Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
La suerte de los empresarios en la Venezuela de Nicolás Maduro es desigual. Mientras grandes trasnacionales o compañías venezolanas agonizan, quienes concentran la intermediación en la importación de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) facturan cientos de millones de dólares en un solo día. Es, al menos, el caso de Group Grand Limited, una sociedad registrada originalmente en 2013 en Hong Kong y posteriormente en México conectada al entramado empresarial levantado por Alex Nain Saab Moran y Álvaro Enrique Pulido Vargas, dos empresarios colombianos que han sido contratistas del chavismo.
Para la fantasmal empresa, la grave crisis de abastecimiento y el hambre de los venezolanos resultó una mina de oro. A comienzos de 2017 vendió toneladas de alimentos al gobierno venezolano a través de la Gobernación del estado Táchira, luego de que Nicolás Maduro aprobara al entonces gobernador de esa entidad y actual Ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, 340 millones de dólares provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) para la compra de diez millones de “combos” de alimentos. Sólo entre el 8 y el 30 de enero del año pasado al menos 212 millones de dólares a nombre de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (Cobiserta).
Aquello apenas fue el comienzo de un negocio mayor, según revelan nuevos documentos obtenidos para este reportaje. El contrato suscrito entre la firma de Hong Kong y Cobiserta, representada por el entonces coronel del Ejército José Salvador Bolívar Pérez -detenido en abril pasado e investigado por posibles hechos de corrupción-, no fue el único que logró Group Grand Limited. Meses después la compañía selló el acuerdo 0086-2017 con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la estatal que centraliza las importaciones públicas y está presidida por el mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, para suministrar 11 millones 500 mil “combos de alimentos” para la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación. Las facturas confirman las dimensiones del negocio.
En sólo un día, el 29 de septiembre de 2017, Group Grand Limited cotizó a Cuspal nueve facturas comerciales que sumaron poco más de 113 millones de dólares por la venta de atún enlatado, pasta, harina de maíz, salsa de tomate y mayonesa, entre otros de los once productos que incluyen las cajas CLAP que el Gobierno vende a precios subsidiados entre los más pobres y que esgrime como bandera contra la supuesta “guerra económica” de parte de los empresarios locales. En una Venezuela marcada por una contracción ininterrumpida desde hace cuatro años, la parálisis del control de cambio -vigente desde 2003- y el desplome de sus reservas internacionales, mover de esa forma la caja registradora es una proeza que logran muy pocas compañías.
Alimentos Polar, por ejemplo, sufre constantes paralizaciones en sus plantas industriales porque el Gobierno venezolano ha demorado más de tres años en cancelar 130 millones de dólares que le debe por la importación de materia prima. “Tenemos 449 solicitudes de Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) en espera de respuesta, las cuales tienen en promedio 1.095 días en Cencoex. Esto implica que nuestros proveedores internacionales no han recibido pago. Muchos de ellos, han suspendido las líneas de crédito a Venezuela por estos retrasos”, dice un reciente informe la compañía perteneciente a Empresas Polar, el mayor grupo privado del país.
El de Group Grand Limited, en cambio, es un relato feliz. Las facturas de enero y septiembre suman unos 325 millones de dólares, pero fuentes conocedoras del negocio de los CLAP aseguran que los dos contratos suscritos con el Gobierno venezolano superan los 600 millones de dólares a cambio de 21 millones de “combos”. Añaden, además, que Group Grand Limited también suministra otros productos de primera necesidad a otros organismos estatales. Todo ha sido posible sin una instalación fabril, con apenas trabajadores y sin una sede fija, al menos en Caracas, y en el más estricto silencio.
Sólo fue en agosto del año pasado cuando se convirtió en un nombre de dominio público. En esa oportunidad, la Fiscal destituida por el Gobierno de Maduro, Luisa Ortega Díaz, aseguró que la sociedad estaba manejada por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Alvaro Pulido Vargas en representación del propio presidente, Nicolás Maduro. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República”, soltó Ortega Díaz para desatar un estruendo.
