Una desconocida empresa llamada Salva Foods 2015, creada meses antes de que Nicolás Maduro asomara su idea de establecer una red de tiendas para el programa estatal de los Comité Locales de abastecimiento y Producción (CLAP), es la beneficiaria actual de ese negocio. Se llaman Tiendas CLAP y se confunden con una empresa estatal, con expendios de alimentos en los que alguna vez fueron locales de los Abastos Bicentenario. Detrás de esa operación reaparece la sombra de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes desde inicios de 2017 están vinculados a los CLAP gracias a una fantasmal sociedad registrada en Hong Kong.
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Al apenas entrar se confirma el engaño. El color verde reemplaza al rojo revolucionario y, pese al nombre, no se trata de una empresa pública. Los elevados precios y la escasa variedad replican la escena de cualquier supermercado en una Venezuela sumergida en la hiperinflación y el desabastecimiento. Pero no es un supermercado cualquiera ni es otro local del Gobierno chavista. Detrás de las llamadas Tiendas CLAP, la red de abastos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), reaparece la sombra de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, quienes figuran entre los grandes importadores privados de alimentos para los programas gubernamentales.
Por medio de una desconocida compañía llamada Salva Foods 2015 controlan lo que por encima parece una franquicia del plan estatal para “privatizar” cadenas públicas de expendios de alimentos como la de Abastos Bicentenario -construida en parte sobre el chasis de lo que fue el negocio en Venezuela de los Alamacenes Éxito-. Salva Foods se suma a la fantasmal Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong, con la que el dúo empresarial se convirtió desde comienzos de 2017 en proveedor de millones de cajas CLAP gracias a dos contratos suscritos con el Gobierno de Nicolás Maduro, así como también de medicamentos de la India por otro acuerdo con el Ministerio de Salud.
La fórmula para adueñarse de este otro eslabón del negocio se repite. Ni Saab Morán, ni Pulido Vargas poseen acciones en Salva Foods, pero varios indicios conducen hacia ellos. Es una trama empresarial con muchas piezas, armada cual rompe cabezas.
Para constatar que Salva Foods es la propietaria de las Tiendas CLAP basta con comprar en alguna de las nueve sucursales que están en Caracas. Además del nombre de la compañía, en las facturas aparece una dirección, que fue la misma que mostraba su primer Registro de Información Fiscal (RIF). En principio, parece conducir a una oficina cualquiera en el Centro Banaven, conocido coloquialmente como el Cubo Negro, un complejo empresarial al sureste de la capital venezolana. Pero no es cualquiera: se trata de la misma dirección publicada en el website, hoy inactivo, de Group Grand Limited, luego de que Armando.info descubriera que esa sociedad tenía inicialmente la misma sede del Fondo Global de Construcción, otra corporación con la cual Saab Morán y Pulido Vargas se convirtieron en contratistas del chavismo en 2011
Con todo, el domicilio es erróneo. Al menos es lo que sostienen en el Centro Banaven. Allí niegan que alguna vez alojaran a Group Grand Limited o a Salva Foods. La oficina de esta última se encuentra, en realidad y, en definitiva, en el Centro Altamira, otra torre de oficinas en el noreste de Caracas.
Equivocación o no, la del Centro Banaven no será la única coincidencia entre las dos empresas. El número telefónico de las facturas emitidas por Group Grand Limited al Gobierno venezolano por los millones de combos de alimentos provenientes de México lo atiende Carlos Rolando Lizcano Manrique, un empresario nacido en Cúcuta (Departamento de Norte de Santander, noroeste de Colombia), de 47 años de edad, y que es el dueño de Salva Foods.
Carlos Rolando Lizcano Manrique también posee empresas en Colombia y Panamá. Hace un año en una breve conversación telefónica negó que Group Grand Limited estuviera relacionada a Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, y se limitó a afirmar que era una empresa de Hong Kong. Sin embargo, los papeles del registro mercantil de esa jurisdicción revelaron que Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Saab Morán, fue beneficiario de la sociedad desde 2015 hasta el 24 de febrero de 2017. Posteriormente, Armando.info descubrió que la apoderada de la empresa ante el Gobierno de Maduro es Andreina Fuentes Mazzei, quien también es directiva en Fondo Global de Construcción, y que un hijo de Álvaro Pulido Vargas fue apoderado de una sucursal de Group Grand Limited creada en México.
