El pueblo de Yumare solo emerge de su letargo con las sacudidas: ya sea por la metáfora violenta de una masacre hace cuatro décadas o, literalmente, por el 'doblete sísmico' del miércoles 24 de junio. Aunque se le identificó como el origen del terremoto más fuerte de ese Día de San Juan, los destrozos en este valle de Yaracuy fueron menores, en comparación con los registrados en Caracas y el Litoral Central. Sus pobladores tuvieron que esperar 12 horas para, con el regreso de los servicios de luz e internet, conocer que la tragedia se había gestado bajo sus pies.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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No solo como una cicatriz de los eventos sísmicos del 24 de junio, una enorme grieta en el asfalto obliga a los conductores en la redoma de Palmasola a desviarse hacia la autopista Cimarrón Andresote (hasta 2009, autopista Rafael Caldera), que lleva de Morón, estado Carabobo, hacia San Felipe y Barquisimeto; el paso a Tucacas, estado Falcón, permanece cerrado. También sirve como una señal de advertencia: se entra al área de confluencia entre dos de las fallas geológicas más importantes que atraviesan a Venezuela, las de Boconó y San Sebastián, responsables de algunos de los terremotos más destructivos en la historia del país. No muy lejos, al oeste, se encuentran las estribaciones del sistema de fallas de Oca-Ancón.
Tanto la falla de Boconó como la de San Sebastián se activaron la tarde del pasado miércoles para producir una rareza, el llamado doblete sísmico por el que, con apenas segundos de diferencia, ocurrieron un sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5. La devastación consiguiente también resultó excepcional, tanto en Caracas como, sobre todo, en el estado La Guaira (hasta 2019, estado Vargas) Hasta el sábado 26 de junio se contaban de manera oficial 1.430 muertes, pero se teme que el saldo final sea mucho mayor.
A unos 53 kilómetros de distancia en línea recta al oeste del desvío se encuentra la población de Yumare, en el estado Yaracuy. El nombre de la localidad salió a relucir el miércoles cuando el primer boletín del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó cerca de allí el epicentro del terremoto principal de magnitud 7,5, a unos 23 kilómetros al sureste de Yumare y a 10 kilómetros de profundidad. También desde esa zona, al igual que las ondas sísmicas, se propagaron con dirección al este las alertas de terremoto de Google.
Yumare es un pueblo rural de unos 20.000 habitantes en el valle medio del río Aroa, a 44 kilómetros al norte de San Felipe, capital del estado Yaracuy. En una época destacó como centro de producción de naranjas, hasta que la plaga del dragón amarillo, una enfermedad bacteriana, arrasó con los cultivos. El último momento de resonancia mediática de Yumare, hasta el par de terremotos recientes, tuvo lugar hace 40 años. Entonces, el 8 de mayo de 1986, un grupo de comandos de la Disip (policía política, hoy Sebin), liderado por el comisario Henry López Sisco -quien resultaría herido en la refriega-, asaltó un campamento de la ya prácticamente extinta guerrilla de izquierda, de la que nueve integrantes fueron abatidos; según versiones, algunos de ellos fueron torturados en el sitio y ejecutados de manera extrajudicial. Aunque el suceso en realidad acaeció en un caserío cercano, La Vaca, pasó a ser conocido como la Masacre de Yumare.
El verdor tropical de la carretera que conduce hacia Yumare completa el paisaje agreste de fincas ganaderas y cultivos de plátano y cocoteros a la entrada de la capital del Municipio Manuel Monge. Durante el recorrido nada anticipa el desastre. Y cuando finalmente se llega, se encuentra en efecto un pueblo en general indemne a los eventos telúricos que allí se originaron. Sus pequeñas casas de un solo piso lucen intactas. En su mayoría son de interés social, construidas por el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) de la era de la democracia puntofijista. El miércoles, una pared de un templo evangélico se vino abajo, y sus cascotes lesionaron a una niña. Poco más. En ese fatal atardecer, el dispensario de la localidad se vio rebasado, pero sobre todo por episodios de vértigo e hipertensión.
