Alex Saab cobró caro para construir estas ruinas

El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.

En la urbanización Las Vegas II, ubicada en Los Guayos, estado Carabobo, no se ven murales alegóricos a Alex Nain Saab Morán, el empresario colombiano extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre pasado y de quien el gobierno de Nicolás Maduro y los propios abogados de Saab, como parte de una campaña para conseguir su liberación, esgrimen su presunta condición de diplomático del Estado venezolano ante un tribunal de Miami y la opinión pública internacional. 

Y, sin embargo, se trata de uno de los lugares de Venezuela donde la huella de Alex Saab se conserva más patente. Las estructuras y paredes de unas viviendas inconclusas que se levantan en esa calurosa zona del centro del país permanecen como memoria material de un jugoso contrato que, si bien se pagó a un precio como si se tratara de bienhechurías de lujo, no se ejecutó en su totalidad. 

El Fondo Global de Construcción, la compañía con la que Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, desembarcaron en Venezuela como grandes contratistas del Estado chavista, debió construir allí 2.512 apartamentos, distribuidos en 80 edificios para la llamada Misión Vivienda, el programa de construcción de casas de interés social creado por Hugo Chávez en el fragor de su última campaña electoral, que, cinco meses antes de su fallecimiento, le llevó a derrotar en las urnas al candidato opositor, Henrique Capriles Radonski, en octubre de 2012.

No fue casual, pues, que la obra se iniciara en 2012. Pero, diez años después, apenas se han entregado 96 apartamentos, es decir, menos de 4% del total prometido. Mientras tanto, la mayoría de las torres quedaron a medio hacer, expuestas al abandono y hasta al fuego.

“No siguieron las obras, el monte creció y agarró candela”, relata un vecino de Los Guayos, que pide explícitamente el anonimato mientras camina entre los escombros que hay en el lugar, una mañana reciente de abril de 2022. Los apartamentos que se entregaron corresponden a la primera etapa de las cinco previstas en el proyecto. “Esos 96 están en las primeras cuatro torres que se entregaron”, detalla uno de los integrantes del consejo comunal, también bajo anonimato.

Todavía en 2014, dos años después de iniciada la obra y mucho antes de las sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen chavista, la compañía sostenía su promesa de completar la totalidad de la urbanización en 24 meses. Pero a esa oferta también se la devoró la desidia. 

El del incumplimiento fue el precio último a pagar por la audacia de contratar para la obra a Alex Saab y su Fondo Global de Construcción, empresa fundada 2011 en Colombia y en 2012 en Caracas -aunque para encontrar su holding había que remontarse hasta la isla de Malta, un reconocido paraíso fiscal del Mediterráneo oriental-, que, a pesar de su pomposo nombre, en realidad carecía de experiencia en el área de la construcción. El Gobierno no solo le confió la urbanización en Los Guayos, sino el levantamiento y gestión de una mega fábrica de módulos prefabricados para viviendas en San Francisco de Yare, estado Miranda, entre otros grandes proyectos de infraestructura e ingeniería civil. 

Pero antes de que la proyectada urbanización Las Vegas II se perdiera en la orfandad, el Estado venezolano había acordado pagar al Fondo Global de Construcción de Saab un promedio de 89.000 dólares por vivienda construida, una cifra muy por encima de las estimaciones de precios internacionales para una vivienda de interés social. 

El precio del fracaso

De vez en cuando algún evento rescata las obras del olvido: un incendio o los altibajos del caso de Alex Saab en Florida, por ejemplo. Recientemente, el 11 de mayo, se trató de un intento de invasión. Según relataron los vecinos a un reportero de Armando.Info, aunque todo está cercado, las estructuras inconclusas son objeto de codicia para los prospectos de okupas. En tantos años de abandono, algunos se han ocupado de despojarlas de los bienes y equipos que se pueden llevar. Unos meses antes los vecinos también denunciaron el abandono en un reportaje del canal digital VPItv

Nada hacía presagiar que esta obra tendría un destino semejante. Por el contrario: arrancó en medio de los mejores augurios. 

A diferencia de otros proyectos que nacieron de la voluntad faraónica del comandante Chávez y terminarían por erigirse como elefantes blancos, el conjunto de Los Guayos contaba con la apreciable ventaja de haber superado con mucha anticipación su fase de proyecto. De hecho, la urbanización fue planificada desde la década de los 90 del siglo pasado por una constructora privada, Promociones Viviendas Guara, que sucumbió a la crisis financiera de 1994. El terreno de 454.000 metros cuadrados, que colinda con la avenida intercomunal Valencia-Guacara, quedó en manos del Fondo de Garantías de Depósitos (Fogade), el organismo estatal encargado de la administración de bienes en casos de bancarrota de bancos y empresas financieras. Aunque en 2002 el lote fue invadido por vecinos de la zona, en 2011 Hugo Chávez consiguió aprobar su expropiación para que el ministerio ejecutara “la obra en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, según el punto de cuenta 018-2011.

