En diciembre de 2023, en medio de las negociaciones de la administración del presidente estadounidense Joe Biden con el régimen de Caracas, que derivarían ese mes en un intercambio de prisioneros entre ambas partes, Alex Saab fue liberado de la prisión en Miami donde esperaba un juicio por imputaciones de lavado de dinero cometido a través de Fondo Global de Construcción. 

Cuando Saab volvió a Venezuela, Maduro no tardó en consagrarlo, esta vez abiertamente, como un alto funcionario del Estado. En su ascenso en la burocracia chavista, Saab alcanzó en octubre del año pasado el rango de Ministro de Industrias, cargo que todavía desempeña. Entre tanto, su otrora socio, Álvaro Pulido, corrió una suerte distinta: en Caracas ya casi cumple dos años en prisión, señalado por corrupción en la trama Pdvsa-Cripto. 

Si bien esos destinos dramáticamente opuestos se han consumado a la luz pública, del pasado compartido entre Saab y Pulido, como beneficiarios ocultos de los millonarios contratos otorgados a dedo por Maduro, siguen aflorando conexiones hasta ahora desconocidas.

Una de esas ramificaciones es, precisamente, la de Jean Paul Rivas. Tiene 57 años de edad, egresó de la Universidad Metropolitana y, aunque en alguno de sus perfiles biográficos se presenta como un “emprendedor serial”, sus proclamados éxitos no han conseguido hacerlo conocido entre el empresariado venezolano. 

Hubo una época en la que abogó públicamente por el compromiso social de los empresarios: “No podemos ver a los pobres desde la autopista”, declaró en 2006 a la revista Debates Iesa a propósito de la irrupción en el mercado de Cruzsalud, fundada por Rivas en 2004 para ofrecer seguros médicos a personas de escaso poder adquisitivo. “El objetivo es atender a las minorías y ofrecerles la orientación médica apropiada”, dijo después Rivas al diario El Nacional de Caracas, en una publicación del 30 de julio de 2007.

Una década más tarde, en 2017, Jean Paul Rivas se vinculó con el tándem Saab-Pulido en la millonaria y muy redituable importación de medicamentos de India a través de dos sociedades de papel, Group Grand Limited y Asasi Food Fzc, con las que el par de mercaderes colombianos también comercializaban alimentos de muy baja calidad y con sobreprecios para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Luego, la propia North Life Pharma de Rivas continuaría por su parte con el negocio de la importación de medicamentos de India, tal y como muestran decenas de documentos obtenidos por Armando.Info para este reportaje.

Casi en simultáneo, el portafolio particular de Rivas despegaba fuera de Venezuela con The Onsider, una inmobiliaria que adquiere y remodela edificios en Barcelona, España, para luego ofrecer estadías “en espacios acogedores y lujosos para estancias prolongadas”. En ocasión de la puesta en marcha de ese negocio, la prensa española lo presentó a mediados de 2015 como el “gurú de la sanidad para pobres” o el “rey de la sanidad social” en Venezuela, aludiendo a su paso por el mundo de los seguros. En Suiza, Rivas se incorporó a una firma de manejo de activos y fortunas, Sumus Capital, y también creó Black Fountain Capital, otra empresa de inversión y asesoría para start-ups con presencia en España, Suiza y en Dubái, donde comparte oficina con North Life Pharma. 

Santo remedio 

El de suministro de medicamentos desde India fue un negocio que movió millones de dólares, a juzgar por los contratos que obtuvieron las sociedades de Saab y Pulido. De acuerdo con documentos internos de la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), que entonces centralizaba las importaciones públicas, entre 2017 y 2018 esta otorgó a Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, dos contratos de poco más de 154 millones de dólares, mientras que a Asasi Food Fzc, inscrita en EAU, asignó otros tres por 192 millones de euros. 

Con las medicinas de India hubo sobreprecios aún mayores a los de los alimentos para los CLAP, ya que superan el 2.000% en algunos fármacos, según los papeles obtenidos para esta investigación.  

Al menos al principio del emprendimiento, Jean Paul Rivas jugó un rol clave en el negocio que terminaría beneficiando a Saab y Pulido: por ejemplo, en la búsqueda de proveedores, él mismo visitó varias fábricas en India, como Bharat Parenterals Limited. Una minuta de una reunión ocurrida el 1 de junio de 2017 en la fábrica de esta farmacéutica confirma la presencia de Rivas en las negociaciones. “La reunión comenzó inmediatamente después de que el grupo de visitantes de Black Pearl Capital y Group Grand Limited realizó una visita a la planta que incluyó control de calidad e instalaciones de desarrollo de formulaciones”, se lee en el documento, elaborado por un ejecutivo de Bharat Parenterals Limited. Rivas visitó otras plantas en India, país considerado como el mayor fabricante de medicamentos genéricos en el mundo.

En 2017, Rivas también era socio de Black Pearl Capital, un fondo de inversión creado por dos inversionistas iraníes, registrado inicialmente en Islas Caimán y Suiza. Al consultarle para este reportaje a través de un cuestionario enviado por correo electrónico, el empresario reconoció que durante un lapso de “tres y seis meses en 2017” dio asesoría a Group Grand Limited, pero que “nunca llegó al punto de establecer una relación contractual”, ni tampoco “recibió algún pago” de la compañía controlada por Saab y Pulido, a quienes conoció en 2015 “en una reunión de negocios”, según asegura.

Por eso, según adujo el empresario por escrito en una segunda tanda de preguntas, sería “engañoso y factualmente incorrecto describirme como actuando en nombre de Group Grand Limited” y que “no hay lugar a confusión, ni interpretación alguna al respecto”.  Los documentos vistos para este reportaje revelan que Rivas y sus colaboradores intercambiaron comunicaciones referidas a las negociaciones de Group Grand Limited. Pero “las decisiones no las tomamos ni yo ni ninguna de mis empresas asociadas”, insistió Rivas. 

Durante la gira en busca de proveedores, Rivas estuvo acompañado por Bastian Ruenz, un ciudadano alemán también relacionado en ese momento a Black Pearl Capital y empleado de Rivas en otras de sus compañías, y por Vanessa Josmir Peñaloza Lira, una venezolana hoy de 40 años de edad, que fungió como representante legal de Salva Foods 2015, la misma con la que los colombianos instalaron las ya desaparecidas Tiendas CLAP en la también extinta red estatal de Abastos Bicentenario, surgida a su vez de la expropiación de las tiendas Éxito del francés Grupo Casino.

Semanas después de la visita de Rivas a los fabricantes de medicinas en la India, en agosto de 2017 y ya desde el exilio, la hasta entonces y por casi una década Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que Group Grand Limited pertenecía al propio Maduro, aunque era controlada por Saab y Pulido. Antes de eso, en abril de 2017, Armando.Info había establecido el vínculo de Group Grand Limited con Saab y Pulido. 

Al ser consultado sobre si realizó negocios con sociedades manejadas por los empresarios colombianos, Rivas manifestó por escrito que “no puedo confirmar qué empresas están controladas por quién y no pido los beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés) de una empresa con la que hago negocios”. Tampoco aclaró a través de quién fue contactado para asesorar a Group Grand Limited. “Comprenda que no puedo responder a esta pregunta para no exponer públicamente a ningún tercero sin su consentimiento”, puntualizó Rivas en un segundo cuestionario enviado por correo electrónico. 

En algunos de los documentos obtenidos para este reportaje consta que Rivas voló en varios de los aviones que pertenecían a Saab y Pulido desde Caracas a destinos como Miami o Bogotá, entre 2014 y 2016. “No puedo comentar sobre la posible propiedad de empresas de terceros ni de ningún otro activo de terceros. Además, tenga en cuenta que no recuerdo las matrículas de los aviones en los que supuestamente volé hace diez años”, respondió Rivas. 

Ni tan heroico

El pasado 23 de septiembre de 2024, Nicolás Maduro elogió la búsqueda de medicinas de India realizada por Alex Saab. “Eso fue una persecución espantosa, nosotros la enfrentamos con el apoyo de importantes empresarios acá y del mundo, en esa época fue cuando secuestraron a Alex Saab porque Alex era una de las personas que como empresario más ayudaba al país para traer los medicamentos triangulados del mundo”, expresó en su programa semanal de TV, Con Maduro+. 

En su relato aseguró que, tras comprarlos en India, los medicamentos debían “triangularse” -tal fue su expresión- hasta en seis países antes de llegar a Venezuela. Sin embargo, los documentos obtenidos para este reportaje desmienten esta suerte de narrativa épica de intriga internacional sobre la tarea de Alex Saab, pues registran que la mercancía se despachó, tanto por vía marítima como aérea, directamente desde India a Caracas.