La estampa contrasta con las estremecedoras imágenes de la catástrofe causada en Caracas y su litoral, a unos 200 kilómetros de distancia en línea recta al oriente.
La sorpresa queda para el lego, pues los expertos en materia geológica conocen bien por qué los destrozos no fueron tan extensivos en el área del epicentro. En conversación telefónica con Armando.info, el sismólogo venezolano y profesor universitario, Michael Schmitz, explicó que, si bien la primera ruptura de la falla de San Sebastián ocurrió en la zona de Yumare, se extendió 200 kilómetros a lo largo de esa falla y dio el golpe final en La Guaira. “Hay que entender el concepto de ruptura. En este caso tienes dos placas, la placa del Caribe y la Suramericana. Una se mueve y la otra queda fija. Ese movimiento es de dos centímetros por año. [Así se produce] una tensión que retiene la placa del Caribe con la de Sudamérica, pero esa fuente de retención no alcanza y cede en algún momento. Lo que pasó es que se soltó esa fuerza de retención y la litósfera caribeña, de 100 kilómetros de espesor, se deslizó rápidamente uno o dos metros a lo largo de 200 kilómetros de longitud”, afirmó Schmitz.
“Se rompió la falla de Boconó en un primer evento. Y menos de un minuto después viene un segundo evento que salta a la sección de una falla que es la de Morón-San Sebastián. Esa ruptura de Morón-San Sebastián va hasta Caraballeda”, continuó el experto. “Si bien el epicentro donde se inicia todo está en Yumare, realmente el terremoto ocurrió en La Guaira”.
El viernes reciente, cuando Armando.info visitó Yumare, unos niños pateaban un balón de fútbol en la Plaza Bolívar, frente a la iglesia, con sus puertas abiertas de par en par. Los menores gozaban del día libre, gracias a la suspensión de clases que el gobierno nacional decretó por la emergencia. Al lado, un vendedor ambulante ofrecía generosos vasos de papelón con limón. Los estragos del terremoto se dejaban sentir apenas por los cortes de los servicios de electricidad e internet, aunque, a decir verdad, eso ya ocurría desde mucho antes de los sismos. Pocos eran los comercios que estaban abiertos porque no funcionaban ni los puntos de venta electrónicos ni el Pagomóvil, un sistema digital de transferencias interbancarias muy usado en Venezuela.
A 48 horas del doblete sísmico, algunos pobladores conversaban sentados en los bancos, a la sombra de los árboles
“Nos enteramos de que habíamos sido el epicentro del terremoto 12 horas después, porque no teníamos ni luz ni internet”, comentaba Anaís Rivero, habitante de Yumare, a quien el temblor sorprendió en su casa junto a su familia, donde también atiende clientes como manicurista. “Aquí se sintió horrible, fue muy fuerte y largo, un susto muy grande. Se sentía como si el piso fuese de agua, como si camináramos sobre gelatina”, terció por su parte Argenis Camacaro, quien se dedica a la cría de ganado y fabricación de quesos.
En Yumare el servicio eléctrico funciona con cortes programados, intermitencia que también afecta el suministro de agua potable. No hay señal de la telefónica estatal Cantv ni de las operadoras privadas Digitel y Movistar. Solo cuando vuelve la luz o cuando un comerciante prende una planta eléctrica con combustible, se enciende también un wifi satelital que brinda señal de internet gratuita a todo el pueblo. En la esquina próxima a la iglesia, es donde “se agarra mejor conexión”. Todos seguían atentos a las terribles noticias que llegaban sobre todo del estado La Guaira.
El punto a 23 kilómetros al sureste de Yumare, que USGS identificó como origen del mayor de los terremotos del día de San Juan, corresponde a otro poblado rural, El Guayabo, Municipio Veroes del estado Yaracuy. De hecho, Google Maps señaliza sus coordenadas, en letras rojas, como Terremoto en el norte de Venezuela.
