En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal petrolera. Ambos militares están detenidos por la trama Pdvsa-Cripto.
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La historia de United Petroleo Corp (sic; en sus registros, la palabra “petróleo” aparece sin tilde) bien pudiera ser un caso de éxito en el negocio petrolero por su facturación casi instantánea de cientos de millones de dólares. Pero esta aparente saga empresarial, en realidad, se inserta como parte del reciente desfalco sufrido en Pdvsa con la comercialización de crudo venezolano, y que provocó, en lo que también ha sido una purga interna del gobierno, la renuncia y el posterior ostracismo del poderoso Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, así como la detención de altos cargos de la petrolera estatal y empresarios cercanos al chavismo, acusados de corrupción.
para asegurarse ganancias millonarias, United Petroleo Corp no necesitó de millonarias inversiones en campos petroleros, como suelen hacer las multinacionales, ni cotizar en la bolsa de valores, ni esperar un boom de precios del crudo en el mercado internacional. Su ascenso fue tan simple como meteórico: apenas se registró en Panamá en marzo de 2021 y, aunque se disolvió menos de dos años después, en noviembre de 2022, en ese breve periodo obtuvo de Pdvsa contratos para la comercialización de hidrocarburos por casi 500 millones de dólares. De ese monto proveniente de ventas de petróleo y derivados, a la postre quedó debiéndole más de 435 millones de dólares a la estatal.
Esas cifras convirtieron a la desconocida empresa en una de las mayores deudoras de Pdvsa. A fines de 2022, la suma de las acreencias por petróleo no cobrado a decenas de intermediarios que apenas se estrenaban, como United Petroleo Corp, a los que Pdvsa supuestamente acudió como salvavidas para evadir las sanciones impuestas en 2019 por la administración de Donald Trump, se ubicaban entre 8.406 y 13.338 millones de dólares, según reveló Armando.Info en sendos reportajes a partir de documentos filtrados desde la petrolera estatal.
¿Cuál fue la fórmula mágica de United Petroleo Corp para obtener contratos de comercialización de cientos de millones de dólares en tan corto tiempo? Su cercanía con Antonio José Pérez Suárez, el coronel del Ejército que desde febrero de 2020 estuvo al frente de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa, un cargo estratégico dentro de la industria petrolera venezolana.
En marzo reciente, Antonio Pérez Suárez fue detenido como resultado de las investigaciones de la trama de corrupción bautizada como Pdvsa-Cripto. Era el “jefe principal de la estructura de corrupción”, según declaró ese mes Tarek William Saab, el Fiscal General de la República designado en 2017 por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, al referirse al coronel Pérez Suárez.
Ahora, uno de los documentos encontrados por los cuerpos de seguridad en los allanamientos realizados en la sede principal de Pdvsa, contenido en el farragoso y extenso expediente acusatorio del Ministerio Público chavista,, resulta clave para confirmar que detrás de la operación de la fugaz United Petroleo Corp estaba el teniente coronel retirado del Ejército, Rogers Ignacio Ramírez Dorante, hoy también detenido, compañero de promoción y amigo de Pérez Suárez.
“Este ciudadano [Rogers Ramírez] se encuentra estrechamente vinculado con la empresa United Petroleo Corp, la cual fue beneficiada con la asignación de crudo”, resume el documento judicial elaborado por los fiscales del caso Pdvsa-Cripto.
La cercanía entre Antonio Pérez Suárez y Rogers Ramírez Dorante se remonta a la juventud de ambos oficiales. Entonces con 24 y 26 años de edad, respectivamente, se graduaron en la Academia Militar de Venezuela en 1999 como integrantes de la promoción Coronel Miguel Antonio Vásquez, apadrinada por el entonces flamante presidente de la República, Hugo Chávez. “La primera promoción graduada en revolución”, repiten desde entonces algunos de los egresados. El alférez más destacado de esa promoción, su número uno, fue Igbert Marín Chaparro, teniente coronel apresado el 2 de marzo de 2018 y acusado de formar un “grupo conspirativo” junto a otros militares.
Antonio Pérez Suárez y Rogers Ramírez Dorante ocuparon los puestos 114 y el 106 entre los 158 graduados de la promoción. Desde entonces y hasta finales de marzo pasado, cuando fueron detenidos y presentados, a modo de propaganda, vestidos con bragas naranja ante un tribunal constituido en la sede del Sebin, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, sus caminos fueron en paralelo: el ascenso de uno en la administración pública favorecía al otro en sus negocios y en su estilo de vida.