Además, se habían acordado unos montos desproporcionados de pago para el contratista. Ese margen de rentabilidad debió funcionar, al menos, como un incentivo para completar el proyecto a tiempo y con valores de calidad. 

Del 28 de noviembre de 2011, día en el que se firmó el convenio de entendimiento entre el gobierno venezolano y Fondo Global de Construcción, hasta la firma del contrato para la “ejecución del proyecto y construcción de 4.162 unidades habitacionales, urbanismo e infraestructura en los estados Miranda y Carabobo”, suscrito con el Ministerio de Vivienda el 28 de julio de 2014, transcurrieron casi tres años.

El contrato, identificado con el número 063 y suscrito entre el entonces ministro de Vivienda, Ricardo Molina, y el ciudadano "venezolano" Alex Saab en su condición de “apoderado” de Fondo Global de Construcción, preveía la construcción de las aún inconclusas 2.512 viviendas del urbanismo Las Vegas II, en Los Guayos. En marzo pasado Molina, ahora como diputado, propuso conformar “brigadas por la libertad de Alex Saab” en un acto político.

El monto total del contrato llegó a casi 294 millones de dólares, más otros 481 millones de bolívares, que al tipo de cambio oficial de 6,30 bolívares por dólar, equivalían a 76,5 millones de dólares adicionales. Prorrateado, de ese monto total se desprende que Venezuela pagó por cada vivienda a Fondo Global de Construcción un promedio de unos 89.000 dólares.

Si se presta más atención a los detalles del contrato, se encontrarán evidencias extras de precios inflados.

Una vivienda de 70 metros cuadrados se facturaba a 76.058 dólares, por una parte, más otros 124.713 bolívares, equivalentes a 19.795 dólares adicionales. Eso arroja un total de 95.853 dólares por una vivienda de sólo 70 metros cuadrados. En otras palabras, el régimen de Nicolás Maduro pagó a Alex Saab 1.369 dólares por metro cuadrado en las casas de 70 metros.

Pero las viviendas de 60 metros cuadrados salían aún un poco más caras. La parte en dólares sumaba 65.192 dólares y la porción en bolívares, 106.897 bolívares, equivalentes a 19.967 dólares, para un total de 85.159 dólares por cada apartamento de 60 metros cuadrados. En este caso, la empresa de Alex Saab facturó cada metro cuadrado de construcción a 1.419 dólares.

Cifras que ha difundido la Cámara Venezolana de la Construcción refieren que el precio internacional de una vivienda de interés social ronda los 45.000 dólares, prácticamente la mitad de los precios de una hecha por Fondo Global de Construcción. En el caso de la Misión Vivienda, el gremio ha indicado que ese precio podría ser aún inferior, ya que las autoridades ceden los terrenos, exoneran ciertos aranceles y no se requieren gastos de promoción, entre otros costos en ese tipo de obras.

Algunos constructores consultados para este reportaje llegan a afirmar que en la actualidad el Ministerio de Vivienda paga a constructoras privadas un promedio de apenas 15.000 dólares por viviendas de interés social, un monto que ni siquiera representa una cuarta parte de lo pagado a Fondo Global de Construcción por sus casas de 70 y 60 metros cuadrados.

Los vecinos de la comunidad conservan el documento original del decreto de Chávez, los planos antiguos, las actualizaciones hechas por Fondo Global de Construcción, junto a las cartas y peticiones enviadas durante años a las autoridades, así como otros papeles, a manera de un archivo de las expectativas defraudadas de la colectividad. Ellos mismos han ofrecido la mano de obra para terminar los edificios que debió completar hace años la compañía de Alex Saab y Álvaro Pulido. “Con este caso nosotros nos hemos echado un saco de cemento al hombro”, satiriza uno de los vecinos en un sentido que roza la literalidad.

La naturaleza del fondo 

Desde su inicio de operaciones en Venezuela, el Fondo Global de Construcción despertó suspicacias. Esos recelos no tardarían mucho en mostrarse justificados. 

Lo que empezó el 28 de noviembre de 2011 con aquella célebre firma de un convenio por parte de un desconocido Saab en el palacio de Miraflores de Caracas, ante Hugo Chávez y el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, y con el entonces canciller y futuro mandatario venezolano, Nicolás Maduro, terminó siendo un entramado con indagaciones judiciales e implicaciones en varios países, menos en Venezuela.

