Illarramendi o la punta de la pirámide

El esquema Ponzi, que Francisco Illarramendi encabezó, le costó mucho dinero a –entre otros- empresarios como Oswaldo Cisneros y al fondo de pensiones de la petrolera estatal Pdvsa. Su funcionamiento no se explica solo con la actuación del operador financiero que le da nombre, juzgado en una corte federal de Estados Unidos. Necesitó un elenco de cómplices, funcionarios sobornados y, cómo no, empresas offshore.
Francisco
Illarramendi llamaba con frecuencia a Moris Beracha cuando necesitaba algún
insumo de dinero.
Illarramendi,
de nacionalidad venezolana, era gerente de una firma de asesoramiento a
inversionistas con sede en Connecticut, Estados Unidos. Beracha, por su parte,
era un empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez que, según
indica una demanda contra él en Estados Unidos, era capaz de producir –por el
precio adecuado- avances multimillonarios de dinero en dólares con relativa
facilidad.
El
2 de noviembre de 2007, Beracha envió un correo electrónico a Illarramendi con
instrucciones de depositar más de 10 millones de dólares –correspondientes a la
parte de Beracha de las ganancias en una transacción- a tres cuentas en el banco
HSBC en Suiza, a través de una cuenta HSBC en Nueva York.
“Chamo
soy tu mejor productor jajajajaja” (sic), escribió Beracha antes de enviar el
mensaje a Illarramendi.
Un
par de demandas en la corte federal de Estados Unidos indican que los dos
hombres fueron el centro de un esquema Ponzi o pirámide de 500 millones de
dólares, por el que se intercambiaban el dinero de los inversionistas a través
de un laberinto de empresas offshore, fondos de inversión y cuentas bancarias,
que abarcaba desde las Islas Caimán hasta Suiza y Panamá, una vez despejado el
camino mediante pagos de sobornos a funcionarios en
Venezuela.
El
esquema colapsó en 2011 y ocasionó pérdidas de cientos de millones de dólares a
inversionistas, incluyendo a un miembro connotado de una de las familias más
ricas de América Latina, la venezolana familia Cisneros. De acuerdo a documentos
de la corte, el esquema Ponzi también se comió parte del fondo de pensiones de
Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Algunas
de las compañías utilizadas en este esquema aparecen mencionadas en un grupo de
2,5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en
inglés).
Illarramendi
se declaró culpable de los cargos criminales en 2011, mientras que Beracha
todavía afirma que él no fue parte de la estafa, sino una de las víctimas de
Illarramendi. Pero John J.Carney, el síndico nombrado por un juez de Estados
Unidos para limpiar el lío de la estafa, lo acusó en una demanda legal de
proveer “el dinero o acceso al dinero que mantuvo el esquema de Illarramendi a
flote”. No se han presentado cargos criminales contra Beracha en Estados
Unidos.
Para
este trabajo, se consultó un legajo de 1590 páginas sobre el caso que yace en la
corte.
El
síndico también acusó a un funcionario del Estado venezolano –Juan S. Montes, un
gerente de inversiones senior de Pdvsa, apodado Black (“negro”) - de recibir más de 30 millones
de dólares en sobornos a cambio de aprobar complejas transacciones de permuta
(bond-swap) entre el fondo de
pensiones de Pdvsa –la empresa petrolera estatal- y los fondos de inversión de
Illarramendi. Desde que se inició el control cambiario en el año 2003 y hasta el
año 2010, en Venezuela se emplearon las casas de bolsas y las operaciones de
permuta como un mecanismo para tener acceso alternativo a divisas extranjeras,
principalmente dólares.
Carney, el síndico, dice que fue Beracha,
con su red de contactos entre los ricos y poderosos de Venezuela, quien ayudó a
Illarramendi a mantener el fraude. Alega en la demanda que Beracha, a sabiendas
del esquema, pudo inyectarle dinero fresco a cambio de “tarifas exorbitantes o
comisiones”. Illarramendi y Beracha, según Carney, hicieron más de 170 millones
de dólares en transferencias fraudulentas a través de una red de compañías
offshore.
Beracha,
quien es dueño de una casa de bolsa y de una compañía telefónica que opera a
través de América Latina, enérgicamente niega las irregularidades y dice que él
tiene derecho a recibir 140 millones de dólares de regreso. “Yo nunca supe que
Illarramendi estaba defraudando a alguien hasta que se hizo público”, escribió
Beracha a ICIJ.
En
2008, Beracha fue asesor de Rafael Isea, el entonces ministro de finanzas de
Venezuela y uno de los funcionarios más cercanos a Chávez antes de que este
alcanzara la presidencia. Isea también fue gobernador del estado Aragua, en
el centro del país.
