El acercamiento político entre Caracas y Bogotá reactiva el gasoducto que conecta a ambas naciones. Pero su trayecto de 224 kilómetros en línea recta se puede resumir en un rizo que ahora beneficia los negocios de Bernardo Arosio Hobaica y Jorge Jara Salas. En una carrera contra reloj y contra el calendario electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, ambos empresarios se apresuraron a adquirir la compañía que sería favorecida por Pdvsa y Tareck El Aissami para exportar el gas venezolano, al tiempo que establecieron relaciones societarias con la compañía que lo va a recibir para distribuirlo en Colombia.
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Unos 224 kilómetros de longitud mide el gasoducto que cubre la distancia entre Bajo Grande, al borde del Lago de Maracaibo, y Campo Ballena, en la Guajira colombiana. Tendido para interconectar los flujos gasíferos de Venezuela y Colombia en 2007, en tiempos de la fugaz y tórrida primavera entre los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, las desavenencias políticas lo mantienen en desuso desde 2015.
Pero ahora que el gobierno de Gustavo Petro ha restablecido relaciones diplomáticas y comerciales con Nicolás Maduro, el ducto parece tener otra conexión decisiva a unos 700 kilómetros al oeste, en Caracas, en las oficinas de la hasta ahora desconocida empresa Prodata Energy.
En noviembre de 2022, la agencia Bloomberg informó que Prodata Energy había obtenido un contrato de Pdvsa por 30 años para enviar a un distribuidor colombiano, de nombre Energy Transitions, 25 millones de pies cúbicos de gas natural diarios a través del gasoducto Antonio Ricaurte.
El trascendido, a través de una agencia internacional de noticias, no sacó de su habitual opacidad al régimen venezolano. Hoy, tres meses después, no explica todavía ni el alcance del negocio, ni las razones que le llevaron a escoger a Prodata Energy, en Venezuela, y Energy Transitions, en Colombia, como partes del mismo.
La iniciativa rompe años de ostracismo entre Venezuela y Colombia y se alinea con el interés que la administración Petro expresa sin ambages por figurar como líder global en el uso de energías limpias y en la denuncia de los combustibles fósiles tradicionales, aunque ello signifique sacrificar inversiones y proyectos de la pujante industria petrolera colombiana. Por ello, y sin reparar en la polémica que causaría, la propia ministra de Energía y Minas del gobierno de Petro, Irene Vélez, anunció que consideraba a Venezuela como proveedor de gas.
La, en apariencia, debutante Prodata Energy es, en realidad, la identidad con la que se rebautizó a Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 en el estado Zulia. Production Data Acquisition Wire Line empezó el cambio de denominación, propietarios y directivos justo cuando se preparaba para obtener la nueva licencia de Pdvsa para exportar el gas venezolano a Colombia.
Como si imitaran una fuga de gas, con su consabida dificultad para ser detectada hasta que ya es muy tarde, los nuevos dueños de la rebautizada Prodata Energy buscaron invisibilizarse. Se trata de los empresarios Bernardo Arosio Hobaica, ligado inicialmente al sector de la construcción con ATB Constructores, y Jorge Miroslav Jara Salas, un ingeniero peruano-venezolano con un pasado petrolero en Venezuela de la mano de Petroalianza, una contratista de Pdvsa registrada en jurisdicciones como Barbados y Chipre, además de la propia Venezuela.
Los documentos obtenidos para este reportaje no solo comprueban que Arosio y Jara se convirtieron en flamantes propietarios de Prodata Energy, casi en simultáneo al ascenso de Gustavo Petro como presidente de Colombia y el anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen chavista. Revelan, además, que los mismos empresarios tienen presencia en su contraparte en la vertiente colombiana del negocio, ya que también tienen lazos societarios con Energy Transitions, la compañía colombiana que distribuirá el gas natural venezolano en Colombia.
Entre la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta de la elección presidencial, ocurrida el 19 de junio de 2022, y su toma de posesión en la Casa de Nariño, celebrada el 7 de agosto de 2022, Bernardo Arosio y Jorge Jara dieron los pasos definitivos para quedarse con Prodata Energy.
El 8 de julio de 2022, ambos empresarios inscribieron en Caracas a Investment Holding Corp, una sociedad cuyo único fin es la “tenencia, gestión y administración de toda clase de acciones o participaciones en sociedades mercantiles”, según el documento de constitución. El 5 de agosto de 2022, apenas un mes después de constituida y dos días antes de la investidura de Gustavo Petro, Investment Holding Corp adquirió la totalidad de acciones de Prodata Energy, antigua Production Data Acquisition Wire Line. Ese traspaso de acciones fue el último tramo de una transición que comenzó meses antes y se aceleró cuando ya el triunfo de Petro parecía inevitable.
Aunque su página web fija el nacimiento de la empresa en 2020, formalmente fue en febrero de 2022 cuando se materializó el cambio de nombre de Production Data Acquisition Wire Line a Prodata Energy, según los documentos del registro mercantil. Un mes después, en marzo de 2022, se trasladó el domicilio de la compañía del estado Zulia a una oficina en el Centro Lido de Caracas, la misma de Investment Holding Corp, la sociedad creada por Bernardo Arosio y Jorge Jara para, precisamente, comprar a Prodata Energy, una vez consumada la victoria de Gustavo Petro.
