A dos años del apagón que paralizó al país, la compañía estatal Corpoelec no ha podido sobrevolar el tendido eléctrico que nace en la central hidroeléctrica de Guri, en el suroriente del país, y que transporta 70 por ciento de la electricidad de la nación sudamericana, por falta de helicópteros. Este es otro de los ejemplos de la gestión pública de las empresas que manejan las áreas estratégicas de la autodenominada Revolución Bolivariana.
Diez helicópteros destinados a la vigilancia y el mantenimiento de más de 30 mil kilómetros de tendido eléctrico en Venezuela están parados por falta de repuestos y rutinas de mantenimiento. La consecuencia es grave: las líneas de gran tensión que nacen en la represa de Guri, en el estado Bolívar, en el suroriente de Venezuela, no han sido inspeccionadas con la frecuencia debida. Los riesgos de un eventual apagón nacional están más presentes que nunca. El precario suministro eléctrico del país suma una razón más para preocupar a los especialistas.
“No hay helicópteros aptos para realizar mantenimiento preventivo ni para inspeccionar líneas de transmisión cuando ocurre una falla a nivel nacional”, dijo un funcionario de la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), que pidió mantener su nombre en reserva. De las diez aeronaves, sólo una está apta para volar por trechos cortos y, por lo tanto, no se encuentra disponible para hacer inspecciones. Por esta razón está a disposición del ministro de Energía Eléctrica.
Según los protocolos de mantenimiento de Corpoelec, las líneas de 765 kV y de 400 kV deben ser sobrevoladas al menos una vez al mes para advertir posibles desprendimientos de los conductores (cables), fallas en las torres y sus partes, y riesgos de incendios en los corredores de las líneas, una de las causas más comunes de los apagones. La frecuencia ha disminuido drásticamente: desde hace más de tres años se estaban haciendo cuatro sobrevuelos anuales. Este año casi ninguno.
“El sistema de transmisión a 765 kv tiene 2.300 kilómetros de líneas. Inspeccionarlo todo toma cuatro días y debe realizarse, cuando menos, cuatro veces al año. En lo que va de 2015 sólo lleva una inspección”, explicó el funcionario. “El de transmisión a 400 kV tiene más de 4.000 kilómetros y toma de seis a siete días revisarlo todo. Este año no lleva ninguna inspección”.
Fue precisamente en este sistema de líneas –que transportan 70% de la electricidad del país– donde en 2013 se presentaron fallas que resultaron en tres apagones que afectaron a 18 estados de Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro y el entonces ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Jesse Chacón, atribuyeron la falla al sabotaje eléctrico. No se refirieron a falta de mantenimiento preventivo del sistema como una causa importante del evento, como han señalado reiteradamente ingenieros retirados y representantes de los sindicatos del sector eléctrico público. Para obtener la versión oficial de la situación de la flora aérea, se envió un cuestionario a Corpoelec y se solicitó una entrevista ante la Gerencia de Operaciones Aéreas en Puerto Ordaz, Hermes Rodríguez. Ninguna de las oficinas contestó las peticiones para el momento de la publicación de esta nota.
Las diez aeronaves están adscritas a la Gerencia de Apoyo Aéreo de Corpoelec y la conforman: dos modelos E-Curiel AS-350, dos Bell Ranger 206, cuatro Bell 412 y dos Bell Ranger 407. La mayoría se encuentra estacionadas en el aeropuerto de Macagua (Bolívar).
En mayo de ese año 2007 el gobierno decretó la nacionalización del sector eléctrico, con la finalidad de “mejorar la calidad del servicio en todo el país, maximizar la eficiencia en el uso de las fuentes primarias de producción de energía y en la operación del sistema”. Así nació Corpoelec, que unificó a las empresas eléctricas regionales (Enelven, Enagen, Cadafe, Edelca, Enelco, Enelbar y Seneca) en una sola. Activos como los helicópteros, que pertenecían a Edelca, que tiene su sede en Puerto Ordaz, pasaron a su nombre.
Personal de mantenimiento y de apoyo aéreo de Corpoelec, así como pilotos jubilados, indican que el mantenimiento de los helicópteros empeoró desde 2007, cuando la flota empezó a deteriorarse sin que fuera reparada. Fue un efecto cascada: sin el mantenimiento apropiado, los helicópteros quedaron varados progresivamente y, asimismo, el ritmo de las inspecciones aéreas para el mantenimiento del sistema eléctrico fue decreciendo.