Paraíso para un fraude
El
síndico dice que Beracha controlaba cuatro compañías en las Islas Vírgenes
Británicas utilizadas en el esquema: Bradleyville Ltd, Northwestern
International Ltd, Brave Spirit Ltd y Rowberrow Trading Corp. Las cuatro fueron
incorporadas a través de Commonwealth Trust Limited, una firma de servicios offshore con sede en las Islas Vírgenes
Británicas, que fue acusada por los reguladores financieros de la isla de
hacerse la vista gorda ante clientes dudosos de distintas partes del
mundo.
El
secreto y el anonimato que proveen los intermediarios offshore crean un ambiente
perfecto para el fraude y, especialmente, esquemas Ponzi. Este tipo de estafas
se caracterizan por ofrecer grandes beneficios a los inversionistas y busca que
los nuevos inversores paguen los intereses de los antiguos, hasta que el sistema
colapsa y ya no se puede cumplir más con los
inversionistas.
Especialistas
en fraude dicen que los grandes esquemas Ponzi incluyen elementos offshore, cuentas bancarias y compañías
en escondites en el extranjero, que permiten a criminales financieros oscurecer
los orígenes y destinos de grandes sumas de dinero necesarias para mantener los
esquemas funcionando.
“Muy
rara vez se tiene alguno que no” incluya compañías o cuentas en paraísos
fiscales, dice Michael
I. Goldberg
de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, un abogado que con frecuencia
testifica como experto en casos de esquemas Ponzi. “Si no, es usualmente un tipo
de Ponzi muy parroquial. Pero los más sofisticados, casi siempre lo
hacen”.
El
fraude millonario de siete mil millones de dólares de Allen Stanford, por
ejemplo, se realizó a través de un banco que él controló en Antigua. Bernard
Maddoff usó también una serie de “fondos de inversión subordinados” offshore para inyectar el crecimiento de
su esquema de 65 mil millones de dólares.
En
el caso del Ponzi de Illarramendi, tres fondos de inversión que presuntamente
fueron parte del corazón del fraude, tenían su sede en las Islas
Caimán.
Además,
Carney alega que las compañías de las Islas Vírgenes Británicas, controladas por
Beracha, recibieron millones de dólares en pagos por “ningún trabajo, servicio o
valor”.
En
una declaración escrita a la corte, Beracha reclama que él había renunciado a
cualquier participación mayoritaria en las firmas mucho antes que los crímenes
de Illarramendi salieran a la luz. Pero Carney dice que Beracha usó las
compañías para canalizar el dinero de las tarifas e intereses –tasas de hasta 80
por ciento anual por los préstamos no eran extrañas- que él cargó a Illarramendi
a cambio de suministrarle el dinero a sus fondos de inversión, que tenían
pérdidas. Los sobornos para pagar al gerente del fondo de pensiones de Pdvsa
también fueron canalizados a través de las compañías offshore de Beracha, de
acuerdo a los registros de Carney en la corte.
El
22 de marzo de 2007, cerca de 12 millones de dólares para el pago de sobornos
fueron transferidos a una de las entidades de las Islas Vírgenes, Northwestern
Ltd., así como otras dos compañías controladas por Beracha, de acuerdo a la
denuncia del síndico. En un intercambio de correos electrónicos que se produjo
más tarde ese año, Beracha e Illarramendi discutieron el pago de más de siete
millones de dólares para Black.
Beracha escribió entonces: “ya te daré instrucciones, cta. nueva q les estoy
abriendo en hsbc” (sic), según un documento suministrado por el síndico a la
corte.
Beracha
dijo que los alegatos de Carney sobre los sobornos "son
falsos".
Un
abogado de Montes, Elliot Greenfield, no respondió a los mensajes de correo
electrónico y llamadas de ICIJ buscando un comentario sobre los alegatos contra
su cliente.
En
2008, otra de las entidades de las Islas Vírgenes de Beracha, Brave Spirit,
recibió más de 3,6 millones de dólares de uno de los fondos de Illarramendi “a
cambio de absolutamente nada”, alega el síndico. Registros internos de
Commonwealth Trust Limited (CTL), agente registrador de Brave Spirit –que
aparece entre las firmas del grupo
de documentos secretos sobre offshores
obtenido
por ICIJ-,
revelan que Moris Beracha, y otras cuatro personas que comparten el apellido
Beracha, eran accionistas de Brave Spirit en ese momento, pero Moris Beracha
detentaba cincuenta por ciento de participación en la firma y era su único
director.
