José Gregorio Vielma Mora, exgobernador de Táchira y diputado del chavismo, fustigó la corrupción mientras, por otro lado, amasaba una fortuna en contratos viciados. Hoy es acusado por Estados Unidos de lucrarse con sobornos para favorecer a Alex Saab. El enlace para tal fin fue Orlando Alfonso Contreras Saab, un joven en el doble rol de beneficiario de contratos amañados otorgados por el gobernante e intermediario de las coimas del contratista favorito de Nicolás Maduro.
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Una clave de esta historia puede encontrarse en una foto. Fecha: junio de 2013. Lugar: algún club de la isla de Aruba, antigua colonia neerlandesa frente a las costas venezolanas del estado Falcón. Evento: un matrimonio. Protagonistas: los novios, Orlando Alfonso Contreras Saab y Nadia Pellizzari. Estrellas invitadas: Chino y Nacho, el dúo de música pop del momento.
En el costado opuesto de los novios, y a la derecha del cantante Chino (luego devenido Chyno), aparece un invitado de honor: el exgobernador de Táchira, exsuperintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), exministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional de Venezuela y actual diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), José Gregorio Vielma Mora.
En aquel entonces, con apenas seis meses como gobernador de Táchira (cargo que desempeñó entre diciembre de 2012 y octubre de 2017), ya mantenía una relación estrecha con Contreras Saab y con Pellizzari, al punto de que el mandatario regional viajó a la boda en un vuelo charter, costeado por los novios.
En septiembre de 2023, una década después de aquella celebración, un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, mencionó a Orlando Alfonso Contreras Saab –quien se encuentra detenido en Florida desde octubre de 2021– como parte de una red de lavado de dinero sobre la base de negocios con la comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa estatal creado por el régimen de Nicolás Maduro en 2016.
La investigación de la justicia estadounidense expuso que Contreras Saab fue el vehículo a través del que Vielma Mora recibió sobornos a cambio de acuerdos de importación de alimentos para las empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido, contratistas del gobierno de Nicolás Maduro acusados en Estados Unidos por lavado de activos. Según el documento del tribunal, Contreras Saab recibió y transfirió alrededor de 15 millones de dólares, que debía repartirse con el exgobernador tras aprobar, en 2016, un convenio millonario para los CLAP que terminaría favoreciendo a una de las sociedades controladas por Saab y Pulido.
Alex Saab es epítome de la corrupción del Estado que controla Maduro. Junto con Álvaro Pulido, su socio, importó comida de ínfima calidad para programas socioclientelares en Venezuela, asumió contratos de construcción de viviendas que no terminó y blanqueó fondos, todo lo cual lo puso en la mira de la justicia estadounidense hasta ser detenido en Cabo Verde, una nación-archipiélago frente a la costa occidental africana, en 2020, sin contar con que ambos empresarios actuaron para ser favorecidos mediante sobornos a funcionarios del régimen, como fue con el caso de Vielma Mora, entre otros.
Como muestra de ello, basta un dato: el primer gran contrato de los CLAP a favor de Group Grand Limited, sociedad controlada por Saab y Pulido, fue en 2016 a través de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (Cobiserta), empresa dependiente de la Gobernación del Táchira, entonces al mando de Vielma Mora.
Durante la jefatura del actual diputado, empresas de Contreras Saab también fueron favorecidas con contratos de instituciones gubernamentales del estado Táchira, hecho que Armando.info corroboró para esta investigación mediante la revisión de documentos del Registro Nacional de Contratistas (RNC) y de la Contraloría del estado Táchira.
Mediante un tinglado empresarial, Orlando Alfonso Contreras Saab, nacido en 1979, trianguló operaciones entre Venezuela, Panamá y Estados Unidos que experimentaron un auge, justamente, entre 2012 y 2017, años en que Vielma Mora fue gobernador.
