El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Hace poco más de un mes, y tras un proceso judicial de casi dos años que se inició en Argentina con la requisa de la aeronave y terminó en Estados Unidos con su desguace, el Estado venezolano perdió definitivamente el avión Boeing 747-300M de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la también estatal Conviasa.
“Le quitaron el color de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi, le borraron el nombre de Emtrasur y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos”, se indignaba Nicolás Maduro el pasado 29 de febrero, en una transmisión televisada desde el Jardín Botánico de Caracas, tras confirmarse el desmantelamiento del aparato.
Ese reclamo veloz de Maduro contrasta con el silencio que su gobierno ha mantenido desde 2014 en torno a la suerte de tres helicópteros Sikorsky AS-61D del Ejército enviados ese año a mantenimiento en el extranjero, de los que nunca más se supo.
El 7 de marzo de ese año, el Ministerio de la Defensa, a través del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Sedefanb), contrató a Aeronet Consulting Corp, una compañía registrada en el estado de Florida, Estados Unidos, para el mantenimiento mayor de las tres aeronaves. Desde entonces no hay noticias de ellas.
Pero Armando.info logró revisar un “informe definitivo de auditoría” de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Congefanb), que establece responsabilidades de altos oficiales del Ejército y Aviación Bolivarianas en esa transacción, perjudicial para la nación: del Fondo de Desarrollo Nacional se emitieron pagos por 17 millones de dólares, 75% del contrato, sin que el Estado venezolano recibiera contraprestación alguna.
“A pesar de haber transcurrido cinco años del desembolso a la empresa Aeronet Consulting Corp del 50% del anticipo contractual (9.355.500 dólares) y el 20% de anticipo especial (3.742.200 dólares) y un pago adicional de cuatro millones de dólares a través de un addendum, los mismos no han sido demostrados financieramente con soportes adecuados que garanticen la adquisición o reparación como está establecido en las ofertas comerciales objeto del referido contrato”, concluía el documento de 34 páginas, fechado el 20 de junio de 2019 y que, desde entonces, permanecía guardado bajo siete llaves.
Y para colmo: todavía hoy los helicópteros no regresan a Venezuela y ni siquiera se conoce, a pesar de la investigación de la contraloría militar, si al menos fueron reparados o reacondicionados.
Los Sikorsky AS-61D, de fabricación estadounidense, tienen mucho tiempo sirviendo al Comando de Aviación del Ejército en misiones que requieren transporte de personal militar, rescate de personas y acceso a zonas impenetrables. Se trata de un modelo de las innumerables variaciones que Sikorsky desarrolló y franquició a otros fabricantes, a partir del original Sea King de la Armada de Estados Unidos, una aeronave que se hizo popular en los años 60 por su rol en la Guerra de Vietnam y en el rescate en altamar de las cápsulas espaciales del proyecto Apolo que amarizaban en el océano Pacífico.
El 22 de mayo de 2014, poco más de dos meses después de la firma del contrato de mantenimiento con la empresa de Florida, los tres aparatos del Ejército venezolano arribaron al aeropuerto de Zúrich, en Suiza. En el sitio web Airhistory.net, donde entusiastas de la aviación comparten fotografías de aeronaves tomadas en aeropuertos y pistas de todo el mundo, todavía se encuentran imágenes de esa llegada.
Una semana más tarde, los helicópteros completaron el primer tramo de su viaje hacia el misterio. Fue el 29 de mayo de 2014 cuando llegaron a Lodrino, una localidad del cantón suizo de Tesino o Ticino, en el italiano local, donde quedan las instalaciones de Karen SA, la empresa subcontratada por Aeronet Consulting Corp para el overhaul, como se conoce en la jerga aeronáutica el mantenimiento mayor con el que se busca actualizar y rejuvenecer los aparatos.
“El 29 de mayo de 2014 se reunieron en la ciudad de Lodrino, en la sede de la empresa Karen Helicopter Services, el Comandante de la Aviación del Ejército Bolivariano, un especialista técnico del sistema Sikorsky AS-61D, el jefe de contratos del Comando de la Aviación del Ejército Bolivariano y el presidente de la empresa Aeronet Consulting Corp, con el fin de hacer entrega de los helicópteros Sikorsky AS-61D y dar inicio a los trabajos del contrato MPPD-VMS-SEDEFANB-CD-AD-0020-2014”, relata el informe al que Armando.info tuvo acceso.
