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La vuelta llegaba hasta las Islas Vírgenes

Samuel Maya Mayzel, ya fallecido, fue uno de los implicados en la célebre causa de La Vuelta, una pirámide del estado Zulia que estafó a medio millar de inversionistas entre los años 2003 y 2005. Justo en los tiempos en que lideraba la fraudulenta empresa, registró, junto a tres socios más, una compañía en las Islas Vírgenes Británicas.

El 23 de junio de 2005 el Ministerio Público inició investigaciones por el caso de una de las estafas más famosas dentro de la historia venezolana. Desde el estado Zulia, a través de una compañía de nombre Auto Leasing, se captaban fondos en dólares sin la autorización de la Superintendencia de Bancos y se ofrecía a los clientes al menos entre 10 por ciento y 20 por ciento de intereses al mes. La pirámide, esquema financiero aplicado para la estafa, se desplomó y se vieron afectados más de 500 inversionistas.

Una de las personas señaladas por este caso, popularmente llamado “La Vuelta”, como uno de los posibles intermediarios –brokers- (de un grupo de 17) que facilitó el fraude iniciado en 2003, abrió en el año 2004 una compañía en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal.

Samuel Maya Mayzel, empresario zuliano y parte del grupo de los 17, registró en las Islas Vírgenes Británicas, junto a tres socios más, la firma Polaris Consulting Management en diciembre de 2004, momento en el que la estafa estaba en pleno curso. La compañía en el paraíso fiscal ya no se encuentra activa. La información, proveniente de una serie de 2.5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), muestra que el proceso de incorporación de la firma se dio a través de la venezolana Gloria Araujo, quien a su vez hizo las gestiones con Portcullis Trustnet.

Portcullis Trustnet es un operador offshore asiático con clientes en más de 140 países –incluyendo figuras políticas, mercenarios y magnates-, que facilita los registros de compañías en paraísos fiscales.

Los socios de Maya Mayzel también registraron empresas de forma independiente en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

Juntos, Marco Villasmil, Joan Manuel Fereira y Neptali Morillo –accionistas junto a Maya Mayzel de la firma en las Islas Vírgenes Británicas-, inscribieron en el año 2004 la compañía Lumarcoval Corporation en Panamá, según datos del Registro Público de Panamá, con un capital social de “500 acciones sin valor nominal -0- que podrán ser nominativas o al portador”. Además, Villasmil y Fereira están vinculados con el mundo de la construcción y tienen participación en firmas que han sido contratistas del Estado venezolano, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas.

Marco Villasmil, por ejemplo, fue socio de la compañía Proyectos Kit Casas, que participó en construcciones con el Ministerio de Infraestructura entre los años 2001 y 2003 como el Comando Aeropuerto Nueva Esparta y Las Josefinas en San Félix.

Por su parte, Joan Manuel Fereira aparece como Director Gerente de la firma Deconferca S.A., que además de tener registro en Venezuela, fue inscrita en Panamá bajo el nombre Deconferca Panamá en el año 2009 y está enfocada en el desarrollo de proyectos de construcción tanto civiles como industriales.

Un documento del Tribunal Supremo de Justicia también asoció a Fereira con el caso de “La Vuelta”. En el año 2006 la jueza Irasema Vilchez de Quintero, como presidenta de la Corte de Apelaciones, se inhibió en la causa llevada contra Freddy Manzano Tiniacos por la presunta comisión de los delitos de intermediación financiera, captación indebida de recursos y estafa, a raíz de sus vínculos familiares con Fereira.

“Por cuanto si bien es cierto el supuesto que se recurre no es precisamente en contra del ciudadano Joan Manuel Fereira Rosillo, el mismo aparece en la causa como querellado y como quiera que las decisiones no solo deben convencernos a nosotros mismos sino que también deben convencer al colectivo, es por ello que me inhibo del conocimiento de la presente causa”, argumentó Vilchez.

El artículo 430 de la Ley General de Bancos establece una pena de 8 a 10 años de prisión a quienes, sin estar autorizados, “practiquen la intermediación financiera, crediticia a la actividad cambiaria (…) y capten recursos del público de manera habitual”, por el delito de captación indebida.

Por la estafa de “La Vuelta”, que inició en el año 2003 después del paro petrolero de 2002, a través de la compañía Auto Leasing que ofrecía servicios de alquiler de vehículos a la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que terminó captando fondos en dólares de inversionistas con la promesa de altos porcentajes de retorno al mes para sostener su negocio, fueron señaladas más de 20 personas, entre ellas los dueños de la empresa implicada en el caso, como Nelson Navarro. La Dirección de Criminalística Financiera había determinado entonces que los montos recaudados por Auto Leasing llegaron a los 112 millones 962.680 dólares, según reseñas de esa época.

Samuel Maya Mayzel figura como elector venezolano, aún después de fallecido. Su deceso trajo el pronunciamiento de quien fuese amigo de la familia y primer alcalde del municipio San Francisco en el Zulia, Saady Bijani: “Samuel sostenía ayudas importantes a instituciones educativas y eran como sus propios hijos muchos niños y jóvenes becados. Ayudaba con recetas médicas y alimento a familias necesitadas. Era un hombre exitoso y emprendedor y por eso daba sin mezquindad”.

Su fortuna quedó en manos de su esposa y sus hijos, según indica una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que los declara como sus únicos y universales herederos después del deceso ocurrido el seis de diciembre del año 2010.

Samuel Maya, quien en la actualidad tendría 52 años, aún está como votante activo en el registro de electores del Consejo Nacional electoral actualizado para los comicios del 7 de octubre de 2012, en la Unidad Educativa Nacional Privada Natalicio del Libertador del municipio San Francisco en el estado Zulia. También los tribunales consideraron llamarlo a comparecer en 2012, dos años después de su fallecimiento, a raíz del cobro en bolívares a una empresa suya por parte del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, antes conocido como Fogade.