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Illarramendi o la punta de la pirámide

El esquema Ponzi, que Francisco Illarramendi encabezó, le costó mucho dinero a –entre otros- empresarios como Oswaldo Cisneros y al fondo de pensiones de la petrolera estatal Pdvsa. Su funcionamiento no se explica solo con la actuación del operador financiero que le da nombre, juzgado en una corte federal de Estados Unidos. Necesitó un elenco de cómplices, funcionarios sobornados y, cómo no, empresas offshore.

Francisco Illarramendi llamaba con frecuencia a Moris Beracha cuando necesitaba algún insumo de dinero.

Illarramendi, de nacionalidad venezolana, era gerente de una firma de asesoramiento a inversionistas con sede en Connecticut, Estados Unidos. Beracha, por su parte, era un empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez que, según indica una demanda contra él en Estados Unidos, era capaz de producir –por el precio adecuado- avances multimillonarios de dinero en dólares con relativa facilidad.

El 2 de noviembre de 2007, Beracha envió un correo electrónico a Illarramendi con instrucciones de depositar más de 10 millones de dólares –correspondientes a la parte de Beracha de las ganancias en una transacción- a tres cuentas en el banco HSBC en Suiza, a través de una cuenta HSBC en Nueva York.

“Chamo soy tu mejor productor jajajajaja” (sic), escribió Beracha antes de enviar el mensaje a Illarramendi.

Un par de demandas en la corte federal de Estados Unidos indican que los dos hombres fueron el centro de un esquema Ponzi o pirámide de 500 millones de dólares, por el que se intercambiaban el dinero de los inversionistas a través de un laberinto de empresas offshore, fondos de inversión y cuentas bancarias, que abarcaba desde las Islas Caimán hasta Suiza y Panamá, una vez despejado el camino mediante pagos de sobornos a funcionarios en Venezuela.

El esquema colapsó en 2011 y ocasionó pérdidas de cientos de millones de dólares a inversionistas, incluyendo a un miembro connotado de una de las familias más ricas de América Latina, la venezolana familia Cisneros. De acuerdo a documentos de la corte, el esquema Ponzi también se comió parte del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Algunas de las compañías utilizadas en este esquema aparecen mencionadas en un grupo de 2,5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Illarramendi se declaró culpable de los cargos criminales en 2011, mientras que Beracha todavía afirma que él no fue parte de la estafa, sino una de las víctimas de Illarramendi. Pero John J.Carney, el síndico nombrado por un juez de Estados Unidos para limpiar el lío de la estafa, lo acusó en una demanda legal de proveer “el dinero o acceso al dinero que mantuvo el esquema de Illarramendi a flote”. No se han presentado cargos criminales contra Beracha en Estados Unidos.

Para este trabajo, se consultó un legajo de 1590 páginas sobre el caso que yace en la corte.

El síndico también acusó a un funcionario del Estado venezolano –Juan S. Montes, un gerente de inversiones senior de Pdvsa, apodado Black (“negro”) - de recibir más de 30 millones de dólares en sobornos a cambio de aprobar complejas transacciones de permuta (bond-swap) entre el fondo de pensiones de Pdvsa –la empresa petrolera estatal- y los fondos de inversión de Illarramendi. Desde que se inició el control cambiario en el año 2003 y hasta el año 2010, en Venezuela se emplearon las casas de bolsas y las operaciones de permuta como un mecanismo para tener acceso alternativo a divisas extranjeras, principalmente dólares.

 Carney, el síndico, dice que fue Beracha, con su red de contactos entre los ricos y poderosos de Venezuela, quien ayudó a Illarramendi a mantener el fraude. Alega en la demanda que Beracha, a sabiendas del esquema, pudo inyectarle dinero fresco a cambio de “tarifas exorbitantes o comisiones”. Illarramendi y Beracha, según Carney, hicieron más de 170 millones de dólares en transferencias fraudulentas a través de una red de compañías offshore.

Beracha, quien es dueño de una casa de bolsa y de una compañía telefónica que opera a través de América Latina, enérgicamente niega las irregularidades y dice que él tiene derecho a recibir 140 millones de dólares de regreso. “Yo nunca supe que Illarramendi estaba defraudando a alguien hasta que se hizo público”, escribió Beracha a ICIJ.