A un costado de la carretera vieja entre Morón y San Felipe, en un pasaje boscoso, El Guayabo luce su trazado ordenado de calles a medio asfaltar. Cuenta con cuatro templos evangélicos y una iglesia católica, y hoy subsiste a duras penas con la producción platanera. Se notan algunos signos de afectación por los sismos. Se desplomaron tres viviendas, entre ellas la casa de barro de la familia Hernández. A pesar del colapso de la vivienda, los tres ocupantes de la vivienda salvaron sus vidas: una bebé de meses, una niña de 10 años, y su abuelo. También algunos muros de bloques se derrumbaron, se cayó un pedazo de la pared de una fábrica de quesos, y una loza de mármol se desprendió del pedestal que sostiene el busto de Bolívar en la plaza central.
Avanzando al noreste de Yumare y ya en el Municipio Juan José Mora del estado Carabobo, las consecuencias de los terremotos empiezan a hacerse evidentes en la aldea de San José de Urama. Varias casas sucumbieron al remezón y otras tantas quedaron marcadas con grietas. Un contingente de unos 40 policías nacionales con distintivos de diferentes divisiones, incluidos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), se agrupaba al frente del amasijo de escombros de lo que fue la casa de la familia Hernández, en la que dos niñas de 10 años de edad perdieron sus vidas. Los agentes descargaban paquetes de víveres y botellas de agua para entregarlas a la dueña de la vivienda, a quien parecía tenerle sin cuidado la actividad de los uniformados. Algunos policías grababan con sus celulares el momento en el que tres oficiales hacían entrega de los suministros, mientras pronunciaban un breve discurso. Impertérrita, la mujer, con una pierna envuelta en gasa, sentada junto a una niña con un ojo vendado, seguía mirando al vacío.
“Nadie nos ayudó. No solo comida de los policías, aquí quien tiene que venir es el gobernador [Rafael Lacava, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV] y la alcaldesa de Urama [Emily Riera], a dar la cara”, reclamaba un vecino del sector, cuya vivienda también quedó agrietada. “Doce personas murieron en este sector por el terremoto y en la montaña muchas casas quedaron destruidas”.
Alcanzando ya la orilla del Mar Caribe, la carretera que conduce desde Morón a los poblados turísticos del Golfo Triste, en el estado Falcón, flanqueada por su icónico jardín de palmeras, esta vez no aludía al camino de la felicidad que mencionan las reseñas turísticas y las aplicaciones de geolocalización, sino al de la tragedia. Largas filas de carros, camionetas y motos cargando cajas, paquetes y hasta cavas térmicas espesaban el tráfico sobre la vía Troncal 3 hasta Tucacas, la zona de desastre no declarada en el centro occidente de Venezuela.
Ciudad costera de tradición turística y puerta de entrada al Parque Nacional Morrocoy, Tucacas pasó a ser una La Guaira a escala reducida en La Mar Suites, un complejo hotelero frente al mar. Una de sus dos torres sucumbió al sacudón telúrico del 24 de junio. Era un escenario de caos, precariedad, impotencia y desamparo institucional.
El viernes, dos días después del doble evento sísmico, una multitud se agolpaba a la entrada del complejo, convocada por el ímpetu de querer ayudar. Se topaba sin embargo con una cinta amarilla y el perímetro trazado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para restringir el acceso. A pesar del filtro, una aglomeración de funcionarios de Protección Civil bomberos forestales, agentes de PoliFalcón y representantes de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y Ángeles de la Carretera atiborraba el lugar. También había médicos, paramédicos, psicólogos y rescatistas voluntarios. A simple vista, la descoordinación parecía reinar.