De hecho, los papeles revisados para esta historia muestran que la carga marítima se despachó desde puertos indios como el de Nhava Sheva, que da al Mar Arábigo, hasta el terminal de La Guaira, en el litoral central venezolano. En algunos casos, los medicamentos fueron transportados por vía aérea desde el aeropuerto de Mumbai al de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, lo que incrementó los costos. Así también lo confirman los propios registros de aduana en India. 

Los documentos también permiten estimar el sobreprecio que las sociedades controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido aplicaron al negocio de las medicinas en un momento en que la escasez de fármacos en el mercado venezolano oscilaba entre 80% y 90%, según entonces alertaban expertos de las Naciones Unidas, así como los gremios y cámaras empresariales. 

Una factura proforma fechada en julio de 2017 y emitida por Bharat Parenterals Limited, el mismo fabricante visitado por Jean Paul Rivas, confirma que el antiepiléptico Fenitoína, en la presentación de suspensión oral (125 miligramos / 5 mililitros), fue comprado por Group Grand Limited en 0,4059 dólares por unidad. Luego la empresa controlada por Saab le cobró al Ministerio de Salud 8,770 dólares por el mismo producto, lo que representó 2.060% de incremento, tal y como consta en una factura de octubre de 2017 que Armando.Info publicó hace siete años en una primera investigación sobre la participación de la dupla Saab-Pulido en la compra de medicamentos de India.

Del mismo modo, 56.000 unidades del antiepiléptico Fenitoína fueron vendidas por Group Grand Limited al régimen de Maduro por 491.120 dólares tras pagar al fabricante apenas 22.730 dólares: de nuevo, un margen de 20 veces el costo de compra inicial del producto. Bharat Parenterals Limited no contestó la solicitud de entrevista al respecto realizada mediante correo electrónico.

Los datos de aduana de India reflejan que, solo entre 2018 y 2019, Bharat Parenterals Limited envió directamente a Venezuela medicamentos valorados en unos 21 millones de dólares. En la asamblea anual ante sus accionistas del 30 de septiembre de 2020, uno de los ejecutivos de la compañía reconoció el efecto sobre el negocio que había producido la caída en las exportaciones a Venezuela “debido al problema de la moneda”, así como a las “estrictas sanciones” contra el régimen de Maduro por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. 

Otro caso de evidente sobreprecio ocurrió con el antibiótico Amoxicilina (Ácido Clavulánico): El valor original del fabricante Ophira Enterprise Pvt Ltd fue de 0,81 dólares por unidad, pero Group Grand Limited se la vendió al Ministerio de Salud en 19,69 dólares, un aumento equivalente a 2.330%.

Para comprobar los abultados sobreprecios que se les cargaba, a Corpovex o al Ministerio de Salud les habría bastado con contrastar los marcados por la empresa de Alex Saab frente a la Guía Internacional de Precios de Productos Médicos que periódicamente elabora la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que los gobiernos tengan referencias a la hora de realizar las licitaciones y contrataciones de suministros.

Paradójicamente, desde su posición como Ministro de Industrias, Alex Saab hoy se proclama como un campeón del Hecho en Venezuela. “Queremos que toda medicina, toda inyección, todo empaque, todo lo que necesitan para llevar a cabo la producción final de la medicina, sea hecho en Venezuela”, prometió el pasado 12 de marzo en un encuentro con representantes de la industria farmacéutica.

En esa misma actividad, Maduro reiteró los elogios para Saab, pero exagerando aún más la heroicidad de su desempeño. Aseveró que, tras ser detenido en Cabo Verde en junio de 2020, Alex Saab fue “sometido a diversas formas de tortura física” porque querían “sacarle los secretos de cómo llegaban a Venezuela la gasolina, los alimentos y esas medicinas, y este hombre guardó valientemente los secretos para que un pueblo pudiera sobrevivir y todas esas medicinas llegaran a Venezuela, eso es una verdad”.  

La documentación obtenida también evidencia que, además de la participación de Rivas, de las empresas controladas por Saab y Pulido, y de los fabricantes en India, en el negocio hubo otro actor: Valboro Trading Limited, un trader farmacéutico encargado de enlazar a los compradores con los productores de los medicamentos. De acuerdo a la documentación obtenida, Valboro Trading Limited, con presencia en Gibraltar y Bulgaria, exigía el cobro de una comisión de 2,5% por la venta de los medicamentos de varios proveedores indios despachados a Venezuela a través de Group Grand Limited,  Asasi Food Fzc y de la propia North Life Pharma, la empresa de Rivas.  

Hoy Valboro Trading Limited todavía alega incumplimientos en los pagos de la comisión por parte de los fabricantes de la India y sostiene también reclamos contra North Life Pharma. Por su parte, Rivas y North Life Pharma insistieron en que tales reclamos por pagos constituyen presiones indebidas pues, aseguran, ya cumplieron sus compromisos con Valboro Trading Limited. En sus respuestas por vía correo electrónico para este reportaje, añadieron que han emprendido acciones legales al respecto.

Y el negocio continuó

Luego de Group Grand Limited y Asasi Food FZC, la compañía que continuó el suministro de medicamentos de India para Venezuela fue la propia North Life Pharma, al menos en 2018.

North Life Pharma fue registrada en Emiratos Árabes Unidos por Jean Paul Rivas el 10 de octubre de 2017, prácticamente en simultáneo con su asesoría para Group Grand Limited, la sociedad de Saab y Pulido. El rápido auge de la compañía consta en presentaciones corporativas, así como en comunicaciones con potenciales clientes y proveedores. En ellas, North Life Pharma reportaba ingresos en 2018 de 24 millones de dólares y aseguraba haber enviado a países de Latinoamérica unas 1.900 toneladas de productos farmacéuticos en “15 aviones B-747 y 100 contenedores de 40 pies” transportados en barcos. 

En respuesta a un primer cuestionario enviado por correo electrónico, la compañía aseveró que no firmó contratos con el régimen de Maduro y que “nunca ha hecho negocios con el gobierno venezolano o intermediarios del gobierno venezolano”. Sin embargo, en una segunda racha de respuestas enviadas también por correo electrónico, North Life Pharma admitió que “hace aproximadamente 7 años (en 2018), la empresa y varias farmacéuticas competidoras fabricaron y suministraron productos farmacéuticos destinados a Venezuela”. 

De acuerdo con esa versión, los clientes de North Life Pharma fueron “varias empresas privadas, todas legalmente establecidas en Oriente Medio” y, después de 2018, la empresa de Rivas “dejó de recibir pedidos para el mercado venezolano”. Sin embargo, la empresa no reveló los nombres de esos clientes. 

Los papeles obtenidos para esta investigación también dejan ver que North Life Pharma ordenó compras a Bharat Parenterals Limited, el fabricante que visitó Rivas en junio de 2017 en representación de Group Grand Limited, en las que el consignatario de la mercancía era el Ministerio de la Salud y la parte notificante era Corpovex, la estatal que otorgó los contratos en 2017 y 2018 a las dos sociedades manejadas por Saab y Pulido.

Sobre este punto, North Life Pharma sostuvo que en el comercio internacional esa  información “no necesariamente refleja relaciones comerciales” y que el “destinatario en una factura o documento de envío es simplemente el lugar al que se transporta un envío”.

En la página web de Bharat Parenterals Limited, todavía hoy North Life Pharma destaca como uno de sus clientes. 

Las presentaciones corporativas de North Life Pharma incluían también como ejemplo de “productos suministrados en el pasado” una foto de una presentación de Paracetamol y de otra de Cefalexina para el “Gobierno de Venezuela”, ambas empacadas con la identidad visual que el régimen de Maduro asigna a los fármacos que distribuye, esto es, con la bandera de Venezuela y el lema “Socialismo es salud” rotulados. Ante esta evidencia, la compañía de Rivas contestó a Armando.info que los diseños de los empaques son “proporcionados por los clientes o diseñados según las pautas y especificaciones de los clientes”.

Además de los despachos que terminaron en el mercado venezolano con la distribución a cargo del régimen de Maduro, North Life Pharma también envió desde India medicamentos a Perú, Bolivia y Ecuador. En este último país, la empresa abrió una filial en la que Jean Paul Rivas figura como accionista junto a José Fernando Silva López, quien acompaña a Rivas en varias de sus empresas desde la creación en Venezuela de Cruzsalud en 2004. En North Life Pharma Silva está encargado del área de ventas, según explicó la empresa por correo electrónico.

