Luego de tres años, la prisión de Nelson Ramón Rivero Sanes sorprende hasta a sus propios custodios. Lo que todos saben es que sigue detenido en la cárcel de Tocuyito por la inexplicable saña de Marcos Campos Flores, dos veces candidato oficialista a alcalde del Municipio San Diego en Carabobo, sobrino de la otrora ‘Primera Combatiente’ y hermano de uno de los ‘narcosobrinos’. Unos indicios débiles y hasta caprichosos bastaron para armarle un caso judicial, cuyos efectos siguen vigentes, a pesar de la caída del madurismo y los cambios políticos del interinato.
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Hasta ahora, la familia había preferido mantener el caso a bajo volumen. Pero esta prevención quedó rota el reciente 22 de mayo. Ese día, el exgobernador de Florida y actual senador republicano por ese estado, Rick Scott, denunció la situación en su cuenta de X (antes Twitter): “Nelson Rivero es otra víctima de la brutal dictadura de Maduro. Padre de dos hijas cuyo único ‘delito’ fue querer un futuro mejor para su familia. Nelson fue detenido arbitrariamente por la DGCIM en 2023 sin una orden judicial. Desde entonces, ha permanecido injustamente encarcelado en Tocuyito, cruelmente separado de sus hijas y su familia”.
Los familiares de Rivero habían solicitado a Scott su intervención en el caso, a sabiendas de su influencia en los corrillos políticos de Washington DC y, a la vez, de la tutela que desde la capital estadounidense ahora se ejerce sobre los asuntos de Venezuela.
En conversación telefónica con Armando.info, la esposa del preso, la artista plástica larense Armary Prado, amplía lo que el senador Scott aseguraba en su post: el verdadero error de Rivero y de su familia habría sido el de “entrar en su entorno familiar, ese fue nuestro pecado”.
Con eso se refiere al entorno de Marcos Antonio Campos Flores, abogado, dos veces candidato a alcalde del municipio San Diego (noreste de Valencia), estado Carabobo, por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y con el respaldo del gobernador Rafael Lacava. Pero sus parentescos son aún más importantes para esta historia que su afiliación política y título universitario: es sobrino de la ex Primera Dama de la República o Primera Combatiente, Cilia Flores, y hermano de Efraín Antonio, uno de los dos llamados narcosobrinos, capturados en noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, la capital de Haití, como parte de una operación encubierta de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés); llevados a juicio en los Estados Unidos y condenados en 2017 a 18 años de prisión, a la postre la administración del presidente demócrata Joe Biden los liberó en el marco de un canje de prisioneros con el régimen de Caracas.
En mala hora los Rivero se cruzaron con él, ciertamente.
Campos Flores ha sido el principal denunciante de Nelson Rivero ante el poder judicial. Su cercanía con la depuesta familia presidencial, su condición de abogado y su identificación partidista le dieron en un momento un poderío provinciano que aprovechó para descabezar enemigos. Incluyendo a Nelson Rivero, aunque la familia Rivero no conozca todavía a ciencia cierta el porqué de tan desmedida animadversión. Lo que sí pueden comprobar es que, por esa saña, Nelson Rivero lleva tres años ausente de su hogar, y está prisionero en la infame Cárcel de Tocuyito desde octubre de 2025.
Tras la captura el pasado 3 de enero en Fuerte Tiuna de su encumbrada tía —ahora en espera de juicio en Nueva York— y bajo el interinato de Delcy Rodríguez —quien ha procurado borrar cualquier prebenda del derrocado madurismo—, Marcos Antonio Campos Flores conserva el mando suficiente para mantener preso a un individuo de manera arbitraria, poder del que hace gala.
La acusación contra Nelson Rivero, de acuerdo con lo que se lee en el expediente de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, está tipificada en tres delitos: tráfico ilícito de armas, asociación para delinquir y conspiración. Delitos todos que habría cometido en perjuicio del Estado venezolano y no de la persona de Marcos Antonio Campos Flores, quien en el expediente es retratado como denunciante.
