Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…
Al ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, ni lo investigaron. Le pasaron de largo. La justicia bolivariana acaba de librar a su familia de toda responsabilidad, a pesar de que las alarmas se encendieron el año pasado en Suiza, cuando los nombres de su esposa y suegra aparecieron en una maraña de cuentas bancarias en las que aterrizaron transferencias sospechosas de empresas offshore vinculadas a Odebrecht.
El juez Luis Argenis Marcano Sarabia –a cargo del Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Control de Caracas– las eximió de toda responsabilidad, a través de una sentencia que desconoce las investigaciones que en Suiza hallaron a las venezolanas María Baptista y Elita Zacarías –esposa y suegra del funcionario– como titulares, beneficiarias o, al menos, con firma autorizada en ocho cuentas bancarias que suman más de 40 millones de dólares.
“Cualquier medida que haya sido solicitada o ejecutada en perjuicio de las ciudadanas Elita del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías, titulares de la cédula de identidad N° V-3.713.952 y V-13.801.638, respectivamente, al margen del control judicial dispuesto en la Ley, resulta nula, írrita, e improcedente y en consecuencia deben ser revocadas”. Eso resolvió el juez a finales del año pasado, el 13 de diciembre de 2017, en una decisión que apenas se conoce ahora luego de que esperara más de tres meses para notificarla ante el Ministerio Público.
El juez sobreseyó la causa motu proprio sin que ningún fiscal lo solicitara, a pesar de que en el piso 15 del Centro Villasmil de la parroquia Candelaria de Caracas, en las oficinas de la Fiscalía 55 Nacional, hay un legajo de documentos enviados desde Suiza, en los que figuran los nombres de la esposa y la suegra del ex ministro en 8 de 12 cuentas bancarias, que la fiscalía de ese país vincula a Odebrecht y el resto de las constructoras que configuraron los sobornos y comisiones de la trama Lava Jato.
Las autoridades advierten de un viaje de 16,3 millones de francos suizos que salieron de Cresswell Overseas Ltd –una de las probadas fachadas de Odebrecht– a cuentas bancarias de las familiares de El Troudi
Además de las cuentas a nombre de la esposa y suegra de El Troudi, la fiscalía suiza logró documentar al menos un caso en el que el dinero provenía de compañías offshore que la empresa brasileña empleaba para pagar sobornos.
“Ha sido posible reconstruir un vínculo, al menos en el caso de ciertos pagos, entre el código de nombre anteriormente mencionado y la obra Metro Guarenas-Guatire en Venezuela”, apuntó la fiscal general de la Confederación suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que el año pasado envió a Venezuela a la sede de la Fiscalía General de la República a través de su embajada en Caracas. “Una vez ingresado en la cuenta de Alfa International SA, el dinero fue sustancialmente transferido a las cuentas a nombre de Elita del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías en Suiza y en el extranjero”.
Si ya es difícil que un funcionario venezolano justifique decenas de millones en tiempos de control cambiario, en la ciudad de Lugano las autoridades advierten de un viaje de 16,3 millones de francos suizos que salieron de Cresswell Overseas Ltd. –una de las probadas fachadas de Odebrecht– a cuentas bancarias de las familiares de El Troudi.
Se trata, de acuerdo con las pesquisas en Suiza, de varias transferencias indirectas con escala en la cuenta número 0251-1499613, que Credit Suisse apunta a nombre de una firma llamada Alfa International SA, en la que también figuran la esposa y suegra de El Troudi, junto a otros tres venezolanos: Alejandra Urdaneta Tovar, Jorge Henrique Lander Siblesz y nada más y nada menos que Luis Enrique Delgado Contreras, quien en los juicios de Brasil salió a relucir durante los interrogatorios como uno de los comisionistas que gestionó coimas y sobornos en el Metro de Caracas.
Delgado fue una especie de caballo de Troya que Odebrecht encontró en Caracas para agilizar los pagos a lo interno del gobierno venezolano e, incluso, para que filtrara información y documentos que luego sirvieran en favor de la empresa. No en vano, entre los años 2011 y 2015 recibió y canalizó 100 millones de dólares en comisiones que le depositaban en una cuenta del Meinl Bank de Antigua y Barbuda, según el testimonio del Director Superintendente que la constructora tenía en Venezuela, Euzenando Azevedo, hoy de bajo perfil en la ciudad de Sao Paulo luego de haberse constituido como el testigo clave de la trama de Odebrecht en Venezuela.