Mientras Alex Saab despacha desde su oficina en Caracas como Ministro de Industria, las huellas de sus negocios a la sombra de Nicolás Maduro se consiguen hasta en una oficina de Dubái. Desde allí, Jean Paul Rivas continúa con otros negocios.

“Aquí estamos en La Haya para defender a la Guayana Esequiba”, proclamó en La Haya la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. el 13 de noviembre pasado, al llegar a esa ciudad de los Países Bajos, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

Por otra parte y un día después, a despecho de la tensión diplomática entre ambos países por el histórico diferendo limítrofe, zarpó desde Georgetown, el puerto de la capital guyanesa, el buque Lady Defne con un cargamento de 5.250 toneladas de arroz que arribó cinco días después al puerto de Guaranao, en Punto Fijo, estado Falcón. 

Venezuela y Guyana mantuvieron por años un intercambio de combustible en condiciones preferenciales a cambio de arroz bajo el paraguas de Petrocaribe, la alianza política diseñada por Hugo Chávez para ganar lealtades en la región. Pero en 2015, año en que Guyana anunció que la petrolera estadounidense Exxon Mobil había encontrado petróleo en el bloque Stabroek, en aguas que forman parte de la disputa territorial con Venezuela, Caracas frenó la compra de arroz. Sin embargo, a partir de 2016, con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) por parte de Nicolás Maduro, el negocio se reanudó la compra a través de privados y contratistas del programa estatal. Y así, hasta el sol de hoy, a pesar de los vaivenes políticos y diplomáticos, Venezuela se convirtió en el principal mercado del arroz guyanés.

En 2019, Venezuela recibió 34% del total de 526.000 toneladas de arroz exportadas por Guyana, logro destacado por la prensa de ese país, y equivalentes a unos 89 millones de dólares, de acuerdo con Comtrade, la base de datos de las Naciones Unidas sobre flujo comercial entre países. 

Ese año, cuando todavía eran los principales proveedores de los CLAP y a través de Eagle Ventures Fze, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, Alex Saab Morán, el contratista favorito de Nicolás Maduro, detenido en 2020 en Cabo Verde, y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, apresado en Caracas a comienzos de este año en medio de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, al menos adquirieron 10.000 toneladas de arroz guyanés por casi cinco millones de euros a una compañía de la familia Hakh –guyaneses de origen indio que destacan, con su Hakh Group, entre los principales industriales del arroz en Guyana–, de acuerdo con documentos obtenidos para este reportaje. 

Un año después, en 2020, las importaciones venezolanas de arroz a Guyana se dispararon hasta alcanzar la cifra récord de 176 millones de dólares, superando el pico de 160 millones de 2013, año en que Nicolás Maduro llegó a Miraflores. Todavía en febrero del año en curso, Roberto Latini, director de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), se quejó de las importaciones de arroz de países como Guyana. “Se traen arroces de pésima calidad y desplazan la producción nacional. Incluso, no cumplen con normativas oficiales”, declaró en una entrevista radial.

Hoy, en plena escalada diplomática entre Venezuela y Guyana, y pese a que de manera extraoficial las autoridades aduaneras venezolanas prohibieron a mediados de año las importaciones desde ese país, el negocio continúa a través de los contratistas que abastecen a los CLAP. Irónicamente, el buque Lady Defne atracó en Punto Fijo el 19 de noviembre, día que el régimen de Nicolás Maduro llevó a cabo el simulacro del referéndum consultivo sobre el Esequibo que se realizará en Venezuela, hoy 3 de diciembre, y que plantea la “creación del estado de Guayana Esequiba” en los casi 160.000 kilómetros cuadrados comprendidos en la reclamación histórica de Venezuela.

Triángulo con vértice en Curazao

El viaje de Delcy Rodríguez a La Haya quedó registrado por los medios de comunicación y en sus redes sociales, mientras que la huella del Lady Defne está en plataformas de tráfico marítimo que se nutren con la información satelital de los barcos. 

El registro que quedó en esas plataformas sobre el itinerario del Lady Defne describe una ruta singular. Tras zarpar el 14 de noviembre a las 16:37 horas, el buque cruzó las aguas que forman parte de la disputa territorial y en cuyo fondo se han encontrado reservas petroleras; Luego avanzó por el Mar Caribe y se detuvo el 18 de noviembre en Willemstad, Curazao. En esa isla, antigua colonia neerlandesa cercana a las costas de Venezuela, el buque permaneció sólo nueve horas antes de seguir hasta el Puerto Internacional de Guaranao, en Punto Fijo, estado Falcón, tal y como muestran los registros de Vessel Finder y Marine Traffic, dos de las plataformas más utilizadas en el tráfico marítimo.
Esa última parada en Curazao evita que la procedencia del buque sea Guyana. En el ámbito aduanero lo llaman “triangulación”, ya que técnicamente el puerto de origen es justo el anterior a su destino final. “Lo hemos visto con el arroz de Guyana, hacen triangulación en República Dominicana, Trinidad y otros puertos”, asegura una fuente del ámbito naviero que pidió reservar su identidad. En el caso del Lady Defne, la escala previa a su destino venezolano se hizo en el puerto de Curazao, como confirma el tracking de la embarcación.

Tanto en los itinerarios recientes del barco, como en los del año pasado, se comprueba que la ruta entre Georgetown, en Guyana, y Punto Fijo, se repitió varias veces. Por ejemplo, el 3 de noviembre salió del Puerto Internacional de Guaranao y atracó en Guyana cuatro días después sin detenerse previamente en otro puerto. Ambos puertos fueron los que más visitó el Lady Defne en 2022, según muestran los registros de Vessel Finder. 

Armando.Info confirmó que el consignatario de las 5.250 toneladas de arroz llegadas el pasado 19 de noviembre fue Comercializadora El Cardón de Paraguaná, una empresa dedicada a la distribución de alimentos, pero que en sus redes sociales ofrece la venta de cervezas importadas. El agente aduanero fue A Navas & Co C.A. (Navasca). Ambas compañías son propiedad de Hegrelin Jesús Romero Guanipa, un empresario de 36 años, que como agente naviero ha tenido relación con Walid El Hage, empresario colombiano de origen libanés, contratista de los CLAP y quien, al menos en 2020, importó arroz guyanés del grupo Hakh, el mismo al que comparon Alex Saab y Álvaro Pulido en 2019, según documentos aduanales. 

A pesar de los registros públicos, el representante legal de Navasca, Eduardo Uribe, negó que el barco viniera de Guyana o que el arroz fuera de ese país. “Para efectos de la naviera y lo que aplica en el ámbito naviero es que el buque venía de Curazao con una carga a bordo de Brasil”, repitió Uribe en una conversación telefónica. Aunque inicialmente prometió suministrar los documentos que probarían su versión, al cierre de esta edición no los había compartido, así como tampoco había respondido un cuestionario que se le envió por WhatsApp. 

Sobre la validez de la información reportada en las plataformas de tráfico marítimo, Uribe insistió en que se trata de sistemas “manipulables”. “Yo que soy agente naviero y tengo mucho tiempo en esto, te podría decir que esa información tiene su porcentaje de falsedad o de veracidad”, aseguró. Al contrario de lo afirmado por Uribe, de manera consistente, ninguna de las plataformas de tráfico marítimo mostraron al Lady Defne en puertos de Brasil. 

Petróleo como arroz

El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, aportó más detalles sobre el comercio del arroz con Guyana. “En este esquema corrupto utilizan el barco Lady Defne el cual viaja permanentemente a Georgetown, donde carga el producto y luego se dirige hacia Curazao. En esa isla cambian los BL [abreviación de ‘Bill of Lading’, que se traduce como guía de carga] y facturas por arroz supuestamente de Brasil”. 

Consultado para este reportaje, Mundaray ratificó que tanto la “triangulación” como el cambio de papeles de la carga es para “esconder que el arroz viene de Guyana”. “Es probable que las facturas con las que nacionalizan la mercancía digan que viene de Brasil”, detalló.

En la denuncia publicada el pasado 21 de noviembre en redes sociales, apenas dos días después de que llegara la embarcación a Punto Fijo, Mundaray había aportado más datos: mencionó a la compañía Rayaadul Hakh Rice Industry como proveedora del arroz guyanés, precisamente, del mismo grupo al que Alex Saab y Álvaro Pulido compraron arroz en 2019, y detalló que empaquetadoras en Acarigua, estado Portuguesa, son las que finalmente lo distribuyen para los CLAP. 

