Los empresarios colombianos que se consagraron como los contratistas preferidos de Nicolás Maduro ya no sólo canalizan sus intereses a través de un laberíntico portafolio de empresas y accionistas ‘offshore’. Para entrar de lleno en industrias básicas, desde hace algún tiempo encargan a ciertos individuos, allegados a sus negocios y dispuestos a atravesar en cualquier dirección el umbral entre los sectores público y privado, para posesionarse de compañías del Estado venezolano. Así hicieron con Minervén y estuvieron a punto de hacerlo con la productora de fertilizantes en Barranquilla, Monómeros Colombo Venezolanos, quizás solo detrás de Citgo, la propiedad más valiosa de la República en el exterior.
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Parece inevitable: el protagonista de esta historia es nuevamente Alex Naim Saab Morán. El hombre al que Nicolás Maduro confió el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), al que entregó la red estatal Abastos Bicentenario, al que cedió la comercialización del oro venezolano o la construcción de los “gimnasios verticales”, entre otros negocios, también estuvo a punto de controlar Monómeros Colombo Venezolanos, el complejo petroquímico que nació como un proyecto binacional y hoy es filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven).
Sea porque la sede de la compañía está ubicada en Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, o porque este se convirtió en el principal contratista de Maduro desde 2013, el colombiano estuvo a punto de obtener el control de Monómeros, que desde 2006 pertenece en su totalidad a Venezuela y es la principal productora de fertilizantes del mercado colombiano. Aunque el plan no funcionó, su solo propósito pone de nuevo de relieve la interminable influencia de Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas en la estructura financiera del régimen chavista, así como la compleja trama societaria desperdigada por el mundo con numerosos colaboradores para tal fin.
Todo marchó como preveía el plan para tomar Monómeros, hasta el 30 de enero de 2019. Ese día, en plena pista del aeropuerto de Barranquilla, funcionarios de Migración Colombia comunicaron al ciudadano venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, quien había llegado en un vuelo privado proveniente desde Panamá, que sería “inadmitido” y debía regresar a su país de origen.
Un mes antes, el 20 de diciembre de 2018, el mismo Ronald Ramírez había sido designado por Nicolás Maduro para ocupar la presidencia de Monómeros. El nombramiento quizás buscaba anticipar una posible maniobra contra ese activo venezolano en el exterior, que todavía no era objeto ni de sanción ni de acción judicial alguna. Si ese era el cálculo de Maduro, sus temores se verían conformados. El 5 de enero de 2019 el diputado de Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó, era electo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y días después, el 23 de enero de 2019, se proclamó como presidente encargado de la República, con el apoyo de las principales potencias occidentales. Esto último se consumó siete días antes del desafortunado desembarco de Ramírez en Barranquilla.
Ronald Ramírez es un funcionario público de recorrido discreto, pero su valía se la otorga su condición de miembro, otro más, de la compleja red de Alex Saab. Semanas antes de su intento por tomar posesión física de la presidencia de Monómeros, Ramírez había representado en Caracas a Adon Trading FZE, una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos y ligada al portafolio de compañías que el empresario colombiano usa para sus negocios con el chavismo.
Como representante de Adon Trading FZE, Ramírez ofreció semillas e insumos a los productores agrícolas. Según las fuentes que conocieron del negocio, Adon Trading FZE compraría esos productos a algunas transnacionales temerosas de negociar directamente con el gobierno de Maduro tras las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump desde 2018, o por los consabidos incumplimientos de pago que lastran de riesgos financieros las transacciones con el régimen bolivariano. Luego la compañía los revendería a sus clientes finales en el mercado venezolano.
Aunque el negocio al final no se materializó, dejó el rastro de otro tinglado societario con el que Saab y Pulido intentaban ampliar sus nexos comerciales con Venezuela.
Esa manera de capturar una empresa del Estado para su propio beneficio y a través de un interpuesto no era extraña para Saab y Pulido. De hecho, ya la habían llevado a cabo con éxito.