Ni Bernardo Arosio, ni Jorge Jara, aparecen en la fotografía de la compra de Prodata Energy, ya que la misma se ejecutó a través de unos apoderados de los empresarios. Uno de ellos fue Roberto Villalba Rincón, un ingeniero que ocupó cargos estratégicos en Pdvsa hasta julio de 2021, para luego convertirse en directivo, primero y, después, presidente de Prodata Energy, puesto que aún ostenta. Aunque ya con un puesto resaltante en la empresa privada, en sus redes sociales Villalba no deja de ventilar sus simpatías por la autodenominada Revolución Bolivariana. “Una cosa es opinar sin memoria histórica y otra es construir un país en socialismo y sobre todo en Revolución”, afirmó el 2 de febrero de 2022 en su cuenta de Twitter.
Otra prueba de que el negocio se venía cocinando de manera deliberada y en simultáneo al nuevo panorama político que se asomaba en Colombia, es una declaración del propio Jorge Jara a un no muy conocido medio digital en febrero del año pasado. “Las condiciones están dadas para que un privado entre en el acuerdo de manera que Pdvsa sólo facilitaría la infraestructura que tiene, no manejada por ellos sino por el privado, y se pueda exportar el gas de Venezuela a Colombia”, planteó Jara con una anticipación sorprendente para quien no supiera que este trabajaba junto a Bernardo Arosio para quedarse con el negocio.
“Si exportáramos gas, estaríamos logrando un hito histórico en los más de 100 años que tiene Venezuela en el área de hidrocarburos”, sentenció el empresario en esa nota periodística.
Jara rechazó la petición de entrevista para este reportaje, alegando que “el proyecto está bajo un marco de acuerdo de confidencialidad”, pero en el escueto correo electrónico de respuesta aseguró que “el proyecto está en total cumplimiento de las leyes aplicables por los gobiernos de Venezuela, Colombia y los Estados Unidos”.
Bernardo Arosio tampoco atendió a la solicitud de entrevista para este reportaje. De él no se encuentran declaraciones como las de Jara, de tono profético, con respecto al proyecto de exportación de gas. Pero en sus redes sociales, en especial su perfil de Twitter, aparece concentrado desde hace meses en reproducir contenidos asociados a las energías limpias.
Aunque dedicado al negocio de la construcción con ATB Constructores en el desarrollo de complejos turísticos en Los Roques o en San Isidro de Galipán, así como conjuntos residenciales y hoteleros en Caracas, Armando.Info reveló recientemente el vínculo de Arosio Hobaica con Walker International Dw-Llc, una intermediaria de Pdvsa en la comercialización del crudo venezolano en mercados internacionales.
Esa, apenas, era una arista de la incursión de Bernardo Arosio en el negocio energético. Estaba por llegar la exportación de gas a Colombia gracias al acuerdo con Pdvsa. Ya en octubre pasado, la columnista de la revista Semana de Bogotá, Salud Hernández, informó que los Arosio Hobaica “habían aterrizado en Bogotá” gracias al “vuelco de las relaciones de la Casa de Nariño con la dictadura chavista” y aseguró que eran cercanos al Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
Desde las oficinas de Prodata Energy en Caracas también rechazaron la petición de entrevista. “Siguiendo lineamientos de nuestro departamento de asuntos corporativos, le invitamos a visitar nuestra página web”, respondió la empresa el 8 de febrero vía email.
Ello no impidió que, dos días después, el presidente de la compañía, Roberto Villalba Rincón, enviara un correo electrónico a los “aliados estratégicos” de la compañía para informar sobre una “situación incómoda” en referencia a esta publicación.
“Recibimos la información de que este fin de semana será publicada una nota en Armando.Info que de manera imprecisa, inadecuada, poco profesional y sin consulta, hace cuestionamientos sobre nuestra empresa Prodata Energy y el Proyecto Binacional de Exportación de Gas Natural a través del Gasoducto Antonio Ricaurte”. En la misiva, el presidente de la compañía también alegó que, debido a los “acuerdos de confidencialidad”, le resulta “imposible ofrecer declaraciones públicas sobre el proyecto”.
En Colombia han surgido voces que advierten de los riesgos de depender del suministro de gas de un régimen autocrático y volátil como el de Caracas, aún a sabiendas del compromiso existente desde la construcción del gasoducto Antonio Ricaurte entre Pdvsa y Ecopetrol, la petrolera colombiana. Este establecía despachos de gas de ida y vuelta por un período de varios años, pero fue interrumpido en los últimos tiempos por la crisis venezolana, primero, y luego por la ruptura de relaciones entre Maduro y el gobierno de Iván Duque (2018-22).
Funcionarios del gobierno de Petro, en cambio, han asomado la posibilidad de importar el gas venezolano, pero sin referirse en específico al acuerdo que involucra a Pdvsa, Prodata Energy y Energy Transitions.