Que Carlos Rolando Lizcano Manrique responda el teléfono de Group Grand Limited, entonces, no parece cosa del azar. Hay, además, otra coincidencia: su Registro de Información Fiscal (RIF) tiene la misma dirección del RIF de la sociedad registrada en Hong Kong y que es la reportada en algunos manifiestos de carga. Ser los principales proveedores de las cajas CLAP con contratos para la Gobernación del Táchira y el Ministerio de Alimentación por alrededor de 700 millones de dólares no fue suficiente. Faltaba otra pieza en la trama.
Carlos Rolando Lizcano Manrique es el propietario de Salva Foods, la dueña de la franquicia para las Tiendas CLAP. Desde el 3 de agosto de 2017 asumió la totalidad de las acciones, valoradas en 2.000 millones de bolívares. La había inscrito inicialmente con un capital de 500.000 bolívares junto a José Rolando Higuera Lizcano el 23 de junio de 2016, siete meses antes de que Maduro asomara en público su idea: “Vamos a convertir Mercal, Pdval, (Abastos) Bicentenario y todo nuestro sistema en un sistema de tiendas de los CLAP (…) Yo llamo a todos los sectores que quieren seguir trabajando en Venezuela a que se sumen a esta nueva dinámica”, planteó en enero de 2017 durante su discurso de Memoria y Cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La sentencia del mandatario contra Abastos Bicentenario, cadena surgida de la expropiación decretada por Hugo Chávez contra los activos del francés Grupo Casino y por la cual la República pagó 690 millones de dólares, llegó un año antes. “Abastos Bicentenario se pudrió, así lo digo y ordeno una reestructuración total y absoluta, y convertir los Abastos Bicentenario en los centros de distribución directa de los mercados comunales y las comunidades en manos de las comunas y de los consejos comunales”, proclamó Maduro en febrero de 2016. “Asumo toda la responsabilidad”, insistió. Cuatro meses después nació Salva Foods y eso parece haber bastado para cambiar el destino de Abastos Bicentenario.
Aunque sólo fue hasta el 9 de noviembre de 2017 cuando apareció en Gaceta Oficial un decreto firmado por Rafael Campos Cabello, primo del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y presidente encargado desde el 1 de junio de 2017 de Abastos Bicentenario, para “constituir el comité de licitación para la venta y permuta de bienes públicos la sociedad mercantil Red de Abastos Bicentenario S.A (Rabsa)”, en la asamblea de accionistas de Salva Foods del 3 de agosto de 2017 se listaron hasta diez sucursales en la Gran Caracas (Distrito Capital, y los estados de Vargas y Miranda) donde se colocaría la marquesina de Tienda CLAP. Algunos de esos locales pertenecían a Abastos Bicentenario, como la ubicada en el edificio Mohedano del complejo Parque Central, en el centro de la capital venezolana.
La razón por la que esos establecimientos pasaron a manos de Salva Foods cuando aún no se había publicado el decreto de liquidación, no está clara ni siquiera para los trabajadores de Abastos Bicentenario, quienes tras dos años de agonía y desinformación ahora avizoran despidos masivos. “Los comités (CLAP) adquirieron, a través de una franquicia, las sucursales de Macaracuay, Tamanaco y Guarenas de (Abastos) Bicentenario, y en lugar de absorber la nómina, despidieron a los empleados”, denunció Jonathan Yulden, integrante del sindicato, según reseñó el 27 de julio el diario La Verdad del estado de Vargas -litoral vecino al norte de Caracas-.
Ese mismo día representantes sindicales de Abastos Bicentenario se reunieron con autoridades del Ministerio del Trabajo y les confirmaron la noticia. “Nos revelaron que la red de Abastos Bicentenario está vendida, se la vendieron a una empresa privada, todas las tiendas sin excepción están vendidas, los van a botar a todos”, resumió en un audio que circuló vía Whatsapp uno de los asistentes al encuentro. “El Estado no pudo con la red de Abastos Bicentenario y la cedió a la red privada, se la vendió a la red privada”, remató. Esta semana los trabajadores volvieron a protestar en Caracas. Salva Foods apenas tiene una “nómina promedio anual” de tres trabajadores según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Ni Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni la gerente general de Salva Foods, Betsy Desiree Mata Pereda, atendieron la solicitud de entrevista para este reportaje. Mata Pereda, venezolana de 37 años, también está relacionada con otras empresas que, a su vez, conectan con Saab Morán y Pulido Vargas, a quienes en agosto de 2017 la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz acusó de manejar Group Grand Limited a nombre del propio Maduro. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre: Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”.