¿En qué se fundamenta la acusación? En dos hechos recogidos en el expediente. En el primero, con fecha del 16 de mayo de 2023, una docente de la Unidad Educativa Juan XXIII, en Valencia, recibió una caja de regalo que dentro llevaba un explosivo, aunque el documento no especifica de qué tipo. El otro, cuya fecha no se precisa en el legajo, tocaba al propio Marcos Antonio Campos Flores: un “mensaje vía WhatsApp con carácter amenazador hacia su familia” que el sobrino de Cilia Flores habría recibido. El documento no detalla cuándo Campos Flores recibió el mensaje ni cuál era el contenido exacto de la supuesta amenaza.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habría rastreado el origen de la amenaza hasta el celular con línea telefónica No. 00584142286804. Y determinó que desde ese mismo número se habría ordenado el servicio de taxi que llevó el paquete explosivo al colegio Juan XXIII. Enseguida, según figura en el expediente, “de las resultas de la investigación se pudo determinar la relación de las llamadas y recorrido geográfico de la línea telefónica 00584142286804 con la línea 00584144817444”. Este último número correspondía al celular de Nelson Rivero. Con ese único indicio, resultó un caso que a la Dgcim poco le costó cerrar.
En agosto de 2023 se presentó la acusación formal, que refrendaron un fiscal provisorio, Ángelo José Dorta Sivira, y tres fiscales auxiliares: Gabriel José Almea Hernández, Michael Gabriel Quintero Silveira e Isa Hereda Duarte. Los tres primeros fueron detenidos en septiembre de 2025, como parte de una purga que el entonces Fiscal General de la República, Tarek William Saab, catalogó como “una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”.
El abogado Ramón Cardona, defensor de Nelson Rivero, confirma que los tres fiscales sancionados gozan hoy de medidas sustitutivas de prisión, mientras su defendido ya suma tres años tras las rejas.
Esa es, en resumidas cuentas, la historia judicial que transcurrió hasta hace poco. Pero la historia humana contiene más detalles, entre ellos, la descripción del lugar y del momento en los que Nelson Rivero y Armary Prado cometieron su “pecado”.
Todo comenzó en 2021, en un momento en el que Campos Flores era candidato a alcalde de San Diego por el PSUV para las elecciones del 21 de noviembre de ese año. La propaganda oficialista lo pintaba como un joven jovial y practicante de bicicross, destinado a arrebatarle por fin a la oposición su tradicional bastión en ese cantón de clase media antichavista.
“Todo fue súper casual”, rememora Armary Prado, hija de Armando Prado, viejo militante larense de Movimiento al Socialismo (MAS), quien fue director general de la Alcaldía de Iribarren durante la gestión de Macario González, entre 1995 y 2000. En septiembre de 2025, González fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y permaneció desaparecido durante 68 días. Fue liberado en febrero de 2026.
Lo que Armary Prado adjetiva como “casual” se explica así: un medio hermano suyo, Antonio Tovar, es amigo de José Luis Martínez. Y por otro lado, la media hermana de José Luis Martínez, Fanny Fátima Urdaneta, es pareja de Campos Flores. Los seis grados de separación se comprimieron en una fiesta de cumpleaños.
“Mi hermano [Antonio Tovar] y José Luis se conocieron en China (...) un amigo en común los presentó, hace más de 15 años, y se hicieron amigos porque ambos tenían los mismos comercios de importación, sobre todo de repuestos y maquinarias”, dice Armary Prado, quien añade que su hermano viajaba a ese país para cazar oportunidades en ferias de importadores. Ambos, Antonio y José Luis, luego, coincidieron de regreso a Valencia, la capital de Carabobo.
“Un día nos invitaron al cumpleaños de José Luis. Esa fiesta fue en la casa de la mamá de José Luis. Era una parrilla”, sigue Prado desenrollando el hilo de la memoria. Los Rivero-Prado tenían ya presente que uno de los asistentes a la celebración, Marcos Campos Flores, era sobrino de Cilia Flores.
Marcos Antonio, al igual que Efraín Antonio, es hijo de Hernes Flores, hermana de Cilia conocida como La China, y de Marco Antonio Campos.
La segunda vez que Rivero se vio con Campos Flores fue en junio de 2023, en el Colegio La Esperanza de Valencia, donde estudiaba la hija de ambos, entonces de seis años (Rivero tiene otra hija de una relación anterior). “Fue un asombro. Nelson llegó y me dijo: ‘¿Sabes quién tiene una hija en el colegio? Marcos Campos. Y me saludó. Me quedé loco cuando lo vi’. Después, cada quien se fue a su casa”, reconstruye Prado.
Seis días después de ese encuentro, en horas de la mañana, arrestaron a Nelson Rivero. Pero, para lograrlo, primero se sirvieron de un señuelo: Antonio Tovar, el hermano por vía materna de Armary Prado.
Antonio Tovar iba manejando a su trabajo cuando un vehículo de la Dgcim se le atravesó en una autopista de Valencia. Allí, varios hombres lo abordaron. No sólo eran los agentes de contrainteligencia. También estaba Marco Antonio Campos Flores en persona.