En Venezuela, Contreras Saab (sin vínculo familiar corroborado con Alex Saab, pese a que comparten el mismo apellido) tiene a su nombre dos empresas constructoras y contratistas del Estado. La primera en constituirse fue Constructora Shuekos, C.A., fundada en noviembre de 2005 en Maracaibo, capital del estado noroccidental de Zulia, fronterizo con Colombia, y en la que comparte sociedad con su hermana María Marisol Contreras Saab. Luego vino Constructora Aproe, C.A., fundada en marzo de 2007 en San Cristóbal, Táchira, y en la que Orlando Alfonso y María Marisol son socios de su hermana mayor, Maralf Tifjaila
Además de las de Táchira y Zulia, el grupo de empresas de Contreras Saab se completa en Panamá con Earthmoving 33, S.A., Wellness 33, Corp. y World Wide Entrepreneur Corp.; y en Estados Unidos, con Aproe, LLC, en Bay Harbor Islands, una zona costosa entre Miami y Miami Beach. Todas estas empresas están conectadas con el denominador común de actividades de comercio.
En una investigación llevada adelante por el Buró de Investigaciones Federales de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), y publicada en septiembre de este año, Vielma Mora fue señalado por la justicia de ese país de facilitar, a través de Corpovex y de su influencia en Cobiserta, la importación desde México de 10 millones de cajas de comida, valoradas en 340 millones de dólares, por parte de la empresa Group Grand Limited, propiedad de Alex Saab.
“Contreras Saab acordó con (...) Pulido pagar sobornos en beneficio de funcionarios del Gobierno venezolano, incluido Vielma Mora, a cambio de su ayuda para obtener contratos para suministrar alimentos al pueblo de Venezuela a través de Cobiserta y Corpovex”, especifica el escrito judicial.
La investigación detalla que, en el mismo lapso, Vielma Mora recibió sobornos de Alex Saab a través de Orlando Alfonso Contreras Saab. En julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), determinó que tanto Vielma Mora como otro funcionario del chavismo, Rodolfo Marco Torres, exgobernador de Aragua entre 2017 y 2021 y actual Ministro para la Atención de Aguas, entre otros cargos que ha desempeñado, fueron beneficiarios de una red de sobornos encabezada por Alex Saab para asegurarse contratos de importación para el programa de los CLAP.
“[Alex] Saab usó parte del lucro que obtuvo de contratos corruptos de alimentos para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales para la importación de alimentos a través del estado de Táchira, incluidos José Gregorio Vielma Mora (...) y Rodolfo Clemente Marco Torres, que tenía el cargo de Ministro de Alimentación de Venezuela”, explica una nota del Departamento del Tesoro de entonces. No sería esta la única noticia sobre Vielma Mora.
En octubre de 2021, apenas días después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos desde Cabo Verde, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida publicó una acusación relacionada con los CLAP. En esta, además de varios colaboradores de Saab y Pulido, como Carlos Lizcano, estaba acusado el propio Vielma Mora.
La acusación de septiembre contra Contreras Saab lo asocia directamente con la trama de corrupción, con referencia a su participación personal en una “conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”. Y explica que el empresario actuó “a sabiendas y deliberadamente, es decir, con la intención de desviar los objetivos de la conspiración (...) para ponerse de acuerdo con otras personas conocidas y desconocidas” y, a fin de cuentas, continuar con el plan de sobornos.
Entre los detalles está el hecho de que Contreras Saab pagó con su tarjeta de crédito 4.500 dólares para costear el viaje al exterior de un familiar de Vielma Mora. Como en 2013, se repetía la historia de vuelos pagados por Contreras.
La acusación del tribunal del Distrito Sur de Florida también puntualiza que los sobornos de Alex Saab y Álvaro Pulido para Contreras Saab y Vielma Mora suman al menos 15 millones de dólares. Esta conexión tiene un historial previo pues, entre 2013 y 2015, Constructora Aproe fue subcontratada por Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, de Alex Saab y Álvaro Pulido, para la construcción de un gimnasio vertical en Táchira.