A comienzos de año el portal de izquierda Aporrea.org recogió algunas voces de lo que se avecinaba. “La realidad les golpeó en el rostro cuando empleados y gerentes de dicha empresa (Salva Foods) les hicieron saber que no tenían nada que ver con el Estado venezolano y que el nuevo establecimiento pertenecía a un nuevo consorcio colombiano”. El relato abrió algunas interrogantes: “¿Bajo qué negociación se pudo vender hasta el nombre de los CLAP a los nuevos dueños de estos establecimientos? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Por qué se hizo esta negociación a espaldas del pueblo y sin dar ningún tipo de información? ¿Es que acaso se piensa en privatizar a todas las empresas del Estado?”.
Las preguntas siguen sin respuesta y Maduro insiste en su idea. “Hay que articular el sistema, hay que articularlo en la práctica, los CLAP ampliados, las ferias del campo soberano, la alianza con el sector privado, las tiendas CLAP y todos los sistemas de mercados municipales que se pongan al servicio del abastecimiento y de la satisfacción de nuestro pueblo”, expresó en abril pasado.
La percepción de los consumidores es otra. Acuden en busca de productos subsidiados, pero no consiguen siquiera alguno con un precio cercano a los 25.000 bolívares que cuesta la caja CLAP con los 11 artículos. A finales de junio en las sucursales de Los Símbolos y San Bernardino, ambas en Caracas pero que no figuran en las listadas por Salva Foods en su expediente mercantil, un kilogramo de leche en polvo marca Torondoy costaba 4,2 millones de bolívares, casi el salario integral de un trabajador. La margarina y la mayonesa marcaban 2,2 millones de bolívares, mientras que una lata de sardina, uno de los ítems más económicos, llegaba a 385.000 bolívares. “Por favor, revisen el local donde funcionaba Abasto Bicentenario en San Bernardino, ahora funciona Tiendas CLAP pero realmente es una empresa privada llamada Salva Foods 2015 C.A y por su puesto cambian los precios todos los días”, se quejó el 26 de junio vía Twitter una usuaria a Freddy Bernal, el jefe nacional de los CLAP. Un mes después otra consumidora reclamó en la misma red social al propio presidente de la República. “Las tiendas CLAP no existen, son de una cadena colombiana que pone el precio que quieren”.
Al igual que en otras redes privadas, en las Tiendas CLAP se trata de disimular el desabastecimiento. Es frecuente ver anaqueles repletos de un solo producto en hileras interminables como fórmula para llenar espacios que de lo contrario estarían vacíos. Algunos de esos artículos tienen el sello de Empresas Polar, el mayor conglomerado privado del país, pero satanizado con frecuencia por voceros del chavismo. En otros establecimientos es más difícil disimular la situación y hay espacios inhabilitadas o cerrados para el público a la espera de mercancía.
“En Salva Foods importamos productos para mejorar tu calidad de vida”, resume la empresa en su website a pesar de que en Venezuela es casi imposible importar por el rígido control de cambio vigente desde 2003 y que ha provocado el abandono de varias trasnacionales en los últimos años. Pero esa es la única descripción que ofrece sobre sus actividades.
Registros de Importgenius, base de datos del comercio internacional, prueban que la compañía ha comprado en México y Colombia productos para los CLAP a proveedores como Grupo Brandon, Rice & Beans o Almacenes Vaca. A ellos también han recurrido la propia Group Grand Limited y otros de los intermediarios contratados por el Gobierno venezolano para la importación de la mercancía. Fuentes consultadas creen que Salva Foods vende esa mercancía al Gobierno, haciendo las veces también de intermediaria. Otra prueba de que Saab Morán y Pulido Vargas lograron armar un entramado empresarial con el cual lograr una participación total en lo que Maduro asegura es una “salvación”, pero para ellos es nada más que un negocio.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