“Mira esto”, le dijo Campos Flores, mostrándole el mensaje amenazador que había recibido por WhatsApp, “esto lo mandó tu cuñado”.
Aún sin entender del todo, Antonio Tovar recibió, de parte del mismo Campos Flores, una instrucción que lo descolocó: “Necesito que lo llames y le digas que te vas a ver con él”.
Tovar obedeció la orden. Llamó a Nelson Rivero y le dijo que necesitaba verlo. Acordaron encontrarse en el estacionamiento del centro comercial Paseo La Orquídea, en la avenida principal de Mañongo, en Naguanagua, un suburbio al norte de Valencia. Allí lo esperaron los agentes de la Dgcim para detenerlo.
Pero con eso Tovar no terminaba de salir del embrollo. Recibió otra orden, similar a la anterior: debía llamar a su hermana, Armary Prado, para decirle también que necesitaba verla. Primero se opuso. A punta de amenazas cedió luego.
Unos minutos después, Antonio Tovar fue a buscar a su hermana en su carro. Cuando ella salió del edificio donde vive, vino con su hija de seis años. Al abrir la puerta derecha trasera del automóvil para que la niña se montara, vio que en el mismo asiento, del lado izquierdo, estaba una mujer uniformada.
Solo salió de su sorpresa cuando Tovar le dijo que subiera al carro. Por medio de señas, Armary Prado intentó conseguir de su hermano alguna información sobre qué ocurría. En voz baja, sobre todo para que la niña no se percatara de nada, le dijo que pronto le explicaría. Llegaron a la sede de la Dgcim. Allí, Prado supo que su esposo estaba preso.
La ficha que sobre Nelson Rivero elaboró el organismo de contrainteligencia militar resaltaba: “El mencionado ciudadano se encuentra presuntamente involucrado en ataques terroristas a colegio de primara [sic] del estado Carabobo y ataques cibernéticos atravez [sic] de la plataforma WhatsApp a entes gubernamental [sic] del Estado”.
Entre galimatías, el reporte de la Dgcim además hacía notar otro nexo que serviría para apuntalar la acusación: “Cabe destacar que dicho ciudadano es hijo del GB (RA) Nelson Rafael Rivero, que se encuentra en la situación de reserva activa y haciendo vida en los Estados Unidos atravez [sic] de un asilo polito [sic] por una carta publicada atravez [sic] de la plataforma virtual Twiuter [sic] el 27 de agosto de 2012, la cual malpone el decoro militar y presidencial del comandante Hugo Rafael Chávez Fría [sic], presidentes [sic] constitucional y líder supremo de la Revolución Bolivariana”.
Así, de golpe y porrazo, el caso adquirió un tinte político. Para más inri. Nelson Rivero, hijo, pasaba a ser sospechoso de llevar la sedición en la sangre.
Al teléfono, en conversación con Armando.info desde Estados Unidos, el general de brigada Nelson Rafael Rivero suena tajante: esa carta, en la que se señala a Hugo Chávez como “inepto, resentido, frustrado, vendepatria y cobarde”, no la escribió él. “En 2012, todo el mundo me habló de la carta. Pero yo no sabía nada ni supe nada en todos estos años. Hasta que detuvieron a Nelson”, explica el general Rivero.
En la cuenta de @nelsonrafaelrivuna, entre el 23 y el 27 de agosto de 2012, se publicaron seis cartas en las que el autor formulaba señalamientos contra la corrupción y sobre deudas acumuladas en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), a la vez que manifestaba opiniones políticas y hasta mostraba una constancia de solicitud de asilo político. Sin embargo, tanto el general Rivero como su esposa, Olga Sanes, insisten todavía hoy en que el oficial nunca tuvo cuenta en esa red social.
El general Rivero, egresado como subteniente de la Academia Militar de Venezuela en la Promoción Francisco de Paula Avendaño de julio de 1970, no niega la postura crítica y beligerante que tuvo hacia Hugo Chávez desde que éste lideró un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992.
Al llegar Chávez al poder, en 1999, el general Rivero expresó su oposición al ascenso de suboficiales a coroneles, a la implementación del término “cívico-militar” —que, para él, supuso la destrucción de las fuerzas armadas— y a la relación abierta del nuevo régimen con Fidel Castro. “Eso de obediencia, disciplina y subordinación lo acabó Chávez”, sentencia. De inmediato, en julio de 2000, pasó a retiro. Rivero constituyó entonces una empresa de fabricación de bloques en la que se asoció con su esposa, su hija y sus tres hijos varones. Hasta que, en 2012, todos decidieron irse de Venezuela. Excepto Nelson Ramón, quien prefirió quedarse a la espera del nacimiento de su primera hija.
