El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
Carabobo, la emblemática marca de lácteos y jugos, se convirtió en marzo de 2019 en otro trofeo de la campaña de adquisiciones bajo cuerda de Alex Saab Morán en Venezuela. Su mano alcanzó entonces a la Corporación Inlaca, dueña de la marca, y una de las empresas de más larga tradición en el sector de productos de consumo masivo del país.
Mientras Saab espera su posible extradición a Estados Unidos desde la isla de Sal en Cabo Verde, donde fue detenido el 12 de junio de 2020 a petición de Washington, y en Caracas el chavismo trata de convertir su cautiverio en una cause célebre, centenares de trabajadores de Corporación Inlaca temen por el futuro de la compañía, cuya producción se ha desplomado durante meses y que desde el 30 de noviembre pasado quedó paralizada indefinidamente en su planta principal de Valencia, capital del estado Carabobo y de la industria ligera venezolana.
Este hiato anticipa un final poco apropiado para un emprendimiento que nació en 1949 como resultado de una asociación entre la familia Maldonado, ganaderos y hacendados con participación también en el sector de seguros, y el brazo inversor de Nelson Rockefeller -el magnate petrolero con múltiples intereses para la fecha en Venezuela-, y cuyas marcas, líderes durante décadas, han tenido presencia continua en la despensa nacional.
Hace casi dos años, en marzo de 2019, Corporación Inlaca anunció en un escueto comunicado su venta a la desconocida Mirona Food FZE, registrada apenas meses antes en los Emiratos Árabes Unidos, pero descrita en el boletín como una “compañía internacional de alimentos”. Con ello se interrumpió en seco la participación de los Maldonado en la empresa, que ya en 2014 habían buscado apalancamiento mediante una alianza comercial con Fonterra, gigante neozelandesa de lácteos.
“Fonterra y nuestros socios, que han tenido una larga y orgullosa historia en Venezuela, encontraron en Mirona Food un comprador que continuará adelante con la visión de Inlaca y que seguirá adelante con lo que ha sido nuestro objetivo a lo largo de estas siete décadas”, decía el texto. La operación, entonces, ocurrió cuando Saab ya era “enviado especial” del régimen de Maduro, de ser cierta la versión que esgrime su defensa. El monto del traspaso nunca se reveló, pero osciló entre 16 y 23 millones de dólares, según algunas fuentes.
Como en ese momento se estaba produciendo una verdadera oleada de deserciones de trasnacionales que abandonaban el otrora atractivo mercado venezolano, disuadidas por las arbitrariedades del “modelo socialista” y por la interminable crisis iniciada en 2013, el cambio de manos en Corporación Inlaca pasó inadvertido. A la larga, un detalle distinguiría esta operación: la presencia de Alex Saab, como en muchas otras tramas de negocios bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Eso, sin embargo, no fue evidente al inicio. Ni siquiera a los empleados de Inlaca se les informó quién era en verdad el nuevo dueño. El tiempo se encargó de ir erosionando la versión oficial que se ofreció desde un principio, según la cual Mirona Food FZE era un “consorcio colombo-libanés” -precisamente, las raíces ancestrales de Saab-. “A la clase obrera nunca se le dijo quiénes son los dueños de la empresa, pero por el hermetismo presumimos que todo apunta a la persona que está detenida en África”, afirma un dirigente sindical que prefiere el anonimato por temor a represalias. El temor es tan patente que el entrevistado, conociéndolo, nunca se atrevió a pronunciar el nombre de Alex Saab.
Pero a estas alturas ya no quedan dudas que despejar. Los rumores arrecian entre el personal y documentos obtenidos para este reportaje los confirman: Alex Saab es el patrón tras bambalinas de Corporación Inlaca, que agrupa marcas emblemáticas para los venezolanos como la propia Carabobo o Mi Vaca, producidas en la planta de Valencia y en una segunda en el estado Yaracuy.
Como en las millonarias contrataciones y negocios que le ha otorgado Maduro en distintas áreas, Saab evitó aparecer en los papeles de la compra de Inlaca, pero se le puede llegar por mampuestos.
Dos nombres son claves de esta historia: Jorge Arraut Guerrero y Mario García Palacio. El primero es un ingeniero industrial que asumió la dirección de Inlaca nada más se materializó el traspaso en marzo de 2019; el segundo es un abogado de 37 años que hizo las veces de apoderado de la emiratí Mirona Food FZE en la operación de compra de los activos de Inlaca. Como el propio Alex Saab, ambos nacieron en Barranquilla, la capital portuaria del departamento del Atlántico, sobre el Caribe colombiano. Pero el terruño no es lo único que une al trío.
