Hace rato que Venezuela se levanta las alarmas de los organismos antinarcóticos. Ahora que la droga vuelve a rosar las esferas del Gobierno bolivariano, es bueno recordar que el principal aeropuerto de Caracas sirvió como puente aéreo del cartel más grande del hemisferio, el del Chapo Guzmán. Y lo hizo nada más y nada menos que al lado del hangar presidencial.

Más de 50 millones de bolívares se evaporaron en las “casas de cultivos protegidos”. Un buen día aparecieron estructuras importadas para sembrar a un costado de la Regional del Centro y otras de las autopistas venezolanas, pero resulta que no eran para el clima ni para el campo de esta parte del mundo.

Fue en el Zulia donde el gobierno venezolano estrenó el sistema biométrico de regulación de compra de alimentos. Se trataba entonces de una opción voluntaria, pero el experimento ha mostrado una suerte de evolución de la libreta de racionamiento. Hoy está prácticamente en todos los mercados, se pide la huella dactilar para comprar hasta un chocolate y se ejerce a discreción de una cadena de cajeros, comerciantes y funcionarios.

Acusado de financiar las protestas que sacudieron Venezuela en 2014, con un pasado de estudiante inconforme, el opositor venezolano es una innegable influencia para el movimiento que en 2007 irrumpió como actor en la escena política. Su figura también despierta críticas entre los adversarios del gobierno, que lo señalan de arrogarse la creación del movimiento juvenil, manejar financiamientos y fomentar la antipolítica.

Ocho años han pasado desde el anuncio de la creación de una fábrica de satélites en el pequeño pueblo de Borburata, en el estado Carabobo (centro de Venezuela). Su apertura se ha retrasado tres veces. En la búsqueda de la “soberanía e independencia tecnológica” para la construcción de este centro de desarrollo espacial, se han invertido más de 125 millones de dólares y la comunidad vecina sigue sin ver los beneficios.

La resistencia aborigen que se celebra el 12 de octubre tiene desde hace cuatro años una nueva expresión en Musukpa, a orillas del río Paragua, estado Bolívar. Nativos de diversas etnias, con los pemones a la cabeza, se organizaron para desarmar a las fuerzas militares y hacer frente a bandas criminales que pretenden controlar los yacimientos de oro de la zona, que hoy es prácticamente territorio liberado. Pero no una utopía.

En la sierra de Perijá cunde una leyenda que achaca su tala a una empresa trasnacional. Un periodista recorrió la ruta del ocumo y tras un periplo por el occidente venezolano, encontró que, a contracorriente de las denuncias oficiales, el producto de la discordia se sirve en los mercados del gobierno bolivariano.

En siete años de Gobierno en Puerto Cabello, su extravagante afición por el fútbol suena más que su gestión como alcalde por el PSUV: su hijo quedó reclutado en La Masía, viaja cada tres meses a Barcelona y construyó un centro de entrenamiento de dimensiones colosales. Visto por muchos como un burgués de closet, las cosas parecen ponerse en orden con su pretensión de dirigir la Federación de Fútbol, un deporte con el que pretende reunificar a Venezuela.

Un experimento impulsado por el Ministerio de la Salud supuso confiar desde 2012 el servicio de Neonatología de la Maternidad Concepción Palacios de Caracas a un grupo de médicos-milicianos, graduados en Cuba, sin experiencia en Pediatría. Se les facilitó una vía expresa para graduarse de especialistas, pero, con todo, fracasaron. Su fracaso puede haber contribuido al salto de la tasa de mortalidad en uno de los principales centros materno-infantil de Venezuela.

El ex grandeligas dominicano vendió a clientes venezolanos la quimera de una inyectadora sin aguja. La tecnología se mostró poco confiable y si llegó a los puertos del país, nunca sirvió a los pacientes del municipio San Francisco del estado Zulia. Pero dos embarques de la mercancía dieron acceso a un grupito al paraíso de los dólares preferenciales que obtuvieron, nada más y nada menos, que a través de una suerte de empresa de maletín del gobierno del alcalde Omar Prieto.