En ese exilio, la noche del 22 de junio de 2023, la familia se enteró de que Nelson Rivero había sido arrestado. “Armary nos llamó en la noche, llorando. Yo quería irme a Venezuela de inmediato, pero mi hijo, a través de ella, me mandó a decir que no, que no lo hiciera, que podía ser peor”, dice, también al teléfono desde Estados Unidos, Olga Sanes de Rivero.
Luego de estar en la sede administrativa de la Dgcim en El Trigal, Valencia, a Armary Prado la llevaron de vuelta a su casa. Allí los funcionarios de la Dgcim iniciaron una requisa profunda. Prado preguntó dónde estaba la orden de allanamiento correspondiente. Primero, una funcionaria del Ministerio Público le respondió que el procedimiento se ejecutaba por vía excepcional. Minutos después, le mostró una orden que recibió por WhatsApp.
“Una orden de allanamiento debe ser emitida por un tribunal. No hay otra manera Y eso debe ser por escrito. Pero ahora se inventaron la figura del allanamiento por medio de la excepción”, explica Ramón Carmona, abogado de Rivero, en conversación con Armando.info.
Desde el día de su detención y hasta dos meses después, según el relato de su esposa, a Nelson Rivero lo sometieron a diversas torturas. El mismo día de su detención lo obligaron, mediante tundas que le propinaban entre corte y corte, a grabar un video para incriminar a su papá en el caso. En el trance, asegura su esposa, encontró el método para no inculparlo.
“Él tenía que leer en la cámara. Pero, a propósito, lo hizo mal para que se notara que estaba leyendo. Me contó que le pegaban demasiado duro porque lo hacía así. Y quedó tan mal que el video no fue utilizado como elemento de prueba”, explica Prado el tortuoso ardid de su marido.
El abogado Carmona refiere además que Rivero fue colgado por los brazos hacia atrás, lo que le causó una dislocación en su hombro izquierdo. También le habrían amarrado una carpeta manila con cinta adhesiva en la cabeza para, luego, ponerle bolsas plásticas y asfixiarlo hasta el límite de la inconsciencia.
No todo quedó allí. A Rivero, siempre según su esposa, lo arrodillaban. Una vez en esa posición, un funcionario le golpeaba las plantas de los pies con un tubo de cortinas. Esto, para obligarlo a confesar que era él quien había enviado el explosivo al colegio.
Otro día, los mismos funcionarios le habrían golpeado, con las palmas de sus manos, las dos orejas al unísono para dejarlo aturdido. Ante esto, el abogado interpuso una solicitud de revisión por parte de un equipo forense y corroborar, así, su estado de salud. La solicitud fue recibida, pero no hubo respuestas.
El defensor introdujo el 25 de febrero de 2026 una solicitud de sobreseimiento de la causa para Rivero por vía de la Ley de Amnistía, promulgada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Dos días después, la solicitud fue declarada sin lugar. El 16 de marzo, Carmona apeló. El 15 de mayo, la corte de apelaciones declaró sin lugar el recurso. “A la supuesta ley de amnistía la manejaron a su conveniencia”, asevera el abogado.
En busca de auxilio, su esposa ha acudido a organizaciones no gubernamentales venezolanas para lograr que la liberación sea efectiva. Pero como no fue detenido en contextos de protestas o por militancia partidista, calificar el caso de Rivero como el de un preso político no ha sido posible.
Armary Prado, tomándolo como una ironía de las circunstancias, recuerda que en 2022 Nelson y ella por fin habían decidido irse a Estados Unidos. Para ello se casaron en octubre de ese año y fueron solicitados por la hermana de Rivero por la vía del parole humanitario, medida implementada durante la gestión de Joe Biden. Meses después del arresto de Nelson Rivero, llegó la aprobación. “Como Nelson estaba preso y nosotros, por lo injusto del caso, pensábamos que lo iban a liberar pronto, pedimos una extensión para poder irnos. En total, esperamos seis meses. Pero no pudimos”, dice.
Rivero, ingeniero mecánico y comerciante de repuestos para vehículos, ha estado detenido en tres centros: la sede de la Dgcim de El Trigal, dos días desde su detención; la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), en La Quizanda, y, desde octubre de 2025, en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, mejor conocido como la Cárcel de Tocuyito.
