VENEZUELA OFFSHORE ¿Cuál es el origen de este informe, Venezuela offshore, como parte del mayor trabajo de investigación periodística trasnacional de la historia? ¿Por qué es oportuno y relevante saber cómo llegan los dineros blancos, grises y negros de los venezolanos a los llamados paraísos fiscales, y qué hacen allí? Aquí se lo contamos.
Así como los destinos turísticos del trópico confían en sus tres “s” del inglés –Sun, Sand & Sea- para seducir a clientes de todo el mundo, la oferta irresistible de los llamados paraísos fiscales también es triple: bajas o ninguna tasa de impuesto, secreto, e impunidad frente a una jurisdicción internacional que no les alcanza.
A ellos acuden, por lo tanto, personas y empresas de todo el mundo que buscan evitar el pago de unos impuestos que, de otra manera, disminuirían sus utilidades, u ocultar flujos de dinero de cuya procedencia –o mera existencia- no quieren que se tenga noticia.
Esos deseos y su consiguiente ejecución constituyen –según la normativa del país del que provengan tanto fondos como cuentahabientes- o delitos de fraude fiscal o un propósito comprensible de rentabilidad, pero reñido con consideraciones éticas.
Durante la reciente campaña presidencial de Estados Unidos, un flanco débil de la candidatura del republicano Mitt Romney fue su vínculo con fondos de inversión fuertemente enraizados en paraísos fiscales. La confesión en estos días, por parte del exministro francés Jerome Cahuzac, de que mantiene depósitos en una cuenta en Suiza, parece a punto de precipitar una crisis de gobierno.
Se dice que dos tercios del capital mundial descansan en los llamados paraísos fiscales. Se calcula que los Estados de todo el planeta se privan de cobrar al menos 250.000 millones de dólares al año en impuestos, que es lo que generarían los depósitos puestos a resguardo en cajas negras de las Islas Vírgenes Británicas, Andorra o Hong Kong, entre otros destinos. Cientos de miles de millones de dólares que necesitan como inversión los países en vías de desarrollo, sus élites económicas o sus políticos corruptos los mantienen alejados en cuentas furtivas.
Las cifras son descomunales, aunque no nuevas. Pero ahora, en medio de una crisis económica internacional que está llevando a la pobreza a millones de personas, adquieren un significado nuevo.
Crecen las presiones para que esos reductos se transparenten. No en balde, al periodismo le cabe una responsabilidad en poner de relieve un tema que parece obtuso pero que constituye uno de los grandes tabúes heredados de épocas anteriores y que dificultan, sobre todo, el escrutinio público de la conducta (y reputación) de sus funcionarios.
Por eso y muchas otras razones, cuando al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) llegó un paquete de información filtrada sobre el tema, se vislumbró una oportunidad histórica para el periodismo.
La filtración fue una consecuencia del trabajo del reportero australiano Gerard Ryle, director del ICIJ. A su poder llegó una colección gigantesca de datos. Para dar una idea de su escala, habría que decir que contenía 2,5 millones de documentos en diferentes formatos, equivalentes a 260 gigabytes de información. Una comparación: representa 160 veces la cantidad de información obtenida por Wikileaks a raíz de la filtración de los cables del Departamento de Estado norteamericano.
El paquete comprendía data relativa a diez paraísos fiscales: las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook, Samoa, Hong Kong, Singapur, las Islas Caimán, Islas Mauricio (Mauritius), Labuan, Malasia y Seychelles; y abarcó además de 122 mil entidades offshore (compañías o trusts), alrededor de 12 mil intermediarios (agentes) y cerca de 130 mil registros de personas relacionadas con estas compañías, amén de clientes en 140 países alrededor del mundo.
Se trataba de un trabajo mastodóntico, que claramente rebasaba la capacidad individual de un periodista, pero que representaba a la vez una oportunidad única para radiografiar cómo funcionan las oscuras finanzas offshore.
Así fue cómo el ICIJ - una red de periodistas independientes en más de 60 países que trabaja investigaciones transnacionales en conjunto- organizó una Fuerza de Tareas para el Proyecto Offshore, que durante 15 meses llegó a ocupar 86 periodistas en 46 países y empleó novedosos recursos de data mining para analizar todo el hallazgo. Este 4 de abril de 2013, el ICIJ y los medios y periodistas asociados de todo el mundo publican de manera simultánea las piezas compartidas del proyecto y sus propias primicias.
