documentos de la compañía hasta la fecha actual. Durante estos años, Moreno operó para la adquisición de un inmueble en Florida, en 2019, también a nombre de Madrisqui Investments LLC. 

Colina vive en Estados Unidos y no ha venido al país desde 2002, según confirmó a Armando.info. Posee otras empresas relacionadas con su actividad deportiva, exceptuando aquella que recibe los pagos en divisas, vía electrónica, por los alojamientos en la posada. El exatleta del equipo Guaiqueríes lleva tres ediciones organizando un torneo amateur entre jugadores venezolanos de baloncesto radicados en Estados Unidos, la última en 2021, y recibió en la cancha al exjugador profesional de la NBA, Greivis Vásquez. En el país, Rommel Colina tiene una fundación deportiva en Coche, una barriada popular al suroeste de Caracas. 

Colina dice que no tiene “conocimiento de eso”, refiriéndose a la posada a la que, precisó, no está vinculado: “Tengo muchísimos años que no voy a Venezuela, ni idea de que eso [la posada] está en el país”. Cuando se le preguntó la razón por la que su nombre aparece en los documentos de Madrisqui Investments LLC, aclaró que, si bien en efecto la creó, “yo la vendí a una muchacha, traspasé el registro de constitución”. La compañía tenía como objetivo inicial el de bienes y raíces pero a Colina no le funcionó, “me entero que están trabajando con el registro, ¿a quién tengo que cobrarle?, porque nunca me han pagado”.

Vocabulario básico

Así se tituló la pieza musical que la agrupación venezolana Rawayana dio a conocer en 2013 y cuyo videoclip de lanzamiento tuvo como plató la casa en ruinas del Parque Nacional Mochima. La locación se transformó en parada obligatoria para los turistas que disfrutaban, sin mayores lujos, de la posibilidad de lanzarse al agua cristalina y poco profunda desde una lancha amarrada en las inmediaciones, un clavado que daba justificación al apodo de “piscina” a lo que en verdad es mar abierto. 

Muy cerca, en Isla de Arapo, se experimenta una situación similar, donde las casas viejas a orilla de la playa han sido demolidas y reconstruidas sin mediar gastos. 

“Sé que en muchas de esas casas allí [Isla de Arapo], cuando tienen visitas, se ha visto personal armado haciendo vigilancia hasta el muelle”, confirmó una fuente que pidió el resguardo de su identidad.

La Ley Antibloqueo creada por el régimen de Nicolás Maduro en 2020, dio carta blanca para la ejecución de proyectos confidenciales que protegen al empresario de las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela. Los contratos se atesoran en el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), que ofrece acuerdos técnicos, administrativos y legales como un embudo de practicidad bajo la excusa de potenciar un área de desarrollo prioritaria, en la que se incluye el turismo. 

“El país posee inmensas potencialidades naturales, algunas únicas en el mundo, concebidas como atracciones para el turismo internacional dada la gran cantidad de costas en el mar Caribe, que supera en extensión a todas las islas vecinas que  practican turismo receptivo internacional”, se lee en la página web del CIIP. 

Ni vigilancia ni empanadas

Las reacciones por la construcción de la Posada Isla Piscina no se hicieron esperar.

“Esa casa se derribó y quien tenía la primera opción era Inparques porque está dentro del Parque Nacional Mochima. Se tumbó por el decreto de saneamiento que aún está vigente”, comentó Marlene Sifontes, secretaria del sindicato de Inparques, en una entrevista telefónica. Para finales de los 90 y principios del nuevo milenio, “con el proyecto del Banco Mundial e Inparques querían hacer en el lugar un centro de monitoreo, información y observación”. 

Coincide con la información manejada por una fuente del Ministerio de Ecosocialismo, que pidió no ser identificada. La fuente relata que para aquella estructura se propuso la reconstrucción en forma de una estación de guardaparques, una figura casi inexistente actualmente en la región, que hasta ahora tiene una sola instalación con este fin ubicada en el pueblo de Mochima, en el estado Sucre, ya en tierra firme.

La existencia de la posada demuestra que el turismo VIP le ganó esa partida a la conservación. 

“Inparques como ente rector ambiental tiene la jurisdicción del área”, puntualizó la fuente. Además, sigue siendo el responsable de hacer cumplir las leyes y los decretos de uso que regulan la actividad ambiental. Y así lo hizo entre 2014 y 2015, cuando iniciaba el gobierno de Nicolás Maduro y se radicalizaba la política de mercantilización de los parques nacionales. El Tribunal Supremo de Justicia registra para la fecha al menos una decena de casos en el estado Sucre en los que el delito era “la ocupación ilícita en áreas naturales protegidas y contravención a los planes de ordenamiento del territorio, sin autorización de Inparques”. Eso sí, las sentencias dan fe de que los funcionarios de Inparques que vigilaron la construcción de viviendas y trabajaron de la mano con las fiscalías ambientales y consejos comunales para combatir esos ilícitos, solo iniciaron procesos legales contra comerciantes que describían como su actividad productiva la “venta de empanadas”.

En la reciente Feria de Turismo del estado Anzoátegui, celebrada a principios del mes de julio de 2022, hizo mucho ruido  un nuevo proyecto en el Parque Nacional Mochima. Se trata de un “complejo turístico ecológico de vanguardia ubicado en la Isla Borracha” que plantea todo tipo de servicios, incluido un helipuerto. También desafía el PORU, pues el área donde se diseñó ese Seven Resort tiene la denominación de Zona Primitiva o Silvestre, según el decreto. Es decir, es un ambiente natural de relevancia tanto por su diversidad como por su interés científico, que se han mantenido en condiciones de pristinidad y ha resistido al uso moderado de la actividad turística.