En el currículo de Jorge Arraut sólo destacan cargos en el mundo empresarial colombiano. En esa hoja de vida resulta decisivo su paso por Trenaco, otra compañía que Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, controlaban desde las sombras, mientras que Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá y dirigente de izquierda, Gustavo Petro, daba la cara como su propietario y presidente. En 2015, Trenaco, con personalidades jurídicas en Suiza y Colombia, salió del anonimato tras obtener un multimillonario contrato de Pdvsa para la explotación de pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Justo antes, entre febrero de 2012 y septiembre de 2013, Arraut se desempeñó como director financiero de la empresa, según exhibía en su perfil de la red social LinkedIn.
Aunque todavía en 2015 el propio Saab negaba a la agencia Reuters que tuviera relación con esa petrolera, años después declaró al diario El Tiempo de Bogotá que el negocio con la estatal venezolana se cayó “porque yo no tenía la capacidad financiera para hacer esa inversión”. Con el negocio de suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) ocurrió algo similar: desde 2017 negó su participación, pero tras su detención en Cabo Verde lo admite.
Ese de Trenaco ahora luce como el primer gran intento de Saab por entrar en el negocio del petróleo, el cotizado -con sus altas y bajas- commodity del subsuelo venezolano. El ensayo, frustrado, lo condujo a la larga a crear la sofisticada red que diseñó y puso en marcha en 2019 para comercializar, eludiendo los efectos de las sanciones internacionales impuestas sobre el régimen de Caracas, el crudo y otros productos de Pdvsa alrededor del mundo. Trenaco también sirve para trazar la conexión entre Arraut, el flamante gerente de Inlaca, y el séquito de negocios de Saab.
De acuerdo a testimonios recogidos entre el personal obrero de Inlaca, a Jorge Arraut se le podía ver llegando a la planta de Valencia con una escolta de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política del chavismo), una prerrogativa poco frecuente para ejecutivos de ese sector y que delata sus conexiones con el poder político. Sin embargo, desde meses antes del cierre de la planta, los trabajadores no saben de él. Algunos fechan su desaparición en los mismos días en los que Saab quedó bajo arresto en Cabo Verde, hace casi ocho meses.
Como ya se dijo, la de Jorge Arraut no es la única corresponsalía de Alex Saab en Corporación Inlaca. Mario García Palacio, el apoderado de Mirona Food FZE, la compañía que adquirió a Inlaca en marzo de 2019, es otra pieza del engranaje de colaboradores y sociedades levantado por Saab alrededor del mundo para sus negocios con el chavismo.
García Palacio fue director de dos sociedades británicas en ese andamiaje transnacional. En Mulberry Capital Partners Limited, homónima a la turca Mulberry Proje Yatirim con la que Saab sustituyó a Group Grand Limited en el negocio de los Clap, compartió directorio con Betsy Mata Pereda, vinculada también a la estructura de Saab y Pulido para el negocio de las Tiendas Clap, la cadena detallista privatizada a partir de los restos de la estatal Abastos Bicentenario.
En Kinloch Investments Limited, Mario García incluso alternó en el directorio con Camilla Fabri y Lorenzo Antonelli, esposa y concuñado de Saab. Este último figura en las compañías turcas con las que Saab y Pulido manejan también el negocio del oro y carbón venezolano, así como en Adon Trading FZE, también de los Emiratos Árabes Unidos, con la que Saab incursionó en la venta de fertilizantes.
Kinloch Investments Limited fue, precisamente, la sociedad detectada por la Guardia Di Finanza italiana como la responsable de movilizar recursos en Italia provenientes de los negocios de Saab con el chavismo, de acuerdo a lo revelado a la prensa en noviembre de 2019.
Pero antes de eso, en octubre de 2018, Mario García actuando como abogado de Alex Saab en Colombia, ayudó a su paisano barranquillero, entonces investigado por las autoridades de su país, a librarse de la detención gracias a filtración de información de un funcionario, de acuerdo a lo reseñado por medios colombianos y el canal estadounidense Univisión.
Además de algunos de sus colaboradores habituales, Alex Saab repitió en la compra de Inlaca el esquema típico de sus contrataciones con el Estado. Mirona Food FZE, al igual que Adon Trading FZE -la utilizada para el negocio de fertilizantes-, Asasi Food FZC y Mezedes Holding Ltd, estas últimas usadas para el negocio de los Clap, fueron creadas en algunos de los Emiratos Árabes Unidos poco antes de comenzar sus negocios.