En tiempos de Edelcase efectuaban –con más o menos regularidad– inspecciones mensuales. Así refieren un piloto, dos técnicos y dos ingenieros especializados en el área que fueron consultados. El protocolo se mantuvo en papel: documentos de planificación de la Dirección de Operación y Mantenimiento de Transmisión de 2008 especificaban que debía dedicarse de tres a cuatro días cada mes para la “inspección aérea y apoyo a la limpieza mecánica” de líneas de 400kV y 765 kV.
Ese año las inspecciones comenzaron a espaciarse hasta que en 2012 se consolidó un plan mínimo y contraproducente para el sistema eléctrico: cuatro inspecciones al año. La primera en enero o principios de febrero, luego en marzo o abril, la tercera en agosto y la última en octubre.
“Llegó un momento que nos informaron que sólo se haría inspecciones en casos de emergencia, es decir, en caso de una falla ya en desarrollo”, indicó un piloto que trabajó supervisando el tendido eléctrico.
Otro motivo de preocupación es el deterioro de las demás áreas de Corpoelec, encargadas de hacer seguimiento a sus labores. “Después de los vuelos, se entregaba un informe para que las demás gerencias tomaran las previsiones, como reparar torres o hacer pica y poda”, cuenta el piloto. “Pero en las sucesivas inspecciones volvíamos observar las mismas fallas. Entonces, ¿para qué volábamos?”.
“Para atender toda la red de 765 kV y 400 kV se volaba un promedio de 65 horas al mes con esas naves”, comenta. “Poco a poco la mayoría de los pilotos renunciaron y los que quedan los llaman sólo cuando hay un vuelo, porque no están permanentemente en la empresa, como antes”, dijo.
En Venezuela ocurren a menudo fallas pequeñas que obligan a racionar o a cortar el suministro eléctrico. El 6 de agosto en la noche hubo “una perturbación” en el sistema eléctrico por disparo de las líneas de transmisión Yaracuy-Acarigua (de menor tensión que las de 765 kVy 400 kV). Al día siguiente el equipo que determina el origen de la falla no pudo sobrevolar el área por falta de un helicóptero. Técnicos e ingenieros dentro y fuera de Corpoelec están preocupados también por la débil capacidad de respuesta de la compañía en vísperas de las próximas elecciones parlamentarias.
“Imagínate que se suelte una pieza de los conductores por vibraciones o se produzca un deslave de montaña”, comenta el funcionario de Corpoelec. “Puede ocurrir una mega falla. Con un sobrevuelo estas situaciones pueden ser detectadas a tiempo. Hoy en día los pilotos y mecánicos están sentados viéndose las caras sin poder hacer nada”, relata.
Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), una empresa del Estado antillano, replicó en el sector de energía la relación que en otros ámbitos establecieron, bajo el nombre de cooperación bilateral, las revoluciones castrista y chavista: Venezuela ponía la plata y Cuba los productos y servicios de los que con frecuencia solo era intermediario en vez de productor. Pero en este caso el trato incluía que Caracas también financiara la compra de productos y servicios que hacían falta en la isla para reconstruir su propio y devastado sistema eléctrico. Más de 3.000 asesores cubanos desembarcaron para intervenir el suministro de electricidad desde obras que hoy no producen ni un vatio, como Planta Centro, o instalar grupos electrógenos que debían aportar ocho por ciento de la luz en Venezuela, mientras enriquecían a proveedores de otros países como Eslovaquia.
Un brote letal de la bacteria Shigella y el Norovirus en ese estado del oriente del país acaba de advertir sobre la catástrofe que se gesta en el deficitario servicio de agua, donde el problema ya es, más que el acceso, siempre irregular, es la calidad del líquido. El incidente puso en evidencia la acumulación de problemas, como la escasez de cloro para la potabilización, mala gestión del sistema, infraestructuras en quiebra, todos vectores de la nueva crisis de servicios públicos que se aproxima.
El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
Un filtración de documentos a la que tuvo acceso Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, de Venezuela y El Confidencial, de España, demuestra que Nervis Villalobos, acusado en España y Estados Unidos de blanqueo de capitales y corrupción internacional, maneja en bancos suizos una fortuna que amasó a la sombra del control cambiario venezolano y comisiones para conseguir licitaciones
El presidente de Derwick Associates, Alejandro Betancourt, famoso por haber "rescatado" al gobierno de Hugo Chávez con la venta de plantas eléctricas de dudosa calidad y funcionamiento mueve a través de Suiza gran parte de los beneficios de aquella alianza con el chavismo y la petrolera rusa Gazprom mientras es investigado por el blanqueo de capitales
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
