Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
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Cuando Kristina Antonorsi Quintero aterrizó en Venezuela procedente de Madrid, funcionarios policiales la esperaban al final de la pasarela por la que desembarcaron los pasajeros de ese vuelo de la aerolínea Plus Ultra en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Era el 9 de octubre de 2022, y estaban presentes representantes del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.
Los cargos contra la empresaria de 31 años eran por legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible, tráfico ilícito de materiales estratégicos y estafa agravada, según trascendió en una nota de prensa publicada en el diario oficialista Últimas Noticias. Tan grueso fue el caso que, además de generar ese despliegue, llevó a que Antonorsi fuera presentada el mismo día de su aprehensión, un domingo, ante el Tribunal Segundo de Control de La Guaira. Este se declaró incompetente y la remitió de inmediato a Caracas.
Fue el martes 11 de octubre de 2022 cuando por fin Kristina Antonorsi llegó ante un juez. Se trataba de Carlos Liendo, titular del Tribunal Segundo de Control Antiterrorista. El acusador por el Ministerio Público era el Fiscal 73 Nacional, Jean Karín López, una persona de mucha confianza de las autoridades oficiales a la hora de asignar casos salidores. López, por ejemplo, ha llevado la causa contra Roland Carreño, periodista y activista político detenido desde octubre de 2020.
A Antonorsi se le imputaron entonces los delitos que quedaron registrados en el expediente número 065-22. Esos cargos los explicaba la misma nota de prensa que, citando a “fuentes judiciales” sin identificar, apuntó que Antonorsi era parte de “un grupo de delincuencia organizada, que mediante artilugios, comercializaron de manera ilícita el crudo asignado por Pdvsa para su venta a la empresa Arco Services”.
Así fue como, en medio del calvario judicial de Kristina Antonorsi, surgió por primera y única vez en público el nombre de la poco conocida Arco Services C.A., que opera en el estado Monagas -estado petrolero del oriente de Venezuela- desde hace más de una década y cuenta con compañías homónimas en Ecuador y Colombia.
La misma versión de prensa, que circuló una semana después de su detención, agregaba que Antonorsi actuaba como “intermediaria” y se ofreció “para colocar ese crudo en China a través de Aetos Shipping, quien ofertó dos buques para cargar 1.900.000 barriles de crudo”, de los que, sin embargo, solo habría cargado un tanquero. Todo lo habría hecho, siempre según esa versión de prensa, a través de “alteraciones de facturas”, en las que “especuló con el contrato para incrementar el costo de los servicios y comercializar incumpliendo los parámetros establecidos por Pdvsa”.
Este proceso penal representa otro descalabro en la campaña llevada a cabo por la estatal petrolera, Pdvsa, para contar con los servicios de intermediarios alternativos a los tradicionales del mercado y que se mostraran dispuestos a comerciar de modo de esquivar las sanciones internacionales impuestas a la compañía y al régimen de Caracas.
Tras su captura e imputación, nada más se ha informado al público sobre el proceso que se le sigue a Kristina Antonorsi. Así de hermética fue también otra investigación que se le hizo a la empresaria hace un año, que la obligó a salir de Venezuela y terminó con el sobreseimiento de una causa judicial de la que no se conocen los delitos.
Una fuente que sigue los pasos de Antonorsi afirma que ella permanece recluida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, un vecindario industrial del noreste de la capital, y que se enfrenta a una pena de al menos 10 años.
Dos semanas después de su detención, la oficina principal de Antonorsi en el Centro Banavén -conocido coloquialmente como el Cubo Negro, en el sector Chuao del sureste de Caracas- se encontraba cerrada.
La defenestración de Antonorsi, implacable y quizás definitiva, marca un destino inesperado para un grupo empresarial que no hacía más que crecer al amparo del favor oficial.
El holding familiar-corporativo que contribuyó a crear, Grupo Orinoco 2021 C.A., y al que Armando.info ya había hecho seguimiento, tenía su siamesa en Miami con el nombre de GO Group LLC, y concentraba operaciones en diversos ramos a través de un dédalo de no menos de 40 empresas. Desde el área de seguros hasta el automotriz, pasando por el sector de alimentos, operaciones y asesoría financiera, cubría distintos frentes en cuanto a la prestación de servicios profesionales. Hasta logró alianzas estratégicas con el Ministerio de Industria y Producción Nacional para el impulso de una empresa socialista de productos de limpieza, ubicada en Maracay, capital del estado Aragua.