En Ecuador, país desde el que la compañía importaba estructuras prefabricadas para viviendas con tecnología italiana, se investigó a la filial local de Fondo Global de Construcción por posible lavado de dinero, así como exportaciones ficticias a Venezuela, entre otros delitos. Se sospechaba, en realidad, que la operación era una excusa para obtener divisas preferenciales a través del mecanismo de compensación de pagos entre Venezuela y Ecuador, un sistema de canasta de monedas denominada Sucre (por el acrónimo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos). De la justicia ecuatoriana la compañía pudo librarse finalmente en 2016, aunque recientemente el ex fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga, reiteró que eso fue gracias al favor de una jueza.   

“El error no fue de la Fiscalía, el error fue que hubo una jueza que, violando su deber jurídico de aplicar la ley, no lo hizo y fue sentenciada por prevaricato”, declaró Chiriboga en noviembre del año pasado ante la comisión de fiscalización del parlamento ecuatoriano, instancia que retomó la causa de Fondo Global de Construcción como respuesta al ruido por la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos unas semanas antes. 

En Estados Unidos, la operación de Fondo Global de Construcción marcó el comienzo de la caída de Alex Saab. La acusación, formalizada a mediados de 2019, poco después de que Saab finalizara sin acuerdo su intento de colaboración con agentes de la DEA, como se conoció recientemente en documentos judiciales, permitió a la justicia norteamericana solicitar la extradición a Cabo Verde tras confirmarse su detención la noche del 12 de junio de 2020

La investigación en Estados Unidos contra Fondo Global de Construcción marcó la caída de Alex Saab, a quien el régimen de Nicolás Maduro ha intentado proteger con inmunidad diplomática. Crédito: Yuri Cortez / AFP.

Los documentos obtenidos para esta investigación ponen en evidencia las prácticas irregulares a las que Fondo Global de Construcción apeló desde el comienzo para asegurarse un acceso privilegiado a las divisas preferenciales que administró la extinta oficina estatal de administración del régimen de control de cambios, Cadivi. 

De hecho, los papeles sugieren que ese, más que la provisión de servicios como contratista, fue desde temprano el verdadero negocio de la compañía. El Fondo Global de Construcción entró en los burocráticos vericuetos del control de cambio a través de otras empresas, incluso, meses antes de que Alex Saab sellara su pacto en el palacio de Miraflores. 

El 29 de julio de 2011 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y actual ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, aprobó a la compañía ELM Import, una de las usadas por Fondo Global de Construcción para adquirir divisas e importar las estructuras prefabricadas para las casas, un Certificado de No Producción (CNP), trámite indispensable para luego pasar a Cadivi, por 475 millones de dólares, para la importación de 12.500 estructuras prefabricadas de construcción. 

No sólo la fecha es reveladora en ese documento; también las cifras son elocuentes. 

En ese trámite quedó fijado en 38.000 dólares el precio de cada uno de los kits de vivienda, una cifra muy inferior al costo final de las viviendas facturadas luego por Fondo Global de Construcción al Ministerio de Vivienda. 

La inconsistencia o inflación en esos precios continuó. En abril de 2012, ELM Import declaró en aduanas ante funcionarios de Cadivi que 20 estructuras prefabricadas ingresadas por Paraguachón, en la frontera con Colombia sobre territorio de la península de La Guajira, valían 864.300 dólares, esto es, 43.215 dólares por cada estructura prefabricada al incluir el flete y el transporte de la mercancía. Es decir, 5.215 dólares más que lo indicado en julio de 2011 ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. “Cuando comenzó todo, ellos ni siquiera tenían los trámites necesarios para importar y por eso acudieron a otras empresas hasta que finalmente firmaron el contrato en 2014”, explica una fuente conocedora de la actividad de Fondo Global de Construcción. 

Miguel Angel Medina, quien fuera director ejecutivo en Caracas de Fondo Global de Construcción, no respondió la solicitud de entrevista enviada para este reportaje. En el régimen de Maduro tampoco se ha rendido cuentas sobre el contrato de construcción de viviendas, ni de otros negocios que asumió años después Alex Saab como el de la importación masiva de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un negocio también investigado en varias jurisdicciones, o el de las exportaciones del oro venezolano

La propia Fondo Global de Construcción no paró de conseguir contratos. Sin importar los incumplimientos con las casas, obtuvo también el de los gimnasios verticales, aunque al mismo tiempo dejaba de cumplir con la mega fábrica que se acordó instalar en San Francisco de Yare, estado Miranda, para producir las estructuras prefabricadas en vez de importarlas. Como las viviendas en Los Guayos, el proyecto se quedó a medio camino.