“Yo
no soy propietario, ni tengo la mayoría o el control accionario, de ninguna de
esas empresas que el Sr. Carney me atribuye, salvo Northwestern International
Ltd”, escribió Beracha a ICIJ.
Beracha
le dijo en una oportunidad en un correo electrónico a Illarramendi que ellos
eran un equipo. Pero en el calor del intercambio de grandes cantidades de dinero
alrededor del mundo, las cosas se pusieron algunas veces tensas entre ellos. Por
ejemplo, esto ocurría cuando las transferencias se
retrasaban.
“Chamo
me tienes cagado. Demasiada responsabilidad para mí. De verdad mándalas como me
dices pero dispara. Es mucho real papa” (sic), le escribió Beracha a
Illarramendi en un mensaje de correo electrónico el 4 de diciembre de
2007.
“Ya
sabemos que ejecutar esto toma tiempo y que no nos gusta mandar múltiples
transferencias el mismo día”, respondió Illarramendi. “No podemos volvernos
locos porque se cortan las vías, pana”.
Juego de operaciones
En
2010, la Securities and Exchange
Commission (SEC) de Estados Unidos –ente de supervisión del mercado
bursátil- comenzó a explorar las prácticas financieras de Illarramendi. Los
investigadores de la SEC encontraron transacciones financieras intrincadas y sin
ningún libro de cuentas, prácticamente. Ellos rastrearon el Ponzi a partir de
una pérdida de cinco millones de dólares que Illarramendi sufrió en 2005. Desde
ese momento el agujero continuó creciendo, mientras Illarramendi, un antiguo
banquero de Credit Suisse, “jugó un juego de operaciones fantasma” con los
fondos de los inversionistas para intentar pagar deudas y ocultar las pérdidas,
de acuerdo a los archivos de la corte.
Los
documentos de la corte también muestran que uno de los primeros inversionistas
en los fondos de inversión offshore
de Illarramendi fue el millonario Oswaldo Cisneros, que es dueño de una de las
compañías de telecomunicaciones más grandes del país. Su primo, Gustavo
Cisneros, junto con otros miembros de la familia, tiene una fortuna que la
revista Forbes
calcula por 4.200 millones de dólares, incluyendo participación en estaciones de
televisión, una cervecería y un equipo de béisbol.
Documentos
presentados en la corte por los abogados y asociados de Oswaldo Cisneros
muestran que el empresario venezolano invirtió alrededor de 117 millones de
dólares en los fondos de inversión offshore de
Illarramendi.
En
2004, una compañía vinculada con Oswaldo Cisneros cogestionó uno de estos fondos
de inversión offshore, que luego fue
usado en el esquema, Highview Point Offshore Fund, creado por Illarramendi y dos
socios en las Islas Caimán. Una declaración jurada entregada por el síndico
indica que Cisneros realizó esto por “razones de impuestos” y que Illarramendi y
los otros tenían autoridad exclusiva para ejecutar los
negocios.
Un
abogado de Cisneros, Laurence Curran, dijo que su cliente no puede ofrecer
comentarios porque los procedimientos judiciales están en
curso.
En
marzo de 2011, Illarramendi se
declaró culpable
de cuatro cargos: transferencias fraudulentas, fraude a la seguridad, fraude de
asesorías financieras y conspiración para obstruir la justicia. Dos meses más
tarde la
SEC anunció
que había recuperado 230 millones de dólares de los inversionistas de una cuenta
bancaria en los Países Bajos. Los inversionistas rápidamente se alinearon para
reclamar su dinero del síndico, que aún está buscando parte del dinero que se
desvaneció en el esquema.
Con
frecuencia parece el juego del gato y el ratón. Cuando los abogados del síndico
trataron de notificar sobre la demanda contra las compañías de Beracha en las
Islas Vírgenes Británicas, encontraron que aparentemente las firmas no existían
más o que habían sido transferidas a otras jurisdicciones en paraísos fiscales.
CTL, el agente registrador de las Islas Vírgenes Británicas, le dijo al síndico
que no podía aceptar papeles judiciales de una compañía que no representaba
más.
Jonathan
New,
un abogado de Nueva York y antiguo fiscal federal que está trabajando en nombre
del síndico, dice que frecuentemente hay muchas capas de intermediarios entre
una compañía y sus dueños beneficiarios. “Terminas casi en una situación como de
una muñeca rusa, tratando de dilucidar dónde termina esto”,
dice.
ICIJ
contactó al intermediario en Panamá que ayudó a Beracha a incorporar sus
compañías a través de CTL en las Islas Vírgenes Británicas. Dani Kuzniecky, un
abogado con buenas conexiones y antiguo contralor general de Panamá, se negó a
ofrecer comentarios alegando confidencialidad y asuntos
legales.