Desde muy temprano en el proceso se hizo evidente que, entre los nacionales de América Latina, los venezolanos destacaban como depositantes o representantes de empresas con sede en paraísos fiscales: al menos, 192 personas y 114 empresas en jurisdicciones offshore. De la data filtrada, se obtuvieron también correos electrónicos y documentos de registro asociados con este grupo que tuvo acceso a los paraísos fiscales –principalmente a las Islas Vírgenes Británicas en el caso venezolano- a través de las firmas Commonwealth Trust Limited y Portcullis Trustnet.
Para elegir y resaltar las historias venezolanas que podrían conectarse con esas cuentas y empresas, el ICIJ confió en Armando.info y la periodista Emilia Díaz-Struck, quien desde julio de 2012 abordó esta misión.
Por sí sola, la información filtrada no contaba las historias de los venezolanos, sus empresas y los secretos que esconde el mundo offshore. Para esto, como parte de la reportería, se buscaron y revisaron documentos en distintos países y se consultaron fuentes vivas vinculadas con los trabajos que se presentan como parte de esta serie.
Para identificar dentro de la data los casos de nombres e historias a seguir se emplearon criterios periodísticos correspondientes al interés social y al interés público. Los trabajos que se presentan recogen a personajes conocidos dentro de la sociedad venezolana, bien como funcionarios públicos, bien como emprendedores privados. Que se hayan escogido algunos casos para relatar no presupone la comisión de delito alguno en cualquiera de ellos.
Durante la cobertura se intentó contactar a los distintos personajes relacionados con las historias presentadas. En algunos casos, prefirieron no responder; en otros, la persona se encontraba ya fallecida y, en otras ocasiones, los números e información de contacto suministrada por ellos en documentos públicos no corresponden a ellos en la actualidad o se encuentran inactivos. Por eso, solo se presentaron en esta serie aquellas historias con las que se contó con documentación suficiente y que pudieron ser verificadas durante la reportería.
Para las historias venezolanas se contó con la colaboración de siete periodistas en cinco países, y se buscaron y analizaron documentos oficiales relacionados con cada tema que se encontraban en Registros de Empresas, Tribunales Judiciales, Registros Electorales y registros públicos en general, de los distintos países a los que se tuvo acceso. Se revisaron igual otras fuentes documentales como estudios especializados sobre el tema y también fueron consultadas fuentes vivas en Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá y Perú.
Lea también:
Serie de trabajos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) sobre paraísos fiscales.
Secret Files Expose Offshore’s Global Impact
Serie de trabajos “Venezuela Offshore”
VENEZUELA OFFSHORE-ENTREGA 1 / ¿Offshore? Dame dos
VENEZUELA OFFSHORE- ENTREGA 2 / Dineros fugitivos: si los vi, no me acuerdo
VENEZUELA OFFSHORE- ENTREGA 3 / Illarramendi o la punta de la pirámide
VENEZUELA OFFSHORE- ENTREGA 4 / La fundación del maletín
VENEZUELA OFFSHORE- ENTREGA 5 / Las buenas secretarias saben guardar secretos
VENEZUELA OFFSHORE- ENTREGA 6 / La vuelta llegaba hasta las Islas Vírgenes
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quién se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas.
El ex edecán del comandante revolucionario era cliente desde 2013 de Mossack Fonseca, que había registrado en su nombre una empresa en el paraíso fiscal de Seychelles para manejar una cuenta bancaria del militar venezolano en Suiza. Pero en 2016, luego de las revelaciones de Panama Papers, esa relación se volvió indeseable para el bufete, que intentó deslindarse a toda costa de la cuenta. Ahora el mayor retirado y su esposa, ex tesorera de la Nación, esperan en Madrid su posible extradición a Venezuela.
Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…
El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
Como si fueran pedazos de un espejo roto regados por varias islas del mundo, varias empresas off shore forman una red de negocios de trading de petróleo que revela la trayectoria de Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, quienes junto al magnate de las telecomunicaciones venezolano Oswaldo Cisneros, desembarcaron en 2016 en la Faja del Orinoco para ocupar la plaza vacante del socio original, Harvest Natural Resources
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