Armary Prado dice recordar las palabras que Marcos Campos Flores le dirigió en la sede de la Dgcim. Asegura que soltó: “Para mí, Nelson está muerto. Dale gracias a Dios que tú estás aquí [viva], pero para mí, Nelson es hombre muerto”.
“Cuando lo detienen [a Rivero]", añade Armary Prado, "[Campos Flores] decía cosas como ‘qué casualidad que el tipo tiene una hija en el mismo colegio. Me tenía todo estudiado’. Él se hizo en la mente que Nelson estaba tras él”.
El domingo 21 de junio de 2026, Nelson Rivero cumplió su tercer Día del Padre en prisión. Fue el tercer año sin ver a su hija menor. Él ha instruido de manera explícita a su esposa y parientes de que la niña no sea llevada al reclusorio. Su hija mayor vive ahora fuera de Venezuela.
El juicio se reinició el 14 de julio, luego de que se suspendiera dos meses antes. Hasta el momento de esta publicación ha habido dos audiencias. Nada hace suponer a la familia que la libertad está cerca para él. Pero hubo algún cambio. Según le cuenta a su esposa, las torturas han cesado.
A veces un grupo de funcionarios de la Dgcim lo miran con asombro y le preguntan, según cita Armary Prado, a su esposo confinado: “Chamo, ¿hasta cuándo te van a tener aquí?”. En esas ocasiones Nelson Ramón Rivero, cuando los identifica, repara en la ironía que la pregunta esconde: varios de esos que se sorprenden al verlo aún encarcelado, fueron los mismos que en algún momento lo golpearon y torturaron.
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Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.
Un grupo de jóvenes, amigos de Yoswal y Yosser Gavidia Flores, dos de los hijos de la Primera Dama o ‘Combatiente’, son quienes están detrás de la nueva marca que desde hace poco promueve los deportes extremos y el turismo de aventura. El lanzamiento de Furia Energy, su propia bebida energética traída desde Turquía, ha sido el gancho para conquistar un campo virgen donde incluso alimentan aspiraciones ciertas de influir en la conformación de federaciones deportivas.
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Carlos Erik Malpica Flores es uno de los civiles más poderosos de Venezuela por la cantidad de recursos y funciones que ocupa. Es el actual tesorero de la República y administrador de las finanzas de Pdvsa. Ha tenido una astronómica carrera como funcionario público desde que, de la mano de sus tíos, Cilia Flores y Nicolás Maduro, ingresara al gobierno. Durante 10 años ha sabido ocultar su rostro y cuidar con celo los detalles de su gestión. Su nombre comenzó a resonar hace poco, luego de que dos jóvenes parientes de la Primera Dama fueran detenidos por presunto narcotráfico en Nueva York. Hoy su identidad queda al descubierto, al mismo tiempo que una serie de negocios en Panamá asociados a sus familiares.
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El líder revolucionario quedó cautivado en Libia por las obras de una constructora turca. Y la trajo para levantar sobre una meseta de Playa Grande un urbanismo que, con el tiempo, indistintamente llevaría su nombre o el de la empresa Summa. Tras el reciente doblete sísmico, muchos de sus edificios cedieron de una manera peculiar: hundidos en el suelo, rebajados en uno o dos niveles. La violencia de los sismos, sumada a las características de las estructuras y del terreno, asoman como los factores detrás del fenómeno.
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Una investigación sobre el secuestro del padre de un empresario francés del sector de las criptomonedas permitió rastrear parte del rescate pagado por su liberación hasta el monedero digital de una tal Isabel V. Esta, a su vez, resultó ser hermana de un exportador venezolano de especímenes de fauna silvestre y propietario de negocios para mascotas en Caracas. La mujer enfrenta en un tribunal cargos de lavado de dinero, mientras la conexión inesperada mantiene perplejas a las autoridades parisinas.
Abogado oriundo de San Diego, estado Carabobo. Sobrino de la exprimera dama Cilia Flores. Fue dos veces candidato a alcalde de ese municipio carabobeño, aupado por el PSUV y por el gobernador Rafael Lacava.
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General del Ejército venezolano. Desde 2000, en situación de retiro. Es egresado de la promoción Francisco de Paula Avendaño, de la Academia Militar de Venezuela, de 1970. Es padre del preso político Nelson Ramón Rivero Sanes.
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La Dirección General de Contrainteligencia Militar es el órgano represor más temido en Venezuela, por ser los que más cometen actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, según investigaciones de Naciones Unidas. En el sótano dos de la sede principal ubicada en Boleíta Norte, en Caracas, es donde se encuentra un área de tortura conocida como “la casa de los sueños”.