Aunque el traslado de los helicópteros se debió realizar por vía marítima, como se hace de manera regular, el temor al veto impuesto por Estados Unidos a las compras militares del chavismo desde mediados de la década del 2000, sugirió una modificación de los planes. Fue así como los tres aparatos volaron a Suiza a bordo de un avión de cuerpo ancho perteneciente a la aerolínea ucraniana de carga Antonov Airlines. Aunque la precaución parecía fundada, el alquiler del jet para el transporte de los helicópteros abultó con cuatro millones de dólares adicionales la cuenta del mantenimiento mayor, algo que se reflejó en un addendum del contrato original.
Con igual sigilo y también por el temor a la vigilancia norteamericana, el verde oliva de los helicópteros se cubrió con pintura blanca. Al fuselaje de cada uno se le aplicó el logotipo de la petrolera estatal Pdvsa, a fin de que parecieran aparatos de uso civil “de manera que no sean objeto de la aplicación injusta de sanciones internacionales”, detalla el informe. Eso implicó también un cambio de matrículas “en coordinación con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)” y a las tres aeronaves se les asignaron las siglas YV2995, YV2996 y YV2997.
Podría decirse con sorna que el camuflaje resultó tan eficaz que todavía no se detectan los helicópteros. Unas bajas que debían durar 24 meses se han prolongado por una década.
En el sitio web del contratista Aeronet Consulting Corp, que brinda escasa o ninguna información sobre la empresa y parece más un álbum fotográfico, se ven sin embargo unas imágenes de los helicópteros del Ejército, en lo que tal vez fue alguna fase de los trabajos de mantenimiento. Las fotos ofrecen un aspecto a medio hacer de los aparatos, coincidente con la descripción que Maduro hizo del avión de Emtrasur decomisado: desarmados y con el fuselaje al descubierto.
“La empresa Aeronet Consulting Corp no ha cumplido con los trabajos de acuerdo a la oferta comercial para los tres helicópteros. En la actualidad solo hay uno que pudiese estar reparado en los próximos dos meses”, era la proyección que el informe de auditoría de la Congefanb hacía en junio de 2019. La compañía acababa de incumplir otra de las fechas de entrega de los helicópteros, la última que se conoce, fijada para el 17 de enero de ese 2019. De aquel momento, han pasado casi cinco años.
Aeronet Consulting Corp fue registrada en 2010 con sede en Doral, una ciudad del occidente del condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, conocida por su gran población de origen venezolano. Desde ese año, el presidente de la compañía y único director fue Danil Parker, un ciudadano estadounidense que también figura como propietario de otras empresas relacionadas con la aeronáutica.
Pero en 2014 fue el venezolano Juan Carlos Villegas Guevara quien se desempeñó como “representante legal” de Aeronet Consulting para la firma del contrato con el Ministerio de la Defensa. Villegas se convirtió ese mismo año en accionista de la empresa de Florida, según la base de datos Sunbiz.org, Apenas unos meses antes, en agosto de 2013, había registrado en Valencia, estado Carabobo, la empresa Aeronet Consulting C.A, homónima a la de Florida.
El objeto social de la carabobeña Aeronet Consulting C.A es la “compra y venta”, la “distribución, importación y exportación de naves y aeronaves”, así como la “instalación, restauración”, entre otros, en el ámbito de la aeronáutica, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Villegas Guevara no contestó a la petición de entrevista para este reportaje formulada varias veces a través de Whatsapp. De acuerdo a los documentos de la sociedad homónima en Estados Unidos, Villegas Guevara fungió como accionista y directivo de la compañía hasta 2022. Ese mismo año dejó de trabajar para la Aeronet venezolana, según se registra en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
En el informe elaborado por la Contraloría de la Fuerza Armada se cuestiona la capacidad de la empresa para cumplir con el contrato de mantenimiento de los tres helicópteros Sikorsky y se señala un “contumaz incumplimiento de las obligaciones contractuales”.