A dos años del apagón que paralizó al país, la compañía estatal Corpoelec no ha podido sobrevolar el tendido eléctrico que nace en la central hidroeléctrica de Guri, en el suroriente del país, y que transporta 70 por ciento de la electricidad de la nación sudamericana, por falta de helicópteros. Este es otro de los ejemplos de la gestión pública de las empresas que manejan las áreas estratégicas de la autodenominada Revolución Bolivariana.

La caída del presidente de Guatemala comenzó con este reportaje, publicado hace ya dos años en un suplemento especial que casi le costó la quiebra al diario El Periódico de ese país. Entonces advertían sobre el lujo y la riqueza súbita de una pareja que desafiaba los esquemas tradicionales entre un Jefe de Estado y su segunda a bordo. "El Palacio Presidencial parece más un hogar disfuncional que un centro de decisiones políticas", prevenían entonces sin saber el corolario de esta historia.

Antes de sus siete huelgas de hambre, se destacó por sus cultivos. Era "El rey de la patilla", cuentan en el pueblo donde todo comenzó. Hoy hace ya cinco años que terminó de reducirse a 33 kilos y, entretanto, aquí no ha pasado nada.

Que en Venezuela la justicia no es justa, es lo que encontró el Tribunal Supremo de Costa Rica en un fallo de marzo reciente. Trataba el caso de un venezolano que, según lo acusaban desde Caracas, fue parte de una estructura que birló casi 23 millones de dólares al estatal Fondo Chino. Huyó y lo pillaron en el país centroamericano. Pero allá repararon en que, sin indicios concluyentes de culpabilidad, extraditar al individuo equivalía a sacrificarlo ante unos poderes nada imparciales u objetivos.

La semana pasada fue capturada en Miami una banda de delincuentes de Maracay que viajaba con regularidad al sur de Florida para robar en viviendas de lujo. Al menos uno de sus integrantes tenía antecedentes en Venezuela. Pero la justicia lo dejó libre en régimen de presentación hace ocho años, con lo que le permitió seguir su carrera de fechorías.

Vuelven a levantar muros entre Colombia y Venezuela, pero, entretanto, hay quienes recuerdan que los pueblos de la raya debieron recibir más de $5.000 millones a través de una Ley de Fronteras que nunca fue. Los magistrados y legisladores de la República Bolivariana están en mora con su propia Constitución.

La identidad de los propietarios del sitio web más denostado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro es uno de los misterios más fascinantes de la Venezuela del control de cambio. Entre los opositores hay un pacto para no revelar quiénes están detrás del portal, porque existe un fundado temor a las represalias contra los familiares. Pero el secreto no está guardado bajo siete llaves como parece y está a punto de revelarse.

La organización del premio Nobel de la Paz 2002 y expresidente de Estados Unidos anunció esta semana el final de su misión en el país, aunque ya en mayo había cerrado su oficina en Caracas, activa desde 2003. El abandono coincidió con la renuncia de los dos representantes que le habían dado identidad en la crisis política local, Jennifer McCoy y Héctor Vanolli, y se produjo tan solo seis meses antes de unas elecciones que se pronostican decisivas para su resolución. Atrás deja la incomprensión de tirios y troyanos y un historial de metas frustradas.

Mujer de ciencia, estudiosa, ensimismada, quizás inhábil para relacionarse con el mundo tangible, a Inés González le dio por decir sus verdades en las redes sociales. Como tuitera y con el apodo de ‘La Terrible’ se hizo casi famosa. Pero solo alcanzó el estatus de causa célebre de la libertad de expresión tras caer, hace nueve meses, en los calabozos de la policía política venezolana. Más que con los trinos por los que la imputaron, se buscó su destino con los conflictos virtuales que sostuvo con poderosas figuras de la televisión del Estado.