El representante legal de Navasca no ofreció detalles sobre el proveedor de la carga, ni de los clientes en el mercado venezolano, pero reconoció que suelen ser tanto públicos como empresas privadas. “El arroz se distribuye a nivel nacional y evidentemente sus receptores finales son muchos, empresas públicas, empresas privadas, todo va a depender de quién lo necesite”, explicó Uribe.

Al cierre de esta edición, Armando.Info no pudo confirmar si, en efecto, las 5.250 toneladas transportadas por el buque Lady Defne hasta Punto Fijo fueron despachadas por Rayaadul Hakh Rice Industries, la compañía señalada por el fiscal del Ministerio Público. “No se nos permite exportar a ese país”, respondió escuetamente Rayaadul Hakh, al ser contactado para este reportaje vía WhatsApp. La compañía, que en su website asegura que sus exportaciones representan “aproximadamente 50% de la producción de arroz de Guyana”, tampoco contestó a la petición de entrevista formulada por correo electrónico.

Sin embargo, documentos adicionales obtenidos para este reportaje confirman que Rayaadul Hakh Rice Industries ha vendido arroz para otros contratistas de los CLAP, más allá de Alex Saab y Álvaro Pulido. 

En 2020, el año récord de las importaciones venezolanas de arroz guyanés, Rayaadul Hakh Industries despachó arroz para Tropical Import, propiedad de Walid El Hage, el empresario colombiano de origen libanés que en el pasado ha tenido relación comercial con Hegrelin Romero Guanipa, el consignatario de la carga del Lady Defne. 

Además de contratista de los CLAP, El Hage comercializó petróleo venezolano como forma de pago por los alimentos, un esquema que derivó en el escándalo de corrupción que provocó la renuncia de Tareck El Aissami al Ministerio de Petróleo en marzo pasado. Aunque las sociedades manejadas por El Hage acumulaban deudas con la petrolera estatal petrolera, al menos hasta agosto de 2022, su nombre no apareció en la investigación del llamado caso Pdvsa-Cripto.  

A diferencia del arroz que, como el del pasado 19 de noviembre a bordo del Lady Defne,  llega y se descarga a granel y luego es empaquetado como arroz venezolano para los CLAP, la mercancía comprada en esa oportunidad por Tropical Import llegó en paquetes de un kilogramo bajo el sello de South American Pearl, una de las marcas guyanesas que terminaron en las cajas CLAP. Al igual que Navasca y Comercializadora El Cardón de Paraguaná, el agente aduanal y la consignataria de la carga del Lady Defne, Tropical Import, está registrada en Falcón y tiene su centro de operaciones en Punto Fijo. 

Pero la conexión de Walid El Hage con las 5.250 toneladas de arroz guyanés que recientemente llegaron al puerto de Guaranao es todavía  mayor. Walid El Hage también controla la operación del buque Lady Defne, según fuentes que conocen la actividad del empresario.

En la denuncia formulada en redes sociales, el ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, también señaló la responsabilidad del gobernador del estado Falcón y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Víctor Clark. 
Si en 2016, cuando Nicolás Maduro creó los CLAP en medio de la crisis de desabastecimiento que se vivía en el país, el programa encontró su tabla de salvación en proveedores dispuestos a enviar desde México alimentos de mala calidad para el programa socio-clientelar venezolano –ello, a pesar de que entonces gobernaba en ese país Enrique Peña Nieto, en las antípodas políticas del chavismo–, ahora algo similar se plantea con Guyana: un país aliado de Estados Unidos desde donde, sin importar la disputa territorial que mantiene con el régimen de Caracas, este aprovisiona su despensa.

Aunque las autoridades han evitado cuantificar las pérdidas por el crudo despachado desde 2019 a través de intermediarios, pero aún sin cobrar, las cifras de la compañía anuncian un naufragio de miles de millones de dólares. A los 8.406 millones de dólares que hasta agosto de 2022 estaban en “cuentas por cobrar”, tal y como reveló Armando.Info en noviembre pasado, se suma el monto de otras 230 facturas que en una operación contable Pdvsa “cedió” al Estado, de acuerdo a nuevos documentos obtenidos para este reportaje.

Un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces Vicepresidente de Comercio y Suministro y hoy detenido, coronel Antonio Pérez Suárez, revela que Pdvsa traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”. Este monto incluye buena parte de las cuentas por cobrar que ya registraba Pdvsa hasta agosto de 2022 en el reporte citado, pero descubre otros pasivos millonarios por “embarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.

El documento revela, por ejemplo, un impago a Pdvsa de alrededor de 1.500 millones de dólares asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro desde que llegó al poder.

La fecha del reporte confidencial de Pdvsa también resulta reveladora, ya que tanto Nicolás Maduro como el Fiscal General de la República nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, han reconocido recientemente que fue en octubre del año pasado cuando se iniciaron las investigaciones sobre la corrupción en Pdvsa.

Además del defenestrado coronel Antonio Pérez Suárez, a quien William Saab calificó como el “jefe principal de la estructura de corrupción”, otros directivos de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa están detenidos, así como algunos de los empresarios que estaban tras las sociedades a las que habían asignado despachos de crudo venezolano, como Alejandro Arroyo Pérez, Bernardo Arosio Hobaica o los hermanos Perdomo de la Constructora HP.

“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela (...) Aparte de que haces una negociación al margen de la ley, incumplen los pagos [sic]”, resumió el pasado 25 de marzo William Saab, en lo que definió como el modus operandi de una de las tramas de corrupción “más escabrosas” de los últimos años.

Aunque entre los detenidos por la razzia no está Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, se sabe que su residencia en el Country Club de Caracas fue allanada en el marco de la investigación, según confirmó el Fiscal a la WRadio de Colombia. En esa misma declaración, el funcionario desvinculó del caso a Alex Saab, a quien el chavismo defiende como “diplomático venezolano” desde su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. 

Sin embargo, los documentos obtenidos confirman que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa y dejaron de pagar a la estatal.  De hecho, buena parte de las facturas aún sin cobrar de los años 2019 y 2020 que Pdvsa traspasó al Estado tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta, entre otras. 

Saab, aunque mal pague

Así como en 2016, en plena ola inflacionaria y de desabastecimiento de productos básicos, Maduro confió al tándem colombiano buena parte del suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a mediados de 2019, en otro momento de aprietos, Maduro encargó la comercialización de petróleo venezolano a la dupla colombiana, con la misión de evadir las trabas que para ello habían creado las sanciones que Washington impuso a la petrolera estatal a inicios de ese mismo año.  

Los documentos internos de Pdvsa confirman el fracaso de la estrategia: al menos 19 sociedades manejadas por la dupla Saab-Pulido acumulaban, todavía en octubre de 2022, una deuda con Pdvsa de casi 1.500 millones de dólares. Dos de esas compañías son las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, con las que Pdvsa prácticamente comenzó esa tercerización en la venta de sus productos y detrás de las cuales estaban Saab y Pulido junto al mexicano Joaquín Leal, sancionado por el Departamento del Tesoro a mediados de 2020 al ser considerado el “conducto” para burlar las sanciones contra Pdvsa. 

Al principio, el negocio entre Pdvsa y las empresas mexicanas se planteó como un “intercambio humanitario” a través del cual estas compañías cargaban petróleo venezolano a cambio del suministro de mercancías. Así, el 13 de junio de 2019 Libre Abordo pactó con Corpovex, la estatal encargada de centralizar las importaciones públicas, la venta de 1.000 camiones cisterna y, cuatro días después, el 17 de junio, la entrega de 210.000 toneladas de maíz blanco. 

Ambos contratos sumaron 195 millones de euros, pero nunca se ejecutaron del todo. En cambio, el petróleo cargado y adeudado por Libre Abordo a Pdvsa entre 2019 y 2020 asciende a 422 millones de dólares distribuidos en 16 facturas que finalmente la petrolera estatal traspasó al Estado. En el caso de Schlager Business Group, el petróleo adeudado a la Pdvsa suma volúmenes cotizados en 276 millones de dólares, distribuidos en 15 facturas del año 2020.

Lo más paradójico de esa relación comercial, lesiva para Pdvsa, se vio cuando las autoridades norteamericanas investigaban las actividades de Joaquín Leal y las empresas mexicanas: Libre Abordo anunció su bancarrota acusando pérdidas por 90 millones de dólares. “El valor de la mercancía que se iba a compensar por el petróleo era mucho más bajo que el valor del petróleo”, asegura una fuente que conoció las actividades de Libre Abordo, pero prefiere el anonimato. Un petróleo que, además, quedaría debiendo.

