El ex grandeligas dominicano vendió a clientes venezolanos la quimera de una inyectadora sin aguja. La tecnología se mostró poco confiable y si llegó a los puertos del país, nunca sirvió a los pacientes del municipio San Francisco del estado Zulia. Pero dos embarques de la mercancía dieron acceso a un grupito al paraíso de los dólares preferenciales que obtuvieron, nada más y nada menos, que a través de una suerte de empresa de maletín del gobierno del alcalde Omar Prieto.
Funcionan como una pistola de aire. El sistema de inyección sin aguja se creó hace más de diez años en Alemania y llegó finalmente a Estados Unidos después que el ex jugador de grandes ligas, el dominicano Sammy Sosa, comprara esa patente a fines de 2012. En apariencia, es como un bolígrafo que lleva en su interior un resorte con mucha presión que dispara el líquido con tal potencia que penetra la piel sin necesidad de alguna aguja. Una revolución médica que evitaría el trauma sicológico de niños y algunos adultos. El propio Sosa, cuando anunció su incursión en el negocio en enero de 2013, dijo que lo hacía movido por la oportunidad que percibía para ayudar a la gente: “Veo muchos usos para dentistas, pediatras, diabéticos, gente alrededor de todo el mundo”, fue la frase que le atribuyó el boletín de prensa que se distribuyó para el lanzamiento, y del que se hicieron eco numerosos medios en Estados Unidos.
Pero para cuando hacía el anuncio, ya Sammy Sosa había vendido un primer embarque de inyectadoras en Venezuela, no en Estados Unidos. Los dispositivos llegaron a Venezuela a finales de 2012 tras la compra que hizo una empresa recolectora de basura del municipio San Francisco –sur de Maracaibo, capital del estado de Zulia, extremo occidental del país–. Sí, recolectora de basura.
Un grupo de empresarios y funcionarios radicados en el municipio aprovechó la importación de esta novedad para conseguir acceso a las ventajas que ofrece el diferencial del régimen de múltiples tasas de cambio, que entonces controlaba la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
En 2012 se vieron las caras en un aeropuerto los empresarios Julius Jessurun Arenas y Pablo Ledezma. Jessurun, un empresario marabino acostumbrado a importar equipos médicos a través de la empresa Inmeoca, le contó a su viejo conocido que estaba sorprendido por la presentación que le había hecho su amigo José Sosa, el hermano del ex beisbolista dominicano, en Miami, Florida, de la nueva tecnología que se proponía comercializar en todo el continente.
Poco antes, el 17 de julio de ese año, Sosa había registrado Riverhead Florida, LLC y pronto registraría también Injex21, una combinación de las iniciales del sistema de inyección y el número que usó durante muchos años en las Grandes Ligas del béisbol y sobre todo durante esa extraordinaria temporada de 1998, cuando, con el uniforme de los Chicago Cubs, disputó cabeza a cabeza con Mark McGwire no solo el título de jonroneros de la Liga Nacional sino el longevo récord de todos los tiempos para una campaña, impuesto en 1961 por el legendario Roger Maris de los New York Yankees, que ambos rompieron. Desde entonces Julius Jessurun se convirtió en el distribuidor exclusivo de ese producto en Venezuela a través de un documento firmado por Robert Miller, director de la compañía.
Para octubre de 2012, cuando Julius Jessurun hizo la primera compra de las inyectadoras, el precio del dólar en Venezuela era de 4,30 bolívares mientras que en el mercado paralelo se cotizaba en 14 bolívares. Con una brecha de tres veces el precio del controlado en el mercado abierto, resultaba un negocio sencillo y de alta rentabilidad el de conseguir acceso a las divisas a precio preferencial y venderlas en el mercado negro.
Jessurun tenía la autorización de comercialización exclusiva, y ahora necesitaba el dinero para comprar en grandes cantidades. Cada una de las inyectadoras tiene precios de 650 dólares, pero es necesario comprar accesorios que aumentan la suma a 1.000 dólares por unidad. Comprar el producto al mayor implicaba hacer una gran inversión cuyos montos Jessurun no tenía. Pero sabía cómo conseguirlos.