Pero la auditoría también detectó fallas de otras partes del negocio, como la suiza Karen SA y el propio Ministerio de la Defensa. Por ejemplo, de una “comisión técnica” integrada por personal de la Fuerza Armada como garante del cumplimiento del contrato, el informe dice que “no ha llevado a cabo un ejercicio riguroso del control de la ejecución del contrato, ni tampoco lo ha señalado en ninguno de los informes realizados con el fin de garantizar el resguardo y buen uso de los bienes del Estado y, a su vez, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
A esa conclusión se llegó tras comprobar que la mencionada comisión técnica nunca tuvo conocimiento de los “inventarios de motores, piezas y partes, ubicación de los bienes”, entre otras irregularidades.
Del informe de la Congefanb se infiere que la cadena de irregularidades, omisiones e incumplimientos compromete a Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa desde, precisamente, 2014 hasta hoy, y al General de División José Luis Novo Costoya, quien fue Comandante de la Aviación del Ejército entre 2014 y 2020. Hay que recalcar que fue el propio Padrino López quien ordenó el informe de contraloría, mediante un punto de cuenta número 0022 del 7 de noviembre de 2018.
Sobre el desempeño de Karen SA, la empresa suiza subcontratada para realizar la reparación de los helicópteros del Ejército venezolano, la comisión contralora de la Fuerza Armada también enumera varias fallas. “A inicios del proyecto el primer gerente por parte de la empresa Karen SA nunca manejó un cronograma de trabajo”, refiere el informe y especifica que sólo “en la reactivación” de los trabajos en 2017, tres años después de la firma del contrato y del arribo de los helicópteros a Suiza, se crearon los “cronogramas de trabajo”.
En algún punto, abunda el informe, buena parte de los equipos y repuestos que necesitaban las aeronaves “se encontraban en Inglaterra” y pertenecían a Swisscraft Aviation Ltd, otra compañía suiza a la que incorporaron en el proyecto, tal y como demostró una inspección realizada in situ en marzo de 2018. “A la fecha de la auditoría de cumplimiento los bienes no han llegado al lugar donde se están realizando los trabajos de recuperación de los helicópteros”.
Ni siquiera las conclusiones del informe elaborado por la Contraloría de la Fuerza Armada o la sucesión de Comandantes de la Aviación del Ejército cambiaron el curso de las cosas. Los helicópteros Sikorsky no regresaron.
El último testimonio de ellos son unas fotografías en las que prácticamente se les ve desguazados, al igual que el avión de Emtrasur que recientemente perdió Venezuela y por el que tanto reclamó Maduro.
Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.
Desde la filial de Pdvsa se emitieron contratos para blanquear capitales; en paralelo, el colapso del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira forzaba a los carteles a implementar un puente aéreo con helicópteros desde el aeropuerto de Maiquetía. Estas son apenas un par de viñetas entre los indicios duros que se acumulan en documentos judiciales, recién desclasificados en tribunales de Nueva York, que relatan cómo el crimen organizado se confabuló con las estructuras del poder estatal en Venezuela hasta involucrar a Nicolás Maduro.
De 2017 a 2019, el entorno del ex hombre fuerte de Venezuela blanqueó cerca de 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank. Fondos procedentes de instituciones como Pdvsa, Corpovex o Bandes pasaron por 101 cuentas a nombre de un mismo abogado, antes de continuar su peregrinaje hacia cuentas de terceros relacionados o compañías offshore. El hallazgo de ese flujo de dineros negros -de los que apenas 46 millones pudieron ser incautados- llamó la atención de las autoridades estadounidenses.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.
La Contraloría General de la Fuerza Armada realizó el “informe definitivo de auditoría” sobre el contrato entre Aeronet Consulting Corp y el Ejército. Encontró incumplimientos e irregularidades, tanto del contratista como de los altos oficiales del Ejército.
General de Brigada del Ejército. Fue Comandante de la Aviación del Ejército entre 2014 y 2020, período en el que se debió ejecutar el contrato del overhaul de los tres helicópteros Sirkosky. Hoy hace parte de la reserva activa.
Socio de Aeronet Consulting Corp y propietario en Venezuela de Aeronet Consulting C.A. Fue el representante legal de la compañía en la firma del contrato con el Ejército para el mantenimiento de tres helicópteros Sikorsky.
Empresa suiza dedicada al mantenimiento de helicópteros. Fue subcontratada por Aeronet Consulting Corp para realizar el overhaul a tres helicópteros del Ejército venezolano.
Empresa registrada en el estado de Florida, Estados Unidos. Contratada en 2014 por el Ejército venezolano para el overhaul de tres helicópteros Sikorsky AS-61D.