Pero el recorrido de Alex Saab y Álvaro Pulido como comercializadores de petróleo venezolano no quedó allí. A las compañías mexicanas le sucedieron otras registradas en Rusia que, al igual que las primeras, a la postre quedaría en deuda con Pdvsa el petróleo que se llevaron.

La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a Pdvsa casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab fuera detenido en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021. 

Pese a las deudas que ya mantenía, el 30 abril de 2020 esa misma Protón Sociedad Limitada obtuvo dos contratos de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de la corporación, para el suministro de alimentos por 1.023 millones de euros pagaderos con petróleo. Fue el último gran negocio que logró Saab justo antes de caer detenido. Por ello, su ejecución efectiva recayó en Pulido, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje publicado en diciembre pasado, pero desde la oficina en Moscú de los empresarios colombianos a cargo de la también colombiana María Camila Ballén Hernández, quien registró a Protón en Rusia.

Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son otras de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas por casi 1.500 millones de dólares entraron en el traspaso contable que la petrolera estatal hizo al Estado, de acuerdo a los documentos conseguidos para este reportaje. De hecho, esas cinco empresas fueron listadas, junto a la mexicana Schlager Business Group, en un correo electrónico que llegó el 11 de agosto de 2020 al departamento de “Administración de Contratos” de Pdvsa para solicitar un “estado de cuenta” de todas las compañías que hacían parte de lo que denominaron como un “consorcio”, como también publicó Armando.Info. 

“Alex Saab se encargaba de la parte política de conseguir los cupos de petróleo, compensaciones, contratos, mientras que Álvaro Pulido se encargaba de la parte operativa y financiera”, relata otra fuente que también prefiere el anonimato.

Cuentas por cobrar hasta en Rusia

A diferencia del tratamiento de las deudas de las compañías operadas por Saab y Pulido, en el informe confidencial del 11 de octubre de 2022 sí se incluyeron los impagos de otras compañías ligadas a otros empresarios que ya estaban listadas en el reporte de las cuentas por cobrar a agosto del año pasado, y cuyos casos ya habían llegado a instancias judiciales en Venezuela por el incumplimiento en los pagos. 

Una de esas sociedades es Montmagastre Ventures Ltd, registrada en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, con una subsidiaria en Serbia, y ligada en Venezuela a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, viejos contratistas del chavismo en distintos negocios. La deuda de Montmagastre Ventures Ltd con Pdvsa y a la postre traspasada al Estado llega a casi 311 millones de dólares, distribuidos en ocho facturas del año 2021.

Ese caso de Montmagastre Ventures Ltd llegó al propio Tribunal Supremo de Justicia porque la empresa, que usaría el petróleo para cobrar una acreencia que otra compañía ligada a los Khalil tenía con Pdvsa, terminó denunciando el robo del cargamento.  

El informe que detalla la cesión de facturas de Pdvsa al Estado también incluyó las deudas de Supraquimic, la fabricante de los productos de limpieza Clic, del empresario José Alfredo Llamozas González, por 221 millones de dólares; y la de casi 50 millones de dólares de Arcos Services Ecuador, ligada a Kristina Antonorsi Quintero, detenida el 9 de octubre de 2022. 

Otras deudas que no aparecían en las cuentas por cobrar de Pdvsa hasta agosto del año pasado y que surgen en el nuevo informe de octubre de 2022 son las de algunas sociedades que vendieron petróleo venezolano a Rusia, especialmente entre 2021 y 2022.

Tres compañías identificadas como One Maritime Services, Tracor Trading y Yunshu Maritime, quedaron debiendo a Pdvsa alrededor de 1.200 millones de dólares por petróleo transportado en el año 2021. Al cierre de esta investigación no se pudo establecer qué empresarios operan esas compañías. 

El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa es tal que, según los documentos, en octubre pasado y con el aval de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”. 

Mientras tanto, en Pdvsa siguen sin saber dónde está el dinero de buena parte del petróleo comercializado desde 2019. 

Pero se trata de una versión fabricada que solo vino a formalizar un hecho consumado. 

En realidad, las actividades de Maderas del Orinoco estaban controladas desde casi un año antes por operadores de Alex Nain Saab Morán y de su socio, Álvaro Pulido Vargas, gracias a un contrato desconocido hasta ahora. Y la propia Glenmore Proje Insaat, constituida en efecto en Turquía, no es más que una tapadera de los mismos socios colombianos, incluyendo a Saab, a quien el régimen de Caracas ha querido hacer pasar como un “diplomático venezolano” desde su arresto en Cabo Verde en junio de 2020 y posterior extradición a Estados Unidos en octubre de 2021.  

Ese contrato permite comprobar una vez más el secretismo que desde Miraflores se cultivaba para favorecer a los contratistas predilectos de Maduro y quienes, como Saab y Pulido, durante su mandato sacaron provecho del reparto de divisas preferenciales, contratos para la construcción de viviendas aún hoy inconclusas y los llamados gimnasios verticales, así como para el suministro de alimentos, a la postre de comprobada baja calidad, para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y hasta heredaron activos estatales como la extinta red de supermercados Abastos Bicentenario, entre otros suculentos negocios.

La luz verde para explotar la madera de Uverito -la extensa explanada al sur del estado Monagas, colindante con las riberas del Orinoco, donde sucesivas administraciones de la era puntofijista a través de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) sembraron un bosque de casi 600.000 hectáreas de pino caribe- llegó el 31 de julio de 2018, siete meses antes del nacimiento oficial de Mavetur y casi un año antes de la publicación de su acta constitutiva. Ese día, Tareck El Aissami, entonces flamante Ministro de Industrias, en representación de la estatal Maderas del Orinoco, firmó con la desconocida Glenmore Proje Insaat un contrato para la “constitución y administración de la empresa mixta Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur)”. Pero, para sorpresa de algunos, la contraparte del ministro en el evento no fue un ciudadano turco, sino un abogado oriundo de Barranquilla, Colombia -como el propio Alex Saab-, de nombre Mario Germán García Palacio.

La ciudad de nacimiento de Saab y García no es su único punto de coincidencia. De hecho, tienen una relación personal. Mario García ha sido uno de los abogados de confianza de Alex Saab. 

Su nombre, por ejemplo, está en compañías de papel que hacen parte de la trama societaria con la que el propio Saab y Álvaro Pulido -cuyo nombre original es Germán Rubio- han manejado sus negocios con el régimen chavista. En algunas de estas empresas la firma de Mario García aparece acompañada de las de Patrizia y Arianna Fiore, tías de Camilla Fabri, esta, esposa de Alex Saab. Es el caso de la propia Glenmore Proje Insaat, la misma con que El Aissami pactó el nacimiento de Mavetur, y en la que Patrizia Fiore figura como “presidenta del comité directivo”, según el contrato.  

El abogado barranquillero también ha estado en Mulberry Capital Partners Limited, homónima de otra turca utilizada en el negocio de los CLAP; en Mirona Food FZE, con la que Alex Saab compró Corporación Inlaca; y hasta en Kinloch Investments Limited, registrada en Reino Unido e investigada en Italia  en relación con un caso que involucra a la propia Camilla Fabri. Mario García también compró en 2017 los lotes de terreno en Barranquilla sobre los que Alex Saab levantó una mansión valorada en siete millones de dólares, tal y como reveló el medio digital colombiano Cuestión Pública. 

En definitiva, la firma de Mario García en el contrato con Tareck El Aissami para la creación de Mavetur representaba al final la firma de Alex Saab. Precisamente, para evitar que esa conexión saliera a flote, el contrato se mantuvo en secreto, mientras en el acta constitutiva de Mavetur, la publicada en Gaceta Oficial de mayo de 2019, quien suscribió como apoderado de Glenmore Proje Insaat fue un ciudadano turco en representación de Patrizia Fiore. “No podría aportarle información respecto a los negocios que pudo haber realizado o no esa sociedad, pues esto es desconocido por mí”, respondió Mario García en un escueto correo electrónico al ser consultado por su participación en Glenmore Proje Insaat.

Ese contrato, desconocido hasta ahora, se suscribió casi en simultáneo al momento en que Maduro cedía a los empresarios colombianos, entonces también bajo el disfraz de inversionistas turcos, el control de otros commodities.