En 2008, Beracha fue asesor de Rafael Isea, el entonces ministro de finanzas de Venezuela y uno de los funcionarios más cercanos a Chávez antes de que este alcanzara la presidencia. Isea también fue gobernador del estado Aragua, en el centro del país.

Paraíso para un fraude

El síndico dice que Beracha controlaba cuatro compañías en las Islas Vírgenes Británicas utilizadas en el esquema: Bradleyville Ltd, Northwestern International Ltd, Brave Spirit Ltd y Rowberrow Trading Corp. Las cuatro fueron incorporadas a través de Commonwealth Trust Limited, una firma de servicios offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue acusada por los reguladores financieros de la isla de hacerse la vista gorda ante clientes dudosos de distintas partes del mundo.

El secreto y el anonimato que proveen los intermediarios offshore crean un ambiente perfecto para el fraude y, especialmente, esquemas Ponzi. Este tipo de estafas se caracterizan por ofrecer grandes beneficios a los inversionistas y busca que los nuevos inversores paguen los intereses de los antiguos, hasta que el sistema colapsa y ya no se puede cumplir más con los inversionistas.

Especialistas en fraude dicen que los grandes esquemas Ponzi incluyen elementos offshore, cuentas bancarias y compañías en escondites en el extranjero, que permiten a criminales financieros oscurecer los orígenes y destinos de grandes sumas de dinero necesarias para mantener los esquemas funcionando.

“Muy rara vez se tiene alguno que no” incluya compañías o cuentas en paraísos fiscales, dice Michael I. Goldberg de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, un abogado que con frecuencia testifica como experto en casos de esquemas Ponzi. “Si no, es usualmente un tipo de Ponzi muy parroquial. Pero los más sofisticados, casi siempre lo hacen”.

El fraude millonario de siete mil millones de dólares de Allen Stanford, por ejemplo, se realizó a través de un banco que él controló en Antigua. Bernard Maddoff usó también una serie de “fondos de inversión subordinados” offshore para inyectar el crecimiento de su esquema de 65 mil millones de dólares.

En el caso del Ponzi de Illarramendi, tres fondos de inversión que presuntamente fueron parte del corazón del fraude, tenían su sede en las Islas Caimán.

Además, Carney alega que las compañías de las Islas Vírgenes Británicas, controladas por Beracha, recibieron millones de dólares en pagos por “ningún trabajo, servicio o valor”.

En una declaración escrita a la corte, Beracha reclama que él había renunciado a cualquier participación mayoritaria en las firmas mucho antes que los crímenes de Illarramendi salieran a la luz. Pero Carney dice que Beracha usó las compañías para canalizar el dinero de las tarifas e intereses –tasas de hasta 80 por ciento anual por los préstamos no eran extrañas- que él cargó a Illarramendi a cambio de suministrarle el dinero a sus fondos de inversión, que tenían pérdidas. Los sobornos para pagar al gerente del fondo de pensiones de Pdvsa también fueron canalizados a través de las compañías offshore de Beracha, de acuerdo a los registros de Carney en la corte.

El 22 de marzo de 2007, cerca de 12 millones de dólares para el pago de sobornos fueron transferidos a una de las entidades de las Islas Vírgenes, Northwestern Ltd., así como otras dos compañías controladas por Beracha, de acuerdo a la denuncia del síndico. En un intercambio de correos electrónicos que se produjo más tarde ese año, Beracha e Illarramendi discutieron el pago de más de siete millones de dólares para Black. Beracha escribió entonces: “ya te daré instrucciones, cta. nueva q les estoy abriendo en hsbc” (sic), según un documento suministrado por el síndico a la corte.

Beracha dijo que los alegatos de Carney sobre los sobornos "son falsos".

Un abogado de Montes, Elliot Greenfield, no respondió a los mensajes de correo electrónico y llamadas de ICIJ buscando un comentario sobre los alegatos contra su cliente.

En 2008, otra de las entidades de las Islas Vírgenes de Beracha, Brave Spirit, recibió más de 3,6 millones de dólares de uno de los fondos de Illarramendi “a cambio de absolutamente nada”, alega el síndico. Registros internos de Commonwealth Trust Limited (CTL), agente registrador de Brave Spirit –que aparece entre las firmas del grupo de documentos secretos sobre offshores obtenido por ICIJ-, revelan que Moris Beracha, y otras cuatro personas que comparten el apellido Beracha, eran accionistas de Brave Spirit en ese momento, pero Moris Beracha detentaba cincuenta por ciento de participación en la firma y era su único director.