Apenas unos meses antes, en julio de 2018, Maduro nombró presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), la estatal encargada de explotar y comercializar el oro venezolano, a Adrián Antonio Perdomo Mata, un exempleado de Saab y Pulido tanto en la fantasmal petrolera suizo-colombiana Trenaco, como en Vram Holding y la propia Fondo Global de Construcción, la compañía con la que el tándem colombiano inició sus negocios con el chavismo en 2011.
Además, en agosto de 2018, Minerven y la estatal Carbones del Zulia llegaron a formalizar “empresas mixtas” con sendas sociedades con razones jurídicas turcas, pero detrás de las cuales está realmente la dupla colombiana representada por Lorenzo Antonelli.
Antonelli es un joven italiano al que la Guardia Di Finanza confiscó bienes y activos -entre ellos un apartamento en la céntrica y exclusiva Vía Condotti de Roma- en noviembre de 2019, como parte de una redada contra Alex Saab, a quien se investigaba bajo cargos de presunto lavado de dinero.
Así que para ese 30 de enero de 2019, cuando Ronald Ramírez aterrizó en Barranquilla, Saab y Pulido parecían a punto de coronar su control sobre Monómeros, el segundo activo más importante de Venezuela en exterior detrás de la filial petrolera Citgo en Estados Unidos, cuando ya habían puesto sus manos sobre las operaciones estatales de extracción de mineral de oro y carbón.
Sólo la medida migratoria de Colombia contra Ronald Ramírez y la posterior designación de una junta administradora en abril de 2019, por parte de la administración de Juan Guaidó, consiguieron bloquear ese hecho que parecía inminente.
Como el frustrado presidente de Monómeros, Ronald Ramírez, quien había dado la cara en Caracas por Adon Trading FZE, el joven Lorenzo Antonelli cumple un papel similar de representación del emporio de Saab y Pulido tanto en esa misma empresa, con sede en Emiratos Árabes Unidos, como en otra con sede en Hong Kong, pero que hacen negocios con Venezuela.
El nombre de Antonelli está, por ejemplo, en una factura emitida por Adon Trading FZE en septiembre de 2019 a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios de Venezuela (Cuspal), por la venta de casi 80.000 kilogramos de lentejas por 235.618 dólares, a tres dólares por kilo, para el programa estatal de los CLAP. Aunque en su web Adon Trading FZE se define como una “comercializadora de productos farmacéuticos y fertilizantes”, en esa ocasión no tuvo dudas para comerciar con otro tipo de productos.
La factura corresponde a un contrato más amplio suscrito con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), que centraliza las importaciones públicas. Se trata del convenio CPVX-CJ-CONT-0045-2018 por poco más de 345 millones de euros por “combos de alimentos”, firmado con Asasi Food FZC, también registrada en Emiratos Árabes Unidos y ligada al tándem colombiano. Asasi Food FZC, de hecho, aparece entre las listadas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019, cuando sancionó a los empresarios colombianos y los incluyó en la lista de la OFAC, junto con Group Grand Limited, con la que obtuvieron otros dos contratos para el suministro de los CLAP por casi 800 millones de dólares entre 2016 y 2017.
La empresa no contestó la solicitud de entrevista, pero fuentes explican que con el uso sustitutivo de Adon Trading FZE se intentaba borrar el rastro de la ya marcada Asasi Food FZC, con la que Corpovex firmó originalmente esos y otros convenios antes de las sanciones del Tesoro norteamericano, una maniobra similar a la que idearon cuando Mulberry Proje Yatirim suplantó a Group Grand Limited. El nombre de Asasi Food FZC también apareció en los oficios que el diputado Luis Parra, junto a otros parlamentarios por entonces opositores, entregaron en países europeos buscando blanquear los negocios de los empresarios colombianos, en abril de 2019, cuando ya la lupa de autoridades de distintos países seguía la pista de estas compañías.
Al igual que a Group Grand Limited, la primera sociedad que usaron Saab y Pulido para el negocio de los CLAP, pero que en 2017 también obtuvo contratos para la venta de medicinas, a Asasi Food FZC le asignaron contratos por otros 200 millones de euros para el suministro de provisiones tan disímiles como medicamentos, “garbanzos y uvas pasas”, “parte y repuestos para minibuses” y hasta juguetes entre 2017 y 2018, de acuerdo con documentos vistos por Armando.Info. Todos esos acuerdos se suman, además, a los que obtuvieron previamente con la firma panameña Global Foods Trading para el despacho de materia prima a granel.