Para ese momento Armando.info había revelado varios de los indicios que conectaban a Group Grand Limited con Saab Morán y Pulido Vargas: el teléfono y la dirección de la empresa en Caracas remitían a la sede de Fondo Global de Construcción, compañía que permitió a los empresarios lograr un millonario contrato con el fallecido Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas; el hijo de Alex Saab Morán, Shadi Nain Saab Morán, figuró en los papeles de registro de la sociedad en Hong Kong desde 2015 hasta el 24 de febrero de 2017. Luego, la acusación de Ortega Díaz, permitió descubrir que en el registro de la firma en México aparecía como apoderado Enmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Enrique Pulido Vargas, cuya identidad original es Germán Rubio, de acuerdo a las investigaciones del periodista de Univisión Gerardo Reyes. Pese a todo, la defensa de los empresarios niega su nexo con Group Grand Limited.
Aunque los hijos de los empresarios han desparecido de los registros de Group Grand Limited en Hong Kong y México, los documentos obtenidos ahora aportan un eslabón más en la conexión entre Group Grand Limited y Fondo Global de Construcción, una empresa cuya estructura societaria conduce hasta Malta, pero que le permitió a Alex Nain Saab Morán firmar en 2011 un acuerdo con el Gobierno venezolano en el palacio de Miraflores ante la mirada de Hugo Chávez, su homólogo Juan Manuel Santos y el entonces Canciller venezolano, Nicolás Maduro. A la postre ese convenio originó una investigación por la Fiscalía ecuatoriana por diversas irregularidades.
En los contratos suscritos por Group Grand Limited con los organismos estatales venezolanos para la venta de las cajas CLAP quien funge como “representante legal” es Andreína Fuentes Mazzei. Seguir la pista de esta abogada conduce nuevamente a las oficinas de Fondo Global de Construcción en Caracas pues según documentos del Registro Mercantil ella es directora ejecutiva de la compañía desde 2013, así como de otra constructora que también usa la misma oficina en el lujoso complejo empresarial Centro Galipán, al este de la capital venezolana.
Al cierre de este reportaje, ni en Fondo Global de Construcción, ni en Group Grand Limited respondieron a la solicitud de comentarios.
Las facturas de Group Grand Limited también arrojan datos llamativos como que el gobierno de Maduro pagó más en enero que en septiembre por varios de los productos que la empresa envió desde el puerto de Veracruz, en México, hasta el de La Guaira, en Venezuela. El 19 de enero de 2017 Group Grand Limited cobró a la Gobernación del Táchira 4,75 dólares por cada kilogramo de “leche en polvo completa”, pero ocho meses después lo fijó en 6,95 dólares el kilogramo a Cuspal, la empresa adscrita al Ministerio de Alimentación, dirigido por el General del Ejército Luis Medina Ramírez. Esa factura del 29 de septiembre por leche en polvo totalizó 41,7 millones de dólares.
“Tremendo negocio”, exclama un empresario de la industria de alimentos venezolana al cotejar ambas facturas. El aumento luce incomprensible, si se toma en cuenta que sitios especializados en las variaciones de los comodities reportan que a mediados de septiembre de 2017 el precio de la “leche entera en polvo” bordeó los 3 mil dólares por tonelada. Hoy el precio ronda los 3.200 dólares, lo que supondría 3,2 dólares por cada kilogramo. “México no produce leche en polvo y menos para exportar. Esos precios internacionales son de leche entera, pero la leche de los CLAP no es completa”, agrega el industrial.