Mirona Food FZE se registró en la zona económica de Ras Al Khaimah el 27 de agosto de 2018, sólo seis meses antes de comprarle a Lacven Corp, inscrita en Barbados, la totalidad de acciones de Corporación Inlaca. Lacven estaba integrada por la familia Maldonado y Fonterra para manejar desde 2014 los activos de Inlaca.
La propietaria de las acciones en Mirona Food FZE, misma que cedió el poder a Mario García para que comprara Inlaca en su nombre, es Arianna Fiore, una italiana residenciada en los Emiratos Árabes Unidos. Otra italiana también de apellido Fiore, pero de nombre Patricia, figura en el directorio de algunas de las compañías turcas con las que Alex Saab entró al comercio del carbón y el oro venezolano.
La página web de Mirona Food, incluso, parece una copia al carbón de las que en algún momento tuvieron esas otras empresas usadas por Alex Saab y su socio Álvaro Pulido en los millonarios negocios concedidos por la administración de Maduro, como Group Grand Limited. Apenas hay una descripción general y la oferta de productos en su line-up se reduce, precisamente, a aquellos incluidos en las cajas Clap.
En el website de Inlaca, en cambio, pareciera que se quiere ocultar el cambio de accionistas. En la síntesis histórica que aparece allí colgada se narran hitos como el de 1977, cuando los Rockefeller salieron de la compañía, o el de 2014, cuando selló la alianza con la multinacional Fonterra. Pero no hay referencias a la compra por parte de Mirona Food Fze, ni mucho menos a la figura de Alex Saab.
Sí están todavía las marcas y propiedades de sus productos. “La leche contiene calcio necesario para mantener los huesos sanos y fuertes. La leche es uno de los alimentos más completos y nutritivos, debido a que es una fuente de proteínas, ayuda a incrementar la fuerza física y la masa muscular”, refiere sobre la leche Carabobo. Una descripción que ahora suena irónica, ya que buena parte de la leche mexicana que llegó a Venezuela en las cajas Clap, importada por las empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido, así como otros proveedores, presentaban graves deficiencias de calcio y proteínas, de acuerdo con estudios científicos realizados en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Para los trabajadores tampoco hay claridad. Las promesas realizadas por los “nuevos inversionistas” en boca de Jorge Arraut no se cumplieron. La sostenida caída de la producción que arrastraba la empresa por las dificultades económicas antes del traspaso, se ha agudizado. En noviembre del año pasado, cuando se decretó la paralización indefinida de la planta de Valencia, la producción apenas llegaba a 260 toneladas métricas, una cifra que ni siquiera alcanza 10% de la capacidad operativa, estimada en 3.600 toneladas mensuales.
“A estas alturas no sabemos si la planta va a arrancar”, repiten los dirigentes sindicales. Pero ahora al menos saben, en una compensación insuficiente, que su verdadero patrón es Alex Saab.
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
A finales del año pasado el Estado venezolano se deshizo de la que fuera sede de la embajada del país ante el Reino de los Países Bajos, una casa señorial y centenaria que había terminado como archivo de documentos, a la que durante años no se le hizo mantenimiento y terminó vendiéndose a un precio poco competitivo que supo aprovechar una empresa de bienes raíces con todas las características de una ‘shell company’. Esta, en menos de un mes, revendió la propiedad por más de la mitad del precio original.
Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni. El esquema les permitió seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa frente a las narices del Departamento del Tesoro y sus sanciones. En México, por ejemplo, trataron de hacer negocios con la estatal Pemex, amparados tras empresas de maletín con nombres rimbombantes y cartas de recomendación forjadas.
Los empresarios colombianos que se consagraron como los contratistas preferidos de Nicolás Maduro ya no sólo canalizan sus intereses a través de un laberíntico portafolio de empresas y accionistas ‘offshore’. Para entrar de lleno en industrias básicas, desde hace algún tiempo encargan a ciertos individuos, allegados a sus negocios y dispuestos a atravesar en cualquier dirección el umbral entre los sectores público y privado, para posesionarse de compañías del Estado venezolano. Así hicieron con Minervén y estuvieron a punto de hacerlo con la productora de fertilizantes en Barranquilla, Monómeros Colombo Venezolanos, quizás solo detrás de Citgo, la propiedad más valiosa de la República en el exterior.
Un nuevo análisis físico-químico solicitado por Armando.Info a investigadores de la UCV demuestra que la leche en polvo que en la actualidad se distribuye en el programa de asistencia alimentaria del Gobierno venezolano, aunque bajo nuevas marcas, sigue teniendo un pobre desempeño nutricional que pone en riesgo la salud de sus consumidores. Mientras tanto, un misterioso proveedor consigue monopolizar las importaciones y las ventas de México a Venezuela van en aumento.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