La novedad que la reciente caída en desgracia de Antonorsi permitió conocer es que su emporio en expansión incluía el negocio petrolero, el único de escala global todavía en una Venezuela depauperada y una industria que opera bajo mínimos históricos.
Pero, ¿por qué con Arco Services? ¿Cómo se conectó Antonorsi con esa empresa en concreto?
A principios de 2021, Arco Services C.A. fue una de las empresas privadas que mostró interés en negociar “nuevos acuerdos” petroleros con el régimen venezolano. Una nota de Reuters confirmaba entonces que hubo conversaciones entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y la compañía para operar en campos propiedad de la estatal Pdvsa, aunque no estaba claro si “realmente firmó los contratos en discusión”.
Pese a su bajo perfil, algún éxito se anotó Arco Services C.A. en sus tratativas de negocios con Pdvsa. Es lo que se deduce de una serie de documentos filtrados a los que tuvo acceso Armando.info para un reportaje anterior, y según los cuales la sucursal en Ecuador de Arco mantenía en agosto de 2022 una deuda con la estatal venezolana de 49 millones de dólares por comercialización y distribución de petróleo desde 2021. Estas fueron “cuentas por cobrar” de los despachos de crudo que entraron en un esquema de cobranza anticipado o de contado.
De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la empresa de Monagas inició operaciones como proveedora de servicios de transporte y carga para distintas petroleras en 2008, y dos años después se relacionó de manera directa con Pdvsa por el alquiler de camiones y retroexcavadoras en campos de las distintas empresas mixtas de la región. “Una de las operaciones en Maturín es el vacuum de crudo -equipo especializado para aspirar hidrocarburos y transportarlos en una cisterna-, además hace ‘trasegado’ de combustible y transporta alimentos”, explicó una fuente de la empresa que pidió anonimato a Armando.info.
Entre 2010 y 2016 su actividad se concentró casi en exclusiva en Pdvsa y sus empresas mixtas. En el RNC hay una descripción de los trabajos realizados para Petrojunín, Petrodelta, Petrocarabobo y Petromonagas en la movilización, transporte de tuberías y equipos de vacuum. Según puntualizó un trabajador de la empresa, cuya identidad se mantiene en resguardo, Arco Services C.A. tuvo su peor año en 2015, aunque nunca abandonó el transporte de alimentos. “Traían productos empacados de Brasil a Maturín: arroz, azúcar, aceite, harina de trigo entre otros”, y siguieron durante la pandemia de la covid-19.
El bache terminó en 2017. Entonces, Arco Services continuó con sus contratos mientras añadía a Petroindependencia a su portafolio de clientes. Además, suscribió una alianza estratégica de servicios integrales con Pdvsa para operar en las estaciones de Jusepín y Musipán, ambas al norte de Monagas, siempre según datos del RNC. Estas últimas operaciones están mencionadas como alquiler de generadores eléctricos para las petroleras y equipos para “facilidades temporales en centros de producción”.
En 2018, Arco Services C.A. obtenía una de las cinco adjudicaciones directas para garantizar la producción de crudo con la estatal Pdvsa, de acuerdo con unos documentos publicados por EVTV, un canal de Miami que sirve a la diáspora venezolana. En el reportaje se mostraba que la primera empresa en recibir las contrataciones fue Well Service Carvallino C.A. que luego mantuvo alianza con otras contratistas del Estado, entre ellas Arco Services C.A. Los papeles mostrados por el medio informativo explican que se trató de un acuerdo de servicio conjunto con Pdvsa, por seis años, “para la ejecución de los trabajos en el área Bare-Arecuna-Kariña”. Finalmente, fue el 25 de junio de 2020 cuando Arco Services C.A., firmó con Pdvsa.
En la actualidad, “[Arco Services C.A.] está en Petroboquerón, Morichal y Punta de Mata”, todas zonas petroleras del oriente del país, puntualizó la fuente.
Arco Services C.A. fue constituida en 1999 con sede en Maturín, la ciudad capital de Monagas. Es una empresa familiar que en sus inicios compartían Luis Rengel Velásquez y su hijo, Luis Rengel Gamboa. En la actualidad, 99% de sus acciones está en manos de Rengel Gamboa, mientras reserva 1% a sus hermanas, María Valentina y María Mercedes.