“Yo no soy propietario, ni tengo la mayoría o el control accionario, de ninguna de esas empresas que el Sr. Carney me atribuye, salvo Northwestern International Ltd”, escribió Beracha a ICIJ.

Beracha le dijo en una oportunidad en un correo electrónico a Illarramendi que ellos eran un equipo. Pero en el calor del intercambio de grandes cantidades de dinero alrededor del mundo, las cosas se pusieron algunas veces tensas entre ellos. Por ejemplo, esto ocurría cuando las transferencias se retrasaban.

“Chamo me tienes cagado. Demasiada responsabilidad para mí. De verdad mándalas como me dices pero dispara. Es mucho real papa” (sic), le escribió Beracha a Illarramendi en un mensaje de correo electrónico el 4 de diciembre de 2007.

“Ya sabemos que ejecutar esto toma tiempo y que no nos gusta mandar múltiples transferencias el mismo día”, respondió Illarramendi. “No podemos volvernos locos porque se cortan las vías, pana”.

Juego de operaciones

En 2010, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos –ente de supervisión del mercado bursátil- comenzó a explorar las prácticas financieras de Illarramendi. Los investigadores de la SEC encontraron transacciones financieras intrincadas y sin ningún libro de cuentas, prácticamente. Ellos rastrearon el Ponzi a partir de una pérdida de cinco millones de dólares que Illarramendi sufrió en 2005. Desde ese momento el agujero continuó creciendo, mientras Illarramendi, un antiguo banquero de Credit Suisse, “jugó un juego de operaciones fantasma” con los fondos de los inversionistas para intentar pagar deudas y ocultar las pérdidas, de acuerdo a los archivos de la corte.

Los documentos de la corte también muestran que uno de los primeros inversionistas en los fondos de inversión offshore de Illarramendi fue el millonario Oswaldo Cisneros, que es dueño de una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del país. Su primo, Gustavo Cisneros, junto con otros miembros de la familia, tiene una fortuna que la revista Forbes calcula por 4.200 millones de dólares, incluyendo participación en estaciones de televisión, una cervecería y un equipo de béisbol.

Documentos presentados en la corte por los abogados y asociados de Oswaldo Cisneros muestran que el empresario venezolano invirtió alrededor de 117 millones de dólares en los fondos de inversión offshore de Illarramendi.

En 2004, una compañía vinculada con Oswaldo Cisneros cogestionó uno de estos fondos de inversión offshore, que luego fue usado en el esquema, Highview Point Offshore Fund, creado por Illarramendi y dos socios en las Islas Caimán. Una declaración jurada entregada por el síndico indica que Cisneros realizó esto por “razones de impuestos” y que Illarramendi y los otros tenían autoridad exclusiva para ejecutar los negocios.

Un abogado de Cisneros, Laurence Curran, dijo que su cliente no puede ofrecer comentarios porque los procedimientos judiciales están en curso.

En marzo de 2011, Illarramendi se declaró culpable de cuatro cargos: transferencias fraudulentas, fraude a la seguridad, fraude de asesorías financieras y conspiración para obstruir la justicia. Dos meses más tarde la SEC anunció que había recuperado 230 millones de dólares de los inversionistas de una cuenta bancaria en los Países Bajos. Los inversionistas rápidamente se alinearon para reclamar su dinero del síndico, que aún está buscando parte del dinero que se desvaneció en el esquema.

Con frecuencia parece el juego del gato y el ratón. Cuando los abogados del síndico trataron de notificar sobre la demanda contra las compañías de Beracha en las Islas Vírgenes Británicas, encontraron que aparentemente las firmas no existían más o que habían sido transferidas a otras jurisdicciones en paraísos fiscales. CTL, el agente registrador de las Islas Vírgenes Británicas, le dijo al síndico que no podía aceptar papeles judiciales de una compañía que no representaba más.

Jonathan New, un abogado de Nueva York y antiguo fiscal federal que está trabajando en nombre del síndico, dice que frecuentemente hay muchas capas de intermediarios entre una compañía y sus dueños beneficiarios. “Terminas casi en una situación como de una muñeca rusa, tratando de dilucidar dónde termina esto”, dice.

ICIJ contactó al intermediario en Panamá que ayudó a Beracha a incorporar sus compañías a través de CTL en las Islas Vírgenes Británicas. Dani Kuzniecky, un abogado con buenas conexiones y antiguo contralor general de Panamá, se negó a ofrecer comentarios alegando confidencialidad y asuntos legales.