Pablo Ledezma Naranjo, el hombre que coincidió con Jessurun en el aeropuerto, es el Presidente de una contratista llamada Ingeniería, Proyectos y Vialidad C.A. (Inprovial), cuya sede está ubicada en el piso cuatro del edificio General de Seguros, avenida Bella Vista de Maracaibo, estado de Zulia. Su empresa se fundó en 2002 y tiene, en promedio, tres empleados, además de un capital pagado de un millón de bolívares. Llevó contratos con varios organismos del Estado de 2006 a 2012. En San Francisco se encargó de la construcción de cloacas y de aplicación de contenedores. Tiene contratos con la alcaldía de Lagunillas, también en Zulia, y con la Gobernación de ese estado. Hizo obras por petición de la alcaldía del municipio Baralt y también hizo unos trabajos de asfaltado por orden del Metro de Maracaibo. Hizo además más de 200 viviendas en el municipio Baralt gracias a un contrato que tuvo en 2009 con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.
Entre 2004 y 2012, Cadivi otorgó a esta empresa 1.327.951 dólares. De acuerdo a la data de Importgenius.com, la empresa venezolana importa productos desde Estados Unidos por transporte aéreo. Además de eso, Pablo Ledezma, para 2012, tenía contacto directo con la Empresa Socialista Sanitaria del Sur. Siendo un empresario privado y sin tener ningún cargo público, actuaba como un funcionario. Así que Ledezma y Jessurun acordaron que, para comprar las inyectadoras sin aguja, pedirían dólares preferenciales al Gobierno a través de esa empresa municipal.
Maracaibo es la segunda ciudad más poblada del país y está administrada entre dos municipios: Maracaibo y San Francisco. La primera es coto de Eveling Trejo de Rosales –esposa del ex candidato presidencial opositor, exgobernador del estado de Zulia y exalcalde, Manuel Rosales– y la segunda por Omar Prieto, una ficha importante en las filas del chavismo regional que hoy aspira a ser diputado a la Asamblea Nacional.
El 20 de julio de 2010, el alcalde Prieto publicó un decreto en la Gaceta Municipal número 269 en la que anunciaba la creación de la Empresa Socialista Sanitaria del Sur Compañía Anónima (Esosasur) con la colaboración de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia). La empresa se dedicaría a la recolección de basura en la región, además de la clasificación y el reciclaje. El Registro de Información Fiscal de la Empresa estuvo vigente hasta el 28 de enero de 2014. Pedro Herrera era su director general y Nectario Villalobos su director ordinario, designado por el propio alcalde.
Poco después, el mismo Pedro Herrera, en representación de la empresa, firmó un convenio con Lesbia Candelaria Sánchez Barrios por ser ella la presidenta de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Se llamó “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre CVG Internacional, C.A. y la Empresa Socialista Sanitaria del Sur, C.A., y se basaba en que CVG iba a gestionar toda la documentación de Esosasur en el proceso de solicitud de divisas ante Cadivi a cambio de una comisión. Así, el primer pedido a la CVG se hizo el 27 de noviembre de 2012. Este procedimiento es legal y uno de los objetivos de la subsidiaria de CVG desde su creación.
En el documento, firmado por Herrera, se hacía esta solicitud de procura internacional: dos mil 964 inyectadoras sin agujas, además de ampollas, transportadores y adaptadores que se comprarían a Riverhead Advisors, único represente de tales agujas en Estados Unidos y Latinoamérica.
Pedro Miguel Herrera Hernández y Pablo Rafael Ledezma Naranjo son amigos. De todo este proceso tenía conocimiento Jessurun, representante original del producto. Esosasur, que no manejaba presupuesto para importar o exportar, hizo la solicitud sabiendo que el dinero necesario para comprar las agujas, en bolívares, provendría de Jessurun. Era una inversión en la que todos resultarían ganadores: a Jessurun le quedaba una ganancia al vender sus agujas, Ledezma tendría comisión por facilitar la empresa, y la CVG, en apariencia ignorante de todo proceso, tendría su comisión legal.
