La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quién se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas.
Asediado desde su llegada al poder en 2015 por la carga de la deuda externa y su pulso con la Unión Europea, el Gobierno griego de Syriza (acrónimo en griego de Coalición de Izquierda Radical), liderado por el premier Alexis Tsipras, puede que tenga otro flanco por el cual preocuparse: sus relaciones con Venezuela.
Syriza nunca ha ocultado su sintonía ideológica con el chavismo gobernante en la nación suramericana. Tsipras, quien entonces era el líder de la oposición griega, asistió en marzo de 2013 a las exequias en Caracas del comandante revolucionario, Hugo Chávez Frías. En octubre de 2016, sin embargo, una revelación puso a la vista del público otro costado de esos vínculos trasatlánticos. Entonces se supo que también en 2013, pero en agosto, poco después de la visita de Tsipras, un poderoso operador de Syriza, Nikos Pappas, actual ministro de Estado en el gabinete helénico, también había viajado a Venezuela pero en una visita casi secreta, y en compañía de un abogado chipriota especializado en estructuras mercantiles offshore, Artemis Artemiou.
Luego, gracias a una versión publicada en abril de 2017 por el diario Eléftheros Typos (Prensa Libre, en griego) de Atenas, pudo conocerse que el viaje de agosto de 2013 de Pappas y Artemiou había tenido como destino la turística isla de Margarita, en el Mar Caribe venezolano, a la que los pasajeros llegaron a bordo de un jet privado de Majed Khalil Majzoub, un empresario líbano-venezolano vinculado a jerarcas del Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. Los viajeros se alojaron en el lujoso hotel Ikin Margarita de Playa Cardón, sobre la costa este de la isla.
La misma publicación se había encargado, meses antes, de comprobar que Artemis Artemiou, el abogado chipriota, había visitado al menos una vez la Mansión Maximus, sede del Ejecutivo griego. ¿Qué podía estar haciendo un experto en negocios en paraísos fiscales al frecuentar la oficina del primer ministro Tsipras y viajar con un poderoso ministro del Gabinete?
A las primeras de cambio, en octubre de 2016, el ministro Pappas admitió que había visitado Venezuela en 2013, aunque sin nombrar a Artemiou, el abogado experto en estructuras offshore, como posible acompañante; solo dijo que también habían participado “otros miembros de Syriza”.
Según Pappas, su viaje al país suramericano no había tenido nada de irregular pues, en todo caso, para el momento en que lo hizo todavía no era funcionario público. Aseguró que el propósito de la visita había sido el de establecer contactos iniciales para una posible visita de Alexis Tsipras a Caracas -donde ya había estado apenas cinco meses antes- y explorar la posibilidad de compras de productos agrícolas en Venezuela -quizás un despropósito, habida cuenta del desabastecimiento crónico de alimentos y otros insumos de la canasta básica que ya se hacía sentir en esos albores de la presidencia de Nicolás Maduro-.
Pero la revelación de que el viaje de Pappas a Margarita se había hecho junto a Artemiou, y a bordo de un avión de Khalil, otorgó una nueva dimensión al asunto. El principal partido de oposición, el socialdemócrata Nueva Democracia, reanudó sus peticiones de abrir una investigación parlamentaria sobre el asunto y para que Pappas y el primer ministro Tsipras comparecieran a ofrecer explicaciones ante los congresistas.
Majed Khalil, junto a su hermano mayor, Khaled, han construido un emporio industrial y comercial en Venezuela a la sombra del régimen bolivariano instaurado desde 1999 en el país. Se les tiene por cercanos al chavismo, en particular a dos de sus jerarcas, Diosdado Cabello Rondón, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Información y Comunicación.
Al menos uno de ellos, Majed, fue despojado en 2004 de su visa estadounidense ante sospechas de lavado de dinero, según reportó en esas fechas el diario The Miami Herald. La sanción le fue impuesta a pesar de que, para entonces, una empresa de los Khalil, Hardwell Computer Inc, representaba en Venezuela a Raytheon, una corporación norteamericana para la que había conseguido el jugoso contrato de reemplazo del sistema de radares del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.
“obtención ilícita de divisas”
El grupo de los hermanos Khalil comprende desde firmas tecnológicas a alimenticias, de turismo o de aseo urbano. Mantiene empresas en Panamá y, según se comprueba en los archivos del bufete Mossack Fonseca cuya filtración dio lugar a los llamados Panama Papers, al menos hasta 2006 pagaban las cuotas de mantenimiento de dos compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Henvale Holdings Ltd y Vadin Services S.A., desde una cuenta de Majed Khalil en el Premier Bank International de Curazao.
En 2014, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones por denuncias de ilícitos cambiarios contra siete empresas en cuyos accionariados aparecía Majed Khalil, incluyendo a Hardwell Computer Inc, Corporación Meditech, KM Logistic, Santa Mónica Cotton Trading Company, Qualcomm Telesistemas, Cobijas Josdo, Pacific Rim Energy, Importadora DYFCA, Grupo DJML, Importadora Paquito, Administradora Servimeta, y Productos Piscícolas Propisca. Casi en simultáneo, el Ministerio Público hacía otro tanto, también por presunta “obtención ilícita de divisas”, contra la empresa Yatritonic C.A., de Khaled Khalil. Antes, en 2012, el despacho de la entonces Fiscal Luisa Ortega Díaz había hecho averiguaciones sobre otra empresa familiar, en ese caso, Hornos Eléctricos de Venezuela S.A. (Hevensa). En ningún caso las diligencias encontraron indicios de delitos.