Galpones para fiestas

El 19 de octubre de 2017 hubo fiesta en los galpones en los Valles del Tuy de lo que debió ser la fábrica de “kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas”, como se anunció el mismo día que Alex Saab desfiló por el palacio de Miraflores, aquel 28 de noviembre de 2011. 

El motivo de la fiesta fue la juramentación del oficialista Héctor Rodríguez como gobernador del estado Miranda. Aquella algarabía contrasta con la soledad de un día cualquiera en lo que ya es un complejo industrial desvalijado. 

No fue el único evento festivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la sede de la fallida fábrica ese octubre de 2017. Hubo otros de menor envergadura, como los encuentros de los candidatos a diputados de la írrita Asamblea Nacional Constituyente por Miranda, elegidos finalmente el 31 de julio de 2017 por imposición del régimen de Maduro.

Luego de un quinquenio, en San Francisco de Yare (localidad de una población de 50.000 habitantes, mayoritariamente obreros y de clase popular, en el municipio Simón Bolívar), cualquier persona parece saber la ubicación del complejo en la periferia del pueblo, a pocos metros de la sede de otra planta sobre la que hubo mucho ruido pero pocos resultados, la de electrodomésticos Haier en alianza con el gobierno chino. Cualquiera también la identifica como la fábrica de paneles para las casas de la Misión Vivienda, pero nadie la asocia con el nombre de Alex Saab.

Ninguna autoridad ha explicado qué parte de los 190 millones de dólares presupuestados para la fábrica recibió Fondo Global de Construcción. De los seis galpones quedan las bases. Del techo (con cerramiento en sándwich panel, como se describe en documentos de la compañía), nada. Monte y telarañas cubren también lo que iban a ser las oficinas administrativas y una casa modelo. Dentro de ellas quedan los vestigios de la construcción.

“Este movimiento de tierra se hizo, prácticamente, con el movimiento de Haier. Reactivar esto son millones de dólares. Fue una empresa con la que la gente se contentó, porque iba a generar por lo menos 1.500 empleos”, comenta un lugareño. 

Irónicamente, el ocaso de ese proyecto, según los consultados en San Francisco de Yare, comenzó una vez que el PSUV dejó de utilizar los seis galpones como centro de operaciones electorales y de mítines. A partir de entonces, en 2018, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) implementó rondas de guardia que no han impedido el saqueo.

En el edificio de oficinas, arrumados y cobijados por el polvo, están los libros de esas guardias. Estos delatan, como pudo corroborar en el lugar Armando.info, que las rondas policiales eran más un proceso burocrático que de resguardo efectivo. Por ejemplo: luego de una seguidilla de anotaciones en los que se repite el reporte “sin novedad”, un oficial se queja de que, en efecto, ha habido novedades que no eran especificadas por la prisa de los oficiales de la guardia anterior por terminar el servicio.

Otras anotaciones de los años 2018 y 2019 daban cuenta de ladrones que eran sorprendidos en la planta o de materiales, como láminas de zinc, faltantes. Así, a cuentagotas, se consumó el desvalijamiento que terminó de acentuarse en 2020, con la pandemia por la Covid-19.

El día en que el reportero de Armando.info se acercó al lugar, dos vigilantes yacían debajo de un árbol en la entrada de la fábrica. No tenían ni uniformes ni armas. Informaron que sus turnos de guardia no cubren el día completo. “Tenemos orden de salir a las 6:00 de la tarde”, dijo uno de ellos.

En frente de los galpones, donde debía estar la fábrica, está la base de cemento en la que se construirían los almacenes. Fue la parte del proyecto que quedó en una etapa incipiente. Lo demás fueron avances y una inversión en materiales costosos. “Si tú ves, esto no tiene mantenimiento y está llevando sol y lluvia y todavía está en pie. Así serán de buenos los materiales. Pero si no lo reactivaron antes, cuando había una bonanza, menos ahora”, dice un lugareño consultado.

Los 145.000 metros que tiene el terreno y que ya no sirven ni al PSUV ni a la cruzada de construcción de viviendas, están ahora a merced de un desmantelamiento final o, como temen algunos habitantes de San Francisco de Yare, a punto de convertirse en un barrio improvisado: “Esto está así porque la gente no lo ha descubierto, porque, si no, vienen y lo invaden”.

Allí, a diferencia de las casas inconclusas en Los Guayos, ni siquiera hay afectados de los incumplimientos de Fondo Global de Construcción y Alex Saab. 

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