En lo que debió ser la terraza del edificio de cinco pisos aplastado (el Ala B del complejo turístico), ahora inclinada hacia el exterior de las instalaciones por el efecto de los terremotos, hileras de voluntarios abrían boquetes a mandarriazos y comenzaban a sacar escombros. Algunos usaban guantes de trabajo, otros cascos de construcción, incluso los que usan motorizados y ciclistas. Muy pocos llevaban botas de seguridad o tapabocas; ninguno lentes de protección. Pedían a gritos palas, picos, mandarrias y tobos para sacar los pedazos desgajados de la edificación. También, botellas de agua para poder continuar con el penoso trabajo bajo el sol implacable de Falcón. Cual caja de sorpresas, los rescatistas iban sacando de los boquetes los objetos que evocan una cotidianidad perdida: cobijas de estampados coloridos, ollas de acero inoxidable, almohadas, colchones, sofas, televisores. Sacan por un hueco los testimonios de muchas vidas que ya fueron.
Entre el barro, cangrejos muertos y ramas secas, un sargento de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con uniforme entallado y lentes de sol, contempla la escena desde una silla de mimbre destartalada que formó parte del mobiliario del hotel; mastica una arepa de las que reparten entre los rescatistas que luchan con desespero contra el tiempo. Mientras, otros dos jóvenes agentes de PoliFalcón no despegan la vista de las pantallas de sus celulares, donde pasan videos con chistes a todo volumen.
“¡Silencio!”, ordenaban de vez en cuando los rescatistas de la primera línea. Hasta llegaban a exigir que se apagaran los motores de dos excavadoras Caterpillar que movían escombros sin cesar. A falta de perros rescatistas, dependían del falible oído humano. Esos tensos instantes de silencio se quebraban al grito de “¡Hay uno!”. Entonces todos comenzaban a aplaudir y gritar. Se daba inicio a una actividad febril para abrir un nuevo boquete o ampliar el que ya tenían abierto. Se formaba una cadena de seguridad con personal de salud para prepararse para la evacuación de la víctima. Se alistaba una camilla. Pero el paroxismo se desvanecía rápidamente, cuando confirmaban que no llegarían a tiempo para rescatar al sobreviviente.
Sánduches secos y botellas de jugos a medio tomar reposaban sobre las mesas con sombrillas playeras al borde de la piscina de agua turbia. Fueron dispuestas para acomodar durante la agónica espera a los familiares de las víctimas tapiadas. Pero, 48 horas después de que la tierra se cimbró, esos familiares no parecían inmutarse ante la enésima falsa señal de hallazgo de una persona con vida entre los escombros. En cambio, pocas horas antes, la mañana del viernes, sí se movilizaron para reclamar a las autoridades presentes una mayor efectividad en los rescates.
La familia Oliveros, oriunda de Guacara, estado Carabobo, mantenía viva la esperanza de encontrar a una niña de seis años y a su padre, a quienes presumían atrapados en el sótano. Las esperanzas de los familiares se alimentaban de las versiones de los rescatistas improvisados que habían penetrado entre las ruinas, quienes dijeron haber escuchado ruido desde el fondo. “Basta de mentir de que ya la encontraron viva o de que la hallaron muerta. Aquí seguimos esperando con fe en Dios”, espetó la tía de la pequeña ante los rumores que circulaban en redes desde el primer día.
“Estamos muy agradecidos con tanta gente que quiere ayudar, pero aquí se necesitan profesionales de verdad, especializados en rescate y salvamento. Y la forma de actuar de los entes gubernamentales ha sido pésima, por decir algo corto”, comentó por su parte Miguel dentro de una tienda de campaña instalada como pequeño refugio para los familiares de las víctimas. “Mi esposa, mi hija y yo estábamos de vacaciones, vivo fuera del país desde hace 23 años; Tucacas era la última parada de nuestro recorrido por Margarita, Mérida y Los Llanos. Traje a mi hija para que conociera Venezuela y a mi esposa [Natalia Fernández, de nacionalidad colombiana, paciente trasplantada de riñon] le encantó Morrocoy la primera vez que vino en 2022. Después del 3 de enero, me propuse hacer las paces con mi país, así como cuando quieres reconciliarte con alguien que quisiste mucho”. Miguel y su hija se salvaron porque habían salido del apartamento.