“Se evidencia el incremento patrimonial vertiginoso de tal ciudadano”, refiere la acusación sobre Rogers Ramírez Dorante. Apenas dos meses antes de ser detenido, ajeno a la crisis que ya se gestaba en Pdvsa y que a la larga lo arrastraría junto a Pérez Suárez, estuvo en Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero no por los negocios de United Petroleo Corp, sino recorriendo los desiertos de ese país a bordo de una Toyota Land Cruiser, como copiloto de su hijo en el rally Dakar, uno de los más famosos en su estilo, para el que se necesita un buen bolsillo capaz de patrocinar la aventura. “Tengo mucha curiosidad por saber cómo es el mundo del Dakar y nos estamos preparando tanto física como mentalmente”, dijo Ramírez a la web del Dakar como preámbulo de la competición, que transcurrió del 31 de diciembre de 2022 al 15 de enero pasado.
Dos meses después, de acuerdo al expediente judicial, los cuerpos policiales allanaron algunas propiedades de Rogers Ramírez, entre las que destacan dos apartamentos en el conjunto Premier 27, uno de los proyectos habitacionales más lujosos y exclusivos de Caracas, en la urbanización Campo Alegre. Allí el apartamento más pequeño es de 321 metros cuadrados, según las especificaciones de la constructora, y Rogers Ramírez guardaba dos camionetas Toyota modelos Land Cruiser 2021 y 2022, una moto BMW y otra de marca KTM “modelo cross 250 cc, de competición”, entre otros bienes.
La conexión empresarial entre Antonio Pérez Suárez y Rogers Ramírez Dorante comenzó antes de que el coronel llegara al tren ejecutivo de Pdvsa. Antonio Pérez Suárez favoreció empresas de Ramírez Dorante, como Transervi R&G y Venezolana Distribuidora 2017, desde la Corporación Socialista del Cemento, tal y como consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Además de la Corporación Socialista del Cemento, Pérez Suárez también dirigió la Corporación Socialista del Sector Automotor o la Fundación Pueblo Soberano, entre otros cargos, desde donde también benefició a algunos de sus familiares directos.
Precisamente, Transervi R&G y Venezolana Distribuidora 2017, así como VD Import Tires, una comercializadora de neumáticos del estado Lara, de donde es oriundo Rogers Ramírez Dorante, y que lució como patrocinante en su aventura del rally Dakar, son señaladas por los fiscales como parte de una “estructura delictiva” en la que estas y otras empresas movieron recursos provenientes del negocio petrolero. En algunas de ellas, Ramírez Dorante era socio de Manuel Ramón Afonso López, a quien la Fiscalía también ha acusado, junto a su hermano Juan Manuel Afonso López, de participar en el caso Pdvsa-Cripto, pero no ha logrado detenerlo. Manuel Afonso López era además vecino del mismo conjunto residencial Premier 27.
“Rogers Ramírez es el mejor amigo de Pérez Suárez, le maneja todo”, afirma una fuente que conoció las operaciones de ambos con Pdvsa, pero que prefiere el anonimato. Sólo esa confianza explica que Pdvsa pusiera en manos de una compañía recién constituida y sin experiencia en el sector petrolero, como United Petroleo Corp, cargas de crudo valoradas en cientos de millones de dólares, cuyos montos finalmente se perdieron para los ingresos de Pdvsa al momento de negociar con traders en puertos de China. Fue el caso, por ejemplo, del cargamento del buque Amoroza, valorado en 82 millones de dólares, según relata el expediente de la Fiscalía, o de otros cargamentos que fueron vendidos sin que el dinero finalmente entrara a la arcas de Pdvsa.
En el expediente de la acusación los fiscales destacan varias irregularidades en la escogencia de United Petroleo Corp: no estaba inscrita en el Registro Único de Clientes Calificado de Ventas de Exportación (Ruccve), “no posee ningún tipo de documentación, ni soporte de criterios”, sólo “consta la planilla de aprobatoria de inscripción ante el Ruccve por vía de excepción”, y las entregas de crudo se hicieron “solo con la planilla aprobatoria, la cual debía ser autorizada por el Vicepresidente de Comercio y Suministro, Antonio Pérez Suárez”.
En un allanamiento realizado por cuerpos de seguridad el 3 de mayo en la sede principal de Pdvsa, los fiscales se encontraron con una oficina paralela denominada “Unidad de Trabajo Especial”, que era en la práctica el despacho de Antonio Pérez Suárez. Uno de los documentos hallados en ese lugar fue un informe del bufete Venatt International Advisor sobre lo ocurrido con un cargamento de un millón de barriles de crudo pesado tipo Boscán, transportado por el buque Amoroza.