La justicia estadounidense actuó en consecuencia por una razón que se aclara en la acusación: Contreras Saab transfirió fondos provenientes del esquema de corrupción desde cuentas en el extranjero a bancos de Florida. En varios puntos se refiere que partes de estos fondos fueron “transferidos y utilizados en beneficio de Vielma Mora con el fin de promover sobornos ilegales y ocultar la naturaleza y el destino de los procedimientos de la trama de estos sobornos ilegales”. Mientras tanto, como gobernador, Vielma Mora supervisaba que las contrataciones para importación de comida favorecieran a la empresa de Alex Saab.
Periodistas de Estados Unidos especializados en el tema señalan que “la falta de acusación sugiere que el acusado está cooperando”. Vielma Mora, entre tanto, ha mantenido silencio.
Como muestra el RNC, la Constructora Aproe obtuvo desde su fundación contratos con varios entes públicos dependientes del gobierno de Táchira, durante la gestión del pesuvista Ronald Blanco la Cruz, entre 2004 y 2008, pero también la del opositor, de raíz socialcristiana, César Pérez Vivas, entre 2008 y 2012.
En 2010, durante la gestión de Pérez Vivas, la Gobernación de Táchira contrató a Constructora Aproe para remodelaciones de escuelas a través de la Corporación de Infraestructura, Mantenimiento de Obras y Servicios del Estado Táchira (Corpointa), y fue su principal cliente. El RNC registra más de diez alquileres de máquinas (sin especificar montos) a esta institución entre 2009 y 2011.
El Seniat, entidad tributaria que Vielma Mora había presidido entre 2000 y 2008, y el Ministerio de Transporte, también fueron clientes habituales de Constructora Aproe hasta 2012. Salvo algunas excepciones, el RNC detalla la ejecución en 100% de las obras. Sin embargo, a partir de 2012, la Contraloría del estado Táchira develó las irregularidades con las que Vielma Mora favoreció a Contreras Saab.
En el informe de gestión de 2014, publicado en enero de 2015, la Contraloría de Táchira señaló que el procedimiento de selección de contratistas, identificado con el código CA-CORP-GOB-007-2013, estaba viciado porque la Comisión de Contrataciones de la Gobernación de Táchira había calificado a la constructora de Contreras Saab con 57 puntos. La verdad, precisa el informe, era que la contratista no reunía ni los 45 puntos “exigidos en el pliego de condiciones para calificar”.
El Comité de Contrataciones de la Gobernación de Táchira incurrió, por ende, en flaquezas de sinceridad, exactitud y oportunidad en el proceso: “Se calificó como válido el aspecto técnico de las empresas participantes en proceso de selección bajo la modalidad de concurso abierto; sin que reuniera la puntuación mínima para calificar”. En síntesis: la contratación de Constructora Aproe como contratista de la Gobernación de Táchira estuvo amañada. Fue favorecida por el entonces gobernador aunque no cumplía con las condiciones mínimas para prestar servicios.
Sin embargo, la denuncia de tales irregularidades no sirvió ni de escarmiento ni como impedimento para nuevas contrataciones. En los años siguientes, los negocios entre Contreras Saab con el invitado a su boda se harán incluso cada vez más frecuentes.
Además de Alex Saab y Álvaro Pulido, a través de Wellness 33 Corp., uno de sus negocios en Panamá, Contreras Saab está conectado comercialmente con otro empresario relacionado con Vielma Mora y, además, con el negocio de la comercialización de leche de ínfima calidad, al igual que Saab y Pulido. ¿Cómo? De la siguiente forma: Jesús Armando Velandia Mora, quien es socio de Contreras Saab en esa compañía, es el único dueño en Venezuela de Corporación Jesvel, C.A., fundada en febrero de 2012 y dedicada a la compra, venta, exportación e importación de alimentos, víveres y productos lácteos.
Como consta en el Registro Nacional de Contratistas, fue a través de Corporación Jesvel que Velandia Mora proveyó leche en polvo para la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) en momentos en que Vielma Mora era Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional de Venezuela.