Un
análisis químico realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a pedido de Armando.info, le da la razón al
industrial y hace más incomprensible ese incremento de casi 50% que muestran las
facturas de Group Grand Limited. Ese estudio demostró que las empresas
proveedoras mexicanas de marcas como Macleche, Suprema, Kosland o Rancho Nuevo,
por citar algunas, mintieron en la información nutricional y enviaron a
Venezuela un producto bajo en proteínas y calcio, pero alto en carbohidratos y
sodio sin que los propios traders, ni
las autoridades venezolanas repararan en ello.
Aunque públicamente el Gobierno venezolano no se pronunció sobre ese hallazgo ni reveló cuál de la decena de intermediarios que ha contratado fue el responsable de la comercialización de esos productos, el 21 de febrero –apenas tres días después de la publicación del reportaje sobre La mala leche de los CLAP- el presidente de Corpovex envió una carta a los proveedores mexicanos en la que llamaba la atención sobre la calidad de los alimentos. Tras un “saludo bolivariano, patriótico y revolucionario”, Yoffreda Yorio recordó que “deben ser presentados ante la empresa verificadora y Corpovex con carácter obligatorio el registro sanitario y el certificado de libre consumo en el país de origen de todos los rubros alimenticios embarcados que corresponden a los productos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), bien sea en la modalidad de combos o carga suelta”.
El pasado 14 de mayo el diputado y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana, Freddy Superlano, introdujo formalmente en México una denuncia ante el Procurador General de ese país para que inicie una investigación contra los proveedores mexicanos que han despachado productos de mala calidad como la leche en polvo contenida en las cajas CLAP. Las dudas y sombras sobre el negocio fraguado con los CLAP crecieron unos días después cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, denunció irregularidades en un lote de más de 25 mil cajas con los combos de alimentos para Venezuela en el puerto de Cartagena. “En Cartagena casi 400 toneladas de alimentos no aptos para consumo que iban a ser repartidos por esos comités políticos de control social en Venezuela. Esta es la punta del iceberg de un negocio despreciable que involucra empresas de fachada en Colombia, México y muchos otros países”, alertó el mandatario desde el palacio de Nariño el 17 de mayo.
Tras
la incautación salió el nombre de un empresario venezolano, Luis Francisco
Sagarzazu, quien sería el propietario de dos empresas domiciliadas en Cartagena
y responsables de la mercancía. No obstante, la sospecha de las autoridades
colombianas es que detrás hay un esquema mayor de corrupción y otros delitos.
“Se está utilizando empresas fachadas, empresas de lavado de dinero para actos
de corrupción y rexportación ilegal de estos alimentos hacia el Gobierno de
Venezuela”, resumió Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y
Aduanera de Colombia, en la rueda de prensa que ofreció junto al mandatario
colombiano.
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana pidió al Procurador de México investigar a las empresas de ese país que han despachado leche de mala calidad en las cajas CLAP para Venezuela.
En Caracas se guarda silencio. Ningún vocero ha explicado por qué desde finales de 2016 han pagado millones de dólares a sociedades de papel registradas en paraísos fiscales como Group Grand Limited, Postar Intertrade Limited, o Million Rise Industries Limited, FB Foods LLC o Welsford Trading Corp, entre otras, por la venta, sólo en 2017, de alrededor de 90 millones de cajas CLAP que fueron adquiridas fundamentalmente en México, pero también en Colombia, Panamá o Brasil. Sólo entre enero y mayo de este año alrededor de 20 barcos llegaron cargados de los “combos” de alimentos como parte de la oferta electoral de Maduro para la elección presidencial del pasado 20 de mayo.
Además de los intermediarios, el esquema también ha beneficiado a compañías mexicanas como El Sardinero, que le ha despachado miles de cajas a Group Grand Limited, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), Grupo Brandon, Rice & Beans, La Cosmopolitana o Digrava, entre otras compañías.
“Los CLAP no son una medida temporal, llegaron para quedarse”, proclamó el pasado jueves Nicolás Maduro ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en un acto de juramentación para el nuevo período de Gobierno. Todo parece indicar que la caja registradora de Group Grand Limited seguirá sonando.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