Sin embargo, poco después de que Bloomberg revelara el negocio en noviembre pasado, Armando Benedetti, embajador de Colombia en Caracas, declaró que del lado colombiano “cualquier cosa” relacionada con “transportación de gas” iba a ser con Ecopetrol o la empresa mixta Transportadora de Gas Internacional (TGI). “Aquí ninguna privada puede hacer (...) Los colombianos tienen que tener en cuenta que todo lo va a hacer siempre una empresa del Estado”, manifestó a la W Radio de Colombia.
Fuentes conocedoras de las negociaciones entre ambos países aseguran que Tareck El Aissami es quien más ha insistido en el negocio de la exportación de gas a Colombia y, pese a lo dicho por Benedetti, del lado colombiano el negocio también se está moviendo entre actores privados.
Desde Energy Transitions, la compañía privada colombiana que distribuirá el gas enviado desde Venezuela, no niegan la participación en el proyecto aunque señalan “acuerdos de confidencialidad en vigencia” como obstáculo para responder a la petición de entrevista solicitada para este reportaje. “Apenas tengamos la posibilidad de explicar el proyecto con gusto lo contactaremos nuevamente”, respondió, vía correo electrónico, la gerencia de relaciones públicas de la empresa.
Energy Transitions no tiene mucha historia en el sector de la energía de Colombia. Los documentos de registro muestran que la compañía nació en marzo de 2019 y su principal objetivo es la “comercialización de energía eléctrica y gas natural”.
En principio, parece una empresa que nada tiene que ver con los beneficiarios de Prodata Energy, pero algunos indicios muestran un punto de conexión de Jorge Jara con los accionistas de Energy Transitions. De acuerdo con su perfil de Linkedin, uno de los socios de la compañía, David Ángel Becerra, forma parte de la junta directiva de Integral Plus Energy, creada en 2021 también para la “comercialización de energía eléctrica y gas natural”, y, más importante aún, propiedad de Jorge Jara.
En algún momento, 5% de las acciones de Integral Plus Energy fueron propiedad de Energy Transitions, representada por Alejandro Navas Ramírez, el otro socio fundador de Energy Transitions, tal y como muestran los registros de ambas compañías. Por si fuera poco, Integral Plus Energy también destaca en el website de Prodata Energy en la sección de “nuestros aliados”.
El pasado 3 de febrero el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza, firmó en el Palacio de Miraflores en Caracas el “Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones” con Venezuela. Si el Congreso de Colombia lo aprueba, ese seguramente será el mecanismo que proteja la exportación de gas venezolano a Colombia, comprendiendo negocios como el de Prodata Energy y Energy Transitions.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” y, de ahí, a los muelles de las refinerías de Pdvsa. El abrupto y variado ascenso de los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP, tiene su más reciente expansión en los complejos refinadores petroleros, en los que los contratos son aprobados por funcionarios militares cercanos al chavismo.
La Patria Grande está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país por irregularidades pero favorecidos por los regímenes de La Habana, primero, y de Caracas, después. El clan de los hermanos Carretero Napolitano obtuvo la construcción del estadio de béisbol de Caracas, y aunque no concluyó la obra, el Estado chavista lo siguió premiando con contratos más grandes y jugosos, que incluyen el suministro de equipos informáticos para el carnet de afiliación a programas del gobierno y de control clientelar, así como negocios petroleros. Los avales del castrismo y del sobrino predilecto de Cilia Flores lo pueden explicar.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a un grupo de amigos y socios mexicanos para aliviar la nueva emergencia eléctrica en Venezuela, puso la piedra fundacional para un atajo por el que chavismo y sus aliados comerciales han esquivado las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo de PDVSA. Desde entonces, con Alex Saab, Joaquín Leal y Alessandro Bazzoni como figuras prominentes, el circuito se ha extendido por una treintena de países para comerciar con otras materias primas venezolanas. Es parte de lo que revela esta serie de investigación conjunta entre el diario El País y Armando.info, desarrollada a partir de una filtración de miles de documentos.
Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni. El esquema les permitió seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa frente a las narices del Departamento del Tesoro y sus sanciones. En México, por ejemplo, trataron de hacer negocios con la estatal Pemex, amparados tras empresas de maletín con nombres rimbombantes y cartas de recomendación forjadas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Así quedó rebautizada Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971. Tras el cambio de identidad, directivos y propietarios obtuvo la licencia de Pdvsa para comercializar gas a Colombia.
Ingeniero, exdirectivo de Pdvsa. Tras casi dos décadas en la estatal venezolana se convirtió en directivo, primero, y luego presidente de Prodata Energy, la firma que exportará gas venezolano a Colombia con el aval de Pdvsa.
Ingeniero peruano-venezolano. Junto a Bernardo Arosio ideó el esquema para participar en el negocio de la exportación de gas a Colombia. En ese país también es accionista de empresas energéticas.
Empresario del sector de la construcción. Es accionista mayoritario de la empresa que adquirió a Prodata Energy, la compañía favorecida por Pdvsa para exportar gas venezolano a Colombia.