En agosto de 2018, la misma Glenmore Proje Insaat pactó con Carbones del Zulia la constitución de Carbones de Turquía-Venezuela (Carboturven) y Marilyns Proje Yatirim, controlada por Lorenzo Antonelli -cuñado de Camilla Fabri-, junto a la estatal Minerven, entonces presidida por un exempleado de Saab y Pulido, conformaron Minería Binacional Turquía-Venezuela (Mibiturven). 

Turcos inefables

Desde luego, el de la madera no es el más jugoso de los negocios del extenso portafolio que consiguió el tándem Saab-Pulido con el régimen venezolano, en especial si se le compara con el atractivo en mercados internacionales que tienen el carbón y el oro, o con los montos de los contratos para el suministro de alimentos. Pero tampoco es un asunto menor. 

Con Mavetur, Alex Saab y sus operadores absorbieron a la estatal Maderas del Orinoco, durante años tutelada por la CVG, con una nómina de 2.000 trabajadores, muchos de ellos despedidos a partir de 2019 de manera injustificada a partir de la llegada de los nuevos operadores, según denuncian dirigentes sindicales. Pero, más importante aún, terminaron controlando una de las reservas forestales más vastas del país y uno de los bosques más grandes del mundo -de hecho, es el mayor plantado por mano humana- que solo en 2014 registró una producción anual de casi 653.000 metros cúbicos de “madera en pie”.

“Mavetur asume el reto de administrar, mantener, proteger, aprovechar y explotar de manera responsable, bajo firmes principios medioambientales que sustentan el aprovechamiento racional de nuestros hermosos bosques de Uverito”, sostiene la compañía en su web.

A pesar de esa invocación a la responsabilidad ecológica, hoy el bosque está lejos de su área inicial. Si ya la Memoria y Cuenta de Maderas del Orinoco de 2015, última disponible, reducía el “inventario forestal” a unas 347.000 hectáreas, algunos ambientalistas consideran que en la actualidad no sobrepasa las 200.000 hectáreas. La sobreexplotación desordenada, los incendios y otras afectaciones climáticas han hecho mella en ese hábitat construido. También el bajo ritmo de reposición en la siembra del pino caribe bajo la gestión de la propia Mavetur ha hecho lo propio: la compañía informó que este año sembrará 5.000 hectáreas, una cifra muy por debajo de la histórica. Por ejemplo, en años como 2010 o 2013 se sembraron 20.745 y 26.922 hectáreas, respectivamente. 

En los mercados internacionales, la madera de pino caribe -una especie natural de Centroamérica- tiene demanda para la construcción, la fabricación de muebles, pulpa de papel, la producción de leña y carbón, entre otros usos. En 2017, el año previo a la creación de Mavetur, el entonces ministro de Industrias, Juan Arias, informó sobre un convenio con Turquía para exportar un millón de toneladas de astillas por 30 millones de dólares. Precisamente, la exportación de madera fue uno de los objetivos de los colaboradores de Alex Saab apenas llegaron a Maderas del Orinoco.  

Los documentos obtenidos para este reportaje, así como las conversaciones con varias fuentes entre trabajadores y extrabajadores de Maderas del Orinoco, revelan que el desembarco de los operadores de Alex Saab ocurrió en septiembre de 2018, pocas semanas después del hasta ahora desconocido contrato firmado en julio de ese año. “Cuando llegó esta gente nos dimos cuenta que no había turcos por ningún lado, sólo vimos a algunas personas colombianas”, relata una fuente que durante años trabajó en la estatal finalmente absorbida por Mavetur, quien prefiere el anonimato.

A esas dudas iniciales se sumó en 2020 la denuncia del entonces diputado opositor, Américo de Grazia, que señaló al propio Alex Saab y sus colaboradores como los verdaderos operadores de Mavetur. “No hay un solo turco en la empresa”, escribió De Grazia en Twitter.

Una de las primeras indicaciones que dieron pistas acerca de las intenciones de los colaboradores de Alex Saab, fue una iniciativa para exportar la madera a un comprador de materias primas en Colombia. Pero la operación se cayó en vista de que el precio de la oferta estaba muy por debajo de la cotización internacional para ese entonces de la “especie pino”, tal y como se lee en una carta a la que tuvo acceso Armando.Info, con fecha del 6 de octubre de 2018 y la firma del por entonces presidente de Maderas del Orinoco, José Luis Pérez Guevara. “Se supone que si el acuerdo era con empresarios turcos íbamos a mandar madera para allá, pero no a un revendedor en Colombia”, relata otra de las fuentes consultadas, a propósito de esa negociación fallida por parte de los operadores de Alex Saab con la madera venezolana.

Otro intento de exportación se dio al mismo tiempo del nacimiento formal de Mavetur. El 28 de septiembre de 2018, una compañía panameña de nombre Farle S.A. ofreció a Maderas del Orinoco comprarle “madera aserrada”. Ambas partes firmaron el contrato de compra-venta el 22 de octubre de 2018. Al final, la mercancía se despachó para otra empresa en Perú, según los documentos de embarque, pero el pago de la madera no se ejecutó. Al menos, así lo advirtió la consultoría jurídica de Maderas del Orinoco el 21 de enero de 2019: “Me dirijo a usted con la finalidad de informarle por medio de la presente, que la empresa Farle S.A. incumplió con lo establecido contractualmente”, refieren las primeras líneas de un documento de dos páginas elaborado por la consultoría jurídica de la compañía, y al que Armando.info tuvo acceso.

El impago no fue la única irregularidad en la transacción. A Farle S.A. la representó Heidy Oropeza Goncalves, quien en ese momento empezó a desempeñar funciones directivas en Mavetur y aún hoy continúa como su gerente general. Ella es a quien los extrabajadores de Maderas del Orinoco señalan como responsable o ejecutora de los despidos de hasta 1.600 empleados, de acuerdo a los dirigentes sindicales. Heidy Oropeza no contestó a la solicitud de entrevista para este reportaje.

Emiratos de pino

A falta de información oficial sobre el desempeño de la compañía, queda a una fantasmal compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos, de nombre Centaurus Trading Dwc Llc, la tarea de ofrecer la madera de pino caribe venezolana en la plataforma especializada en comercio internacional de productos forestales, Fordaq. “Con más de 10 años en el mercado, nuestra filosofía está basada en la integridad, responsabilidad, calidad y sostenibilidad de nuestras operaciones”, asegura la empresa.

Allí Centaurus Trading, que no contestó la petición de entrevista para este reportaje, oferta hasta 500.000 hectáreas de la “madera de pino” venezolana. Pero las inconsistencias de inmediato saltan a la vista. Aunque en esa plataforma la compañía asegura que comercializa “productos de madera, carbón, fertilizantes y productos farmacéuticos”, en su página web se define como comercializadora de carbón, fertilizantes y productos farmacéuticos, sin mención alguna a la madera. “Contamos con una sólida red global y suministramos medicamentos, fertilizantes y carbón de calidad, con especial atención a los países de América Latina, Oriente Medio, Europa e India”, se lee en la web. 

Centaurus Trading conduce, en realidad y de nuevo, a la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. ¿La pista? El sello, documentos y anotaciones sobre esa compañía estaban en el archivo de la oficina de Moscú que permitió a los empresarios colombianos continuar sus negocios desde la capital rusa aún después de la detención de Saab en Cabo Verde, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje reciente.

Cuando los negocios de los empresarios colombianos empezaron a ser investigados en varias jurisdicciones, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en una especie de refugio. Casi en simultáneo al registro de Centaurus Trading, allí inscribieron varias sociedades que al final terminaron participando en cada uno de los negocios que consiguieron en Venezuela, como Mezedes Holding Ltd o Adon Trading Fze, entre otras.

Los trabajadores de Mavetur aseguran que se están realizando exportaciones de forma irregular e, incluso, sin cumplir los protocolos debidos, pero desconocen si es Centaurus Trading quien ha comercializado la madera de Uverito. Si saben ahora, en cambio, que su patrón es el propio Alex Saab.  

Y, sin embargo, se trata de uno de los lugares de Venezuela donde la huella de Alex Saab se conserva más patente. Las estructuras y paredes de unas viviendas inconclusas que se levantan en esa calurosa zona del centro del país permanecen como memoria material de un jugoso contrato que, si bien se pagó a un precio como si se tratara de bienhechurías de lujo, no se ejecutó en su totalidad. 