Aunque ahora nadie quiere ver con ella, la empresa italiana especializada en software para pinchar comunicaciones electrónicas, proveedora para regímenes violadores de los derechos humanos en todo el mundo, mantuvo durante los últimos dos años un flirteo con autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro, que empezó justo el día después de la muerte de Hugo Chávez y llegó a apuntar a Pdvsa. Así lo revelan sus correos, filtrados hace dos semanas.

Que en Miami y la farándula confluyen los anhelos de chavistas y antichavistas es lo que se constata con la historia de esta cantante venezolana, ahora en receso por una condición de salud, pero que hasta hace poco ascendía al estrellato con baladas de Wilmer Ruperti y el padrinazgo de la pareja anticastrista más poderosa de Florida. Hija de militar, su familia es cercanísima a la de la almirante Carmen Menéndez, ex ministra de la Defensa.

Es una app de ‘walkie-talkie’ que tuvo su auge durante las protestas de 2014. Pero Zello también es una red social y hasta un modo de percibir lo que pasa en Venezuela, donde se combinan las teorías de conspiración, los extremismos políticos y los juegos de roles en línea. Esto es lo que vio en la red una periodista que se infiltró durante un mes.

La extinta Liga Socialista de los años 70 y 80 fue una escuela política para el heredero de Chávez. Aunque de bajo perfil, uno de sus maestros de entonces aún lo acompaña en su gestión gubernamental. Su formación ideológica apunta a una visión vertical del movimiento socialista.

Millones en donativos, recolectados a través de telemaratones, financiaron una casa a las afueras de Caracas donde se alojaron, junto a un puñado de jóvenes de la calle a quienes se quería rescatar, los azotes simultáneos del maltrato, la indolencia y los manejos turbios. Ahora ya nadie da la cara por tantos colmos de la Colmena de la Vida, una utopía de la responsabilidad social privada que naufragó y a la que el Estado tuvo que intervenir.

El asesinato de un venezolano en Panamá expone pistas sobre el mercado negro de divisas. El crimen sigue impune año y medio después, pero a cuentagotas, muestra ejemplos de una economía paralela en la que hay gestores, prestamistas, cobradores y venganzas.

Morir en Panamá por negocios en Venezuela (I) En diciembre de 2013 apareció asesinado en la periferia de la Ciudad de Panamá un venezolano que iba a cobrar a otros venezolanos una deuda por transacciones con divisas en el mercado negro. A pesar de las pistas que apuntan con claridad a los sospechosos, a casi dos años de distancia nadie ha pagado por el crimen. De vez en cuando alguien llama a preguntar si fueron eximidos de culpa.

Desde que Caracas y Managua firmaron en 2007 un acuerdo para el suministro de petróleo subsidiado, el régimen sandinista no solo ha contado con excedentes para políticas clientelares. Gracias a los recursos venezolanos, la familia presidencial ha construido un imperio económico propio, de ambigua condición entre lo público y lo privado. En los últimos cinco años, los negocios de Ortega y asociados han pasado a dominar el mercado interno de la energía, así como las muy rentables exportaciones de alimentos de Nicaragua a Venezuela.

Siete muertos. Más de 100 heridos. Entre 2009 y 2010 hubo 22 atentados con granadas M-67 en El Salvador. Una de ellas, destinada a un comerciante que no pagó una extorsión, no explotó, lo que permitió obtener su número de serie para comprobar que la Mara Salvatrucha la obtuvo de la fuerza armada de ese país.

Después de 35 años de su asesinato mientras daba misa, el sacerdote salvadoreño fue proclamado beato por el Vaticano. El gesto, sin embargo, no sana las heridas de 12 años de guerra civil en ese país ni es el final de un proceso de reconciliación.

A la hora de ejecutar su más importante proyecto de infraestructura -el complejo de edificaciones que servirá de base permanente de adiestramiento para las selecciones vinotinto- la Federación Venezolana de Fútbol no halló mejor ubicación que las adyacencias de los negocios familiares de su presidente.