En 2015, Velandia Mora (nacido en 1984) fue acusado de falsificación, estafa y apropiación indebida en un tribunal del estado Táchira. En 2020, denuncias de usuarios de Twitter recogidas en portales de internet apuntaron a que la marca de leche Vacalac, de Corporación Jesvel, pesaba menos de lo que indicaba su empaque.
Esto último es un asomo del desempeño de Vielma Mora, un exoficial del Ejército que acompañó a Hugo Chávez en su intentona del 4 de febrero de 1992, en la Gobernación de Táchira. Luego de su paso por el Seniat, Vielma Mora había sido ensalzado con frecuencia por sectores del chavismo y de la prensa no solo como un gerente eficiente, capaz de la conducción honesta de una institución estatal, sino hasta como un potencial sucesor de Hugo Chávez que, podía seducir a los electores de clase media. Hoy, la historia es otra.
En abril de 2018, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron al coronel del Ejército José Bolívar, entonces presidente de Cobiserta, la comercializadora del estado Táchira, por contrabando de medicinas y cajas del CLAP. En su cuenta de Twitter, Vielma Mora escribió: “Apoyo totalmente desde mi trinchera cualquier acción para poner fin a la corrupción que cobra la felicidad de nuestro pueblo”.
Huída hacia adelante o no, lo cierto es que cinco años después de finalizar su gestión como gobernador hay elementos suficientes para afirmar que, más allá de mensajes en las redes sociales, Vielma Mora fue partícipe de una madeja de corrupción con medicinas y cajas del CLAP. Todo en connivencia con Orlando Alfonso Contreras Saab, aquel joven que en 2013 lo invitó a su boda, amenizada por Chino y Nacho.
Poco después de que se suicidara en su celda el multimillonario neoryorkino Jeffrey Epstein se supo que el empresario venezolano Oscar Faría, con múltiples negocios en Estados Unidos, le compró hace años su lujoso jet privado. Pero la fortuna de Faría, casado con la ex Miss Venezuela Veruzhka Ramírez, no comenzó en las tierras del norte sino en Venezuela, de la mano del gobierno revolucionario -entre consejos comunales, el ex gobernador del Táchira y Petróleos de Venezuela- para el que ha trabajado sin pausa y sin tapujos pavimentando carreteras con un producto mezclado que se asemeja al asfalto y fue un negocio redondo
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
La persona jurídica registrada en Hong Kong, vinculada a los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, parece ser el gran aliado del Gobierno de Nicolás Maduro. Los contratos millonarios para el suministro de millones de cajas CLAP, el programa bandera del sucesor de Hugo Chávez, apenas fueron el comienzo. La empresa, cuyo rastro en Venezuela es nebuloso, también funge como la intermediaria del Ministerio de Salud en la compra de los medicamentos que tanto escasean en los hospitales y farmacias del país.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Empresario de origen tachirense. Dueño de Constructora Aproe, C.A., empresa favorecida con contratos amañados de la Gobernación de Táchira durante la gestión de José Gregorio Vielma Mora. Fue intermediario para los sobornos que pagó Alex Saab a Vielma Mora.
Gobernador de Táchira entre 2012 y 2017. Fue superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional de Venezuela. Actualmente, diputado de la Asamblea Nacional por el chavismo.
Empresario colombiano de origen libanés, detenido en Estados Unidos por lavado de activos. Fue favorecido con contratos del gobierno de Venezuela durante las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
Empresario colombiano. Socio de Alex Saab. En 2023 fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro por haber formado parte de la trama de corrupción que desfalcó a la estatal Petróleos de Venezuela, S.A.
Socio de Contreras Saab en Wellness 33 Corp., empresa registrada en Panamá. Dueño de Corporación Jesvel, compañía que proveyó leche a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) cuando Vielma Mora era ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional.
Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Programa gubernamental creado en abril de 2016 para paliar la escasez de alimentos en Venezuela. En la práctica ha sido factor socio-clientelar en la política venezolana.