Extorsiones

Mientras tanto, los abogados de Beracha están peleando el caso en las cortes de Estados Unidos, presionando para que el caso sea movido a jurisdicción venezolana, donde una investigación de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional declaró inocentes a todos los funcionarios del gobierno vinculados con el caso Illarramendi.

Beracha vive ahora en República Dominicana. Dice que ha sido extorsionado en Venezuela.

“Yo soy una víctima del fraude de Illarramendi”, escribió en un correo electrónico. En respuestas escritas que luego envió a través de una firma de Relaciones Públicas, dijo en lugar de eso que él era una víctima del juicio contra Illarramendi en el que “he sido implicado sin ninguna base legal”. Él acusa a Carney de tener un conflicto de interés, porque el síndico contrató a su propia firma de abogados, Baker&Hostetler, para representarlo en las demandas.

El abogado Jonathan New indicó que ese alegato ya fue rechazado por la corte. “El señor Beracha está únicamente sacando ahora estos alegatos sin fundamento en un claro intento por ganar ventaja en un litigio en el que el síndico está intentando recuperar más de 170 millones de dólares que Illarramendi transfirió de manera fraudulenta al señor Beracha y a entidades bajo el control de Beracha”, agregó.

Después que el caso de Illarramendi fue descubierto, el gobierno de Chávez dijo que cubriría las pérdidas de los 25.000 pensionados de Pdvsa. El presidente de la Asociación de Jubilados (Ajip), César Delgado, le dijo a ICIJ que los jubilados han continuado recibiendo sus pensiones con normalidad pero que, desde el año 2002 –después del paro petrolero- no le ha sido entregado a AJIP copia de los informes financieros auditados del fondo de pensiones, donde hubiesen podido tener conocimiento de las inversiones.

Al mismo tiempo, sin embargo, un grupo de pensionados envió una carta a la oficina del Fiscal de Distrito en Connecticut, en octubre de 2012, diciendo que ellos habían sufrido daños financieros del esquema de Illarramendi y que no han podido “obtener una compensación” de Pdvsa.

El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, no respondió a la solicitud de comentario enviada por escrito a sus oficinas en el mes de enero de 2013.

Illarramendi tampoco respondió a las llamadas y correos electrónicos enviados para conseguir sus comentarios. Su padre, Ramón Illarramendi, quien durante el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera fuera Ministro de la Familia, dijo en un mensaje de correo electrónico que su hijo está obligado a mantener silencio como parte de un acuerdo de confidencialidad alcanzado con las SEC durante un proceso de negociaciones. Sin embargo, agregó que “tanto la oficina del fiscal de Estados Unidos como la SEC han ignorado descaradamente este acuerdo, creando una nube de desinformación repetitiva y autorreferencial”.

“Mi hijo nunca se declaró culpable de llevar un esquema Ponzi – el término no está siquiera mencionado en su declaración de culpabilidad ni en la transcripción de la audiencia. Sus abogados han demostrado que no hubo tal cosa y todavía eso aparece en cómo cada titular lo ha estado llamando por los últimos dos años”.

En un archivo de la corte, Francisco Illarramendi dijo que él había sido extorsionado en múltiples ocasiones y obligado a pagar millones a oficiales del gobierno venezolano, que resultaron en pérdidas financieras para los fondos de inversión que él administraba. “Mi vida y la vida de mi familia fueron amenazadas con daños físicos si ciertos pagos no se hacían a oficiales venezolanos o a sus intermediarios”, escribió Illarramendi.

Illarramendi ha estado en una prisión en Rhode Island, Estados Unidos, desde finales de enero esperando sentencia.

En el caso de Cisneros, el magnate venezolano, él está en una dura pelea en la corte para recuperar su dinero. Su nombre está profundamente enterrado en archivos de la corte de Estados Unidos. Como muchos otros personajes de esta historia, Cisneros se esconde tras misteriosas entidades offshore, incluyendo una compañía panameña que está reclamando 20 millones de dólares al síndico.

Francisca Skoknic y Mike Hudson contribuyeron con esta historia.

Lea acá una serie de respuestas de Moris Beracha enviadas por escrito a ICIJ

Lea acá la versión en inglés de este trabajo publicada por ICIJ: Ponzi Scheme used offshore hideaways to shuffle investors' money



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