Hay dos certezas que se asoman en la privatización de los espacios naturales del país. La primera tiene que ver con el desmantelamiento de la actividad ambiental por parte del Estado que opera de manera parcial y mínima en cuanto al resguardo de las áreas naturales, así como la intervención inmediata en casos que arriesgan la biodiversidad. No solo se trata de los permisos ambientales sino del control de las especies invasoras que atentan contra el ecosistema marino. En ninguno de los casos, Inparques ha sido efectivo.

La segunda es la responsabilidad del presidente de Inparques, Josué Lorca, en la asignación discrecional de los espacios naturales. “Inparques tenía el derecho de administración del islote de Isla de Arapo, donde estaba la casa abandonada. La máxima autoridad puede traspasar a un privado, por vía de excepción, el área de protección. No le es desconocido”, puntualizó la fuente del Ministerio de Ecosocialismo. 

Enemigo silencioso

Un video publicado por Astylar en redes sociales proyecta una segunda etapa para la Posada Isla Piscina: siete palafitos que rodearán el islote y compartirán el espacio con las formaciones coralinas del sector. Sin embargo, el arquitecto de la empresa indicó que todavía se requiere de “estudios específicos para evaluar la futura ampliación”.

El Jaouhari aclaró su visión sobre el sistema autosustetable de la construcción: “los servicios básicos como el agua potable son suministrados por sistemas de plantas desalinizadoras, cuenta con plantas de tratamiento para aguas residuales y se instalaron paneles solares”. 

Entre tanto, como haría cualquier buen vecino, la Posada Isla Piscina se sumó a la cruzada local para controlar y elimina el coral invasor Unomia Stolonifera, según dijo el representante de Astylar. El evento promocionado por el Ministerio de Ecosocialismo como “un proyecto piloto” fue en abril de 2022 y consistió en que unos buzos y expertos de la empresa privada Pilares Marinos, contratados para esta actividad, iniciaran un saneamiento de la superficie marina de forma manual. Josué Lorca, presidente de Inparques, dijo en su momento: “Requerimos el apoyo y la suma de todas las voluntades, políticas, civiles y sobre todo, de la comunidad científica para fortalecer las acciones”.

Cuando se le consultó a Mariano Oñoro, coordinador de Unomia Project sobre el área escogida para iniciar el control y la técnica usada para la extracción de la  la especie invasora -de origen Indo-Pacífico-, comentó que es “inviable” la iniciativa que recibió apoyo del Ejecutivo debido a la extensión que ahora ocupa el coral Unomia. “Estamos hablando de 286 campos de fútbol y se requeriría al menos de 3.000 a 4.000 buzos para este trabajo, personal que no existe en el país”, puntualizó. Aunque considera positiva la acción de control, no evalúa como ya posible la erradicación del coral de esa manera.

Oñoro explicó que la organización que representa solo ha asistido a tres reuniones con el Ministerio de Ecosocialismo, aunque tiene más de 15 años trabajando en campo y documentando el desastre ambiental. Unomia Project es una iniciativa científica conformada por biólogos, ambientalistas e investigadores venezolanos, que monitorea y estudia la especie invasora, así como los mecanismos para minimizar el impacto del esparcimiento. 

El Unomia, aunque parece inofensivo por su contextura blanda, ha asfixiado a los corales marinos autóctonos del parque nacional porque se posa sobre ellos, incapaces de sobrevivir al ataque de los nuevos inquilinos. Además, mientras un coral autóctono tarda años en desarrollarse, el invasor puede crecer con una velocidad muy rápida, “hasta un metro cada dos a tres semanas”, advirtió Oñoro. No se tiene un registro certero de cómo llegó la especie invasora a la zona, pero los lancheros han relatado a los expertos que posiblemente fue “sembrado” por un comerciante que se dedicaba a su venta para la decoración de acuarios. Hasta la fecha, han podido constatar la presencia del coral Unomia además, de Mochima, en isla de La Tortuga, Cuare y el Parque Nacional San Esteban.

La invasión simultánea de dos especies, el coral y el constructor de posadas, no se la deja fácil al frágil ecosistema de Mochima. “Al final es el Ministerio de Ecosocialismo quien determina la factibilidad de uso, cuánto o en qué forma se puede usar los espacios naturales de protección”, comentó Leudo González, presidente de Conseturismo, añadiendo que “depende del criterio de un funcionario que, se supone, tiene los tecnicismos y el conocimiento para definir hasta dónde llega el turismo”. 

El régimen de Nicolkás Maduro se ha mostrado decidido a usufructuar de las potencialidades de las costas venezolanas para sacarle divisas al turismo de lujo. “Se habló de que en los años 2010 al 2015 el sector aportó un 4 a 4,5 % al PIB, pero el número nunca fue validado. No estamos muy seguros de que esa haya sido la cifra”, concluye González. Refleja una situación en la que la incipiente industria del turismo reporta con deficiencias, o no reporta del todo, cuánto es su aporte a la economía nacional. Al final, el sacrificio actual de la normativa ambiental y del propio medio ambiente, patrocinado por el Estado, puede terminar generando unos recursos que se perderán en una fosa tan profunda e inexpugnable como la de Cariaco.  

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