Sin embargo, la mañana de este domingo se extinguieron las expectativas de encontrar a Natalia Fernández o a cualquier otra víctima con vida. Se asumió que no quedaban sobrevivientes entre los escombros. Once cuerpos habían sido recuperados y faltaba uno por rescatar, informó desde el lugar el periodista falconiano Jhonattam Petit.
El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, se ha apersonado cada vez que puede en el sitio. Este viernes no podía ser diferente. Rodeado de numerosos guardaespaldas y asistentes, fotógrafos y camarógrafos que registran todos sus pasos y ángulos, se ubicó en una esquina con un megáfono para dar instrucciones a los socorristas. De repente, un rescatista lo encaró y se atrevió a demandarle que no se inmiscuyera en asuntos que no maneja.
Al caer la noche sobre La Mar Suites se activó la planta eléctrica. La luz volvía a abrirse paso en las horas más oscuras. Los rescatistas seguían escarbando entre los cascajos de la estructura derrumbada. Pero la muchedumbre se replegó, aunque no necesariamente a sus hogares, tocados por el desastre. Muchos de los habitantes de los pueblos cercanos como Boca de Aroa se mudaron al borde de la carretera para pedir alguna ayuda a quienes transitaban por allí. No perecieron, pero quedaron huérfanos de cualquier asistencia con el terremoto. Como desde hace mucho tiempo estaban.
Aunque las desapariciones ocurren en ambas naciones, y a pesar de que en 2023 los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro activaron lo que se recuerda como el único y más claro esfuerzo oficial para la búsqueda de decenas de ciudadanos desaparecidos en la convulsa frontera colombo venezolana, Colombia avanza sola para dar respuesta, con sus altibajos burocráticos y políticos, a la interrogante sobre sus paraderos. En Venezuela impera el silencio y el desinterés de las autoridades, cuando no la burla.
Desde 2022, cinco niños con leucemia han fallecido y decenas han sufrido efectos adversos, incluyendo el contagio de meningitis, como consecuencia del tratamiento que se les suministró en el principal centro pediátrico de Venezuela. Las sospechas recaen sobre un medicamento importado de India que se sigue administrando. La situación causó la renuncia de varios médicos, pero las autoridades de salud escamotean los resultados de la evaluación del fármaco y hacen todo lo posible por ocultar la crisis. Mientras, otros niños con leucemia pueden correr el mismo riesgo.
No bastó con que el régimen del ‘último dictador de Europa’ apenas retribuyera la dadivosidad de Hugo Chávez con un apoyo político desganado, tecnología anticuada y casas de pésimo acabado. Nuevos documentos filtrados ahora permiten saber que el gobierno de Aleksandr Lukashenko, auxiliado con cargamentos de crudo en una coyuntura de crisis diplomática y energética, optó deliberadamente por dejar sin pago más de 1.400 millones de dólares que debía a Pdvsa, monto al que definió como “un regalo del pueblo venezolano”. Y Caracas dejó eso así.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo de la cuarentena que decretó el gobierno de Nicolás Maduro en marzo para frenar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, un monitoreo revela que las limitaciones se administraron a discreción durante lo que va de pandemia. La estatal Conviasa, por ejemplo, viajó más de un centenar de veces a Cuba, Irán y Rusia, esto es, una frecuencia cuatro veces superior a la de los vuelos calificados como ‘humanitarios’.
No es poca cosa la oscuridad total. Menos en la capital densamente poblada de una Venezuela afectada por la hiperinflación, el miedo y la dictadura. Mucho menos durante cuatro días seguidos en los que se borra la paciencia o se descubre la resistencia entre la necesidad de trabajar, tratar de tomar un baño, resguardar lo que se tiene y hacer sonreír a los niños. En esta crónica a ocho manos se descubre una Caracas vulnerable e inverosímil que suplica, como el país, que lleguen días mejores
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Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.
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La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.