Aunque fue la propia oficina de Antonio Pérez Suárez la que contactó al bufete Venatt International Advisor para descubrir lo que había pasado con la carga, al final la gestión sirvió para descubrir que Rogers Ramírez Dorante se escondía detrás de la fachada de United Petroleo Corp. En mayo de 2022, el capitán Heinrich Chapellín, hombre de confianza de Pérez Suárez y hoy también detenido, contactó a los abogados de Venatt International Advisors para plantear lo ocurrido con el tanquero Amoroza, cuya carga debió entregarse en un puerto de China, pero por la cual Pdvsa nunca recibió pago alguno.
La información suministrada por los colaboradores de Antonio Pérez Suárez condujo a United Petroleo Corp y a Rogers Ramírez Dorante. “Sí logré identificar al ciudadano venezolano Rogers Ramírez”, relató el abogado de Venatt International Advisors. Sin embargo, siguiendo con el testimonio del abogado ante la fiscalía, al descubrir que Ramírez Dorante era el verdadero operador de United Petroleo Corp, la oficina de Antonio Pérez Suárez optó por silenciar el hecho.
“Solicité información sobre el registro de Rogers Ramírez como trader en la operación de compra venta del millón de barriles de crudo pesado (Boscán) cargado por el buque Amoroza y comercializado por United Petroleo Corp, pero no obtuvimos respuesta (...) Nunca mostraron una postura imperativa con relación a las medidas a tomar para la recuperación de dichos activos, siempre me mantuvieron a la espera de instrucciones”, relató el abogado, de acuerdo al expediente del Ministerio Público.
De las pesquisas de Venatt International Advisors se desprende que United Petroleo Corp negoció la carga de petróleo venezolano con otra sociedad fantasma, llamada Montblancs International Services Ltd, registrada y disuelta en Reino Unido casi en simultáneo a la creación y extinción de la propia United Petroleo Corp en Panamá. “Sospecho que ambas estructuras legales, United Petroleo Corp y Montblancs International Services Ltd fueron utilizadas como medio para engañar a Pdvsa”, concluyó el abogado de Venatt International Advisors ante los investigadores de la trama Pdvsa-Cripto.
Los documentos de Pdvsa obtenidos para este reportaje muestran que, además de ese cargamento del buque Amoroza, United Petroleo Corp consiguió entre marzo de 2021, sólo un mes después de creada, y septiembre de 2022, justo antes de ser disuelta en el registro de Panamá, otros siete cargamentos de Pdvsa, entre crudo pesado y fuel oil, para sumar los casi 500 millones de dólares en combustibles de la estatal venezolana.
Ese último cargamento, el de septiembre, fue reseñado por la agencia Associated Press (AP), ya que terminó en una refinería en Curazao y así dejaba en evidencia un posible esquema para evadir las sanciones del Departamento del Tesoro contra Pdvsa. “El 28 de septiembre, el petrolero Colón, con bandera de Togo, descargó 600.000 barriles de fuel oil en la terminal Bullenbaai, operada por la refinería estatal de Curazao en asociación con una empresa incipiente, Caribbean Petroleum Refinery, propiedad de dos ciudadanos venezolanos-estadounidenses con doble nacionalidad”, reseñó AP el 16 de noviembre de 2022.
Fue el último rastro de una operación, a la postre ruinosa para Pdvsa, en la que participó United Petroleo Corp.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
La promoción ‘Coronel Miguel Antonio Vásquez’ de la Academia Militar es un espejo que refleja la encrucijada que depara la llamada Revolución Bolivariana. A la primera cohorte de oficiales del Ejército graduada bajo el chavismo, que tuvo como padrino al propio Hugo Chávez, el fallecido mandatario le asignó un destino privilegiado que solo a medias se ha cumplido: mientras una parte, comandada por el coronel Antonio Pérez Suárez, número 114 del escalafón, ocupó hasta hace poco cargos clave en la petrolera estatal, otra, simbolizada en el teniente coronel Igbert Marín, número uno de la promoción, vive la cárcel y el exilio.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
sociedad registrada en Panamá en marzo de 2021 y disuelta en noviembre de 2022. En ese período comercializó crudo de Pdvsa por casi 500 millones de dólares, pero a la postre quedó debiendo a la estatal más de 435 millones de dólares.
teniente coronel retirado del Ejército. Compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez. Operador de la empresa United Petroleo Corp, una de las intermediarias usadas por Pdvsa para comercializar petróleo venezolano. También es socio de compañías venezolanas favorecidas por las instituciones que dirigió Pérez Suárez.
Coronel del Ejército. Tras un largo recorrido en cargos públicos, llegó a la vicepresidencia de comercio y suministro de Pdvsa. Recientemente fue detenido y señalado como uno de los principales responsables de la corrupción en la petrolera estatal.