En 2013, la empresa amplió operaciones fuera del país. Abrió Arco Services Ecuador, que se mantuvo activa hasta 2021 y se presentaba como una compañía con más de 20 años de experiencia en “la renta de facilidades de producción, construcción de instalaciones industriales, operación y mantenimiento”. En su sitio web aseguraba tener presencia en Colombia y Venezuela, “además de desarrollar alianzas estratégicas con proveedores comprometidos de la región y en USA”.
De acuerdo con el sitio web Ecuador Legal Online, la empresa tenía como representante legal al venezolano Luis Humberto Gómez Gómez, ingeniero químico egresado de la Universidad de Oriente, quien ocupó a la par el cargo de gerente general en Arco Services C.A., en Maturín, según su perfil de Linkedin. Armando.info intentó contactarlo por la red social pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
El directorio empresarial de Colombia registra una empresa Arco Services Colombia S A S, al menos desde 2016 en Bogotá, y que fue constituida para mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipos.
Las empresas del holding de Arco Services no fueron las únicas flechas que la familia Rengel tiró para servir como contratistas del Estado.
En 2007 constituyeron LAR Equipos y Estructuras C.A., que tiene espejos en Florida como LAR Group INC, de 2016, y en Texas como LAR Equipment and Services LLC, de 2011. Otra compañía fue Iso Motors, que trabajó de la mano con otra, Osaka Motors, concesionario de su propiedad para cubrir todo el ramo de transporte. Esto lo confirmó uno de los trabajadores de la empresa: “Son los dueños de la Mitsubishi en Maturín”. Su oficina está en el edificio Mitsubishi de la capital de Monagas, que también aparece en los registros como edificio Arco.
La misma fuente afirma que los Rengel tienen una flota de transporte que incluye todo tipo de vehículos, hasta embarcaciones náuticas. “Ellos transportaban alimentos para Colombia, pero como tienen gandolas también cargan combustible”. Añadió que “se estaban metiendo con exportaciones de madera”.
En Miami, LAR Group INC tiene como directores a los dos Luis Rengel, padre e hijo. En los registros aparece la incorporación de esta empresa en la jurisdicción de Delaware -un virtual paraíso fiscal en territorio continental de Estados Unidos- desde 2008. En los registros de Texas, junto al nombre de Luis Rengel Gamboa, está el nombre de María Valentina Pinto, quien aparece como broker y asesor de inversiones para Morgan Stanley desde finales de 2022.
Enterrados en los buscadores web se consiguen los carteles de una demanda que tiene TBB International Bank Corp contra Arco Services C.A. en Puerto Rico. Los carteles publicados en un medio de la isla son de agosto de 2021, donde increpan a Rengel Gamboa y Rengel Velásquez por el pago de una deuda.
Luis Rengel, presidente de Arco Services respondió a Armando.info que “por recomendación de nuestros abogados, no podemos emitir opiniones, responder cuestionarios y/o conceder algún tipo de entrevista relacionado a los temas que usted menciona en su email, ya que estos están vinculados a procesos judiciales que están en marcha. Lo único que podemos decir acerca de lo planteado es que creemos en la justicia y dejamos en manos de las autoridades la decisión del caso”, haciendo referencia al caso de Kristina Antonorsi.
De vuelta al disparador de esta historia, Kristina Antonorsi, se detecta otra trama que se entreteje alrededor de la empresaria.
Antonorsi fue denunciada en España por Salvador Pimentel Roja, abogado y representante legal del Observatorio Venezolano Económico contra la Legitimación de Capitales (Asoveca), con sede en Madrid, quien le ha seguido la pista a los negocios de la empresaria venezolana por “usar el sistema financiero español”, según comentó a Armando.info. De acuerdo al denunciante, el papel de Antonorsi como “intermediaria” consistía en hacer de asesor financiero de diversas compañías y desviar cuentas a Dubai, donde Antonorsi tiene al menos tres empresas.
“Ella [Antonorsi] tiene residencia emiratí [por los Emiratos Árabes Unidos], es decir, debería estar entrando cada seis meses a cualquier emirato para mantener la vigencia de la visa de residente”, explicó el jurista. La empresa de asesoría, según se desprende de sus investigaciones, fue la que le permitió a Kristina Antonorsi obtener la visa y manejar cuentas, guardar el dinero y emitir facturas. “Es muy sencillo mantener una cuenta en Dubai, ella [Antonorsi] iba a Dubai con mucha frecuencia, tenía 20 días de haber llegado de Dubai [a Madrid] cuando se fue para Caracas”, puntualizó.
