Dineros fugitivos: si los vi, no me acuerdo

Especialistas indican que, si bien para los venezolanos es legal tener inversiones en paraísos fiscales, lo ilícito es dejar de declararlas. La sanción penal contemplada para ello en las normas tributarias se queda, sin embargo, como una mera declaración de intenciones. Como no hay ni infraestructura ni disposición para supervisar efectivamente, todo descansa en la buena fe y transparencia de los contribuyentes. Virtudes que no abundan.
Las inversiones realizadas por residentes en Venezuela en
paraísos fiscales están sujetas a la legislación tributaria del país. Según
indican especialistas en esta área, la Ley de Impuestos sobre la Renta y el
Código Orgánico Tributario las incluyen como parte de la declaración fiscal.
Aunque el no cumplimiento de esta norma está penado por la ley, algunos
coinciden en que es una materia pendiente el desarrollo de una estructura
judicial que haga seguimiento a casos de ilícitos cometidos a través de paraísos
fiscales.
La abogada especialista en derecho
tributario, Elvira Dupouy, explica que es legal para los venezolanos tener
empresas y cuentas en distintas jurisdicciones incluidas las de baja imposición
fiscal, por lo general conocidas como paraísos fiscales, y que las mismas deben
ser declaradas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat) como inversiones extraterritoriales de acuerdo con el
régimen de transparencia fiscal internacional presente en la legislación
vigente. Termina siendo un ilícito cuando no son declaradas ante el
fisco.
“Según el Código Orgánico Tributario es una de las
presunciones de defraudación fiscal el no informar sobre las inversiones
realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Esto lo
establece el numeral 15 del artículo 117. Es uno de los pocos ilícitos
tributarios sancionados con penas restrictivas de libertad. Es el famoso ilícito
por el cual a Al Capone por fin lo pusieron preso”, aclara
Dupouy.
Existe una lista de paraísos fiscales elaborada por el
Seniat –conocida también como la lista negra- para efectos de la declaración
tributaria. El artículo 1 de la providencia administrativa que aborda este tema
indica que para Venezuela “se califican como jurisdicciones de baja imposición
fiscal, aquellas donde la tributación que grave a la totalidad de la renta, la
totalidad del patrimonio, o cualquier parte de los mismos, sea nula o hasta una
alícuota igual o inferior al 20% por este concepto”.
El listado de territorios que para Venezuela cumplen con esta
clasificación es de 83 jurisdicciones e incluye a lugares como Aruba, Islas
Caimán, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, entre
otros.
Sin embargo, Dupouy comenta que no ha visto procedimientos
llevados cabo en Venezuela relacionados con el ilícito de defraudación fiscal
por no declarar inversiones en paraísos fiscales. “Al final, se depende de la
buena fe y transparencia del contribuyente”.
Por su parte, el abogado Ramón Medina, especialista en
Derecho asociado con legitimación de capitales, cuenta que en el país no hay
tradición de investigar ilícitos cometidos por venezolanos a través de paraísos
fiscales. “No hay una verdadera supervisión de estos temas, pues la estructura
judicial venezolana no está capacitada para investigarlos”. Explica que se trata
de temas que demandarían tiempo y que son complejos de seguir.
Mientras no existe la declaración de la inversión offshore, para el país es inexistente y
solo se podría investigar si se llega a conocer y puede guardar relación con
algún ilícito como podrían ser la corrupción o enriquecimiento ilícito. Sin
embargo, “en Venezuela no existe la infraestructura para detectar esas
situaciones”, añade el abogado.
También para Medina esto responde a un asunto cultural, pues
según explica, cuando un caso lleva más de dos meses en investigación, se
convierte en los llamados “cangrejos” que tienden a ser engavetados, pues, a su
juicio, en Venezuela la justicia busca respuestas rápidas. Por eso, casos
asociados con paraísos fiscales –que tomarían más tiempo investigar y son más
complicados de demostrar- no se encuentran en la lista de prioridades. Para
Medina, se trata de una deuda pendiente de la justicia
venezolana.