El 12 de diciembre de 2012, la CVG Internacional hizo su pedido a nombre de Esosasur bajo el número 120002132. La empresa solicitaba 30 cajas de inyectadoras libres de aguja –2.964 unidades–, 50 cajas de ampollas –2.964 unidades–, 20 cajas de transportadores –2.220 unidades–, 60 cajas de tres tipos de adaptadores –744 unidades– y 50 cajas de accesorios –1.482 unidades–. La cuenta total, en bolívares, fue de un poco menos de 16 millones de bolívares, y al cambio en 4,30 bolívares, el monto superó los dos millones 700 mil dólares.
Una vez que la CVG Internacional completara la solicitud, se debían hacer los depósitos bancarios en bolívares para que se pudiera tramitar la solicitud de divisas a precio preferencial, pero ese dinero no salió de Esosasur. Tanto Julius Jessurum como la empresa de Sosa buscaron el dinero. En este caso, Juluis puso una cantidad e Injex 21 el resto, cerca de 240 mil dólares. Esos 240 mil dólares se cambiaron al precio del paralelo, para entonces por un valor de 14 bolívares, y se introdujeron en las cuentas del Banco del Tesoro y el Banco de Venezuela de la CVG Internacional.
Poco antes de hacer esta compra, llegó al país una pequeña cantidad de inyectadoras a modo de muestra. Andrés Almeida, farmacéutico, explica que cuando las tuvo en sus manos las evaluó y remitió a un endocrino, que trató de probarlas con sus pacientes. Cuando los médicos tuvieron una conclusión, Jessurum rechazó el negocio: la presión de las inyectadoras hacía que el vidrio estallara y la velocidad del viaje del líquido no permitía saber a dónde llegaba, es decir, si el medicamento aplicado se quedaba en la epidermis, la dermis o llegaba más lejos. Cuando las nuevas inyectadoras fallaron en pasar la prueba, ya Jessurun había depositado bolívares en las cuentas de la CVG para el cambio al dólar preferencial. Era diciembre de 2012.
A finales de 2012 todo parecía correr rápido. El 21 de diciembre Liliana Arias, especialista en Comercialización de la CVG, envió un correo a Herrera y a Villalobos explicando que habían hecho el pago fraccionado y no total del monto a cambiar por dólares preferenciales. Requería el pago completo lo más pronto posible. Pues bien, ese correo se envió también a Pablo Ledezma y Ledezma lo rebotó a Julius Jessurun.
El temor que Jessurun sentía al ver su inversión en algo parecido a la chatarra, lo manifestó a su amigo José Antonio Sosa, su proveedor, y a Ledezma, su comprador, pero este último le brindó tranquilidad al decirle que igual compraría las inyectadoras, aunque no sirvieran. Y de hecho se compraron. Fueron enviadas a Venezuela el 23 de enero de 2013 a través de la empresa Interamerican Export según el recibo número 18668.
Consumada la compra exploratoria, Jessurun fue dejado a un lado para la siguiente negociación y Ledezma decidió tratar de manera directa con los hermanos Sosa. Para la segunda compra, otra vez a través de CVG Internacional, ya no estaba Jessurun. Esta compra entró en proceso el 3 de marzo de 2013, según la orden de compra número 120002250 de la CVG.
Ni los hermanos Sosa ni Pedro Herrera respondieron a la solicitud de entrevista para este reportaje. En cambio, Nectario Villalobos se mostró muy interesado en dar detalles.
Desde agosto de 2013, Nectario Villalobos es el presidente de Sanear, el organismo de recolección de basura y vertederos del estado de Nueva Esparta (provincia insular en el Caribe). Antes de eso estuvo en los estados de Trujillo, Bolívar, Anzoátegui, Miranda y Lara. Cuando en 2010 se fundó Esosasur, Villalobos fue miembro de la directiva, integrada también por Rebecca del Gallego y Richard Guanipa, entre otros. Según él, estuvo en esa directiva hasta septiembre de 2012 y ya en octubre estaba al frente de las labores de construcción del vertedero Cambalache, en el estado de Bolívar. Efectivamente, para los primeros días de octubre de ese año ya Villalobos aparecía en las notas de prensa como el hombre que cambiaría el botadero de Cambalache en un vertedero sistematizado.