El Fondo Global de Construcción, la compañía con la que Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, desembarcaron en Venezuela como grandes contratistas del Estado chavista, debió construir allí 2.512 apartamentos, distribuidos en 80 edificios para la llamada Misión Vivienda, el programa de construcción de casas de interés social creado por Hugo Chávez en el fragor de su última campaña electoral, que, cinco meses antes de su fallecimiento, le llevó a derrotar en las urnas al candidato opositor, Henrique Capriles Radonski, en octubre de 2012.

No fue casual, pues, que la obra se iniciara en 2012. Pero, diez años después, apenas se han entregado 96 apartamentos, es decir, menos de 4% del total prometido. Mientras tanto, la mayoría de las torres quedaron a medio hacer, expuestas al abandono y hasta al fuego.

“No siguieron las obras, el monte creció y agarró candela”, relata un vecino de Los Guayos, que pide explícitamente el anonimato mientras camina entre los escombros que hay en el lugar, una mañana reciente de abril de 2022. Los apartamentos que se entregaron corresponden a la primera etapa de las cinco previstas en el proyecto. “Esos 96 están en las primeras cuatro torres que se entregaron”, detalla uno de los integrantes del consejo comunal, también bajo anonimato.

Todavía en 2014, dos años después de iniciada la obra y mucho antes de las sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen chavista, la compañía sostenía su promesa de completar la totalidad de la urbanización en 24 meses. Pero a esa oferta también se la devoró la desidia. 

El del incumplimiento fue el precio último a pagar por la audacia de contratar para la obra a Alex Saab y su Fondo Global de Construcción, empresa fundada 2011 en Colombia y en 2012 en Caracas -aunque para encontrar su holding había que remontarse hasta la isla de Malta, un reconocido paraíso fiscal del Mediterráneo oriental-, que, a pesar de su pomposo nombre, en realidad carecía de experiencia en el área de la construcción. El Gobierno no solo le confió la urbanización en Los Guayos, sino el levantamiento y gestión de una mega fábrica de módulos prefabricados para viviendas en San Francisco de Yare, estado Miranda, entre otros grandes proyectos de infraestructura e ingeniería civil. 

Pero antes de que la proyectada urbanización Las Vegas II se perdiera en la orfandad, el Estado venezolano había acordado pagar al Fondo Global de Construcción de Saab un promedio de 89.000 dólares por vivienda construida, una cifra muy por encima de las estimaciones de precios internacionales para una vivienda de interés social. 

El precio del fracaso

De vez en cuando algún evento rescata las obras del olvido: un incendio o los altibajos del caso de Alex Saab en Florida, por ejemplo. Recientemente, el 11 de mayo, se trató de un intento de invasión. Según relataron los vecinos a un reportero de Armando.Info, aunque todo está cercado, las estructuras inconclusas son objeto de codicia para los prospectos de okupas. En tantos años de abandono, algunos se han ocupado de despojarlas de los bienes y equipos que se pueden llevar. Unos meses antes los vecinos también denunciaron el abandono en un reportaje del canal digital VPItv. 

Nada hacía presagiar que esta obra tendría un destino semejante. Por el contrario: arrancó en medio de los mejores augurios. 

A diferencia de otros proyectos que nacieron de la voluntad faraónica del comandante Chávez y terminarían por erigirse como elefantes blancos, el conjunto de Los Guayos contaba con la apreciable ventaja de haber superado con mucha anticipación su fase de proyecto. De hecho, la urbanización fue planificada desde la década de los 90 del siglo pasado por una constructora privada, Promociones Viviendas Guara, que sucumbió a la crisis financiera de 1994. El terreno de 454.000 metros cuadrados, que colinda con la avenida intercomunal Valencia-Guacara, quedó en manos del Fondo de Garantías de Depósitos (Fogade), el organismo estatal encargado de la administración de bienes en casos de bancarrota de bancos y empresas financieras. Aunque en 2002 el lote fue invadido por vecinos de la zona, en 2011 Hugo Chávez consiguió aprobar su expropiación para que el ministerio ejecutara “la obra en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, según el punto de cuenta 018-2011.

Además, se habían acordado unos montos desproporcionados de pago para el contratista. Ese margen de rentabilidad debió funcionar, al menos, como un incentivo para completar el proyecto a tiempo y con valores de calidad. 

Del 28 de noviembre de 2011, día en el que se firmó el convenio de entendimiento entre el gobierno venezolano y Fondo Global de Construcción, hasta la firma del contrato para la “ejecución del proyecto y construcción de 4.162 unidades habitacionales, urbanismo e infraestructura en los estados Miranda y Carabobo”, suscrito con el Ministerio de Vivienda el 28 de julio de 2014, transcurrieron casi tres años.

El contrato, identificado con el número 063 y suscrito entre el entonces ministro de Vivienda, Ricardo Molina, y el ciudadano "venezolano" Alex Saab en su condición de “apoderado” de Fondo Global de Construcción, preveía la construcción de las aún inconclusas 2.512 viviendas del urbanismo Las Vegas II, en Los Guayos. En marzo pasado Molina, ahora como diputado, propuso conformar “brigadas por la libertad de Alex Saab” en un acto político.

El monto total del contrato llegó a casi 294 millones de dólares, más otros 481 millones de bolívares, que al tipo de cambio oficial de 6,30 bolívares por dólar, equivalían a 76,5 millones de dólares adicionales. Prorrateado, de ese monto total se desprende que Venezuela pagó por cada vivienda a Fondo Global de Construcción un promedio de unos 89.000 dólares.

Si se presta más atención a los detalles del contrato, se encontrarán evidencias extras de precios inflados.

Una vivienda de 70 metros cuadrados se facturaba a 76.058 dólares, por una parte, más otros 124.713 bolívares, equivalentes a 19.795 dólares adicionales. Eso arroja un total de 95.853 dólares por una vivienda de sólo 70 metros cuadrados. En otras palabras, el régimen de Nicolás Maduro pagó a Alex Saab 1.369 dólares por metro cuadrado en las casas de 70 metros.

Pero las viviendas de 60 metros cuadrados salían aún un poco más caras. La parte en dólares sumaba 65.192 dólares y la porción en bolívares, 106.897 bolívares, equivalentes a 19.967 dólares, para un total de 85.159 dólares por cada apartamento de 60 metros cuadrados. En este caso, la empresa de Alex Saab facturó cada metro cuadrado de construcción a 1.419 dólares.

Cifras que ha difundido la Cámara Venezolana de la Construcción refieren que el precio internacional de una vivienda de interés social ronda los 45.000 dólares, prácticamente la mitad de los precios de una hecha por Fondo Global de Construcción. En el caso de la Misión Vivienda, el gremio ha indicado que ese precio podría ser aún inferior, ya que las autoridades ceden los terrenos, exoneran ciertos aranceles y no se requieren gastos de promoción, entre otros costos en ese tipo de obras.

Algunos constructores consultados para este reportaje llegan a afirmar que en la actualidad el Ministerio de Vivienda paga a constructoras privadas un promedio de apenas 15.000 dólares por viviendas de interés social, un monto que ni siquiera representa una cuarta parte de lo pagado a Fondo Global de Construcción por sus casas de 70 y 60 metros cuadrados.

Los vecinos de la comunidad conservan el documento original del decreto de Chávez, los planos antiguos, las actualizaciones hechas por Fondo Global de Construcción, junto a las cartas y peticiones enviadas durante años a las autoridades, así como otros papeles, a manera de un archivo de las expectativas defraudadas de la colectividad. Ellos mismos han ofrecido la mano de obra para terminar los edificios que debió completar hace años la compañía de Alex Saab y Álvaro Pulido. “Con este caso nosotros nos hemos echado un saco de cemento al hombro”, satiriza uno de los vecinos en un sentido que roza la literalidad.

La naturaleza del fondo 

Desde su inicio de operaciones en Venezuela, el Fondo Global de Construcción despertó suspicacias. Esos recelos no tardarían mucho en mostrarse justificados. 

Lo que empezó el 28 de noviembre de 2011 con aquella célebre firma de un convenio por parte de un desconocido Saab en el palacio de Miraflores de Caracas, ante Hugo Chávez y el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, y con el entonces canciller y futuro mandatario venezolano, Nicolás Maduro, terminó siendo un entramado con indagaciones judiciales e implicaciones en varios países, menos en Venezuela.