Extorsiones
Mientras
tanto, los abogados de Beracha están peleando el caso en las cortes de Estados
Unidos, presionando para que el caso sea movido a jurisdicción venezolana, donde
una investigación de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional declaró
inocentes a todos los funcionarios del gobierno vinculados con el caso
Illarramendi.
Beracha
vive ahora en República Dominicana. Dice que ha sido extorsionado en
Venezuela.
“Yo
soy una víctima del fraude de Illarramendi”, escribió en un correo electrónico.
En respuestas escritas que luego envió a través de una firma de Relaciones
Públicas, dijo en lugar de eso que él era una víctima del juicio contra
Illarramendi en el que “he sido implicado sin ninguna base legal”. Él acusa a
Carney de tener un conflicto de interés, porque el síndico contrató a su propia
firma de abogados, Baker&Hostetler, para representarlo en las
demandas.
El
abogado Jonathan New indicó que ese alegato ya fue rechazado por la corte. “El
señor Beracha está únicamente sacando ahora estos alegatos sin fundamento en un
claro intento por ganar ventaja en un litigio en el que el síndico está
intentando recuperar más de 170 millones de dólares que Illarramendi transfirió
de manera fraudulenta al señor Beracha y a entidades bajo el control de
Beracha”, agregó.
Después
que el caso de Illarramendi fue descubierto, el gobierno de Chávez dijo que
cubriría las pérdidas de los 25.000 pensionados de Pdvsa. El presidente de la
Asociación de Jubilados (Ajip), César Delgado, le dijo a ICIJ que los jubilados
han continuado recibiendo sus pensiones con normalidad pero que, desde el año
2002 –después del paro petrolero- no le ha sido entregado a AJIP copia de los
informes financieros auditados del fondo de pensiones, donde hubiesen podido
tener conocimiento de las inversiones.
Al
mismo tiempo, sin embargo, un grupo de pensionados envió una carta a la oficina
del Fiscal de Distrito en Connecticut, en octubre de 2012, diciendo que ellos
habían sufrido daños financieros del esquema de Illarramendi y que no han podido
“obtener una compensación” de Pdvsa.
El
ministro de Petróleo y Minería de Venezuela y presidente de Pdvsa, Rafael
Ramírez, no respondió a la solicitud de comentario enviada por escrito a sus
oficinas en el mes de enero de 2013.
Illarramendi
tampoco respondió a las llamadas y correos electrónicos enviados para conseguir
sus comentarios. Su padre, Ramón Illarramendi, quien durante el segundo gobierno
del presidente Rafael Caldera fuera Ministro de la Familia, dijo en un mensaje
de correo electrónico que su hijo está obligado a mantener silencio como parte
de un acuerdo de confidencialidad alcanzado con las SEC durante un proceso de
negociaciones. Sin embargo, agregó que “tanto la oficina del fiscal de Estados
Unidos como la SEC han ignorado descaradamente este acuerdo, creando una nube de
desinformación repetitiva y autorreferencial”.
“Mi
hijo nunca se declaró culpable de llevar un esquema Ponzi – el término no está
siquiera mencionado en su declaración de culpabilidad ni en la transcripción de
la audiencia. Sus abogados han demostrado que no hubo tal cosa y todavía eso
aparece en cómo cada titular lo ha estado llamando por los últimos dos
años”.
En
un archivo de la corte, Francisco Illarramendi dijo que él había sido
extorsionado en múltiples ocasiones y obligado a pagar millones a oficiales del
gobierno venezolano, que resultaron en pérdidas financieras para los fondos de
inversión que él administraba. “Mi vida y la vida de mi familia fueron
amenazadas con daños físicos si ciertos pagos no se hacían a oficiales
venezolanos o a sus intermediarios”, escribió
Illarramendi.
Illarramendi
ha estado en una prisión en Rhode Island, Estados Unidos, desde finales de enero
esperando sentencia.
En
el caso de Cisneros, el magnate venezolano, él está en una dura pelea en la
corte para recuperar su dinero. Su nombre está profundamente enterrado en
archivos de la corte de Estados Unidos. Como muchos otros personajes de esta
historia, Cisneros se esconde tras misteriosas entidades offshore, incluyendo
una compañía panameña que está reclamando 20 millones de dólares al
síndico.
Francisca
Skoknic y Mike Hudson contribuyeron con esta historia.
Lea
acá una serie de respuestas de Moris Beracha enviadas por escrito a
ICIJ
Lea
acá la versión en inglés de este trabajo publicada por ICIJ: Ponzi
Scheme used offshore hideaways to shuffle investors' money