Villalobos asegura que la Empresa Socialista Sanitaria del Sur se creó con el propósito de entregarle la administración del vertedero La Ciénaga, que está ubicado en el municipio Lossada pero que sirve a Maracaibo y San Francisco. Por eso, ya para 2011 Esosasur no era una empresa operativa. Tampoco tenía presupuesto ni manejaba nómina, por lo tanto, según Villalobos, no tenía dinero en sus manos.
Aunque reconoció conocer a Pablo Ledezma, aseguró que él no formó parte de Esosasur. “Es solo un empleado del municipio”. Se mostró extrañado e incluso sorprendido con el tema de la importación de inyectadoras, porque según su experiencia, “una empresa dedicada a administrar un vertedero no tendría que importar agujas a casi 1.000 dólares”. Dijo desconocer todo movimiento al respecto.
Pero los documentos dicen lo contrario. No solo Villalobos mantenía contacto con Pablo Ledezma, sino que para la CVG internacional seguía siendo uno de los directivos y conocía muy bien el proceso de importación de las inyectadoras.
El 17 de enero de 2013 –Cuando ya Villalobos tenía más de un año de haber salido de Esosasur–, la especialista de la CVG, Liliana Arias, le escribió un correo a Nectario Villalobos y a Pablo Ledezma en el que explicaba que necesitaba el pago completo de la transacción y no de forma fraccionada.
Tres días antes Villalobos le había escrito un correo pidiendo que procesaran la orden con el monto depositado hasta ese día, que era superior a los seis millones de bolívares. “Y por favor, notifiquen a proveedor para que hagan los cambios necesarios”. Villalobos participó, según los correos, en la segunda compra de las inyectadoras.
Jessurun, Ledezma y Sosa ya no tienen relaciones comerciales porque, durante la segunda compra de las inyectadoras, el proveedor y el comprador sacaron del juego a Jessurun, que era el distribuidor exclusivo para Latinoamérica. Cuando Julius entendió la situación, demandó a la empresa de Sammy Sosa y exigió las comisiones que le habrían correspondido como distribuidor en esa segunda compra. Desde entonces, los documentos de todo el proceso reposan en el Circuito Judicial del estado de Florida, en Estados Unidos. A Jessurun le pagaron su comisión con la condición de retirar la demanda y abstenerse de ventilar el tema por la prensa.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Es barato curarla y aún más fácil prevenirla, pero la sífilis congénita comienza a hacer estragos en la nueva generación de recién nacidos del país. Puede producir condiciones aún más severas que el VIH, pero en 2019 el Estado venezolano importó 0,4% de la penicilina que compraba hace diez años, uno de los antibióticos más baratos y comunes en el mercado y principal tratamiento de esta infección, por lo que los médicos se preguntan cómo podrán curar en la Venezuela de hoy a una enfermedad que parece un mal chiste del siglo pasado.
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
Desde el comienzo de la epidemia de sarampión en julio de 2017, al sur de Venezuela, seis países sudamericanos están afectados por casos provenientes de la que alguna vez fue la nación más rica y moderna de la región. Dos años después del brote, no se ha podido controlar la enfermedad.
Un brote letal de la bacteria Shigella y el Norovirus en ese estado del oriente del país acaba de advertir sobre la catástrofe que se gesta en el deficitario servicio de agua, donde el problema ya es, más que el acceso, siempre irregular, es la calidad del líquido. El incidente puso en evidencia la acumulación de problemas, como la escasez de cloro para la potabilización, mala gestión del sistema, infraestructuras en quiebra, todos vectores de la nueva crisis de servicios públicos que se aproxima.
Desde hace tiempo se intuye que la catástrofe socioeconómica de Venezuela se ha traducido en una mayor mortalidad, si bien la relación causa-efecto no siempre es fácil de establecer por la falta deliberada de estadísticas confiables. Pero una tendencia insólita, que podía pasar por buena noticia, ofrece la oportunidad no solo de destapar un drama, sino tal vez la identidad de sus responsables: el número de usuarios de los servicios de hemodiálisis ha bajado de manera drástica y, a pesar de las precariedades del suministro de insumos, de máquinas descuidadas y hasta de la falta de agua corriente, sobran los cupos. Hay indicios de que se les dejó morir por incompetencia.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