En Ecuador, país desde el que la compañía importaba estructuras prefabricadas para viviendas con tecnología italiana, se investigó a la filial local de Fondo Global de Construcción por posible lavado de dinero, así como exportaciones ficticias a Venezuela, entre otros delitos. Se sospechaba, en realidad, que la operación era una excusa para obtener divisas preferenciales a través del mecanismo de compensación de pagos entre Venezuela y Ecuador, un sistema de canasta de monedas denominada Sucre (por el acrónimo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos). De la justicia ecuatoriana la compañía pudo librarse finalmente en 2016, aunque recientemente el ex fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga, reiteró que eso fue gracias al favor de una jueza.   

“El error no fue de la Fiscalía, el error fue que hubo una jueza que, violando su deber jurídico de aplicar la ley, no lo hizo y fue sentenciada por prevaricato”, declaró Chiriboga en noviembre del año pasado ante la comisión de fiscalización del parlamento ecuatoriano, instancia que retomó la causa de Fondo Global de Construcción como respuesta al ruido por la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos unas semanas antes. 

En Estados Unidos, la operación de Fondo Global de Construcción marcó el comienzo de la caída de Alex Saab. La acusación, formalizada a mediados de 2019, poco después de que Saab finalizara sin acuerdo su intento de colaboración con agentes de la DEA, como se conoció recientemente en documentos judiciales, permitió a la justicia norteamericana solicitar la extradición a Cabo Verde tras confirmarse su detención la noche del 12 de junio de 2020. 

Los documentos obtenidos para esta investigación ponen en evidencia las prácticas irregulares a las que Fondo Global de Construcción apeló desde el comienzo para asegurarse un acceso privilegiado a las divisas preferenciales que administró la extinta oficina estatal de administración del régimen de control de cambios, Cadivi. 

De hecho, los papeles sugieren que ese, más que la provisión de servicios como contratista, fue desde temprano el verdadero negocio de la compañía. El Fondo Global de Construcción entró en los burocráticos vericuetos del control de cambio a través de otras empresas, incluso, meses antes de que Alex Saab sellara su pacto en el palacio de Miraflores. 

El 29 de julio de 2011 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y actual ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, aprobó a la compañía ELM Import, una de las usadas por Fondo Global de Construcción para adquirir divisas e importar las estructuras prefabricadas para las casas, un Certificado de No Producción (CNP), trámite indispensable para luego pasar a Cadivi, por 475 millones de dólares, para la importación de 12.500 estructuras prefabricadas de construcción. 

No sólo la fecha es reveladora en ese documento; también las cifras son elocuentes. 

En ese trámite quedó fijado en 38.000 dólares el precio de cada uno de los kits de vivienda, una cifra muy inferior al costo final de las viviendas facturadas luego por Fondo Global de Construcción al Ministerio de Vivienda. 

La inconsistencia o inflación en esos precios continuó. En abril de 2012, ELM Import declaró en aduanas ante funcionarios de Cadivi que 20 estructuras prefabricadas ingresadas por Paraguachón, en la frontera con Colombia sobre territorio de la península de La Guajira, valían 864.300 dólares, esto es, 43.215 dólares por cada estructura prefabricada al incluir el flete y el transporte de la mercancía. Es decir, 5.215 dólares más que lo indicado en julio de 2011 ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. “Cuando comenzó todo, ellos ni siquiera tenían los trámites necesarios para importar y por eso acudieron a otras empresas hasta que finalmente firmaron el contrato en 2014”, explica una fuente conocedora de la actividad de Fondo Global de Construcción. 

Miguel Angel Medina, quien fuera director ejecutivo en Caracas de Fondo Global de Construcción, no respondió la solicitud de entrevista enviada para este reportaje. En el régimen de Maduro tampoco se ha rendido cuentas sobre el contrato de construcción de viviendas, ni de otros negocios que asumió años después Alex Saab como el de la importación masiva de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un negocio también investigado en varias jurisdicciones, o el de las exportaciones del oro venezolano. 

La propia Fondo Global de Construcción no paró de conseguir contratos. Sin importar los incumplimientos con las casas, obtuvo también el de los gimnasios verticales, aunque al mismo tiempo dejaba de cumplir con la mega fábrica que se acordó instalar en San Francisco de Yare, estado Miranda, para producir las estructuras prefabricadas en vez de importarlas. Como las viviendas en Los Guayos, el proyecto se quedó a medio camino.

Galpones para fiestas

El 19 de octubre de 2017 hubo fiesta en los galpones en los Valles del Tuy de lo que debió ser la fábrica de “kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas”, como se anunció el mismo día que Alex Saab desfiló por el palacio de Miraflores, aquel 28 de noviembre de 2011. 

El motivo de la fiesta fue la juramentación del oficialista Héctor Rodríguez como gobernador del estado Miranda. Aquella algarabía contrasta con la soledad de un día cualquiera en lo que ya es un complejo industrial desvalijado. 

No fue el único evento festivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la sede de la fallida fábrica ese octubre de 2017. Hubo otros de menor envergadura, como los encuentros de los candidatos a diputados de la írrita Asamblea Nacional Constituyente por Miranda, elegidos finalmente el 31 de julio de 2017 por imposición del régimen de Maduro.

Luego de un quinquenio, en San Francisco de Yare (localidad de una población de 50.000 habitantes, mayoritariamente obreros y de clase popular, en el municipio Simón Bolívar), cualquier persona parece saber la ubicación del complejo en la periferia del pueblo, a pocos metros de la sede de otra planta sobre la que hubo mucho ruido pero pocos resultados, la de electrodomésticos Haier en alianza con el gobierno chino. Cualquiera también la identifica como la fábrica de paneles para las casas de la Misión Vivienda, pero nadie la asocia con el nombre de Alex Saab.

Ninguna autoridad ha explicado qué parte de los 190 millones de dólares presupuestados para la fábrica recibió Fondo Global de Construcción. De los seis galpones quedan las bases. Del techo (con cerramiento en sándwich panel, como se describe en documentos de la compañía), nada. Monte y telarañas cubren también lo que iban a ser las oficinas administrativas y una casa modelo. Dentro de ellas quedan los vestigios de la construcción.

“Este movimiento de tierra se hizo, prácticamente, con el movimiento de Haier. Reactivar esto son millones de dólares. Fue una empresa con la que la gente se contentó, porque iba a generar por lo menos 1.500 empleos”, comenta un lugareño. 

Irónicamente, el ocaso de ese proyecto, según los consultados en San Francisco de Yare, comenzó una vez que el PSUV dejó de utilizar los seis galpones como centro de operaciones electorales y de mítines. A partir de entonces, en 2018, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) implementó rondas de guardia que no han impedido el saqueo.

En el edificio de oficinas, arrumados y cobijados por el polvo, están los libros de esas guardias. Estos delatan, como pudo corroborar en el lugar Armando.info, que las rondas policiales eran más un proceso burocrático que de resguardo efectivo. Por ejemplo: luego de una seguidilla de anotaciones en los que se repite el reporte “sin novedad”, un oficial se queja de que, en efecto, ha habido novedades que no eran especificadas por la prisa de los oficiales de la guardia anterior por terminar el servicio.

Otras anotaciones de los años 2018 y 2019 daban cuenta de ladrones que eran sorprendidos en la planta o de materiales, como láminas de zinc, faltantes. Así, a cuentagotas, se consumó el desvalijamiento que terminó de acentuarse en 2020, con la pandemia por la Covid-19.

El día en que el reportero de Armando.info se acercó al lugar, dos vigilantes yacían debajo de un árbol en la entrada de la fábrica. No tenían ni uniformes ni armas. Informaron que sus turnos de guardia no cubren el día completo. “Tenemos orden de salir a las 6:00 de la tarde”, dijo uno de ellos.

En frente de los galpones, donde debía estar la fábrica, está la base de cemento en la que se construirían los almacenes. Fue la parte del proyecto que quedó en una etapa incipiente. Lo demás fueron avances y una inversión en materiales costosos. “Si tú ves, esto no tiene mantenimiento y está llevando sol y lluvia y todavía está en pie. Así serán de buenos los materiales. Pero si no lo reactivaron antes, cuando había una bonanza, menos ahora”, dice un lugareño consultado.

Los 145.000 metros que tiene el terreno y que ya no sirven ni al PSUV ni a la cruzada de construcción de viviendas, están ahora a merced de un desmantelamiento final o, como temen algunos habitantes de San Francisco de Yare, a punto de convertirse en un barrio improvisado: “Esto está así porque la gente no lo ha descubierto, porque, si no, vienen y lo invaden”.

Allí, a diferencia de las casas inconclusas en Los Guayos, ni siquiera hay afectados de los incumplimientos de Fondo Global de Construcción y Alex Saab.