Hace rato que Venezuela se levanta las alarmas de los organismos antinarcóticos. Ahora que la droga vuelve a rosar las esferas del Gobierno bolivariano, es bueno recordar que el principal aeropuerto de Caracas sirvió como puente aéreo del cartel más grande del hemisferio, el del Chapo Guzmán. Y lo hizo nada más y nada menos que al lado del hangar presidencial.
(*) Este reportaje fue originalmente publicado el 16 de junio de 2013 en el diario El Universal.
Un avión DC-9 procedente de Venezuela figuraba como chárter turístico, pero el 10 de abril de 2006 aterrizó en las costas del sur de México no precisamente con pasajeros en bermudas y franelas de playa, sino con 128 maletas repletas de cocaína. Si bien el escándalo se diluyó después de que el Gobierno rechazara que la droga fue cargada en el país, unos documentos archivados en los tribunales mexicanos ahora dejan ver que células del narcotráfico utilizaron el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía como puente aéreo en esa y otras oportunidades.
El entonces presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, Luis Correa, garantizó que el delito no se cometió en Maiquetía. "No puedo decir si el avión paró en Colombia, Panamá u otro lugar, pero de lo que tenemos evidencias contundentes es que salió vacío de Venezuela", señaló el 25 de abril de 2006 dos semanas después del incidente.
Lo que no dijo Correa es que detrás de esa operación estuvo nada más y nada menos que el Cartel de Sinaloa. Ni ese ni ningún otro funcionario venezolano han advertido desde entonces que la organización criminal más grande de México había infiltrado el aeropuerto de Maiquetía, y no una ni dos veces...
Es una información que se desprende de una sentencia -que el Juzgado Quinto en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México dictó el 23 de junio de 2009- y cuyos detalles se conocen ahora que el estado mexicano la dio a conocer, por una solicitud que se formalizó para este trabajo periodístico.
De acuerdo con ese documento, varios de los aviones que durante el juicio fueron mencionados como parte de la flota del Cartel de Sinaloa coinciden con las mismas siglas y características de una serie de aeronaves que entre 2005 y 2006 iban y venían sin problema por el aeropuerto más importante del país.
La historia oficial advierte que una aeronave DC-9 de bandera norteamericana, procedente de Venezuela con las siglas N900SA, fue detenida con más de 5 toneladas de droga en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, donde otro avión sospechoso modelo Falcon 20, de siglas XB-IYK, estaba estacionado en el hangar de enfrente, para recibir las 128 maletas y continuar de esa forma un periplo cuyo destino final era Estados Unidos.
La travesía de las maletas de droga terminó cuando las autoridades mexicanas detuvieron a varios de los tripulantes de las dos aeronaves. Ni aquí ni allá, sin embargo, hubo quien advirtiera que el segundo avión -el Falcon 20 que esperaba las maletas dentro de México- se le había visto por Maiquetía en otras oportunidades. Y nada más y nada menos que en la misma rampa 7 del terminal auxiliar, donde comenzó el escándalo de las ya célebres 128 maletas.
El gobierno garantizó en 2006 que las 5,5 toneladas de cocaína no fueron embarcadas en Maiquetía ni en ninguna otra parte del territorio venezolano. Pero sea como sea al menos en dos oportunidades, los mismos actores relacionados con el Cartel de Sinaloa se valieron de la misma pista, el mismo hangar y el mismo terminal aéreo, para estacionar el otro avión implicado en el trasiego de droga más grande que recuerdan en los aeropuertos de la región.
Así consta en los Permisos de Aterrizaje y Despegue Internacional que guarda el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Según unos formularios que archivaron con fecha de 2 de noviembre de 2005 y 10 de febrero de 2006, el Falcon 20 que continuaría el periplo de las maletas desde México también había entrado y salido de Maiquetía a nombre de un mexicano de nombre Raúl Jiménez Alfaro, que resultó ser Fernando Blengio, mejor conocido como uno de los pilotos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de México.
Tras un proceso legal, que en México permite solicitar información a través de mecanismos establecidos en su Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora queda claro que el piloto del Chapo Guzmán pasaba temporadas trabajando bajo el seudónimo de Raúl Jiménez Alfaro en Caracas.
"Yo llamaba de la oficina a Venezuela a Raúl Jiménez Alfaro porque él viajaba mucho a Venezuela", declaró uno de los inspectores aeronáuticos mexicanos que fueron llamados a colaborar en el juicio y que más tarde, cuando le mostraron una foto del personaje, sin saberlo terminó confirmando que se refería al piloto del Chapo Guzmán: "Lo identifico como Raúl Jiménez Alfaro y en este caso me entero escuchando comentarios que responde al nombre de Fernando Blengio Ceseña y solamente he escuchado comentarios que es Blengio".
Las ya célebres 128 maletas repletas de droga son solo el desliz de una red de narcotraficantes que se valieron de algunas de las instalaciones aeroportuarias más importantes del país. Aunque los fiscales venezolanos se limitaron a investigar a tres empleados de Maiquetía, la justicia mexicana concluyó que "las actividades que se desarrollaban por dicha célula, relacionadas con las conductas ilícitas de tráfico y transporte de cocaína, llegaba de Venezuela vía aérea, para su distribución y transportación a la frontera de Estados Unidos de Norteamérica".
La ruta de la droga fue dibujada en México e incluso en Estados Unidos, donde el piloto del Chapo Guzmán fue condenado a 13 años de prisión y otros 5 de libertad supervisada por usar aviones estadounidenses para el narcotráfico.
A Blengio lo arrestaron en República Dominicana en 2011 y de allí pasó a una corte del Distrito Sur de la Florida. Sin embargo, su detención pasó desapercibida porque -como en Maiquetía- otra vez se había cambiado el nombre.
Al principio del juicio, la fiscal Andrea Hoffman no se percató de que lo había presentado con otro de sus seudónimos, pero sea como sea en su acusación tampoco faltaron palabras para las artimañas que él y otros traficantes han estado empleando en esta parte del mundo.
"Hay una industria artesanal en los Estados Unidos, que está falseando registros de aviones norteamericanos y empleándolos fuera del país para el tráfico de drogas", dijo la fiscal el 29 de noviembre de 2011 en una de las audiencias en la que presentaba a Blengio frente a la jueza Patricia Seitz. "Las rutas más largas que hay en estos momentos en el mundo están embarcando en un área llamada Apure, en Venezuela; los traficantes salen volando de allí hasta llegar a las afueras del espacio aéreo de Colombia donde cruzan hasta Honduras y Guatemala".
(*) Puede leer la primera parte de este reportaje en El Universal.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