Pero la factura por la venta de lentejas arroja más datos sobre el andamiaje societario y financiero diseñado por los empresarios colombianos para sostener sus negocios con el régimen de Maduro, a pesar del seguimiento que sobre ellos mantienen la justicia norteamericana y autoridades de Colombia, México e Italia. De acuerdo al documento, la cuenta bancaria beneficiaria de Adon Trading FZE está en el Investbank de Bulgaria, jurisdicción que Saab y Pulido empezaron a usar para movimientos financieros a raíz de la presión norteamericana. El banco intermediario fue Aktif Yatirim Bankasi A.S de Turquía, otro país al que han direccionado sus movimientos empresariales y bancarios, especialmente a partir de 2018.
Las coordenadas de la mercancía fueron otras. Las lentejas fueron transportadas desde Cartagena, Colombia, por 4PL Industrial, una compañía logística y empaquetadora manejada por Jorge Andrés Saavedra Bedoya, otra pieza más en los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido.
De la forma como Ronald Ramírez, el fallido presidente de Monómeros, terminó en la red de los empresarios colombianos no hay muchas pistas. Tampoco atendió la petición de entrevista para este reportaje. Su pasado como funcionario público mantuvo un perfil bajo pero constante desde los inicios del chavismo, un hilo que, no obstante, parece nunca haberle disuadido a la hora de cambiar de sombrero y pasar a representar al sector privado.
En su hoja de vida destacan cargos en el Ministerio de Industria, a comienzos de la década del 2000, así como su posterior ascenso a viceministro de esa cartera en 2003. Años después, en 2007, fue designado como gerente de regímenes aduaneros en el Seniat, el organismo recaudador de impuestos. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), también fue directivo de la Empresa de Producción Social Recuperadora de Materias Primas (Rempaca). “Técnicamente fue un buen funcionario, pero su problema siempre fue la ambición”, apunta un ex-compañero que coincidió con Ramírez en el Ministerio de Industrias.
El RNC revela también pruebas sobre su actividad empresarial en el ámbito privado. Ronald Ramírez se ha desempeñado como directivo de Borets Venezuela, una empresa petrolera de origen ruso con filiales en varios países. Borets Venezuela acumula varios contratos con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Venezolana de Petróleo o Bariven, la encargada de las compras en el extranjero de suministros para la industria petrolera, para la venta de “bombas electrosumergibles” y “sistemas de bombeo”.
Poco se ha sabido de Ronald Ramírez desde que las autoridades migratorias colombianas le negaron su entrada al país y con ello el salto a la cabeza de Monómeros. El mismo 30 de enero de 2019 debió regresar al aeropuerto de Maiquetía. Pese a ello, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) muestra que desde el 2 de enero del año pasado Ramírez ingresó como trabajador de Pequiven, quizás como prueba de que aún ostenta un cargo en la compañía estatal venezolana propietaria de Monómeros en Colombia.
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
El segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, después de Citgo, esconde una historia reciente en la que sus ejecutivos, poco antes de dejar las riendas de la estatal venezolana en Barranquilla, pactaron negocios con una empresa privada que a la postre comprarían. Se trata, además, de una compañía cuyo origen está ligado al mundo empresarial del principal contratista que favorecieron durante años siendo directivos de Monómeros. Hoy, incluso, compite en el mercado de fertilizantes contra la filial de Pequiven en Colombia.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
El domingo 5 de enero de 2020 el chavismo juramentó, contra viento y marea, a una Junta Directiva "paralela" para la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del estado Yaracuy, Luis Parra. Justamente fue Parra quien, junto a otros parlamentarios recientemente expulsados de partidos de oposición -algunos también parte de esta directiva "a la medida" del oficialismo-, conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP. Este reportaje, publicado el pasado 1 de diciembre, puso a la luz estas irregularidades que llevaron a que el público bautizara al grupo de diputados como la "Fracción CLAP".
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.
Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