Otra conexión de los Khalil que el diario griego no dejó de hacer notar se evidenció en noviembre de 2015. Entonces efectivos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) arrestaron en Haití durante una operación encubierta a dos sobrinos de la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, que intentaban completar en esa nación caribeña la venta de un cargamento de cocaína. Franquiu Francisco Flores y Efraín Campos -quienes, a la postre, serían sentenciados a una pena de 18 años de prisión por un tribunal de Nueva York- viajaban entonces en un avión de la empresa venezolana de recolección de basuras Sabenpe, en cuyo directorio figura Khaled Khalil Maizoub como director suplente.
El
abogado chipriota Artemis Artemiou -uno de los viajeros a Margarita y visitante
en el despacho del primer ministro griego- se vio expuesto al escrutinio público
en abril de 2016, cuando su nombre apareció en los llamados Panama Papers. El
portal Protagon.gr identificó tres
empresas registradas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, a
las que Artemiou aparecía vinculado, al parecer, solo como intermediario a
través de su bufete, Artemiou, Pieri & Associates, con sede en Chipre:
Pizzazz Limited, Avgi, y Elazzoulian Limited. Las empresas habrían sido
gestionadas a nombres de terceros que “no son Personas Políticamente Expuestas
(PEP) ni en Chipre ni en Grecia” aseguró Artemiou en una declaración escrita, en
la que además atribuyó la publicación a un intento por “vincular mis actividades
profesionales con los acontecimientos políticos en Grecia”. Relativizó las
denuncias diciendo que, de 7.000 empresas chipriotas que aparecían en los Panama
Papers, él solo tenía conexión con tres.
Sin embargo, un nuevo lote de casi 1,3 millones de documentos filtrados del ya desaparecido bufete panameño Mossack Fonseca, recibido por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y procesado y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) como el proyecto de Panama Papers 2, ofrece una nueva y más completa perspectiva acerca del vínculo del abogado chipriota con las empresas.
Según informa desde Atenas el reportero Harry Karanikas, del sitio Protagon.gr, documentos incluidos en la nueva filtración permiten determinar que Artemiou era, todavía en 2017, el Beneficiario Final, y no sólo el intermediario o administrador, de dos de las empresas que aparecen en Panama Papers. ¿Por qué mintió en su última declaración, en la que insistió que esas empresas habían sido incorporadas en nombre de terceros?
También revelan los archivos que Artemiou pidió al bufete panameño Mossack Fonseca disolver una de esas empresas, Pizzazz Limited, justo en abril de 2017, al mismo tiempo que en Grecia se conocía del viaje del abogado y el futuro ministro Nikos Pappas en una aeronave del empresario Líbano-venezolano Majed Khalil.
Aún más: Artemiou informa en una comunicación que a través de Pizzazz Limited había ofrecido servicios de consultoría, entre ellos, un estudio de mercado para un negocio de productos fertilizantes.
Según aseguró a Armando.info una fuente, al menos una empresa del grupo Khalil, Distribuidora Agromar, comercia materiales agrícolas, como fertilizantes.
A medida que surgen indicios, queda claro que todavía resta mucho para entender la extraña relación entre un abogado chipriota que estructura negocios offshore, las altas autoridades del Gobierno griego, y empresarios venezolanos que gustan de ofrecer aventones a través de los océanos.
(*) Este reportaje se hizo en el marco de Panama Papers 2, serie producida a partir de una filtración de documentos que obtuvo el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washingfton.
Con reportes desde Atenas de Harry Karanikas, Protagon.gr
Fracasado el “turismo socialista” que tanto mentó el presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana hoy apunta directamente a quienes tienen los bolsillos llenos de divisas y están dispuestos a gastarlas en Venezuela en un exótico turismo de lujo en medio de un país en crisis. Para ello se ha apuntalado en una serie de empresarios privados que hoy operan buena parte de la infraestructura hotelera del Estado venezolano, especialmente en la costa venezolana y provenientes de la Isla de Margarita, la que fuera la “perla del Caribe” y otrora paraíso para la clase media venezolana.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
Registrada en Islas Vírgenes Británicas por un bufete panameño para manejar una cuenta bancaria en Bahamas, una empresa de dos venezolanos generó dudas en el escritorio Mossack Fonseca sobre su cumplimiento de la normativa del paraíso fiscal donde se alojaba. Sus propietarios, Ricardo Lugo y Adrián Requena, en repetidas ocasiones han sido señalados por participar en los amaños por los que la constructora española Duro Felguera ganó el contrato de una planta termoeléctrica en Venezuela, acuerdo que las autoridades anticorrupción de España investigan.
El ex edecán del comandante revolucionario era cliente desde 2013 de Mossack Fonseca, que había registrado en su nombre una empresa en el paraíso fiscal de Seychelles para manejar una cuenta bancaria del militar venezolano en Suiza. Pero en 2016, luego de las revelaciones de Panama Papers, esa relación se volvió indeseable para el bufete, que intentó deslindarse a toda costa de la cuenta. Ahora el mayor retirado y su esposa, ex tesorera de la Nación, esperan en Madrid su posible extradición a Venezuela.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
