El avión con matrícula venezolana, cargado con armas e incautado en Estados Unidos el fin de semana pasado, era parte de la flotilla privada, pilotada por ex oficiales de la Fuerza Aérea, de la que disponían para viajes de negocios y placer los dos comerciantes colombianos, proveedores favoritos del régimen de Nicolás Maduro. Si bien sigue siendo un misterio el destino que se le iba a dar al arsenal, hay pistas para sospechar que formaba parte de una maniobra que se iniciaría en el Caribe para liberar a Alex Saab en Cabo Verde.
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La historia que sigue no es la trama de una película de acción, aunque lo parezca. Es, en cambio, el más reciente capítulo de esa historieta por entregas que protagoniza Alex Saab Morán y que atraviesa una etapa culminante desde el arresto del comerciante colombiano en Cabo Verde el pasado 12 de junio.
El sábado 15 de agosto la policía fronteriza norteamericana incautó en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el condado de Broward en Florida, un avión cargado con armas y detuvo al piloto y copiloto, ambos venezolanos. La aeronave, con matrícula venezolana YV-3441, iba a despegar rumbo a la isla de San Vicente, en el Caribe, pilotada por Gregori Jerson Méndez Palacios y Luis Alberto Patiño Linares, oriundos de Carabobo y Guárico, respectivamente, estados del centro del país.
La acusación criminal emitida contra ambos detalla que el plan de vuelo fue abortado cuando las autoridades comprobaron que el avión transportaba 82 armas de fuego de distinto calibre, municiones y más de 10.000 dólares en efectivo, monto máximo permitido con el que se puede viajar sin declararlo a las autoridades. El hallazgo sólo fue revelado a la prensa el pasado martes por la CBP, la policía de aduanas norteamericana por sus siglas en inglés.
Para Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas la aeronave, ahora bajo custodia en Estados Unidos, les debe resultar más que familiar. Es el menos sofisticado, un Learjet 55, y el más antiguo, de una flotilla de la que dispusieron gracias a sus negocios con el régimen chavista, construida con, al menos, otros tres aparatos: dos Gulfstream 280 (de siglas N259FG y N456JA), y un Global 5000 con matrícula T7-JIS; en este último Saab viajaba cuando fue detenido en Cabo Verde. Se trata de una especie de fuerza aérea particular, una categoría que se justifica aún más si se toma en cuenta que todos sus pilotos son ex oficiales de los Grupos 5, 6, 9 y 14 de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV). Algunos de ellos durante sus carreras en filas llegaron a pilotar los cazas rusos Sukhoi-30, las joyas del arsenal militar venezolano, pero ya como civiles, a las órdenes de los empresarios colombianos, constituyeron compañías como Aerojet Executive y Altair Jets Corp para operar los vuelos y administrar esas cuatro aeronaves.
Cinco pilotos de la Fuerza Aérea Venezolana conforman el staff que ha movido a Saab y Pulido por el mundo en los últimos años: Roswell Jesús Rosales Oberto, Héctor Alejandro Valencia Fernández, Varker Aular González, David Faraco Heredia y Eduardo Rollin Meléndez. Si bien ninguno de ellos formaba parte de la tripulación del avión cargado con armas que fue confiscado el sábado en Florida, sí tienen relación con el piloto detenido y con la administración de la propia aeronave.
El piloto Gregori Jerson Méndez Palacios, ahora detenido en los Estados Unidos, es socio en ese país de Héctor Alejandro Valencia Fernández en la compañía Gregori Mendez Corp, registrada Florida en 2017. No parece una relación accidental.
Héctor Valencia, ex piloto de combate, es piloto habitual de Álvaro Pulido junto con Roswell Rosales y ambos son socios en Aerojet Executive, con presencia en Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Esa, precisamente, es la compañía que durante años operó el avión retenido por autoridades norteamericanas el pasado 15 de agosto.
Aerojet Executive negó en un escueto comunicado que el avión perteneciera a la compañía. Roswell Rosales, por su parte, declaró a la cadena hispana de televisión de Estados Unidos, Univision, que no era “ni dueño ni operador de esa aeronave desde octubre de 2019”. El piloto reaccionaba al señalamiento que hizo a través de Twitter el diputado de la Asamblea Nacional opositora, Carlos Paparoni, al sentenciar que la aeronave “pertenece a una empresa de Rosales”.
Los registros de la Federal Aviation Administration (FAA) sí dejan en claro que Aerojet Executive fue la empresa operadora del avión cuando tuvo siglas americanas N72LJ, primero, y N919AY, justo antes de cambiar a la matrícula venezolana, y cuando estuvo al servicio de Saab y Pulido.
Fuentes conocedoras de los movimientos del tándem colombiano confirman que se trata del “primer avión” que tuvieron Saab y Pulido luego de sellar con la administración de Hugo Chávez en 2012 los primeros negocios millonarios para proyectos de vivienda con la empresa Fondo Global de Construcción. Explican, por ejemplo, que durante años el avión voló semanalmente entre Venezuela y Colombia, especialmente a Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab.
Ese avión que el 15 de agosto pretendía volar con el misterioso cargamento de armas repitió por años atrás el mismo itinerario: cada lunes volaba desde Barranquilla hasta el aeropuerto de Maiquetía y cada jueves emprendía el viaje de regreso. Allí se trasladaban también los ingenieros colombianos que iban a Caracas para hacer seguimiento a las obras en marcha del Fondo Global de Construcción, como el estadio de béisbol de La Guaira o los “gimnasios verticales”, otorgados por la administración de Nicolás Maduro nada más suceder a Chávez en 2013.