Con “la empresa de asesoría” alude a Orchid Star Investment, registrada en diciembre de 2020 tanto en Dubai como en Miami, una de las pocas compañías que Antonorsi constituyó en los últimos tres años. Al menos en papeles, las empresas que tenía en el estado de Florida han pasado a manos de su hermana, Susana Antonorsi, y su padre, Raúl Antonorsi.
En la denuncia de Asoveca contra Kristina Antonorsi en España se incluyen los nombres de otros venezolanos: Jean Carlos Paredes Marshall, residente en Estados Unidos, principal socio en Grupo Orinoco 2021 (GO Group) y primo de Antonorsi; Geraldine Calles, contadora y residente en España; y Luis Salvador Velásquez Rosas, conocido como el rey de la cabilla por participar en un caso de corrupción cuando era gerente de comercialización de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), actualmente viviendo en España.
El abogado dijo que tenía dos años detrás de la investigación de Velásquez cuando se topó con el nombre de Antonorsi, porque “cruzando cuentas con cuentas” se relacionaron ambos.
Ahora toca esperar la evolución del caso de Kristina Antonorsi, que se le sigue por legitimación de capitales en Venezuela, entre otros cargos que desacreditan su cultivada imagen de inversionista financiera.
La promoción ‘Coronel Miguel Antonio Vásquez’ de la Academia Militar es un espejo que refleja la encrucijada que depara la llamada Revolución Bolivariana. A la primera cohorte de oficiales del Ejército graduada bajo el chavismo, que tuvo como padrino al propio Hugo Chávez, el fallecido mandatario le asignó un destino privilegiado que solo a medias se ha cumplido: mientras una parte, comandada por el coronel Antonio Pérez Suárez, número 114 del escalafón, ocupó hasta hace poco cargos clave en la petrolera estatal, otra, simbolizada en el teniente coronel Igbert Marín, número uno de la promoción, vive la cárcel y el exilio.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” y, de ahí, a los muelles de las refinerías de Pdvsa. El abrupto y variado ascenso de los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP, tiene su más reciente expansión en los complejos refinadores petroleros, en los que los contratos son aprobados por funcionarios militares cercanos al chavismo.
Los Antonorsi Marshall tienen puestas varias picas en negocios de alimentos, petróleo, servicios y hasta productos de limpieza, entre otros. Pero parte de ese emporio tuvo origen en el último balido de la moda agroindustrial chavista, la cría y explotación de cabras. El patriarca del grupo, Raúl Antonorsi, no aparecía en el radar de la atención pública antes de 2016. Solo entonces empezó a experimentar un auge que abarca también a una de sus hijas y a un primo de esta, todos bajo la tutela del superministro del sector y ex comandante del 4F, Wilmar Castro Soteldo, apóstol de una especie de 'capitalismo rojo'.
No solo la suerte ha favorecido a Luis Aníbal Velásquez Rosas. Con solo 25 años de edad, el hermano menor del llamado “Rey de la cabilla” ostenta uno de los cargos más codiciados de Venezuela: la presidencia de la lotería más grande del país. Su designación fue un traje a la medida, los diputados regionales modificaron con premura una legislación que regía este cargo para que este joven cumpliera con el perfil. Antes, solo era conocido por ser ancla de la emisión juvenil de Globovisión y por figurar como manager del cantautor Hany Kauam. Hoy es investigado por la Fiscalía de República Dominicana por presuntamente estar involucrado en préstamos fraudulentos hechos por el Banco Peravia.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Socio mayoritario del holding Arco Services (Venezuela, Colombia y Ecuador). Además, del Grupo LAR: LAR Equipment And Services (Texas), LAR Group INC (Florida) y LAR Equipos y Estructuras C.A. (Venezuela).
Empresa familiar de la familia Rengel prestadora de servicios petroleros y de transporte con sede en Maturín, estado Monagas. Se ha dedicado al transporte de crudo y combustible. Posee sedes en Ecuador y Colombia.
Empresaria venezolana y contratista del Estado. Socia del holding Grupo Orinoco 2021 C.A. que llegó a reunir al menos 44 sociedades en Venezuela y Estados Unidos hasta 2021. Actualmente detenida por cinco delitos, entre ellos estafa a Pdvsa.