“En varias ocasiones, Luis Delgado nos trajo minutas de documentos confidenciales (aprobación de recursos para obras, aditivos contractuales, estudios internos, evaluaciones sobre reajustes de precios en razón de inflación) de estos clientes, dándonos la oportunidad incluso de cambiar”, declaró Azevedo en Brasil a los fiscales que en diciembre de 2016 lo conminaron a confesar a cambio de beneficios procesales.
“Llegó algunas veces a avisarme para que asistiera a los programas Aló Presidente y Consejos de Ministros, transmitidos frecuentemente en cadena nacional, en los cuales serían aprobados los puntos de cuenta de nuestros intereses”, agregó Alessandro Gomes, otro directivo de la empresa.
A través de Delgado, en 2012 Odebrecht incluso logró forjar un Punto de Cuenta enviado al presidente Hugo Chávez, para multiplicar los montos acordados en el presupuesto inicial con los excedentes de la renta petrolera. “Recuerdo que en 2012 trabajamos junto con Luis Delgado en un documento de aprobación de recursos para obras (denominado "Punto de Cuenta") que tenía como título Menú de Decisiones Estratégicas, y que mencionaba todas las obras necesarias a ser hechas en el marco de los trabajos de las compañías Metro de Caracas y Metro de Los Teques y sirvió como una autorización general del Presidente de la República (Hugo Chávez) para que estos clientes pudieran firmar agregados contractuales con la compañía por un valor equivalente a los US $12 mil millones”, reveló Azevedo.
Se trata de un testimonio en el que el embajador de Odebrecht en Venezuela confiesa que a través de funcionarios del Estado, la empresa multiplicó los montos previamente acordados y presupuestados. “Aunque técnicamente debió ser un documento interno preparado por el Ministerio de Transporte, fue un documento que la compañía tuvo la posibilidad de cambiar prácticamente en su totalidad y que fue aprobado exactamente como le fue solicitado a Luis Delgado”.
Ninguno de estos hechos ha sido investigado en Venezuela. Si el caso de las familiares de El Troudi no pasó de una corte de control, el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, ni siquiera se ha referido al tema.
Además de ministro de Transporte Terrestre y presidente del Metro de Caracas y de Los Teques, El Troudi ha desfilado por la administración chavista como ministro de Planificación y Desarrollo, representante del gobierno ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y, sobre todo, director del despacho del ex presidente Chávez.
Dirigió una serie de intervenciones en la autopista El Valle-Coche de Caracas, que provocaron críticas y rechazo tras el desbordamiento del río Valle. En su cuenta de Twitter aun se presenta como diputado por el estado Miranda, a pesar de que ni en el hemiciclo lo han visto. Hoy se sabe de él gracias a Suiza, cuyos fiscales destacan que su esposa –la misma que abona dólares en el extranjero– “habría sido durante un cierto período la directora del Metro de Caracas”.
No en balde, Saab ya se mostraba esquivo con Odebrecht cuando se estrenaba al frente del Ministerio Público. "Nosotros no vamos a trabajar en función de especulaciones", respondió en septiembre del año pasado cuando le consultaron sobre los testimonios y pruebas que desde Brasil embarraban al primer mandatario, Nicolás Maduro. “Se trata de un acto bufo”, “inmoral” y “nulo”, añadió el mes pasado cuando los magistrados del llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio aprobaron un antejuicio de mérito para procesar a Maduro, por su papel en la trama de Odebrecht.
Saab tampoco respondió a una pregunta enviada por Armando.info a través de su jefe de prensa, en la que se le consultaba acerca de las razones para el sobreseimiento de la causa abierta contra las familiares de El Troudi.
Como si se tratara de la peste, rara vez el chavismo alude a Odebrecht a pesar de que en Venezuela la empresa no concluyó más de la mitad de sus obras. El ex ministro Haiman El Troudi apenas denunció “una canallada”, cuando el fiscal Pedro Lupera citó en julio del año pasado a su esposa y suegra en calidad de imputadas, tras recibir las pruebas de Suiza. Desde entonces no se sabe más de él; no ha sido posible contactarlo y hay quien lo hace fuera del país.
La justicia bolivariana, de cualquier modo, pronto eximió a El Troudi de toda responsabilidad o sospecha, mientras que el fiscal Lupera paga hoy con el exilio aquella indiscreta citación, de la que terminó perseguido por el chavismo y acusado de corrupción por Diosdado Cabello en su programa Con el mazo dando.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