En cuentas y portales colombianos que siguen el vuelo de las aeronaves aún hay constancia de los frecuentes traslados desde Caracas hasta Barranquilla y Bogotá, donde residía Álvaro Pulido. “Es el avión que más volaba, luego fueron comprando otros”, afirma una de las fuentes. La aeronave llegó a servir para los traslados de amigos y empleados de Saab y Pulido a Brasil durante el mundial de fútbol de 2014.
Además de Aerojet Executive, Roswell Rosales es propietario o directivo de otras empresas aeronáuticas registradas en Venezuela y Estados Unidos como Goaround, Aero Lear 55 y Jetaero International Holdings. Con Carlos Rolando Lizcano, también colombiano y operador en Venezuela de Saab y Pulido en negocios como el de las Tiendas CLAP, Roswell Rosales también controla la aeronave N39HJ, que habitualmente es pilotada por Vaker Aular, coronel retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, ex funcionario del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y propietario en Venezuela de la compañía Patria Aviación, creada en 2013.
El avión identificado con la matrícula N39HJ sería el que con frecuencia transportó a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, amiga personal de Alex Saab, de acuerdo a los relatos de las fuentes. Sería, además, la quinta aeronave de la flotilla relacionada con las actividades de los empresarios colombianos.
En sus trinos en redes sociales, el diputado Paparoni aseguró también que Carlos Lizcano era uno de los “pasajeros frecuentes” del avión bajo custodia de las autoridades norteamericanas desde el pasado 15 de agosto.
Durante
años Aerojet Executive fue la empresa pivote de las operaciones aéreas de los
empresarios que a la postre y gracias a Nicolás Maduro terminaron
controlando el suministro de alimentos
para los CLAP,
las importaciones de medicinas de la India o el comercio de
oro
y carbón venezolano. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) consta la
relación contractual con Fondo Global de Construcción, mientras que en su página
web ofrece todo tipo de servicios aeronáuticos, como el de “taxi aéreo” y la
“compra y venta de aeronaves ejecutivas”. Incluso, los otros dos pilotos al
servicio de los empresarios colombianos David Faraco Heredia y Eduardo Rollin
Meléndez pasaron por Aerojet Executive antes de entrar en Altair Jets Corp,
registrada en Panamá y Venezuela.
David Faraco es el propietario de Altair Jets Corp y al final quedó junto a Eduardo Rollin como el piloto habitual de Alex Saab. De hecho, el avión modelo Global 5000 de siglas T7-JIS, operado por Altair Jets Corp, fue el avión que el 12 de junio trasladaba a Saab hasta Teherán, pero tuvo parada técnica en el aeropuerto Amílcar Cabral de la Isla de Sal, una de las que conforman el archipiélago de Cabo Verde, y usual escala para vuelos transatlánticos desde los años 40 del siglo pasado. Allí se consumó la detención de Saab, obedeciendo una alerta roja de Interpol.
Altair Jets Corp también administra el modelo Gulfstream 280 con siglas N456JA, usado regularmente por Saab, mientras que el otro Gulfstream 280 con matrícula N259FG quedó controlado por Aerojet Executive y para uso regular de Álvaro Pulido.
Hasta ahora las autoridades norteamericanas han evitado dar datos sobre el posible destino y propósito de las armas a bordo del avión incautado el pasado 15 de agosto. Sin embargo, una serie de coincidencias han alimentado las sospechas sobre un posible plan de rescate de Alex Saab de su cautiverio en la lejana Cabo Verde.
El lunes 17 de agosto llegó a San Vicente, mismo destino donde el sábado debía llegar el avión con las armas, un vuelo procedente de Lisboa. Ese mismo lunes y sólo horas después de haber aterrizado el avión de Lisboa, salió desde Maiquetía a la isla caribeña un avión con matrícula YV-3044 y sólo horas después regresó a Caracas. Finalmente, el martes 18 de agosto esa misma aeronave regresó a San Vicente y poco después de aterrizada, partió la que había llegado de Lisboa con regreso a la capital portuguesa.
El Nuevo Herald de Miami informó que, precisamente, el lunes llegaron a Caracas, procedentes de San Vicente, un ex funcionario y un empresario de Cabo Verde para reunirse con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y discutir el caso de Alex Saab. De acuerdo a esa versión, los señores Oliveira Gomes Dos Anjos y Alves Évora durmieron, incluso, en el Palacio de Miraflores la noche del lunes tras discutir con el alto Gobierno la situación de un Alex Saab, que cada día parece más cerca de ser extraditado a los Estados Unidos tras agotar varias maniobras legales en Cabo Verde.
Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel chavismo rebosante de petrodólares, y se quemó. Algunos muy respetados y hasta con piruetas heroicas, no pudieron evadir las consecuencias de contar con una oscura cartera de clientes entre las que despuntan los ministros más buscados del chavismo por la justicia internacional.
Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo, resultó reveladora. De acuerdo a documentos de los tribunales de Sofía, 158 millones de dólares quedaron congelados en cuentas manejadas por un turbio abogado de ese país, quien también controlaba dineros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que tiene entre su clientela a Lorenzo Antonelli, cuñado de la esposa de Saab y cabeza de varias sociedades que forman parte de su red de negocios.
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar; un misterioso avión de transporte ruso; un barco anclado en una isla paradisíaca: son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro de su cautiverio, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso, justo cuando se cumple un mes de su detención.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y hospedaje que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
